Tras una extensa sesión, donde la oposición logró aprobar todo el temario que se propuso, la diputada nacional Blanca Osuna (UP) aseguró que se dio "una señal clara" de que "el Congreso está para debatir y poner límites cuando el Ejecutivo avanza sobre sus atribuciones".

Respecto de la aprobación del proyecto que modifica la Ley de DNU, la entrerriana sostuvo que la reforma es "necesaria para delimitar el uso discrecional que el presidente hace de esta herramienta”.

"Los DNU de (Javier) Milei no son ni de necesidad ni de urgencia, pero interfieren en el funcionamiento democrático, porque las normas deben discutirse y aprobarse en el Congreso”, dijo.

En relación al proyecto de Presupuesto Nacional, Osuna advirtió: “Tenemos en mano una iniciativa que corta violentamente recursos para salud, educación, las provincias y la obra pública. Mientras tanto, el ministro de economía, Luis Caputo, y el equipo económico están en Estados Unidos sin que se haya dado a conocer una agenda de reuniones e interlocutores, cuando deberían estar acá discutiendo el presupuesto con nosotros”.

Por último, la legisladora subrayó que la sesión "fue clave, con un temario amplio y con acuerdos entre distintos bloques”, incluyendo temas como el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la designación de la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes.

El diputado nacional José Luis Espert (LLA) consideró que la Ley de Emergencia en Discapacidad "es impagable, demagoga y destituyente", al defender la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, pero suspendida en su ejecución hasta que el Congreso defina su fuente de financiamiento.

"No hay manera de financiarla, hay muy poca plata en la reasignación de partidas. El único lugar donde pretendemos discutir gasto público es el presupuesto, en ningún otro lugar", aseveró el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la antesala del debate de la ley de leyes que se iniciará este miércoles, tras dos años con presupuesto reconducido.

El oficialista enfatizó que el Gobierno busca "terminar con la corrupción del kirchnerismo en las pensiones" por discapacidad, mientras que sobre el caso de los audios de Diego Spagnuolo y el presunto cobro de coimas en esta gestión, se limitó a decir: "Eso está en justicia".

Al asegurar que en el Gobierno hicieron "autocrítica" tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Espert opinó que respecto a la inestabilidad económico que empezó días atrás "también hay responsabilidad de la oposición; no podes sancionar leyes que son casi destituyentes".

"Si el programa económico del Gobierno hace de su nave insignia el déficit cero, no podes pasarte sancionando leyes que dinamitan el déficit cero. Muchachos del Congreso: el lugar donde se discuten los gastos es en el presupuesto, discutamos ahí. ¿Qué es esto de que por cada gasto hay una ley?", lanzó.

Para el candidato a diputado por LLA en PBA, "la diferencia del gobierno de (Javier) Milei respecto de cualquier otro gobierno es que en un momento de tensión, en un momento crítico, este Gobierno baja impuestos en vez de subirlos", en referencia a la medida de retenciones cero hasta después de las elecciones.

"Me parece un hito que el mercado lo ha leído muy bien, junto al gran anuncio del gobierno norteamericano del apoyo que le va a dar al programa argentino", agregó en diálogo con radio La Red.

El oficialista reveló: "Nosotros hemos hecho autocrítica en lo que tiene que ver con responsabilidades nuestras, como por ejemplo haber sido soberbios en pensar que solo sacando al país de la hiperinflación, de un default de la deuda, de un default de los depósitos, como íbamos a fines de 2023, era suficiente. Claramente lo que ha pasado con las derrotas electorales que hemos tenido, particularmente en la provincia de Buenos Aires, el mensaje fue: 'señores, el pueblo no la está pasando bien, requerimos que nos apoyen'".

"Nosotros les decimos que no vivimos en Narnia, nos duele que no lleguen a fin de mes, pero este esfuerzo tiene sentido. La autocrítica es no haber estado cerca de la gente, no haber empatizado más", sumó.

En medio de la tensión creciente entre los gobernadores y el Gobierno nacional por la retención de fondos coparticipables y el uso discrecional de los recursos públicos, el diputado nacional por Córdoba Juan Fernando Brügge presentó una iniciativa legislativa que busca poner un freno a lo que califica como “desviaciones peligrosas del Poder Ejecutivo Nacional en materia presupuestaria”.

El proyecto, propone la modificación del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera para limitar de manera estricta la vigencia de los presupuestos reconducidos. Según la propuesta, si al inicio del ejercicio financiero no se encuentra aprobado el presupuesto general, solo podrá regir —de manera excepcional— el del año anterior, por un único período y sin posibilidad de prórrogas. Vencido ese plazo, el Estado nacional deberá restringirse exclusivamente a gastos en seguridad, defensa, salud y educación.

“El presupuesto es uno de los pilares de la República. Su manipulación discrecional pone en riesgo la credibilidad institucional, el equilibrio federal y la vigencia misma del Estado de Derecho”, enfatizó Brügge en los fundamentos de su propuesta, a la vez que advirtió que la actual interpretación de la ley habilita prórrogas indefinidas del presupuesto sin debate ni aprobación legislativa, lo que calificó como inconstitucional.

Un límite claro al Ejecutivo

En un mensaje directo al oficialismo, el legislador cordobés apuntó contra la reciente decisión del Gobierno de modificar por decreto el presupuesto 2024, sin discusión parlamentaria. Para Brügge, esto configura un “atropello a las competencias del Congreso Nacional y debilita la transparencia democrática”.

“El Ejecutivo no puede seguir gobernando con presupuestos vencidos indefinidamente, ni reasignar partidas a su antojo. Hay una Constitución, hay principios básicos del federalismo y hay responsabilidades institucionales que deben respetarse”, sostuvo.

La iniciativa va más allá de una modificación técnica. Establece que cualquier gasto dispuesto por fuera de los límites fijados será nulo de nulidad absoluta y que tanto el Presidente como los ministros y el jefe de Gabinete que suscriban los actos serán civil y penalmente responsables, debiendo el Estado reclamar el reintegro de los recursos comprometidos ilegalmente.

Contexto de conflicto con las provincias

La presentación del proyecto se da en un contexto de máxima tensión política. Los gobernadores reclaman que el Gobierno nacional retiene partidas que les corresponden por ley, mientras el Ejecutivo central se ampara en la prórroga del presupuesto 2023 para administrar discrecionalmente los recursos del Estado.

Brügge remarcó que la ausencia de un presupuesto actualizado afecta la planificación, la inversión pública y el desarrollo territorial, generando mayor desigualdad e incertidumbre social.

“El Congreso tiene la obligación de devolverle al país previsibilidad institucional. No se puede gobernar por decreto ni administrar los recursos públicos como si fueran propios. Estamos hablando de plata de los argentinos, de las provincias, de los municipios, de los hospitales, de las escuelas”, sentenció el diputado.

Comparación con modelos internacionales

El legislador incluyó en su iniciativa un análisis comparativo con otros países que enfrentan situaciones similares. En Estados Unidos, por ejemplo, si no se aprueba el presupuesto, se produce un shutdown o parálisis de la administración pública. En Alemania, México y España, las prórrogas presupuestarias están acotadas a pocos meses y bajo fuertes restricciones legales. En todos los casos, los Estados democráticos priorizan el debate legislativo y la legitimación parlamentaria del gasto público.

Responsabilidad y transparencia

Finalmente, Brügge recalcó que el objetivo de su proyecto es garantizar que cada peso del Estado tenga origen, destino y control legislativo. “El principio republicano exige que los funcionarios rindan cuentas. No podemos seguir naturalizando la ilegalidad ni la falta de control. Este proyecto es una herramienta para devolverle a la ciudadanía confianza en el sistema y en sus instituciones”.

De ser aprobado, el proyecto entraría en vigencia inmediatamente y aplicaría al ejercicio financiero en curso, sentando un precedente que podría cambiar radicalmente la forma en que se manejan los recursos del Estado en la Argentina.

Con esta presentación, Juan Fernando Brügge se posiciona como una de las voces más firmes en defensa del equilibrio entre poderes y la reconstrucción institucional del país en un año signado por el ajuste, la crisis y el debilitamiento del federalismo.

El Gobierno nacional realizó una nueva modificación del Presupuesto. Se trata del plan de gastos y recursos que había sido proyectado para 2023, luego se prorrogó durante todo este primer año de gestión de Javier Milei y así continuará, ante el no tratamiento de la “ley de leyes” para el año próximo. 

A través del decreto de necesidad y urgencia 1104/24, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo señaló que “resulta necesario y urgente incorporar diversas disposiciones complementarias a la prórroga y modificar el presupuesto vigente, con el fin de garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado Nacional”. 

“La presente adecuación presupuestaria contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”, agregó en los considerandos. 

Entre las medidas, se dispone una readecuación del presupuesto para la Secretaría de Inteligencia del Estado, “reduciendo los créditos incrementados mediante el Decreto N° 656 del 19 de julio de 2024”, el cual le otorgaba al organismo 100 mil millones de pesos y fue rechazado por ambas cámaras del Congreso. 

Por otra parte, se incrementan partidas para la Agencia de Administración de Bienes del Estado; la Administración de Parques Nacionales; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal; el pago de sentencias judiciales previsionales de las fuerzas policiales y Fuerzas Armadas; y la ANSeS, entre otros. 

En tanto, se incorpora “la contratación de las obras con incidencia en ejercicios futuros” y se establece que la Secretaría de Obras Públicas “deberá constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional” por un billón de pesos. 

“Es menester readecuar los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente ejercicio”, agrega otro de los párrafos. 

Uno de los artículos del DNU amplía en 100 mil millones de pesos “el importe máximo de colocación de los bonos de consolidación décima serie”; mientras que otro dispone que durante el ejercicio fiscal 2025 “los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las letras denominadas en dólares estadounidenses emitidas al sector público nacional” y “los fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados precedentemente serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en conjunto, por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda”. 

“Dispónese que durante el Ejercicio Fiscal 2025 los pagos de los servicios de amortización de capital y el 60% de los servicios de intereses de las letras intransferibles denominadas en dólares estadounidenses, en cartera del BCRA, serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos emitidos a la par, a 5 años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, y que devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA”, reza otro de los artículos. 

El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó dos proyectos de ley en materia económica. Uno de ellos propone prohibirle al Poder Ejecutivo de presentar el Presupuesto Nacional con déficit fiscal y la otra iniciativa prohíbe quitarle al Banco Central la facultad de adelantar fondos al Estado Nacional.

Entre los argumentos, Blanco planteó que “la estabilidad macroeconómica de un país obedece al correcto desempeño del país en tres ámbitos que son la política fiscal, la monetaria y la adecuada regulación y funcionamiento del sistema financiero”.

Así recordó que, en los últimos 10 años, el Congreso le ha aprobado al Poder Ejecutivo Nacional, presupuestos deficitarios por casi la mitad del PBI argentino y alertó que “a este ritmo en 20 años el Estado Nacional necesita la totalidad de lo que produce el país en un año, para pagar su déficit fiscal, lo cual es hipotecar no solo la vida de nuestros hijos, sino la de nuestros nietos, que dispondrán cada vez menos de posibilidades de tener un país mejor”.

“El déficit presupuestario ha sido cubierto con emisión monetaria que ya sabemos que nos ha costado una altísima inflación, con emisión de bonos con altas tasas de interés y litigios judiciales negativos para nuestro país y con préstamos internacionales que se han vuelto impagables”, criticó.

El fueguino consideró que “para lograr un camino de crecimiento y estabilidad macroeconómica, es necesario realizar políticas de Estado permanentes y que no puedan ser modificadas por una ley común”.

A su vez, manifestó que “es fundamental que el Banco Central de la República Argentina sea independiente de manera tal que no pueda ser influido por el poder gobernante de turno, que sea previsible y con políticas económicas y financieras a largo plazo y que tenga prohibido emitir moneda y realizarle préstamos al tesoro y fundamentalmente que no pueda realizar más un cepo”.

“Es imperioso y crucial terminar con el endeudamiento crónico y sin fondo, al que nos han llevado sucesivos gobiernos, que se ha agravado en los últimos 30 años y que lo único que ha hecho es empobrecer al pueblo argentino y desestabilizar su economía, generando desequilibrios, alta inflación y el pago de intereses usureros al sistema financiero internacional”, propuso.