En medio del receso invernal, durante el que se paralizaron las reuniones de comisiones, la rosca política continúa puertas adentro y el oficialismo pretende reafirmar su sociedad con los bloques dialoguistas que contribuyeron a la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, de cara a los planes que tiene para el segundo semestre parlamentario.

Bajo la intención de buscar apoyo para el proyecto de reforma electoral que pretende impulsar, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantendrá este jueves a las 16.30 un encuentro con diputados de la oposición friendly. En un principio, el funcionario quería que la cumbre se realizara en Casa Rosada, pero los legisladores impusieron que sea en el Congreso.

Francos intentará ver qué panorama encuentra para avanzar con la derogación de las elecciones PASO, en la antesala de los comicios de 2025, cuando La Libertad Avanza competirá para engrosar sus lugares tanto en la Cámara baja como en el Senado, donde tiene acentuadas minorías.

Aunque en años anteriores muchos de los protagonistas de hoy reclamaban con firmeza por la eliminación de las primarias -herramienta siempre menos usada por los oficialismos-, el escenario actual no arroja todavía un número contundente para avanzar. Además, los temas electorales requieren de una mayoría absoluta para su aprobación (129 en Diputados y 37 en Senado).

Tanto en la UCR como en Hacemos Coalición Federal hay posturas divididas, mientras que en el Pro, socio directo de LLA, estarían reticentes ante cómo impactaría eso en su eventual alianza con el oficialismo el año que viene.

Sí, en cambio, los bloques dialoguistas -entre los que también están Innovación Federal y la Coalición Cívica- le pedirán al jefe de Gabinete que apure el proyecto de boleta única de papel, congelado por la falta de un voto en la Cámara alta, donde la rionegrina Mónica Silva se opone a aprobar la media sanción tal como está. En caso de conseguir modificaciones, la iniciativa debería volver a Diputados para su sanción definitiva.

Pero en la oposición también recuerdan al oficialismo que los tiempos son cortos, pues es regla que iniciativas de este tenor se traten en años no electorales. Una vez que se termine el receso, por delante quedarán cinco meses y, en el medio, llegará el Presupuesto 2025, ley que centraliza las discusiones.

El fastidio de Pichetto como telón de fondo

Francos arribará esta semana al Congreso en medio de un cortocircuito entre Miguel Ángel Pichetto, presidente de Hacemos Coalición Federal, y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, por la conformación de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El rionegrino estalló contra el riojano por no incluir entre los representantes por la Cámara baja a Emilio Monzó.

En medio de denuncias contra las fuerzas de seguridad por parte de personas que fueron detenidas en la movilización del 12 de junio contra la Ley Bases y, por otro lado, la disolución de la AFI y vuelta de la SIDE, Menem aceleró la semana pasada el envío de los integrantes de la bicameral. La vicepresidenta Victoria Villarruel lo había hecho en abril, pero sin designar a ningún miembro de la LLA por el Senado. Así las cosas, el presidente de Diputados repartió dos lugares para los oficialistas de su confianza Gabriel Bornoroni -jefe de bloque- y César Treffinger, uno para el Pro, uno para la UCR y tres para Unión por la Patria.

En una reunión que mantuvieron este lunes Menem y Pichetto, el presidente de la Cámara baja le habría garantizado al jefe de HCF que su bloque tendrá cupo en otras bicamerales a conformarse, como la que fiscaliza a los órganos y actividades de Seguridad Interior, la Administradora de la Biblioteca del Congreso y la Mixta Revisora de Cuentas. En ésta última, Pichetto sería impulsado como presidente. También este sector dialoguista quiere ser parte de la bicameral que deberá constituirse para debatir las privatizaciones de la Ley de Bases.

La eliminación de las elecciones PASO -sancionadas en el 2009- fue uno de los temas que incluía la original Ley Bases que había impulsado Javier Milei. Incluso, la propia exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había cuestionado -en junio de 2023 durante un acto con Sergio Massa- al entonces presidente Alberto Fernández porque “se embanderó en hacer las PASO”.

La cuestión de derogar dicha norma aún sigue sumando adhesiones, esta vez fue el senador nacional Rodolfo Suárez (por Cambia Mendoza – UCR) quien presentó un proyecto para la eliminación del título II de la Ley 26.571(Democratización de la Representación política, la transparencia y la equidad electoral), donde se establece la obligación de realizar elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“No es sano en este país tener un calendario electoral tan amplio desde la realización de las PASO, proceso que comienza mucho antes, hasta la realización de una segunda vuelta”, subraya Suárez en la fundamentación de su iniciativa.

También resaltó que “la organización del calendario electoral que establece las PASO, desde la negociación para la definición de las listas hasta el traspaso del mando de gobierno o la asunción de autoridades -en el caso de las elecciones de medio término- se extiende por casi ocho meses. Si pensamos que el mismo proceso se repite año por medio, supone asumir casi un estado de campaña electoral permanente con el consecuente impacto negativo en términos de negociación política, funcionamiento del Congreso y el afianzamiento de políticas públicas”.

“La realización de elecciones primarias es un costo que hay que disminuir para el Estado, dado que implica una erogación muy grande dinero y en la actualidad supone la duplicación del gasto político”, argumentó el mendocino.

Asimismo, el exgobernador mendocino aseguró que “después de cada elección primaria hemos visto los efectos nefastos que se producen en la economía, mucho más cuando es el oficialismo el que sale perdidoso de ese proceso”.

En su argumento Suárez ejemplificó con la situación que se produjo luego de las PASO 2023. “Puedo mencionar algunas de las medidas que tomó el candidato Sergio Massa, como la devaluación de la moneda, suba de tasas, implementación de nuevas restricciones cambiarias, cambios en el dólar agro, en el dólar turista e implementación de nuevos controles de precios, que terminaron de hacer trizas a nuestra economía”, explicó.

“Otra consecuencia de esta realidad es el aumento sostenido del gasto público sin financiamiento genuino en los años electorales. El famoso ‘plan platita’ implementado por el gobierno nacional después de su derrota electoral en las PASO 2021 o la eliminación del impuesto a las ganancias para los sectores asalariados, impulsado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner después de las PASO 2023 son dos ejemplos significativos. En el primer caso el efecto inflacionario fue notable. En el segundo, supuso un beneficio otorgado por el gobierno nacional pero soportado con el desfinanciamiento de las provincias, lo que generó un conflicto aún pendiente de resolución”, criticó el radical.

Al finalizar su fundamentación, Suárez subrayó que “de más está decir que un país que atraviesa una crisis económica y social debe disminuir al máximo todos los costos que sea posible, en especial los costos de la política”.