El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para modernizar la compra de traslados oficiales aéreos en el sector público y el Poder Legislativo, eliminando intermediarios y promoviendo la contratación directa y transparente.

“Así reduciremos costos y mejoraremos la eficiencia en los traslados oficiales. Esta medida impulsará la competencia abierta y garantizará un uso responsable de los recursos públicos. Propongo que todas las jurisdicciones utilicen canales de venta directa para adquirir servicios de transporte, con preferencia por aerolíneas argentinas, siempre que sus precios sean competitivos”, argumentó el cordobés.

La iniciativa establece optimizar y coordinar los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros en materia de adquisición de pasajes, para el traslado por vía aérea, terrestre o marítima, tanto dentro como fuera del país, de funcionarios, de empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, así como de terceros.

Un artículo que se sumó sobre el final fue el que impuso el oficialismo para crear una tasa extra en los pasajes aéreos, tanto de cabotaje como internacionales, para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

"Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria", reza el artículo 121 del Presupuesto.

Lo defendió en el recinto el diputado del oficialismo Ramiro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Transporte, quien destacó que esa tasa tiene un tope máximo de 0,25% del salario básico de un oficial principal de la Policía de Seguridad Aeroportuario, y los destinatarios de esa tasa serán los pasajeros de los vuelos internacionales, regionales y de cabotaje, que utilicen el sistema nacional de aeropuertos de la República Argentina.

El objetivo de esa tasa es, señaló el legislador bonaerense, “el mantenimiento, la conservación y la actualización del equipamiento, no solo para la optimización de las infraestructuras, sino también para los métodos operativos con los que trabaja la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y con una limitante: no pueden ser aplicados para la contratación de personal que realice tareas que le incumben o desarrolla la institución”.

Gutiérrez aclaró que es constitucional dicha tasa, por cuanto es legal, es proporcional y es equitativa. “Aproximadamente 250 pesos es lo que reportaría en un valor máximo que hoy puede ser un objeto de consumo, como un lácteo y un yogur”, destacó el legislador nacional.