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Jueves 18 de enero de 2018
OPINIÓN
Defensa de la competencia: otra herramienta en la lucha contra la pobreza
Por Luis Borsani. El autor destaca algunos rasgos de la Ley Antimonopolios que prevé proteger al consumidor y, a su vez, la relación de consumo.
12 de diciembre de 2017
En la Cámara de Diputados de la Nación votamos una nueva Ley de Defensa de la Competencia, que seguirá su curso legislativo en el Senado. A partir de esta media sanción, quisiera destacar algunos aspectos de esta normativa que busca proteger una parte sustancial de los nuevos derechos y garantías incorporados en la reforma constitucional de 1994.

Con esta ley, estamos legislando tanto sobre la protección del consumidor como de la relación de consumo. El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que las autoridades proveerán a la “defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados” y “al control de los monopolios naturales y legales”. Asimismo, en el artículo 43 de la C.N. se habilita incluso la figura de la “acción de amparo” contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que restrinja la competencia.

Vale entonces decir que estamos protegiendo los derechos de los consumidores, y no alivianando regulaciones a las empresas. Estamos exigiendo más responsabilidad a las empresas en el ejercicio de sus derechos en los mercados. Trabajar por más competencia está implicando un mayor control de los monopolios y los oligopolios, está promoviendo el control de los grandes capitales y jugadores de cada mercado.

Desde que comenzamos la gestión, estamos trabajando para que los consumidores y los pequeños productores, que son la mayoría, tengan a su disposición reglas claras y precios justos. Nunca perdemos el eje de que el objetivo fundamental de nuestro Gobierno es reducir la pobreza. Para ello, la herramienta fundamental es crear trabajo formal de calidad y el requisito central para lograrlo es aumentar la inversión pública y privada, nacional y extranjera.

En este camino, agregar valor argentino es sumar trabajo y costo argentino. Las prácticas monopólicas y los abusos de mercado distorsionan precios y costos de producción. No nos permiten ver con claridad las señales de precios que tienen que orientar la inversión, ni las actividades que son rentables y las que no.

Son los mercados transparentes los que benefician a los consumidores y dejan que los pequeños productores crezcan de manera legítima y sustentable al amparo de un trato justo. Para nuestro Gobierno es fundamental el apoyo a los pequeños productores de bienes y servicios. Aporte ése que se basa en reducir sus costos y mejorar el entorno competitivo en que se desempeñan.

El proyecto de ley al que acabamos de darle media sanción regula los acuerdos y prácticas prohibidas, la posición dominante y las concentraciones y fusiones de empresas. También crea una Autoridad Nacional de la Competencia, constituida por profesionales concursados y con acuerdo del Senado de la Nación. Se avanza definitivamente en la conformación del Tribunal de Defensa de la Competencia, con sus procedimientos y esquema de sanciones.

Es novedosa la incorporación de la figura del arrepentido como forma de combatir las prácticas monopólicas de parte de las empresas y la creación de un Programa de Clemencia, que plantea beneficios como la exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran en la medida en que se aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros de un cartel.

Las sanciones son duras y las personas jurídicas son imputables por las conductas realizadas por las personas humanas que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona jurídica, aun cuando el acto que hubiese servido de fundamento a la representación sea ineficaz.

Además, se crea la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, que actuará como un área especializada dentro del marco de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal. Resulta muy importante para nosotros el informe de la situación de la competencia en el país que deberá elaborar anualmente la Secretaría de Comercio. Ya que contendrá estadísticas en materia de la libre competencia en los mercados y deberá ser remitido al Congreso de la Nación. Será un insumo de primer orden que nos va a permitir monitorear los avances en esta materia.

Nuestra economía tiene, sin dudas, mucho que ganar en términos de reparación de daños y perjuicios derivados de actividades contrarias a la competencia y a los derechos de los consumidores. Pero también necesita consolidar estructuras y prácticas de mercado que fomenten la competencia y permitan una asignación más eficiente de los recursos de los consumidores y de las empresas.

Esta ley viene a saldar una deuda pendiente con la transparencia, a consolidar derechos de usuarios y pequeños productores y a marcar obligaciones para los jugadores más fuertes y dominantes. Hace años que existe una Ley de Defensa de la Competencia pero la demora en su puesta en práctica plena y los vaivenes regulatorios derivaron en mercados con pocas sanciones.

Finalmente, debemos remarcar que el control de la inflación depende en gran medida de la consolidación de mercados más transparentes y eficientes en la determinación de los precios para la protección de los consumidores y de los pequeños productores, que son los que generarán la mayor parte de los puestos de trabajo que necesitamos en nuestra lucha contra la pobreza.

Ing. Luis Borsani

Diputado Nacional por Mendoza, UCR-Cambiemos