La Red de Familias y Padres Organizados por la Educación no pudo exponer ante los diputados que el jueves pasado analizaron el proyecto de ley que otorga facultades especiales al presidente y los gobernadores para tomar medidas de acuerdo a la situación sanitaria, determinada por el número de casos de Covid-19.

Durante el debate en comisión, la diputada Silvia Lospennato expuso su caso y reprochó que no les permitieran exponer ante la comisión, por el tratamiento exprés que se le daría al tema. El diputado Hernán Pérez Araujo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que la razón por la que no escuchaban a la Red de Padres era porque esa no era una reunión informativa, sino porque era “para dictaminar”, y que los invitados habían sido cuando el tratamiento se dio en el Senado. Lo cual despertó la reacción de la oposición, que reprochó ese argumento, explicando que ellos no eran complementarios de los senadores, sino que debía haberse hecho allí el mismo proceso que en la otra Cámara.

En ese marco, los padres y familiares lamentaron que no les hubieran permitido hacer escuchar su voz y enviaron una misiva a la Cámara baja para poner en conocimiento a los Diputados nacionales de nuestras manifestaciones.

En la misma reprochan que “algo tan básico y que considerábamos indiscutible en nuestro país quedó en suspenso por la pandemia: el acceso a la educación para niños y adolescentes”.

Advirtieron que la pandemia “se llevó puesto los derechos fundamentales de nuestros  hijos”, argumentando que el cierre de los colegios “no sólo afectó su derecho a los aprendizajes académicos, sino que desarticuló un entorno de socialización elemental para su constitución como sujetos autónomos y significó la desaparición de un ámbito clave de contención ante situaciones de violencia familiar y de abusos de todo tipo”.

“Ningún médico le daría a un paciente un medicamento que tiene dudosos beneficios y efectos nocivos constatados. Precisamente eso es lo que estamos haciendo al cerrar las escuelas”, reprocharon en la nota dirigida a los diputados nacionales.

En la sesión maratónica del Congreso de la Nación, el diputado José Luis Ramón criticó al gobernador mendocino Rodolfo Suárez por el manejo de la pandemia, sobre todo por la presencialidad de las clases y los datos. Según expresó durante la sesión de este miércoles, el mandatario provincial “oculta los datos de los muertos”, con el fin de evitar suspender las clases presenciales.

El diputado mendocino sostuvo que “el gobernador de mi provincia, conducido por el presidente del partido radical (Alfredo Cornejo), ¿qué hace? Dice: ‘Ah no, no vamos a sacar la presencialidad’ ¿Y saben lo que hizo? Oculta datos de los fallecidos en mi provincia”.

El legislador Luis Petri salió a contestarle más tarde, advirtiendo: “No puedo permitir que en mi provincia se diga que caprichosamente se suspenden las clases cuando había un consenso político y científico que decía que las escuelas debían ser lo primero en abrir y lo último en cerrar”.

Además, el radical manifestó: “Mi gobernador, Rodolfo Suárez, sostuvo la presencialidad y no se equivocó” y agregó que “a diferencia lo que ha ocurrido a nivel nacional, donde se contrapuso salud o economía, tenemos un gobernador que intentó todo el tiempo compatibilizar la salud, con economía y con la educación”. Incluso explicó que “hace 14 días el Gobierno nacional ponía a Mendoza en alerta epidemiológica, en el día de hoy, el mismo Gobierno nacional, saca a Mendoza de la alerta”.

También se diferenció y dijo: “En mi provincia no hay vacunados vip, ni se roban las vacunas”. Por otra parte, mencionó directamente a Ramón y le reclamó su decisión de acompañar al Gobierno en la Ley de Ministerio Público: “Los mendocinos tenemos una cultura que tiene que ver con la calidad institucional, con la alternancia, una cultura que tiene que ver con la independencia de los poderes”.

“Toda la vida ha sido caracterizada mi provincia por esa calidad institucional y esa calidad institucional es la que queremos defender en el Congreso de la Nación cuando se trata, entre otras cosas, la ley del Ministerio Público en donde se lo quiere tomar por asalto”, concluyó Petri.