Una diputada misionera impulsa una reforma a la Ley de Conservación de Fauna que incorpora penas de prisión a los conductores que provoquen muertes de especies protegidas en áreas naturales. El yaguareté, en el centro del debate.
La diputada nacional Yamila Ruiz, del bloque Innovación Federal, presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca modificar la Ley Nº 22.421 de Conservación de Fauna para incluir, por primera vez, la figura del “atropellamiento de fauna silvestre” como un delito penal. La propuesta apunta a sancionar con penas de prisión de hasta un año y con inhabilitación especial a los conductores que, excediendo los límites de velocidad, provoquen la muerte de animales en áreas naturales protegidas, particularmente cuando se trate de especies declaradas monumento natural o en peligro de extinción.
El texto plantea además la obligatoriedad para las jurisdicciones de instalar dispositivos de control de velocidad y pasafaunas que permitan reducir los riesgos en zonas críticas. A la par, endurece las penas ya vigentes contra la caza furtiva, elevando los máximos de prisión y las inhabilitaciones cuando los hechos sean cometidos de manera organizada o con medios prohibidos. “El atropellamiento de fauna se convirtió en una de las principales causas de mortalidad de especies en peligro, y es necesario tratarlo con el mismo rigor que la caza ilegal”, argumentó Ruiz en los fundamentos.
La diputada misionera subrayó que actualmente los atropellamientos son tratados como simples infracciones administrativas, con multas económicas que en muchos casos no se cumplen y que no tienen un efecto disuasivo. La iniciativa busca entonces equiparar esta conducta con los delitos de caza, para que los responsables enfrenten consecuencias penales efectivas. “No puede ser que la vida de un animal protegido valga lo mismo que una multa que muchos ni siquiera pagan”, señaló.
De acuerdo con la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (RAMFA), al mes de marzo de 2024 se registraban más de 10.600 casos de animales silvestres atropellados en distintas rutas del país, con un promedio de 3.000 muertes anuales. Entre las especies más afectadas se encuentran ejemplares de yaguareté, un felino considerado en peligro crítico de extinción, además de tapires, osos hormigueros y aves autóctonas. El yaguareté, símbolo de la selva misionera, ha tenido incluso días de conmemoración provincial y nacional, en reconocimiento a su valor ecológico y cultural.
El proyecto de la diputada Ruiz busca articular con otras normativas nacionales y provinciales ya existentes, como la Ley Nº 25.463 que declara monumento natural a determinadas especies y la Ley XVI de Misiones que protege a los grandes felinos. De esta manera, el Congreso debatirá no solo un endurecimiento de sanciones, sino también un nuevo marco legal que reconozca al atropellamiento como un problema de conservación de primer orden.
“Argentina tiene la obligación de dar un salto en materia de conciencia ambiental y de protección de la biodiversidad. Este proyecto pretende ser un paso en esa dirección”, concluyó la diputada, que espera apoyo transversal en el Parlamento para avanzar con la propuesta. La discusión promete abrir un debate sensible sobre el equilibrio entre desarrollo vial y preservación de los ecosistemas.
La norma es impulsada por la diputada Alicia Aparicio, que la presentó formalmente en un acto celebrado en la Cámara baja que contó con la presencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
Por Lourdes López
El proyecto de modificaciones a la ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre que fue presentado hace algunos días por la diputada del Frente de Todos Alicia Aparicio, tiene el propósito resguardar la biodiversidad de nuestro país frente a la constante depredación de la que es objeto. A esto se le suma que es una ley que tiene 42 años y las sanciones que plantea están gravemente desactualizadas.
También es importante la presencia de instituciones como la Administración de Parques Nacionales, quienes acompañan la iniciativa con el objetivo de endurecer las penas para la caza furtiva y la comercialización de animales protegidos. Justamente esta entidad es la que en los últimos días participó como querellante en el marco de la causa de caza ilegal de un ejemplar de Yaguareté (Panthera Onca) en Formosa.
El hecho, que quedó registrado en un video, tuvo lugar el pasado 19 de diciembre y fue valuado como daño ambiental irreparable en más de 370 millones de pesos. Se consideró lo establecido por el artículo 25 de la ley de Conservación de Fauna Silvestre así como diversos aspectos económicos y de conservación.
El Yaguareté es una especie emblemática del norte argentino, fue declarado Monumento Natural a nivel provincial y nacional, además de estar considerado en peligro crítico de extinción en el país. La población de la región del Chaco es la más diezmada, siendo la caza ilegal su principal motivo de disminución.
“Es importante determinar nuevos parámetros de conducta respecto a la caza y pautas de aprovechamiento de la fauna silvestre”, sostuvo la diputada Aparicio.
Queda pendiente el tratamiento en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para modificar la legislación.
