La provincia de Buenos Aires oficializó su adhesión a la ley que regula todas las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos en el país.
El gobierno bonaerense oficializó su adhesión a la Ley Nacional N° 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, que tiene como objeto regular las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano.
Lo hizo a través de la normativa 15.419, publicada en el Boletín Oficial del distrito, y firmada por el diputado Federico Otermín, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense; y la vicegobernadora Verónica Magario, la presidenta del Senado provincial.
La también llamada Ley Justina, además de regular las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos en todo el territorio de la República Argentina, incluye “la investigación, promoción, donación, extracción, preparación, distribución, el trasplante y su seguimiento”.
También reafirma los derechos de los pacientes en lista de espera y trasplantados y determina que el sistema público de salud cubra los gastos a los pacientes que no posean cobertura.
Entre los puntos más importantes, determina que todos los mayores de 18 años son donantes de órganos salvo que hayan manifestado su voluntad de no serlo.
Justina Lo Cane murió a los 12 años en noviembre de 2017 esperando un trasplante de corazón, y sus padres consiguieron que el 4 de julio de 2018 se sancionara la ley que lleva el nombre de su hija.
Se trata del quinto proyecto de ley de Consenso Fiscal que considera la legislatura tras la firma por parte del gobernador, el tercero de la gestión de Axel Kicillof.
La iniciativa provincial simplemente se limita a la adhesión, por parte de la legislatura y por ley, del Acuerdo Federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen, y que fuera rubricado el pasado 27 de diciembre de 2021.
Así, apunta a que las decisiones que se tomen sean en un marco de estabilidad jurídica y que garanticen una armonización tributaria.
El principal objetivo es el de fortalecer la autonomía de las provincias, brindándoles estabilidad jurídica a sus gobiernos y a los contribuyentes, en lo que respecta a los impuestos provinciales.
A su vez, busca establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado.
En una apretada síntesis, el Acuerdo, que se busca ratificar en la legislatura de la principal provincia Argentina, busca a establecer medidas de administración tributaria tendientes a la colaboración, simplificación y coordinación tributaria federal; se establecen criterios uniforme en relación al impuesto sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Automotores e Inmobiliario y se fijan alícuotas máximas para dichos tributos; y se consensuan medidas en materia de endeudamiento y responsabilidad fiscal.
Entre otras cuestiones, el Consenso Fiscal 2022 refiere a la Administración tributaria buscando fortalecer el Padrón Federal y tendiendo a la operativización del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC); evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes; y el consenso sobre una ley que fortalezca el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (O.Fe.V.I.).
En lo referente a los impuestos, en el principal impuesto que recauda la provincia, Ingresos Brutos, refiere a la determinación de que el hecho imponible alcanza al ejercicio habitual y al título oneroso -lucrativo o no- y la aplicación de alícuotas que no sean superiores a las establecidas para cada actividad.
En lo relativo a Sellos se establece una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores, y del 2% a las restantes operaciones alcanzadas por este tributo. Las operaciones relacionadas con actividades de loterías y juegos de azar no quedarán sujetas a la alícuota máxima.
En el impuesto a los Automotores se establece una determinación mínima del 95% de las valuaciones de los vehículos automotores que establezca la DNRNPAyCP, como base imponible del impuesto; establecimiento como alícuota mínima anual un 2% de la base imponible determinada en el inciso anterior. Se exceptúan los automotores vinculados a actividades productivas.
En el Inmobiliario se adopta los procedimientos de valuaciones establecidos por el O.Fe.V.I. para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales; fijación de la alícuota entre el 0,5% y el 3% del valor fiscal establecido en el inciso anterior.
Y tal vez la mayor polémica que tiene el consenso este año es que sobre el impuesto a la Transmisión gratuita se consigna que se analice la capacidad de legislar sobre un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de tal naturaleza.
También el consenso hace referencia al “Endeudamiento responsable”: habilita incrementar el stock de deuda en moneda extranjera respecto a los valores registrados a tal fecha las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito; los desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre del 2021; los incrementos de stock generados por operaciones de reestructuración de deuda.
En cuanto a la Responsabilidad Fiscal se reestablece la vigencia de los artículos y cláusulas suspendidas de la Ley N 25.917 con la regla de límite de crecimiento del gasto regida por el crecimiento del PIB, y la prohibición de destinar el producido del endeudamiento gubernamental a gastos corrientes.
La provincia, por último, se abstendrán de iniciar -por un año- procesos judiciales y suspender los ya iniciados; habrá como contraparte, un compromiso de Nación de pagar, en 12 cuotas, los saldos pendientes de la actualización de la compensación.
De esta manera, se espera suprimir -gradualmente- las diferencias de desarrollo económico y social en las distintas regiones del país.
En esta oportunidad, adhirieron -por tercer año consecutivo- las 23 provincias.
Así, rubricaron el compromiso las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán.
En cuanto a las provincias de La Pampa y San Luis, no habían adherido al consenso que se suscribió durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, y por eso no necesitan actualizar los parámetros del acuerdo.
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, no prestó conformidad con el Consenso del presente año.
