Sólo en el primer semestre del año, 151 chicos se quedaron sin sus madres porque fueron asesinadas en hechos de extrema violencia machista. Las estadísticas dicen que son “las víctimas colaterales” de los femicidios y que ya son 4.500 en la última década y media. Brisa es una de esas niñas que perdieron a su mamá y una Ley lleva su nombre.

Esa Ley cumple este jueves seis años.

El 4 de julio de 2018, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reparación a hijos e hijas de madres víctimas de femicidios, por lo que niñas, niños, adolescentes o jóvenes cuyas mamás fueron asesinadas en hechos de violencia de género pueden cobrar hasta que cumplan 21 años el equivalente a una jubilación mínima (y en el caso de alguna discapacidad, de por vida).

Daiana de los Angeles Barrionuevo tenía 24 años cuando desapareció el 20 de diciembre de 2014. La encontraron muerta tres semanas después, el 10 de enero de 2015, dentro de una bolsa de consorcio en un arroyo de Moreno. La había asesinado su pareja, Iván Rodríguez, de quien pretendía separarse. Daiana tenía hijos gemelos de 7 años, y a Brisa, de 2. Primero se fueron con su abuelo, hasta que Cintia, su tía, hermana de Daiana, los llevó a su casa.

Las estadísticas de la asociación civil La Casa del Encuentro revelan que 7 de cada 10 femicidios en Argentina se cometen por la pareja o ex pareja de las víctimas, que suelen ser los padres de los hijos e hijas que quedan huérfanos al mismo tiempo: madres muertas, padres encarcelados. Algunos se suicidan, otros se profugan. Lo concreto es que ese padre también está perdido para los niños, y de hecho la Justicia en la mayoría de los expedientes les quita los derechos sobre ellos.

La mayoría de los hijos e hijas de las mujeres que han sido asesinadas pasan a vivir con familiares que asumen la responsabilidad de criarlos y mantenerlos. La tía de Brisa -hoy de 12 años-, por ejemplo, tenía tres hijos, y desde el asesinato de su hermana, cría y mantiene a seis, junto con su marido Marcelo.

Los informes sobre femicidios también confirman que muchas de las mujeres asesinadas habían denunciado por violencia a sus asesinos. Alertas que no llegaron a convertirse en protección, seguridad concreta, que permita evitar el hecho trágico.

Así, la Ley Brisa es una ayuda, pero también una reparación. Un reconocimiento del Estado por no haber evitado esa muerte. Y el deber de la sociedad de garantizar derechos a niños, niñas y adolescentes. Las hijas y los hijos de las víctimas son responsabilidad de todas y todos.

Antes de ser votada en 2018, el proyecto de Ley Brisa estuvo dos años en el Congreso sin moverse. Luego, comenzó un lento camino de implementación, que derivó en la conformación de la Comisión Permanente de Seguimiento (CoPeSe) de cada situación, integrada por equipos técnicos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación (MMGyD) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para todas las tareas relacionadas al Régimen de Reparación Económica (RENNyA).

Hasta diciembre pasado, el reclamo generalizado para la Ley Brisa era la necesidad de que la reparación sea universal y llegue efectivamente a todos los chicos y jóvenes que perdieron a su madre en femicidios, en relación a problemas de la letra chica de la ley que propone, por ejemplo, la necesidad de que los beneficiarios sean hijos biológicos del autor del femicidio. La interpretación fue mutando desde el Estado para que la reparación llegue a los hijos de las mujeres asesinadas, sin importar otras cuestiones.

Sin embargo, con la actual administración nacional el mapa para la Ley Brisa cambió abruptamente. La organización Atravesados por el Femicidio, que nuclea a familiares de víctimas, viene alertando que desde el 10 de diciembre pasado no hay altas para la reparación.

De esta manera, los hijos de mujeres asesinadas desde que asumieron las actuales autoridades no reciben ese derecho. Tampoco tienen dónde anotarse o comenzar los trámites.

Mientras tanto, se sigue con atención lo que ocurre con las más de 1.400 reparaciones que se emitieron antes, mientras en distintas provincias se denunciaron interrupciones o atrasos en el pago. El panorama desolador se completa con el CoPeSe disuelto, lo mismo con el MMGyD, equipos enteros de la Senaf que fueron echados y ajustes en la ANSES.

“No cumplen la ley”, dicen los familiares

La organización Atravesados por el Femicidio, que nuclea a familiares de víctimas, viene alertando sobre el actual vacío que hay en torno al cumplimiento de la Ley Brisa en todo el territorio nacional. “No se está cumpliendo, es realmente muy triste. Desde diciembre que asumieron las nuevas autoridades nacionales no se registran altas de reparación económica para hijos e hijas de las víctimas”, dijo Marcela Morera, madre de Julieta Mena, asesinada por su novio el 22 de octubre de 2015. Tenía 22 años y estaba embarazada.

“Estamos en comunicación todo el tiempo entre los familiares, muy alertas por novedades. Sabemos que hubo retrasos en el pago de reparaciones que ya estaban asignadas antes de diciembre. Por supuesto, tenemos mucho temor de que se suspendan también esas reparaciones, con todo lo que significa, porque el cobro les permite a los chicos que perdieron a sus madres tener acceso a comida, vestimenta y otras necesidades básicas. Incluso, a las familias les permite que muchos chicos puedan estar juntos, ya que de no cobrar la Ley Brisa serían separados porque no los pueden mantener. Exigimos que se aplique la Ley, que fue votada en el Congreso por unanimidad. Ningún chico puede quedar sin ayuda del Estado”, dijo Marcela en diálogo con Diario Popular.

Según datos oficiales, antes de diciembre el Estado nacional había aprobado más de 1.400 reparaciones. “Ya no existe el organismo que realizaba la documentación, es muy grave”, dijo Morera.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que se exima a los beneficiarios de la Ley Brisa –la reparación económica a hijos de victimas de femicidios- del pago de las contribuciones a Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

Para poder acceder a este nuevo beneficio, las víctimas colaterales de femicidios deberán ser “propietarias, condómino o usufructuario de un único bien inmueble destinado a vivienda propia o inquilino de un inmueble para uso personal y ser quien paga esa contribución”. Al mismo tiempo que establece que no podrán tener otros inmuebles urbanos o rurales en todo el país y tampoco podrán percibirlo quienes hayan sido condenados como “autor, co autor o cómplice del delito contra su madre”.  

En los fundamentos de la medida, desde la Defensoría explicaron que “los Estados todavía no han logrado erradicar esta forma específica de violencia contra las mujeres, que se lleva en la actualidad la vida de casi una mujer por día” y remarcó que “la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) consigna que entre 2015 y 2018 se registraron un total de 56 víctimas de femicidios en CABA. Esto representa el 58% de los 97 homicidios dolosos de mujeres, trans y travestis”.

“La pandemia del Covid 19 y las medidas de aislamiento expusieron e incluso acrecentaron la violencia de género. La forma más extrema de esa violencia son los femicidios, los cuales no bajan”, aseveraron y explicaron que “este proyecto se propone paliar las dificultades económicas que suelen atravesar las personas que quedan a cargo de los niños y adolescentes que perdieron a su madre y vieron disuelto su hogar familiar”.

Al mismo tiempo que precisaron que estos niños se quedaron “sin ningún tipo de sustento económico porque el padre o progenitor afin, responsable del femicidio, se encuentra –en la mayoría de los casos- cumpliendo la pena de prisión dictada en su contra” y concluyeron señalando que “si bien la reparación del daño que producen los femicidios en las vidas de los niños y adolescentes a los que les han arrebatado a su madre es imposible, creemos que es necesario no sumar a ese padecimiento otros derivados de privaciones económicas”.