No existe país que se conduzca como el nuestro en materia de persistir en los mismos errores durante décadas. Más allá de turnos de gobierno y de colores o tendencias políticas, una y otra vez, de modo sublevante, somos recurrentes. Insistentemente hemos adoptado la sobrevaluación del peso – o su correlato, la subvaluación de la moneda de referencia – para intentar una estabilidad falaz que inexorablemente termina en un colapso. Así ocurrió en 1975, en 1981, en 1989, en 2001, en 2014, en 2018. El próximo está cantado. La estrategia fallida es encorsetar el principal precio relativo con la vana ilusión de que sin hacer ninguna reforma a fondo la macroeconomía se mantenga estable. Nuestra política económica ha sido una y otra vez aumentar impuestos, controlar el dólar, financiar obras públicas sin un riguroso planeamiento y despilfarrar recursos. Por supuesto, en el medio de este lineamiento se entrevera hasta las entrañas del régimen económico la malhadada corrupción – en sus cien facetas – que completa el cuadro del fracaso.

Es un inconcebible proceso autodestructivo. En lugar de empeñarse en crear confianza y credibilidad para apuntalar en su base un régimen económico de inversiones, creación de trabajo y producción de bienes, nos dedicamos a estigmatizar al capital hasta lograr que huya y como consecuencia endeudarnos a alto costo para seguir tirando y continuar emitiendo moneda sin respaldo. Es una modalidad siniestra. Empero, lo peor es que no aprendemos la lección que nos da la realidad. Hace setenta y cinco años que sufrimos la inestabilidad económica y la inflación. En 1951 el gobierno tuvo que adelantar las elecciones para así poder inmediatamente después convocar al ‘congreso de la productividad’ para intentar superar la ineficiencia, el atraso tecnológico, la escasez de divisas y toda la ristra de males que fueron efecto ineluctable de equivocadas decisiones en los siete años previos. Cierto es que la crisis del treinta nos sorprendió mal parados, pero las reservas del a la sazón flamante Banco Central y la robustez de nuestra producción primaria habrían permitido encarar el camino de la transformación a poco que hubiéramos controlado la tentación demagógica.

No solo la economía exhibe endeblez. La nefasta idea de que los delincuentes son el producto de la injusticia social y por ende deben tener más derechos humanos que la ciudadanía decente está desembocando en signos peligrosos de anarquía. Cada vez es más manifiesta la justicia por mano propia. Ese caos se nutre en la innegable anomia que nos invade. Otro elemento configura una paradoja: necesitamos la libertad que nos niega un Estado intervencionista, pero crece el libertinaje social. El arte de la política se sustenta en dos ‘pes’: paciencia y prudencia. Pues esta última ha salido del escenario. Basta traer las palabras del ministro de Seguridad sobre “calles llenas de sangre y muerte” si triunfa la oposición. Estamos angustiados ¿Qué nos dice uno de los gobernantes? Que lo peor está por venir, exactamente lo contraindicado cuando el aire se corta con el filo de una navaja. A la tensión se aduna crispación ¿Cómo se llama a esto? Autodestrucción. A esta altura pareciera que en vez de instinto de conservación nos invade el de autoflagelarnos ¿Será que estamos en la perversa etapa del ‘sálvese quien pueda’?

Por más avances que se vayan comprobando, incluida la inteligencia artificial, en todo el orbe se sabe que no existe otra vía para prosperar que trabajar. Más aún, de una crisis, se sale trabajando. Pues aquí, pareciera que hemos inventado algo tan genial como que se puede alcanzar el bienestar trabajando cada vez menos, tanto en calidad como en cantidad. No se termina de entender que la productividad es un concepto clave que hace a la calidad ya los resultados de la labor, incluyendo a las mejores remuneraciones. No se comprende asimismo que una sociedad no puede tener seis millones de empleos privados si su población económicamente activa es de 25 millones. Esta ecuación es insostenible.

Si nuestras finanzas públicas están escuálidas y los aportantes al sistema previsional son pocos, sus ingresos son magros y los no registrados son muchos, lo que recauda el sistema sólo puede distribuir miseria. En este contexto, la ley de una moratoria para sumar 800.000 nuevos jubilados es literalmente descabellada. No es ‘justicia social’, es miseria para todos.

Si un amigo del mar pone su dinero para realizar un vuelo que patentice la depredación de nuestros recursos ictícolas, la respuesta no puede ser que eso sucede en la milla 201 y por tanto desechar el asunto como si mágicamente el problema fuese inexistente. La ONU reconoce responsabilidades y competencias a los ribereños para cuidar el ecosistema. Un país que no practica la autodestrucción utiliza todos los resortes para preservar sus bienes. Los recursos siempre son escasos y las necesidades casi infinitas. Si tuviéramos presente esa premisa seríamos más pragmáticos, menos dispendiosos.

Si hace 25 años el 90% de las barcazas que transportan nuestras exportaciones por la hidrovía del Paraná eran de bandera argentina y hoy ese porcentaje o más es paraguayo, un país que no se autodestruye habría adoptado reformas laborales y tributarias para impedir esa mutación y, ahora que se produjo, revertirla.

Si es irrefutable que con políticas de Estado que aseguren acuerdos y continuidad en la persecución de objetivos es más asequible el éxito, un país no autodestructivo hace añares que habría refrendado ese tipo de concordancias.

Si es evidente que la mitad o más de la población está desconectada de la política e invadida por la bronca, hace tiempo que se debió reformar sustantivamente el sistema electoral y sobre todo adoptar mecanismos de control y de castigo para quienes defrauden la representación.

Si un país no fuera autodestructivo nadie podría hablar que ‘las bombas las dejamos para que estallen en 2024 así volvemos en 2025 repitiendo lo de De la Rúa’. Esto es apostar a ser un Titanic, no un país.

El primer cambio es poner al descubierto la perversidad de la ruta autodestructiva que en un recodo de nuestro andar nos desvío para volver al rumbo que manda la Constitución.