En el marco de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, representantes gremiales y referentes del sector analizaron los alcances del DNU 340/25.

La comisión fue presidida por el diputado de La Libertad Avanza César Treffinger, quien es vicepresidente de la comisión y contó que el titular de la misma, el santafesino Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad), no pudo viajar a Buenos Aires por el paro de los pilotos de Aerolíneas Argentinas.

“Manuel Belgrano, creador de nuestra Escuela Náutica, comprendía que sin barcos propios la independencia era apenas un papel”, evocó Marcelo Giuliani al inicio del encuentro, “porque una Nación que deja hacer por otra lo que puede hacer por sí misma, compromete su soberanía y lesiona gravemente la economía de sus habitantes”.

Hubo consenso en la ronda expositora respecto a la potencialidad de retomar proyectos de complemento a la Ley de Marina Mercante (n° 27.419), que registran estado parlamentario en ambas cámaras del Honorable Congreso de la Nación.

Al respecto, Eduardo Baglietto, vicepresidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, sintetizó: “Tenemos un primer proyecto de ley donde se apoya la creación de un segundo registro, y además corrige cuestiones como la del combustible, para competir en un nivel más igualitario con el resto de los países eximidos de tales requisitos e impuestos argentinos. Y contamos con otro proyecto de ley, del fallecido diputado Héctor Stefani, que sería una alternativa. Debemos, en definitiva, abocarnos a la creación de un segundo registro de bandera, y darle todas las herramientas a la Marina Mercante para que sea, al fin, competitiva ante los ojos del mundo”.

Asimismo, en refuerzo a la moción del Secretario General del SICONARA, Mariano Vilar, de “defender la Marina Mercante como Paraguay, la más emblemática de la región y tercera flota del mundo”, Baglietto postuló el ejemplo de “todos los países razonables y serios que protegen su cabotaje nacional, como los casos de la Unión Europea, Australia y los EEUU, que cuenta con la Ley Jones y una nueva ley bipartidaria llamada ‘Ships for America’, que va aumentar hasta 450 buques tripulados por norteamericanos alrededor de todo el mundo”.

Por último, el diputado César Treffinger apeló “a todas las partes intervinientes en este conflicto para tener la mejor resolución posible, una que sea para el bien de la actividad, y para que podamos salir a pescar en las condiciones más beneficiosas para la industria”.

Participaron además, de la reunión informativa, los diputados Gustavo González (UP), Julia Strada (UP) y Christian Castillo (PTS – FIT U); el presidente Ejecutivo de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales; el secretario general del Centro de Patrones y oficiales fluviales de pesca y cabotaje marítimos, Mariano Moreno; el representante del Sindicato Nacional de dragado y balizamiento, Roberto Millo; el secretario de Relaciones Laborales del SOMU, Alejandro Vargas; el secretario general del SICONARA, Mariano Vilar, y el referente del Astillero Río Santiago, Denis Vilardo.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por el diputado fueguino Héctor Antonio Stefani (Pro), emitió dictamen favorable sobre tres proyectos de Ley que ratifican acuerdos internacionales y que cuentan con media sanción del Senado.

De esta forma, el Acuerdo de Marrakech, la Convención relativa a la Organización Internacional de ayudas a la Navegación Marítima y el acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 quedaron en condición de obtener sanción definitiva en el recinto.

Con respecto al protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio – Acuerdo sobre subvenciones a la pesca, Stefani expresó: “Es un proyecto muy importante para Argentina”.

En la misma línea, Maximiliano Ferraro (CC) detalló que “este Acuerdo implica avances significativos porque los subsidios a la pesca están contribuyendo al rápido agotamiento a nuestras especies y generan pérdidas por más de 50 mil millones de dólares”.

Además, se despachó el proyecto de ley por el cual se aprueba la Convención relativa a la Organización Internacional de ayudas a la Navegación Marítima. Y el acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros. “Con este proyecto se mejora la navegación y la seguridad de los buques pesqueros”, concluyó Stefani.

Por último, los diputados definieron una agenda de trabajo a futuro que contempla reuniones informativas para escuchar la opinión de especialistas del sector.

La Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, que preside el diputado de Unión por la Patria Gustavo Pulti, llevó a cabo su reunión constitutiva en el Puerto La Plata, con la intención llevar el Cuerpo parlamentario al territorio, y en este caso específicamente a los puertos.

De la reunión participaron los diputados de UP Alexis Guerrera, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Lissalde, Juan Malpelli, y Susana González; por el lado de las fuerzas opositoras, estuvo el bahiense Fernando Compagnoni, del PRO.

Además, también se hicieron presente el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, y el anfitrión, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, José María Lojo.

Durante esta primera jornada los diputados y funcionarios dialogaron sobre las ventajas que implicaría para la economía y la importancia para la soberanía argentina poder contar con una salida directa al mar que hoy no la tiene.

Por ello, el presidente del consorcio platense José María Lojo celebró el fuerte compromiso de los diputados para continuar trabajando para que el proyecto del Canal Magdalena se concrete ya que “es fundamental buscar soluciones que fortalezcan la infraestructura portuaria argentina y su posición en el comercio global”.

Además, el funcionario portuario reforzó el sentido de soberanía y el Canal Magdalena al explicar que “Argentina contaría con una conexión fluviomaritima directa, sin tener que desviar los barcos a Montevideo, para movilizar carga. Esto simboliza nuestra soberanía sobre las vías navegables”.

“Hoy un barco que sale de Argentina tiene que pasar por el puerto de Montevideo y eso se traduce que los servicios que se le brindan a los buques deben proveerse desde Uruguay, implicando una pérdida de divisas para el país”, expresó Lojo.

Además, explicó que “los barcos tendrían menos tiempo de espera y navegación lo que mejoraría los costos logísticos para los productores y para la carga”.

Según un estudio de la CEPA, el proyecto de Canal Magdalena presenta una potencialidad de generar beneficios económicos de entre US$ 145 millones por año.

Pero más allá de estas cuestiones de fondo, el presidente de la comisión, el diputado Pulti, consideró "queremos generar respuestas legislativas útiles que aborden los desafíos que enfrentan nuestros puertos en este momento particular de la economía".

Durante la primera reunión del año, los miembros de la comisión acordaron elaborar un cronograma que les permita visitar cada puerto a lo largo del año. Se destaca que el sistema portuario bonaerense cuenta con 27 puertos comerciales e industriales, 8 de los cuales son administrados por consorcios de gestión.

Estos puertos desempeñan un papel fundamental en la exportación de bienes, la actividad pesquera y la generación de empleo en numerosas ciudades de la provincia.

"Los puertos bonaerenses son vitales para la economía local y nacional, ya que representan una parte significativa de la producción y el trabajo en Argentina", enfatizó el diputado oficialista Gustavo Pulti.

Presidida por la santacruceña Mariana Zuvic (Coalición Cívica), se reunió este martes la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, para abordar un proyecto de resolución de pedido de informes al Poder Ejecutivo en relación al “Area Marina protegida bentónica Agujero Azul”.

Asistieron a la reunión especialista, que expusieron en torno a la cuestión, como Pablo Bonuchelli, magíster en Intereses Marítimos por la Universidad Marítima Mundial de Malmö, quien señaló “el indispensable apego a las formas que debiera obedecer en general todo proceso de creación y designación de un área marina protegida”, y destacó que “el proyecto se inserta en un escenario significativo que es la internacionalidad, internacionalidad que se manifiesta desde el derecho internacional aplicable pasando por los actores que confluyen en ese espacio y los usos, es una interacción que naturalmente genera disputa de intereses y por tal motivo es fundamental respetar las normas y las formas”.

Por su parte, Milton Schvartzman, asesor especialista en conservación marina, explicó que “estamos a favor de la conservación de las áreas marinas protegidas, pero en este caso no se consultó a los pescadores, a las comunidades de la Patagonia, a los organismos de seguridad que son los encargados de hacer cumplir esta ley”.

En tanto, Horacio Terribilie, doctor en Relaciones Internacionales de la Facultad de Rosario, remitió al plano geopolítico manifestando que “es un escenario internacional pero donde nosotros tenemos una fuerte disputa de soberanía contra una potencia desde hace un montón de años y entiendo que esta potencia, que defiende sus intereses como toda su potencia, y que no son nuevos en la República Argentina”.

Por último, Ariel Mansi, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, señaló que “la República Argentina no debería promover directa ni indirectamente la generación de escenarios que tuvieran como efecto el fortalecimiento de la ocupación ilegal británica” y propuso “proceder a la modificación de la actual límite sur del proyecto de establecimiento del área marina protegida Agujero Azul que, por otra parte, da cuenta del interés de Argentina en la conservación de la rica biodiversidad existente en su plataforma continental”.