Tras una convocatoria frustrada la semana pasada, un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con un proyecto de ley que establece la implementación de protocolos contra el abuso sexual infantil en todos los ámbitos donde concurran niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde diciembre de 2021, por lo cual si no se sanciona definitivamente antes del recambio legislativo de este año, perderá estado parlamentario.

Además de que le resta pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, según acordaron oficialismo y oposición, el proyecto será devuelto a la Cámara alta con modificaciones en su redacción y la incorporación de un artículo invitando a las provincias a adherir a la norma.

La radical Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familias, celebró que se haya podido “consensuar una modificación fundamental, que prevé que sea una ley por adhesión de las provincias y de esta manera garantizar su implementación”.

Luego que la oficialista Hilda Aguirre abogara por que “podamos seguir trabajando para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, el diputado del Pro Martín Maquieyra señaló que “es un avance que podamos llegar a este dictamen de consenso y lograr que este proyecto sea ley”.

“Esperamos que no se pierda mucho más tiempo. Espero que no haya ninguna excusa para poder avanzar”, dijo y lamentó que “vemos constantemente instituciones deportivas, religiosas o de cualquier índole donde hay casos de abusos y acosos a nuestros chicos y adolescentes, y eso no se puede permitir”.

Por su parte, el radical Jorge Vara puso el foco en que “no es lo mismo la canchita de básquet del barrio que las grandes instituciones”, al referirse al control y la responsabilidad de las autoridades que debe tenerse en cuenta. “Esto es un paso, pero el problema es mucho más grave. Esta es una normativa complementaria, una pequeña base de una política pública bien definida que debe haber para abordar la cuestión”, apuntó.

En tanto, la oficialista Paola Vessvessian afirmó que “la adhesión de las provincias es clave” porque “en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia existen protocolos, pero al no ser vinculantes algunas provincias lo aplican y otras no. Con esto le estaríamos dando fuerza de ley a protocolos preexistentes que obligan a las autoridades de aplicación de cada una de las provincias de supervisar y monitorear”.

“Nosotros acá podemos votar mil cosas pero si luego el Estado en su responsabilidad no opera concretamente en la protección de las infancias, la situación se torna simplemente una expresión de deseo”, advirtió la diputada del FIT-PO Romina Del Plá.

Entre los oradores, la secretaria parlamentaria del interbloque Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, introdujo otra temática vinculada: “Sin dudas tener algo unificado y que la gente sepa cómo capacitarse para detectar estos casos en las instituciones es importante, pero diría que es la última milla de muchas otras cosas que hay que hacer para evitar el abuso sexual infantil, y algo que está asociado a esto que es la trata para explotación sexual infantil, que es algo de lo que no hablamos tanto y debería ocuparnos”.

En ese sentido, la legisladora propuso organizar jornadas sobre ese tema y “convocar a las fuerzas de seguridad que trabajan en frontera”, al tiempo de buscar contribuir con leyes que “vuelvan más efectiva la investigación” de este delito transnacional.

El proyecto con modificaciones

Además de incorporar un artículo para la adhesión de las provincias, el proyecto con media sanción tuvo algunas modificaciones en su redacción. De esta manera, el artículo 1ro. establece que “toda niña, niño o adolescente tiene derecho a su integridad física, sexual, psíquica, moral, por ende a no ser sometido a ninguna forma de abuso sexual o violencias”.

A los fines de contribuir y garantizar estos derechos, “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, deberá construir con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción protocolos de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, conforme lineamientos trabajados y aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.

A su vez, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los lineamientos nacionales mínimos de los protocolos; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.

También, brindar asistencia técnica a las instituciones alcanzadas para adecuar los protocolos a las distintas realidades y sistemas de protección local en la que se encuentren insertas; promover un sistema de evaluación y monitoreo; y diseñar una campaña de sensibilización y difusión de los protocolos implementados.

Además se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.

Fracasó este martes un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s de la Cámara de Diputados que iba a tratar un proyecto sobre la creación de protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa cuenta con media sanción del Senado -donde fue votada por unanimidad- desde diciembre de 2021, es decir que, si no se trata antes del recambio parlamentario, caerá.

Pasada la media hora de la citación, la presidenta de la comisión cabecera, Roxana Reyes (UCR-JxC), informó que no se había logrado reunir el quórum y que se llamaría a una nueva convocatoria. El proyecto también debe pasar por Presupuesto y Hacienda.

Reyes alegó que algunos legisladores tuvieron complicaciones con los vuelos para llegar. Hubo ausentes tanto desde el oficialismo -solo se lo vio a Eduardo Toniolli– como desde Juntos por el Cambio, aunque los presentes eran más desde ese lado del salón. También estuvieron los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez.

A pesar de no haber tenido quórum, en la reunión se escucharon a invitados de distintas organizaciones interesadas en la temática. La primera en exponer fue la directora Ejecutiva de Red por la Infancia, Paula Watcher, quien la semana pasada estuvo ante la bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ante la ausencia oficialista, Reyes remarcó: “El proyecto vino con unanimidad del Senado, pero claramente hay una decisión política de algunos bloques de no dar el debate sobre este proyecto. Nosotros vamos a insistir con la convocatoria a ambas comisiones porque puede perder estado parlamentario a fin de año”.

“Hoy cuando un profesor de educación física, un docente o director de deportes de un club, una pileta u otra institución, advierte que pueda haber alguna situación que puede tener que ver con el abuso sexual infantil, suele ser muy traumático para el propio profesor o directivo, y muchas veces no saben cómo proceder, qué protocolo aplicar sin revictimizar, sin vulnerar los derechos o afectar la propia intimidad del niño. Entonces debemos trabajar sobre estos marcos de actuación”, explicó la radical al salir de la reunión.

En ese sentido, agregó que “hoy tenemos víctimas que están sufriendo porque quienes debemos generar las herramientas para prevenir estas situaciones hoy no dimos el debate”. “Vamos a insistir y seguir convocando al plenario de comisiones, y esperamos que los diputados del Frente de todos y de La Libertad Avanza entiendan de la niñez es también una agenda prioritaria”, lanzó contra sus pares. No obstante, LLA no cuenta con integrantes en esas comisiones.

De qué se trata el proyecto

La iniciativa establece que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda”.

En ese sentido, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los requisitos mínimos de los protocolos; determinar el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.

También, brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas; establecer los mecanismos de control; y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley.

Además se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.

La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de la Cámara de Diputados, presidida por el radical Jorge Vara, tuvo este miércoles una reunión informativa junto a representantes de cooperativas de las cinco regiones del país para brindar datos sobre la actividad.

Los representantes de las cooperativas, junto al presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el doctor Alexandre Roig, sostuvieron que “actualmente hay incidencia de las cooperativas sobre las economías regionales en las regiones: Patagonia, NOA, NEA y Cuyo”. Además, cada expositor representó a una región diferente de la Argentina.

El presidente presentó al organismo como “una forma de cogobierno y estatalidad”, y relató: “Llevamos una gestión de un año y medio reconstruyendo el tejido que perdió la producción cooperativa. La función del INAES son las normativas de fiscalización del sector y promoción”.

El primer expositor fue Carlos Iannizzoto del CONINAGRO, quien destacó que su industria “está en sintonía con Roig para establecer agenda y ver cómo pueden trabajar en el sector”. Además, brindó datos precisos sobre el sector: “Somos más de 127. 000 cooperativas en la producción de 19 productos, con más de 300.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta en la faz Agroindustrial del país”.

“Somos creadores del 9% del producto bruto y representamos el 25 por ciento de la producción primaria de los ‘agro alimentos’ del país en exportación y alcanzamos los 9.000 millones de dólares”, enfatizó el representante de la CONINAGRO.

Además, hizo énfasis en el desarrollo de un fideicomiso cooperativo para financiar a las economías solidarias. “Los instrumentos necesarios están”, sostuvo. También remarcó la importancia de sumar como lugares de encuentro cooperativo a los clubes para “acortar distancias con los productores”.

Asimismo, agradeció al ministro de Economía, Sergio Massa, por bajar los derechos de exportación, y mencionó que “ha sido un alivio para el limón, para el vino, el tabaco, el azúcar o la leche, para la baja de sus precios”.

A su turno, el subsecretario de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Eduardo Ranco, manifestó que “se necesita equilibrio en los recursos para generar políticas asociativas”. A su vez, explicó que “hay financiación de 2.800.000 millones de pesos anuales para ciertos organismos y las municipalidades no llegan a 750.000 millones”.

“La democracia hay que fortalecerla día a día. La Ley 20.337 es un nociva porque hay intervenciones del INAES, pero debemos tener otros complementos porque el INAES y las provincias actúan de manera diferente”, señaló Ranco, quien además pidió por “la conformación de una mesa de trabajo”.

La directora de Cooperativas de la provincia de Corrientes, Analía Bosch, expresó: “Buscamos el respeto por el federalismo. Las políticas públicas no se piensan con las necesidades de cada región”, y añadió que “se debe legislar con esas particularidades”.

Por otro lado, Bosch enfatizó que “el Estado debe garantizar importaciones de insumos de productos y fomentar las inversiones en nuevas tecnologías a través de la desgravación impositiva”.

Así también, propuso que “las cooperativas que afronten juicios laborales, sean resguardadas de su propiedad cooperativa y de la propiedad de cada individuo para que sean inembargables”. Por último, pidió por “una desgravación del impuesto a las ganancias porque las cooperativas no tienen ganancias, tienen excedentes s sin fines de lucro”.

El titular de la Comisión adhirió: “Los embargos a las cooperativas las matan. Los embargos de cuentas tardan hasta más de quince días en reactivarlas”, y sentenció: “El embargo perjudica peor que a las cooperativas que a las Pymes”.

En su exposición, el director de Cooperativas Del ministerio de Economía y Energía de Mendoza, Daniel Dimartino, resaltó la necesidad de la inserción de jóvenes en el desarrollo y fomentación de las cooperativas y explicó: “En Mendoza no existe el cooperativismo juvenil. Por eso se debe fortalecer el cooperativismo en las escuelas primarias y secundarias”.

Además, pidió que las “CUIT” vuelvas a ser otorgadas por AFIP, las provincias o por la nación, ya que consideró que “desde 2013 con el pase al INAES se volvió un trámite engorroso”.

El expositor Regino Racedo, director del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM) de Tucumán, en representación al NOA planteó que “financiación y el avance del cupo femenino deben ser tratas en las legislaciones para dar desarrollo cooperativo”. Además, explicó que el 75 por ciento de las cooperativas -que son de producción y trabajo- “no cuentan con coparticipación del presupuesto de las provincias”.

Finalmente, Alberto Bavestrello, vicepresidente de Cooperar adhirió a los demás expositores acerca de que la dificultad del sector es el financiamiento y subrayó: “La educación cooperativa es una debilidad en el sistema educativo porque hay profesionales que no saben lo que es una cooperativa”.

Por otro lado, cuestionó que el sector sea estigmatizado “con falacias acerca de que no paga impuestos”, y afirmó: “Las cooperativas son de las que más impuestos. Tenemos el dos por ciento de le generado haya o no haya excedentes todos los meses”.

Asimismo, manifestó que “borrar la estigmatización” es algo que “depende de los componentes estatales y de las cooperativas”. A su vez, pidió por una “modificación” de la Ley de Cooperativas porque consideró que “tenemos una ley de entidades financieras que es el germen que tiene el país como veneno de la especulación financiera”. “Ahí nace y provoca que tengamos entidades excesivamente concentradas que siguen lineamientos de Basilea”, señaló.

El diputado oficialista Eduardo Toniolli sostuvo que los diferentes planteos son “necesarios para la actividad legislativa”, y señaló que la estigmatización al sector “necesita de un INAES potente y activo para cambiar la mirada”.

“La economía social tiene un rol importante y en este Congreso hay normativas como la de monotributo productivo para el desarrollo de las cooperativas y economías regionales”, indicó Toniolli.

Su compañera de banca Marcela Passo consideró que fue una “fructífera reunión”, y expuso: “Es interesante definir y apuntar contra el sistema para fomentar la participación en las cooperativas en el ámbito educativo. Dar a conocer las cooperativas escolares es un principio para el desarrollo de estas”.

Además, explicó que, a través de una resolución del Mercosur con el INAES, las cooperativas pueden asociarse con regiones de país limítrofes para adecuar cooperativas con países vecinos dentro del proceso de integración regional”.

En el final, el diputado nacional Carlos Heller (FdT) manifestó que “se ha avanzado mucho y hay mucho por hacer” en cooperativismo y economías regionales. Así también, sostuvo que “tema impositivo debería desaparecer de las cooperativas respecto al impuesto a las ganancias”.