La oposición criticó al jefe de la DGI por compras de inmuebles en Miami que no declaró ante la Oficina de Anticorrupción

Andrés Vázquez, el funcionario designado en octubre por el Gobierno, compró a través de sociedades offshore tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó en sus declaraciones juradas como impone la ley de Ética Pública.

La oposición criticó al jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, tras darse a conocer que compró, a través de sociedades del exterior, tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El funcionario fue designado en octubre frente de la DGI para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria. Su designación causó revuelo interno en el Gobierno, debido a que el decreto de nombramiento lo firmó el presidente Javier Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, participaron del trámite.

En su carácter de funcionario, Vázquez está obligado por la Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge). Ese reporte hay que actualizarlo cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, establecido en el artículo 268 del Código Penal, con penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También puede derivar en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, si el funcionario no logra justificar el origen lícito de sus bienes.

“Milei en algún momento puede perseguir empresarios, periodistas y opositores, como hacía Kirchner con Echegaray, si no, no se explica Andrés Vázquez a cargo de la DGI. DATOS: A Vázquez la impunidad se la viene garantizando el juez Lijo. Bullrich firmó lo que Toto Caputo no”, apuntó el jefe del bloque de la CC en Diputados, Juan Manuel López.

En el mismo sentido se pronunció el presidente del partido y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, quien señaló una "DOBLE VARA DE LA TRANSPARENCIA" en el gobierno de Milei que "nombra al frente de la recaudación a alguien sospechado de evasión".

"Andrés Vázquez, designado como jefe de la DGI, fue ex mano derecha de Echegaray en el kirchnerismo y está vinculado a casos de corrupción, espionaje y aprietes a opositores y periodistas. Ahora, como funcionario libertario, habría adquirido inmuebles en Miami a través de empresas offshore. ¿Este es el modelo de lucha contra la 'casta' y de 'honestidad y transparencia' que prometieron? Es inaceptable que quien debería garantizar la equidad fiscal esté manchado por prácticas de evasión y abuso del poder estatal. Una vez más, se evidencia una contradicción, una falsa meritocracia y un golpe a la ética pública", cuestionó.

El legislador porteño Hernán Reyes sumó: "Vázquez es parte de la decadencia moral de la Nación. Ya estamos cansados de estos ladrones escondidos en los entes públicos y amigos del poder de turno. Milei no viene a sacar a la casta, ni a terminar con el déficit moral del país. Viene a legitimarlo y a consolidarlo. Critica en público a personas intachables como Carrió, y en privado designa a lo peor de la corporación corrupta de la Argentina".

Proponen simplificar la actualización de la declaración de bienes de funcionarios 

El diputado radical Martín Berhongaray presentó un proyecto para que las declaraciones juradas de los funcionarios cuenten con un sistema de actualización “suficientemente simple” como para que los ciudadanos puedan entenderlas de manera sencilla.

El diputado nacional radical Martín Berhongaray presentó un proyecto de ley en el Congreso para que las declaraciones juradas de los funcionarios cuenten con un sistema de actualización “suficientemente simple” como para que los ciudadanos puedan analizar de manera sencilla si un funcionario de un año a otro “se ha enriquecido indebidamente o no”. 

El legislador sostiene que “para que pueda haber control ciudadano, las cosas tienen que ser más simples, así como están planteadas hoy por hoy, es imposible, lo que hace aún más complejo si tenemos en cuenta la volatilidad y la inflación de un país como el nuestro”, explica el diputado Berhongaray al detallar los motivos por los que propone cambios a la ley. Asimismo, señala que “hoy un mismo bien tiene un valor X en bienes personales y un valor Y en la declaración de ganancia, eso no puede ocurrir”. 

Por otra parte, el diputado por La Pampa propone en su proyecto la creación en el ámbito del Congreso de la Nación, de la Comisión Nacional de Ética Pública -que estará integrada por once miembros- ciudadanos de reconocidos antecedentes y de prestigio público, que no podrán pertenecer al órgano que los designe y que durarán cuatro años en su función pudiendo ser reelegidos por un período. Los mismos serán designados: a) Uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; b) Uno por el Poder Ejecutivo de la Nación; c) Uno por el Procurador General de la Nación; d) Ocho ciudadanos que serán designados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes, dos de los cuales deberán ser: uno a propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, y el otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación.