Con la intención de visibilizar la problemática que afecta a miles de familias, los diputados de Vamos Juntos (VJ) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para que se instituya el 17 de mayo como “Día del Electrodependiente por Cuestiones de Salud”, en el ámbito del distrito capitalino.

Asimismo, en caso de que el texto sea aprobado, se instará al Gobierno porteño a desarrollar actividades educativas de sensibilización, concientización, promoción y fomento del respeto de los derechos y la dignidad de estas personas.

En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas manifestaron que “los pacientes electrodependientes son aquellos que como consecuencia de una patología médica que sufren necesitan de manera indispensable para seguir viviendo un servicio de energía eléctrica que mantenga en funcionamiento el instrumental médico que necesitan para seguir viviendo por ende es indispensable que el servicio eléctrico sea suministrado de manera ininterrumpida y estable, ya que el solo hecho de no contar con la electricidad puede significar simplemente la muerte”.

Sobre esa misma línea señalaron que “en el 2017 se aprobó en el Honorable Congreso de la Nación, por unanimidad de ambas Cámaras, un proyecto de ley que garantiza derechos a las personas Electrodependientes por Cuestiones de Salud. Asimismo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a la ley N° 27.351 por medio de la ley N° 5.998” y recordaron que “se considera pertinente declarar el día 17 de mayo de todos los años como ‘Día del Electrodependiente por Cuestiones de Salud’ como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha y concientización de los derechos de las personas electrodependientes por cuestiones de salud”.

“El día 17 de mayo elegido para consagrarlo como día del electrodependiente, obedece a que la lucha de los padres y familias de personas electrodependientes, que enarbolaron la consigna LUZ PARA ELLOS con el primer objetivo de obtener una regulación normativa que proteja los derechos de estas personas, vio su primera luz el 17 de mayo con la promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley que consagra sus derechos”, añadieron y mencionaron que “la Ley N° 27351 dispuso que el Poder Ejecutivo desarrolle campañas de difusión, educación y concientización con el fin de promover los derechos de los electrodependientes por cuestiones de salud y de los principios comprendidos en esta ley”.

Además indicaron que “se dispuso que en el marco de la campaña se deberá contemplar que las facturas por los servicios de provisión de energía eléctrica de las empresas distribuidoras contengan una leyenda acorde a los principios de la presente ley”.

“Es por ello que es menester, fortalecer el trabajo que se viene realizando con la sanción de una norma que declare el ‘Día del Electrodependiente por Cuestiones de Salud’ para que ese día se realicen campañas educativas, de concientización y prevención para que aquellas personas electrodependientes por cuestiones de salud cuenten con una mejor calidad de vida y vean sus derechos garantizados”, sentenciaron.

El texto lleva la firma Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Mercedes De Las Casas, Paola Michielotto y Claudio Romero (VJ).

Luego de que se conociera la decisión del Gobierno Nacional de restringir el ingreso de argentinos que regresen del exterior, los legisladores de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración mediante el cual buscarán expresar su “preocupación por la angustiante situación de los ciudadanos argentinos que se encuentran en el exterior del país sin fecha cierta de regreso, producto de la Decisión Administrativa 643/2021 del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, que redujo un 70% el cupo de ingreso diario al país  en vuelos de pasajeros, pasando intempestivamente de dos mil a solo 600 residentes argentinos”.

En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas advirtieron que la decisión del Gobierno Nacional “deja a miles de ciudadanos argentinos en condición de incertidumbre” e indicaron que “se estima que se trata de alrededor de 45.000 argentinos de los cuales solo podrán regresar al país unos 7200 hasta el 9 de julio de 2021, fecha en que vence la restricción”.

Asimismo afirmaron que “esta nueva medida no presenta un sustento científico o un criterio técnico general que justifique la reducción de ingresos al país en cuanto medida efectiva contra el incremento de casos de Covid-19, ni un criterio específico que dé cuenta de por qué corresponde fijar el cupo en el número de 600” y consideraron que “la nueva medida se manifiesta más absurda cuando se advierte que en nuestro país existen procedimientos y protocolos, tales como el testeo, aislamiento y seguimiento dispuestos por el Decreto No 260/20, la Decisión Administrativa 268/21 y sus prórrogas, que, de aplicarse correctamente, garantizan la no propagación de las nuevas cepas y el virus de Covid-19”.

“Agrava lo desacertado de la medida, lo intempestivo de la misma. Hubiera sido más acertado tomar la medida hacia adelante, de manera gradual, con un cronograma que posibilitara el regreso de todos los argentinos sin provocar el embudo que se ha provocado”, añadieron y concluyeron solicitando que se permita “el ingreso y la libre circulación en nuestro territorio a todos los ciudadanos y residentes argentinos, garantizando los derechos de los artículos 14, 15 y 43 de nuestra Constitución Nacional”.

El proyecto es de autoría de Natalia Fidel (VJ) y lleva la firma de los diputados Héctor Apreda, Claudio Cingolani, Facundo Del Gaiso, Carolina Estebarena, Cecilia Ferrero, Cristina García, María Luisa González Estevarena, Lucía Romano y Guillermo Suárez (VJ).

Los legisladores de Vamos Juntos (VJ), encabezados por la oficialista Natalia Fidel, presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual prevén que esa Casa exprese su repudio a la suspensión de las clases presenciales en el AMBA determinada por el decreto 241/2021.

Además recordaron que ese DNU también establece el cierre de centros comerciales y shoppings, locales gastronómicos y de  todas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados, de  locales comerciales (salvo excepciones) entre las 19 horas y las seis de la mañana del día siguiente.

En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “a casi dos meses del inicio de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, los datos revelan que la escuela no es un factor de reproducción de los contagios. Por el contrario, la escuela funciona como un espacio de detección rápida que ayuda a cortar la cadena de transmisión comunitaria del virus” y destacaron que “organismos internacionales como Unicef y la OMS manifestaron su preocupación por esta medida tomada por el Presidente de la Nación”.

“En nuestro país, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió un comunicado, junto con Unicef, en el que aseguró que la escuela es un lugar seguro. Los especialistas pidieron a las autoridades que la suspensión de clases presenciales se realice ‘durante el menor tiempo y lo más sectorizado posible’”, precisaron y recordaron que en enero Unicef Argentina ya había recomendado que “las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir”, lema que habían adoptado los ministros provinciales y el ministro nacional de Educación Nicolás Trotta.

Al mismo tiempo que consideraron que “está comprobado en base a la experiencia de 2020, que estas medidas lo único que van a generar es más cierre de comercios, más pérdidas económicas, más gente cayendo bajo la línea de pobreza, además de secuelas  psicológicas y físicas en gran parte de la población, producto del encierro, de la falta de contacto  con otros, de la perdida de libertades, de la perdida de trabajo, de la perdida de la posibilidad ganarse el sustento familiar, de la perdida de la posibilidad de desarrollarse, de hacer deporte, de elegir”.

“El Gobierno Nacional ha tomado esta medida sin basarse en la evidencia científica y desoyendo a los especialistas. No queda claro en base a que evidencia científica ha tomado esta decisión ni tampoco queda claro qué debiera suceder para la reanudación de las actividades suspendidas”, sentenciaron.

La medida también lleva la firma de Héctor Apreda, Claudio Cingolani, Carolina Estebarena, Cristina García, María Luisa González Estevarena, Lucía Romano y Guillermo Suarez (VJ).

Luego de que el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, participara de un acto en Lanús en el que el Ejecutivo de la Ciudad donó cinco patrulleros al municipio de Lanús, los legisladores del Frente de Todos (FdT) y los de Vamos Juntos (VJ) se cruzaron duramente en las redes sociales. Es que mientras los primeros cuestionaron la entrega de insumos después de que la Legislatura porteña aprobara un presupuesto de contingencia, el oficialismo insistió en que se trató de una cuestión de Derechos Humanos.

En ese sentido la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), indicó que le “gustaría que el jefe de Gobierno nos explique el criterio para donar los patrulleros al partido de Lanús. Se ve que aún sin el ‘regalito’ de Macri a la Ciudad le siguen sobrando recursos”. Al mismo tiempo que Juan Manuel Valdés (FdT) se preguntó: “¿es el mismo Larreta que se queja por no tener fondos para la Seguridad? Mientras se quejan del recorte de fondos nacionales para seguridad, Larreta regala patrulleros comprados con nuestros impuestos. El cinismo no tiene límites”.

Haciéndose eco de estos comentarios, la diputada Natalia Fidel (VJ) le respondió a Montenegro al señalar que le “gustaría saber por qué no se han expresado sobre las denuncias a la violación de DDHH en los centros de aislamiento de Formosa y la detención ilegal de las dos concejales ayer. Pensé que los DDHH eran universales y no admitían color partidario”

“El Gobierno Nacional no puede seguir ajeno a los abusos que se están cometiendo en Formosa. O actúa o es cómplice y responsable de lo que está ocurriendo en los centros de ‘aislamiento’ que montó Insfran y de la detención de opositores que denuncian violaciones a los DDHH”, sentenció.