Salió publicado este lunes en el Boletín Oficial el DNU 780/2024 por el que el Poder Ejecutivo Nacional modificó por decreto a la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y desde la oposición cuestionaron al Gobierno nacional acusándolo de “legislar por decreto excepciones que sólo puede hacer la ley”.

La diputada radical Karina Banfi alertó de lo sucedido en X y brindó una detallada explicación de las modificaciones: “El acceso a la información pública es un derecho humano. En el gobierno de Cambiemos logramos que la información sea ciudadanos. El Estado tutela, ordena y pone a disposición. Nunca más puede un funcionario decir qué podemos preguntar y qué no”.

De ese modo, agregó que “cualquier funcionario tiene posibilidad de negar la información si considera que se trata de una excepción legal. Será un juez quien determine si esa información es de interés público o no. Pero nunca puede un decreto determinar qué constituye interés público y qué no”.

“En la ley de acceso a la información (27.275) las limitaciones son restrictivas: cuestiones de índole privada (intimidad), con fondos privados, seguridad, defensa. Para el caso de duda o de disputa, existe un órgano garante que tiene autonomía para defender nuestro derecho”, explicó Banfi.

Además, criticó al DNU 780/24: “El decreto 780/2024 desconoce la ley y confunde la naturaleza de la información. Hay derecho a saber qué hace el Estado y cómo se usa la plata de los impuestos.  Hay causales en la ley para denegar, proteger o tachar info prevista en excepciones”.

Para terminar, apuntó contra el Gobierno y solicitó la urgente intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública, a cargo de Beatriz Anchorena, para se expida y defienda el derecho ciudadano a saber. Por último, la diputada radical señaló: “El gobierno está legislando por decreto excepciones que sólo puede hacer la ley”.

Del mismo espacio en la Cámara baja, Carla Carrizo también cargó: “No vale autopercibirse como el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo y siendo presidente de Argentina limitar el derecho a la información pública decretando al secreto como razón de Estado. Hoy no es un Buen Lunes”.

La diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical) presentó un proyecto para modificar la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública e incorporar “el lenguaje claro” entre los principios rectores enumerados en la norma para garantizar el efectivo ejercicio del mismo, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Esta iniciativa tiene como objetivo implementar y desarrollar el lenguaje claro en las expresiones de los poderes del Estado sin utilizar términos en latín o tecnicismos.

“Estructuramos la propuesta en la redacción de una ley específica, que aborde de manera detallada la implementación del lenguaje claro”, indicó Tavela. Además, sostuvo que “esta ley es importante para que los ciudadanos puedan conocer sus derechos y obligaciones de forma clara, transparente y accesible. De esta manera todos van a poder participar de forma efectiva en la vida democrática de la sociedad”.

Del mismo modo, amplió que "es responsabilidad de todos los poderes del Estado garantizar la comprensión de sus acciones y normas, facilitando así el cumplimiento de su deber de informar de manera efectiva y equitativa".

En tal sentido, Tavela agregó que "este método es el lenguaje claro o lectura fácil, y hay que entenderlo como el procedimiento que aplica un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño y estructura de documentos, y a la validación de la comprensibilidad de éstos, destinado a hacer accesible la información, a toda la población y en especial a las personas con dificultades de comprensión lectora”.

Para la diputada de JxC, “los sujetos a quien va dirigida la norma son los organismos públicos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las empresas del gobierno nacional y las vinculadas por el motivo que sea”.

"Los beneficiarios son las personas a quiénes llega esa información, esa ley, ese documento, ese acto administrativo, esa sentencia, esa resolución, esa respuesta a una solicitud, que estará escrita de manera sencilla, sin términos en latín, tecnicismos o giros innecesarios que dificultan la comprensión del texto", explicó Tavela.

Por último, Tavela expresó que "a través de este mecanismo, no sólo se garantiza el derecho de acceso a la información pública, es además un modo de inclusión de la población con discapacidad cognitiva, analfabeta o con bajos niveles de educación y personas de la tercera edad".