La diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo crear el programa nacional de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegalizadas.

Sobre el proyecto, la legisladora explicó que “tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para asegurar el diseño y la implementación de estrategias de intervención que contemplen las perspectivas socioculturales, etarias y de género, para reducir las consecuencias sanitarias, sociales y económicas negativas, relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegalizadas”.

Además, remarcó que el programa se regirá por los derechos humanos, la salud pública, la participación de la sociedad civil y la accesibilidad a servicios de salud. También, se priorizará la autonomía de las personas y la atención ambulatoria. ​

Sobre las acciones del programa, Macha propuso desarrollar un plan de capacitación de los sistemas sociosanitarios de nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del modelo de reducción de riesgos y daños; y realizar intervenciones bajo los principios de reducción de riesgos y daños destinada a personas usuarias de sustancias psicoactivas legales e ilegalizadas.

También, establece promover acciones orientadas a demorar todo lo posible el inicio del consumo; diseñar e implementar dispositivos sociosanitarios en espectáculos públicos, eventos masivos, locales bailables y en todo escenario donde ocurren los consumos; elaborar campañas en medios masivos de comunicación enfocadas en la eliminación de la estigmatización de las personas consumidoras de sustancias; y controlar dispositivos socio-sanitarios públicos y privados que asistan y brinden tratamiento a personas con uso problemático de sustancias psicoactivas.

A su vez, exige asegurar que los dispositivos de atención estén basados en fundamentos científicos; la promoción de acceso de sustancias psicoactivas a los servicios sociosanitarios; la constitución de equipos orientados a realizar relevamientos; políticas tendientes al monitoreo y la observación de los patrones de consumo de la población; la deconstrucción de saberes preexistentes, mitos, prejuicios y creencias; la incorporación de una mirada transdisciplinaria e interjurisdiccional; y la participación ciudadana, particularmente de personas usuarias de drogas en la formulación, implementación y evaluación del programa.

En los fundamentos, la diputada nacional de Unión por la Patria expresó: “Tanto en nuestro país como a nivel internacional, conviven y discuten diversos paradigmas en función al abordaje del consumo de sustancias, que tienen en cuenta al consumo desde diferentes perspectivas. Es necesario que el eje de intervención ante los consumos problemáticos esté centrado en la persona, en su autonomía y poder de decisión”.