El presidente Alberto Fernández afirmó que “cada vez que en la Argentina ampliamos derechos somos una mejor sociedad, somos una mejor comunidad”, al encabezar este mediodía en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el acto de firma del decreto de promulgación de la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”.

La norma contempla, entre otras reivindicaciones, que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar una proporción no inferior al 1% de su personal con personas de ese colectivo.

El jefe de Estado reafirmó  “la necesidad de una democracia donde la diversidad exista inexorablemente”, pero dentro la cual “tiene que haber puntos de encuentro que nos unan. Uno de esos puntos de encuentro es dejar de marginar al otro; uno de esos puntos de encuentro es terminar con la cultura del descarte; uno de esos puntos de encuentro es entender que las minorías tienen derechos y que las mayorías deben reconocerles esos derechos”.

“Estamos decididos a que se termine cualquier tipo de discriminación en la Argentina”, dijo Fernández, quien estuvo acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda.

Asimismo, invitó a los empresarios a que también se sumen y aseveró que “desde el Estado vamos a promover que lo hagan, que sumen personas trans a sus cuerpos de trabajo, a su fuerza laboral”.

En tanto, la ministra Gómez Alcorta señaló que “esta ley viene a reparar dolores, a pagar una deuda que teníamos como sociedad, y viene a reconocer y ampliar derechos”, ya que “era imprescindible una agenda prioritaria que incorporara la perspectiva de diversidad a las políticas públicas”.

Señaló también que la norma “expresa altos niveles de consenso social” y afirmó que “eso lleva a la Argentina a estar a la vanguardia mundial, y es un motivo de orgullo de todos, todas y todes los que integramos esta sociedad”.

Por su parte, Alba Rueda afirmó que “es un día histórico para el movimiento travesti-trans” ya que “esta ley tiene que ver con la reivindicación de este movimiento como un sujeto político de derechos que ha sabido construir democracia hoy en la Argentina”.

“Tiene que ver con la comprensión de nuestras condiciones de desigualdad estructural y con poder reivindicar nuestra identidad como parte fundamental de la democracia”, enfatizó la subsecretaria.

Participaron también autoridades y miembros de las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación e integrantes de organizaciones de derechos de la diversidad.

La normativa votada en el Congreso convirtió en ley una política pública implementada por el presidente Alberto Fernández, quien a través del decreto 721/20 ya había establecido el Cupo Laboral Travesti-Trans en el Sector Público Nacional.

La misma lleva el nombre de “Diana Sacayán-Lohana Berkins” en conmemoración de sus impulsoras junto con las organizaciones LGBTI+ y defensoras de los derechos humanos, y constituye un paso fundamental en la reparación de las desigualdades históricas y estructurales que existen en la sociedad respecto a la población travesti-trans.

Para que una proporción no inferior al 1 % de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero forme parte de la planta del Estado, los organismos públicos deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas de ese colectivo, y promover acciones de concientización y sensibilización en los ámbitos laborales.

La normativa prevé a su vez incentivos para que también el sector privado que cumpla con esta normativa y promueve líneas de acceso al crédito desde el Banco de la Nación de la República Argentina para esta población.

Además, determina que el requisito de terminalidad educativa no puede resultar obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo, y que si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su educación, se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos.

Uno de los votos en contra que tuvo el proyecto de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero correspondió al diputado del Pro Alejandro García.

Al fundamentar su postura, el diputado contó que durante la discusión en comisión había hecho un par de planteos que le permitían no acompañar este proyecto. Señaló que entre los fines que persigue la ley “también está el acceso a la administración pública a través de esta ley”. En ese sentido recordó que “existe una normativa de fondo en ese sentido que establece requisitos para el ingreso, impedimentos, y lo que traté de señalar en esa oportunidad es lo que hoy quiero reiterar y que me impide el acompañamiento”.

“La Ley de Empleo Público, la 25.164 establece condiciones de conducta, idoneidad para el cargo”, comentó, detallando algunos de los impedimentos para acceder a la función pública, y si bien acordó con la norma puesta en discusión respecto de la no discriminación, advirtió que no concordaba con el párrafo que dice: “A fin de garantizar su permanencia en el empleo, no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales. Asimismo los antecedentes penales de los/las postulantes que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral. No podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo, considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.

Ahí señaló que tenía un problema que no podía soslayar: “Me parece un pésimo antecedente que este Cuerpo se atribuya per se cuáles son los delitos de relevancia y cuáles no lo son”.

“Que en el marco de esta ley se pretenda categorizar, este cuerpo legislativo, que también legisla en materia penal, sobre lo relevante y lo irrelevante de los tipos penales, no es un antecedente que quiero realmente acompañar”, aclaró el diputado del Pro. Y agregó: “No sé cuáles son los delitos irrelevantes. ¿Son irrelevantes los delitos contra la administración pública? ¿Son irrelevantes los delitos contra la propiedad. ¿Son irrelevantes los delitos contra la vida? Me parece como antecedente por cierto muy malo y es tirar por la borda una normativa básica de toda convivencia como son aquellos delitos contemplados en un Código Penal que se supone que están ahí para el desarrollo de la vida en sociedad”.

Luego apuntó cuestionamientos también al artículo 19, que habla de las sanciones: “El incumplimiento total o parcial de la presente ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables constituye mal desempeño”. El legislador señaló que entendía que “se está refiriendo al mal desempeño del artículo 249 del Código Penal. ¿Mal desempeño en sus funciones o falta grave? Según corresponda, llegado el caso supongo que será un juez el que deberá merituarlo…”.

García concluyó señalando que había planteado sus cuestionamientos en el seno del plenario y como el texto no se modificó dijo que no pensaba acompañar el proyecto. Su cierre fue acompañado por silbidos desde los palcos.