La diputada del bloque UCR-Cambio Federal, Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley para incorporar la educación financiera y tributaria como parte de los objetivos de la educación en la provincia.

El expediente ingresado por legisladora de Alberti propone modificar el artículo 16 de la Ley provincial de educación N°13.688 para incorporar un nuevo inciso que establezca como objetivo “fomentar la educación financiera y tributaria, brindando las herramientas necesarias para la toma consciente de decisiones económicas responsables”.

“Los adolescentes y jóvenes se enfrentan cada vez más temprano a decisiones vinculadas con el dinero, a partir del uso de billeteras virtuales, tarjetas y otras herramientas de crédito” dijo la diputada y también advirtió sobre los riesgos asociados a las estafas, el sobreendeudamiento y las plataformas de apuestas en línea.

En ese sentido, el proyecto sostiene que la educación financiera permitiría brindar herramientas para que los estudiantes puedan administrar sus recursos, proteger sus datos personales y tomar decisiones económicas de manera responsable.

La propuesta también contempla la educación tributaria, el objetivo es que los estudiantes conozcan el funcionamiento del sistema impositivo municipal, provincial y nacional, y comprendan de dónde provienen los recursos con los que se financian los bienes y servicios públicos.

“Necesitamos que conozcan cómo funciona nuestro sistema tributario: de dónde salen los recursos que financian al Estado y cómo se sostienen los servicios y bienes públicos que utilizamos todos los días”, planteó Vaccarezza al presentar la iniciativa.

El proyecto establece únicamente la incorporación del objetivo dentro de la Ley Provincial de Educación y dispone, en su segundo artículo, la comunicación al Poder Ejecutivo.

La diputada del Frente Renovador, Sofia Vannelli presentó un proyecto de ley para modificar la estructura de la Defensoría del Pueblo provincial incorporar la figura del Defensor Adjunto de adultos mayores, con el objetivo de fortalecer la protección y promoción de los derechos de ese sector de la población.

La iniciativa propone modificar el artículo 1° de la Ley 13.834, que regula el funcionamiento de la defensoría del pueblo, sumando una nueva defensoría adjunta temática a las ya existentes en materia de derechos humanos y usuarios de servicios de salud, derechos sociales, servicios públicos y obras públicas, medio ambiente y asociaciones civiles, y relaciones institucionales.

En los fundamentos del proyecto, Vannelli recordó que el cargo de Defensor del Pueblo tiene rango constitucional y está destinado a resguardar los derechos individuales y colectivos de los habitantes frente a actos u omisiones de la administración pública.

En ese marco, la diputada sostuvo que la creación de un área especializada permitiría brindar una respuesta más eficiente a las problemáticas que afectan a las personas mayores.

Asimismo, destacó que la protección de este grupo cuenta con reconocimiento supralegal a partir de la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada al ordenamiento jurídico argentino mediante la Ley Nacional 27.360.

Según señala la normativa, dicho instrumento obliga a los Estados a adoptar medidas específicas para garantizar un trato diferenciado y preferencial a este sector de la población.

La autora de la iniciativa también remarcó que la provincia de Buenos Aires “cuenta con antecedentes normativos vinculados a la temática”, como la creación del consejo provincial de adultos mayores, la regulación de los establecimientos geriátricos y la declaración de emergencia del sector.

“Si bien el Defensor del Pueblo y los Defensores Adjuntos Generales poseen competencia para intervenir en defensa de las personas mayores, la creación de un Defensor Adjunto temático puede mejorar las acciones de cuidado para un grupo especialmente vulnerable”, argumentó la legisladora.

Al finalizar, la Diputada de la alianza Fuerza Patria concluyó que la nueva figura “puede coadyuvar a la protección de los derechos de las personas adultas mayores y a la promoción de las acciones necesarias para evitar la discriminación por la edad”.

La diputada Ayelen Rasquetti presentó un proyecto de ley en la Cámara baja para establecer una tarifa eléctrica diferencial reducida destinada a usuarios residenciales que, por razones geográficas ajenas a su voluntad, no cuenten con servicios de gas natural y/o agua potable.

La propuesta parte de la premisa de que miles de familias bonaerenses deben recurrir exclusivamente a la electricidad para cocinar, calefaccionarse o calentar agua, lo que incrementa significativamente el consumo energético y el impacto económico de las boletas de luz.

En los fundamentos del proyecto también se advierte sobre el peso de los aumentos tarifarios y el esquema progresivo del servicio eléctrico.

“Hay una gran parte de la población que debe usar electricidad para suplir servicios esenciales que no posee por cuestiones geográficas, y eso genera gastos extraordinarios en los hogares”, sostuvo la legisladora del bloque Frente Patria.

En esa línea, Rasquetti remarcó que  “un termotanque eléctrico o una cocina de inducción consumen muchísimos kilovatios para alcanzar la misma temperatura que un artefacto a gas”, y consideró que el actual cuadro tarifario “termina ahogando las finanzas de quienes son electrodependientes por falta de infraestructura básica”.

El proyecto faculta además a la autoridad de aplicación a implementar mecanismos de registro y control para garantizar el acceso al beneficio, mientras que los recursos para su puesta en marcha deberán ser contemplados en la ley de presupuesto provincial.

“Legislar para ayudar a los hogares electro-obligados es sumamente importante”, concluyó la diputada de Cañuelas.

El bloque de diputados Unión y Libertad presentó en la cámara baja un proyecto para crear una ley de Educación Digital Integral (EDI), con el objetivo de garantizar la formación de niñas, niños y adolescentes en el uso responsable, crítico y seguro de las tecnologías.

Según el proyecto que lleva la firma del presidente del bloque Martín Rozas, entre sus principales objetivos se destacan “la alfabetización digital, el desarrollo de ciudadanía digital y la promoción del bienestar en entornos virtuales”.

En ese sentido, la EDI propone incorporar la educación digital como un derecho y un eje transversal en todos los niveles del sistema educativo, tanto en escuelas públicas como privadas.

También, la norma pone el foco en problemáticas actuales como el grooming, el ciberacoso, la ludopatía online, la adicción a las pantallas y la difusión de discursos de odio.

“Para su abordaje se utilizarán estrategias pedagógicas específicas y acciones de prevención dentro del ámbito escolar” dijo el diputado.

La creación del programa provincial de educación digital integral también incluirá capacitación docente obligatoria, actualización curricular, generación de contenidos educativos y campañas de concientización pública.

Otro punto clave es la incorporación de contenidos vinculados a la inteligencia artificial, la programación y la producción de contenidos digitales, con una mirada crítica y participativa orientada al desarrollo humano.

“Si bien el uso de tecnologías está ampliamente extendido entre los jóvenes, el sistema educativo aún no garantiza una formación integral que permita comprenderlas y utilizarlas de manera crítica” explicó el legislador por la cuarta sección electoral.

“La iniciativa busca saldar ese vacío mediante una política pública estructural que articule educación, tecnología y derechos, adaptando la escuela a los desafíos de la era digital" sostuvo Rozas.

La autoridad de aplicación tendrá a su cargo la implementación del programa, el desarrollo de infraestructura tecnológica y la garantía de acceso a dispositivos digitales para estudiantes y docentes.

El bloque de diputados de La Libertad Avanza, presidido por Agustín Romo, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para modificar la integración y el proceso de designación del Consejo General de Cultura y Educación,

Esta reforma de la Ley de Educación Provincial N° 13.688 busca establecer requisitos mínimos más exigentes para quienes integren el organismo, considerado clave en la definición, planificación y supervisión de las políticas educativas.

En ese sentido, se incorpora la obligación de acreditar formación académica vinculada al área, una experiencia no menor a diez años en ámbitos educativos o culturales y antecedentes en funciones de gestión o conducción.

Además, el proyecto introduce mecanismos de control público sobre las designaciones.

Entre ellos, se establece que los candidatos deberán presentarse a audiencias públicas en la Cámara de Diputados, donde expondrán sus antecedentes, planes de trabajo y criterios de gestión, y responderán preguntas de los legisladores.

También se fija la obligación del Poder Ejecutivo de fundamentar cada designación, detallando el cumplimiento de los requisitos establecidos.

“Estamos proponiendo reglas claras para terminar con la discrecionalidad en la designación de consejeros. No puede ser que un órgano clave del sistema educativo no tenga estándares mínimos de idoneidad”, señalaron en los fundamentos.

Además, agregaron que la propuesta no modifica la composición del Consejo, que continuará integrado por diez consejeros más el Director General de Cultura y Educación, pero “busca reducir los márgenes de discrecionalidad en la selección de sus miembros”.

“El régimen actual garantiza la representación de distintos sectores, aunque carece de estándares uniformes de idoneidad, lo que puede afectar la calidad técnica del órgano” explicaron.

En relación con la representación docente, el proyecto eleva las exigencias para los candidatos surgidos del sistema educativo estatal. Se plantea que deberán ser docentes titulares con al menos siete años de antigüedad, contar con evaluaciones de desempeño destacadas y cumplir condiciones equivalentes a las requeridas para cargos directivos, en línea con el Estatuto del Docente.

“Queremos un Consejo más profesional, con personas que acrediten trayectoria real en educación y cultura, y con procesos de designación transparentes y abiertos al control público”, finalizaron.

“Fue un encuentro muy productivo con el ministro de Seguridad, donde conversamos sobre el abordaje de la prevención del delito en la provincia, y principalmente de modernizar el sistema de seguridad en Berazategui”, indicó Luayza.

Y además agregó que dialogó con Alonso sobre “una serie de proyectos que desde la bancada de Nuevos Aires nos encontramos trabajando para reducir al máximo los índices de inseguridad”.

“Los bonaerenses no podemos seguir viviendo con miedo a que nos roben”, indicó Luayza.

Por último, el legislador fue enfático al plantear que “la seguridad tiene que ser un tema central en el que la política tiene que involucrarse en su conjunto y sin mezquindades partidarias”.

Tras el anuncio del Poder Ejecutivo de impulsar una modificación integral a la Ley de Seguridad Pública, que cuenta con más de 30 años de antigüedad, desde las propias Cámaras comenzaron a presentarse iniciativas en línea con esa discusión.

“Estamos haciendo un proceso de diálogo, con diferentes intendentes”, dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, al ser consultado sobre el anuncio que realizara el gobernador Kicillof en la última Asamblea Legislativa sobre una nueva ley de Seguridad Pública.

En ese sentido, el ministro Alonso manifestó “lo que viene a plantear la ley es el rol de los intendentes de los distritos grandes, que todos sabemos que tienen centro de monitoreo, que tienen cuerpo de prevención, y que hasta ahora no tienen ninguna regulación”.

Asimismo, el funcionario provincial detalló que “muchos de esos cuerpos (de prevención) están usando armas menos letales, sin ningún tipo de regulación, y eso es lo que nosotros queremos ordenar en el marco de la reorganización que hicimos desde el Ejecutivo, por esto entendemos que hay una visión de los intendentes de querer institucionalizarlo”.

En ese contexto, el diputado de Fuerza Patria, Carlos Puglelli, presentó un proyecto de ley que propone la creación de Policías Comunales en los municipios que adhieran mediante ordenanza, con el objetivo de fortalecer la seguridad preventiva a nivel local.

“Buscamos dotar a los gobiernos municipales de herramientas para dar respuestas más rápidas y adaptadas a las problemáticas de cada distrito”, explicó el legislador.

La iniciativa presentada apunta a fortalecer la capacidad de respuesta frente a problemáticas específicas de cada distrito, mediante fuerzas que dependan funcionalmente del Ejecutivo municipal y actúen con conocimiento directo del territorio y sus dinámicas.

Finalmente, Puglelli explicó que la reforma busca complementar el esquema de seguridad vigente “con fuerzas que trabajen cerca de la comunidad, bajo criterios de legalidad y respeto por los derechos humanos”.

Más temprano que tarde, el bloque del Pro sufriría nuevas bajas, según anticipó a este medio un legislador cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de aquellos que están dispuestos a dar el salto antes de las elecciones nacionales de octubre.

La fuente consultada por parlamentario.com sostuvo que esa decisión sería inminente y negó que el paso que podrían llegar a concretar solo algunos de los diputados bullrichistas del bloque que conduce Cristian Ritondo fuera directamente al oficialismo.

Por el contrario, el camino emprendido por aquellos que están dispuestos a abandonar el color amarillo sería recalar en el bloque Futuro y Libertad, conformado a mediados de abril producto de la salida de los diputados santafesinos Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini del bloque Pro. Si bien originalmente el objetivo de ese bloque fue presentado por Chumpitaz como el de “defender a los santafesinos”, nunca se descartó un objetivo superior, que fuera el de albergar a aquellos que asumieran una postura más cercana al Gobierno, sin sumarse directamente a La Libertad Avanza.

La bancada Pro cuenta actualmente con 35 integrantes y conviven en su seno una decena de macristas puros, otros tantos bullrichistas y otros que directamente responden al presidente de esa bancada, Cristian Ritondo.

“El Pro está todo roto”, afirmó a este medio uno de los diputados secesionistas.

Disruptivo, el diputado nacional jujeño José Luis Martiarena presentó un proyecto que propone nacionalizar los depósitos bancarios “para recuperar el crédito para la reactivación económica”.

La iniciativa, difundida en este miércoles al mediodía en exclusiva por parlamentario.com, despertó la consecuente polémica y la inmediata reacción de las autoridades del oficialismo en Diputados.

Voceros del bloque que conduce Máximo Kirchner salieron prestamente a tomar distancia de la iniciativa y luego lo hicieron a través de un tuit. Allí señalan que “el proyecto del diputado nacional por Jujuy que propone la nacionalización de los depósitos bancarios no cuenta con el aval de las presidencias de la HCDN y el bloque. Es la iniciativa de 1 diputado sobre 117 y no es acompañado por quienes forman parte del oficialismo.

“Propongo nacionalizar los depósitos y cambiar la política financiera neoliberal de especulación y timba financiera de la dictadura militar y Martínez de Hoz, que rige desde 1977 y destruyó la economía productiva y la de millones de argentinos”, señala el texto del proyecto de Martiarena.