La aprobación de una comisión legislativa destinada a investigar todo lo que rodea a la causa $Libra, el criptogate que involucra nada menos que al presidente de la Nación, fue un duro e inesperado golpe para el Gobierno, que hasta último momento pensó que al menos esa embestida de la oposición más dura iba a poder frenarla. No fue así: el martes 8 de abril todo lo que impulsó la oposición se concretó; y de todo, la creación de una comisión investigadora era el tema que menos quería que se aprobara.

Pero concretado, de inmediato se abocaron el oficialismo y sus aliados a tratar de morigerar los efectos que pueda llegar a tener. Comenzando por la constitución de la misma, que con la foto de ese martes se suponía tendría 24 integrantes, pero ya al día siguiente se supo que crecería. En principio a 26, pero ya el viernes -fecha de cierre de entrega de nombres- quedó en 28. A estas horas, ese número estaría opinado.

El primer factor que motivó el crecimiento de la comisión fue la creación de dos interbloques por parte del oficialismo y adyacencias: La Libertad Avanza sumó a la tucumana Paula Omodeo, del monobloque CREO, con lo que llegó a 40 miembros, lo que le garantiza 4 lugares en la comisión. Lo mismo pasó con el Pro, que engrosó sus 37 integrantes a 40, al sumar a los 3 del MID. En un principio se especuló con que también se sumaba al interbloque Ricardo Garramuño, del bloque Somos Fueguinos, pero eso nunca se formalizó, aunque se sabe que en las sesiones pueden contar con él.

De todos modos, tener 41 diputados daba lo mismo para ese interbloque; lo importante era llegar a 40, dado que la resolución por la que se constituye la comisión establece que le corresponde un diputado a cada bloque que tenga 5 miembros; 2 diputados si tiene más de 5, y uno más por cada veintena que sume. De ahí que para LLA y el Pro fuera clave sumar hasta 40. Cada uno de esos  interbloques tendrá 4 miembros.

El bloque más grande, Unión por la Patria, tenía 98 miembros. Con dos más, le hubieran correspondido 7 integrantes en la investigadora, pero como era imposible que los consiguieran, lo logró reduciéndose. Le dio una mano a la izquierda, a la que se le iba a complicar tener al menos uno, por la renuncia de Mónica Schlotthauer que había dejado a ese interbloque circunstancialmente con 4 diputados, hasta que jure Vilma Ripoll en la próxima sesión. Lo solucionó el bloque UP con la creación del bloque Nacional y Popular, formado por Julia Strada y Mónica Macha, que se integra con la izquierda, garantizándole así un lugar a ese espacio, y de paso UP gana (informalmente) un miembro más para la comisión.

Los radicales terminaron siendo los grandes perdedores de esta movida. Al menos el bloque oficial que conduce Rodrigo de Loredo. Es que originalmente les correspondía 3 miembros en la comisión investigadora, por ser un bloque de 20. Y para eso habían designado a Karina Banfi, Soledad Carrizo y Lisandro Nieri. Pero los radicales “peluca” sorprendieron al separarse del bloque oficial y formar una bancada de 6 llamada Liga del Interior, con los “peluca” originales -Mariano Campero, Martín Arjol, Pablo Cervi, Luis Picat y Federico Tournier- y el catamarqueño Francisco Monti, que ya venía mostrándose alineado a ellos. Con esos 6, les corresponde 2 miembros en la comisión investigadora, y al reducirse el bloque UCR de 20 a 14, pueden sumar solo 2 nombres a la Comisión $Libra. Es de imaginar el fuerte enojo de De Loredo y compañía, que ya en su momento vieron cómo se les iban los diputados de Democracia para Siempre porque el cordobés se resistía a “echar” a los peluca. Con todo, en la movida, los radicales propiamente dicho ganan un puesto más, pero no es lo que el bloque UCR pretendía.

El bloque resignó finalmente el nombre de Karina Banfi, y los nominados para formar parte de la comisión son entonces la cordobesa Carrizo y el mendocino Nieri.

Por tener 15 diputados, a Encuentro Federal le corresponde sumar 2 miembros; a Democracia para Siempre (12) otros tantos; Coalición Cívica (6) también 2; e Innovación Federal (8) otros 2. Pero en este último caso podría abrirse una polémica porque ese espacio que responde a algunos gobernadores entregó sus nombres recién este lunes. La fecha de cierre de nombres era el viernes pasado a las 20, pero ese día Innovación Federal hizo reserva de dos lugares y los entregó el lunes. De ahí que algunos tengan reparos y piensen objetar esas designaciones. Se resolverá en la reunión constitutiva.

Para ese día también habrá una gran polémica en torno a la designación de autoridades, pues en principio la relación de fuerzas está igualada en 14. De un lado están La Libertad Avanza+CREO; Pro+MID; UCR; Liga del Interior, e Innovación Federal. Y del otro, Unión por la Patria; Encuentro Federal; Democracia para Siempre; Coalición Cívica, y la izquierda+Nac&Pop.

Eso sí, habría que ver cuáles son los nombres propuestos. Tal vez dependa de eso, pues probablemente algunos de este último espacio tengan reparos para votar a un diputado de UP. “El final es abierto”, confió a este medio un miembro de la comisión.

Integración de la comisión

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmó este martes la resolución que crea esta comisión. A continuación, detallamos todos los  nombres y procedencias.

La Libertad Avanza + CREO (4): Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz y Paula Omodeo.

Pro + MID (4): Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra y Oscar Zago.

UCR (2): Soledad Carrizo y Lisandro Nieri.

Liga del Interior (2): Pablo Cervi y Francisco Monti.

Unión por la Patria (6): Pablo Carro, Carolina Gaillard, Itai Hagman, Juan Marino, Sabrina Selva y Rodolfo Tailhade.

Encuentro Federal (2): Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot.

Democracia para Siempre (2): Fernando Carbajal y Danya Tavela.

Coalición Cívica (2): Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Frente de Izquierda + Nacional y Popular (2): Christian Castillo y Julia Strada.

Innovación Federal (2): Agustín Domingo y Yolanda Vega.

Si la oposición se fue más que satisfecha el martes de la sesión de Diputados en la que logró asestarle una serie de derrotas al oficialismo, principalmente con la creación de una comisión investigadora para el caso $Libra, sin duda debe haber terminado la semana con un sabor agridulce. Es que la conformación de esa comisión se convirtió en un verdadero aquelarre, y quienes salieron mejor parados terminaron siendo los oficialistas.

El armado de esa comisión investigadora generó rispideces de todo tipo, y hasta la implosión de bloques. En un caso adrede, en otro contra la voluntad de sus miembros, pero todo fue para alivio de un oficialismo que irá a la sesión constitutiva con la sensación de contar con el número suficiente para imponer al presidente, y en consecuencia manejar mucho más que los tiempos de esa comisión.

La semilla de la discordia se introdujo cuando en la sesión del martes 8 de abril, antes de votar la creación de esa comisión, el diputado santacruceño José Luis Garrido propuso agregar en el artículo 3° la palabra “interbloques”. El miembro informante del dictamen de mayoría, Pablo Juliano, aceptó la modificación, aduciendo que condecía exactamente con el espíritu del reglamento. En rigor, esa modificación sugerida por quien luego terminaría absteniéndose tenía por objeto permitir integrar un miembro de la izquierda a la comisión. Sucede que la izquierda tiene 5 diputados, pero solo si se los contabiliza como interbloque. Con esa cantidad, podrían introducir un miembro en la comisión investigadora. Fue lo que se pactó antes de bajar al recinto.

Y fue lo que le dio la idea a La Libertad Avanza y al Pro para ampliarse. Así, el bloque oficialista sumó a la tucumana Paula Omodeo, del monobloque CREO, a sus 39 integrantes. Mientras que el partido amarillo pasó a tener también 40, con los tres del MID. En principio, eran 41, pues sumaban al fueguino Ricardo Garramuño, pero en la práctica eso no se oficializó, así que ambos interbloques quedaron con 40 integrantes.

Tenía sentido esa movida de engrosar el número, dado que el citado artículo 3° de la resolución que establece cómo se debe conformar la comisión, indicaba la siguiente proporción:

• Dos (2) miembros designados a propuesta de cada bloque o interbloque parlamentario que cuente con más de cinco (5) integrantes.
• Un (1) miembro designado a propuesta de cada bloque o interbloque que cuente con cinco (5) integrantes.
• Además, por cada veinte (20) diputados/as que integren dichos bloques o interbloques, se les sumará un (1) miembro adicional.

Así las cosas, el bloque más numeroso, el de Unión por la Patria, tenía 98 miembros, con lo que sumaría 2 por ser un bloque con más de 5 integrantes, más otros 4, al sumar uno por cada 20 más. De haber tenido dos diputados más, hubieran alcanzado 7 integrantes en la comisión.

Con sus 40 miembros, LLA + CREO y Pro + MID, sumaban 4 cada uno. Dos por ser más de 5 y luego uno más por cada veintena.

Con 20 miembros, el bloque de la UCR se aseguraba 3 diputados; en tanto que a Encuentro Federal (15 miembros) le alcanzaba para 2; lo mismo que a Innovación Federal (8), la Coalición Cívica (6) y Democracia para Siempre (12).

Y la izquierda, con su interbloque de 5, tendría un diputado.

Así se llegaba a una comisión de 26 integrantes, dos más que los que le hubieran correspondido si LLA y Pro no optaban por convertirse en interbloques.

Pero ya habían comenzado las objeciones: las autoridades de la Cámara consideraban que la izquierda solo tiene 4 diputados, por lo que no les correspondía tener participación en la comisión. Pasa que este 10 de abril se efectivizó la renuncia de Mónica Schlotthauer, quien por el sistema de rotación que utiliza la izquierda le deja su lugar a Vilma Ripoll, la que recién asumirá en la próxima sesión.

Desde Democracia para Siempre no descartaban convocar a una sesión “interpretativa” para el 22 de abril, a fin de hacer “la interpretación correcta”, entendiendo que tanto el Pro como LLA estaban “haciendo trampa”, a fin de asegurarse cada uno un lugar más en la comisión. Hasta que esa convocatoria quedó en la nada cuando todos terminaron haciendo lo mismo que reprochaban. Por caso, como a UP le sobran diputados, mandó a dos a conformar un interbloque con la izquierda. En efecto, la economista Julia Strada y Mónica Macha conformaron un bloque propio llamado “Nacional y Popular”, para integrarse a modo de interbloque con la izquierda. Y como por ahora la izquierda tiene 4 integrantes y no 5, ese interbloque queda por ahora con 6 miembros. Al ser más de 5, les corresponden 2 diputados para la comisión investigadora, y a Christian Castillo se le suma la “ex UP” Julia Strada. Negocio redondo para el peronismo/kirchnerismo, que suma así 7 legisladores en la comisión investigadora.

El gran perdedor fue el bloque de la UCR, que al iniciarse el viernes sumaba 20 diputados, que le garantizaban 3 lugares. Llegaron incluso a nombrarlos: Karina Banfi, Soledad Carrizo y Lisandro Nieri… Pero los radicales “peluca” se molestaron porque no les dejaron ningún lugar como querían y decidieron hacer rancho aparte. Oficializando en la movida la integración a “Liga del Interior” (tal la denominación adoptada) del catamarqueño Francisco Monti. Con 6 diputados, les corresponde 2 miembros en la comisión, que serán el propio Monti y el neuquino Pablo Cervi.

Completan Liga del Interior Mariano Campero, Federico Tournier, Martín Arjol y Luis Picat. Mientras que el bloque que encabeza Rodrigo de Loredo quedó con solo 14 diputados, lo que hace que solo les corresponda 2 lugares en la comisión investigadora. Tendrán que decidir quién queda afuera.

En definitiva, la comisión quedará conformada por 28 diputados, que lo primero que tendrán que hacer el 23 de abril será elegir a sus autoridades. Y conforme establece el artículo 4° de la resolución aprobada en el recinto, será “por mayoría de votos”. Y de acuerdo con la manera como quedó conformada la comisión, todo parece indicar que será un oficialista el que presida.

En el día que vence el plazo para que los bloques de la Cámara de Diputados envíen quiénes serán sus integrantes en la comisión investigadora del caso $LIBRA, los legisladores de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot le mandaron una carta al titular del Cuerpo, Martín Menem, en la que le reclaman no hacer "trampa".

Luego de que el oficialismo moviera sus piezas junto a aliados, con la conformación de dos interbloques, para obtener dos lugares más en la comisión que se conformará el próximo 23 de abril, desde uno de los bloques opositores que impulsó su creación pidieron que se respete la proporcionalidad en función al mapa de bloques que había al momento de la aprobarse la resolución.

Tras la sesión en la que resultó derrotado, La Libertad Avanza sumó a la tucumana Paula Omodeo, mientras que el Pro se alió al MID y el monobloque Somos Fueguinos. Pero además, este jueves, cuando se hizo efectiva la renuncia de Mónica Schlotthauer, desde el oficialismo advirtieron que el interbloque del Frente de Izquierda (que ya operaba de esa manera) quedó en 4 miembros y no en 5, número que le permitía un diputado en la comisión. Así, trascendió que desde Presidencia evaluaban no darle un lugar al FIT, que envió tempranamente como integrante a Christian Castillo.

Al citar notas periodísticas sobre la movida del oficialismo, Agost Carreño y Massot -quienes integrarán la comisión por su bloque- le solicitaron a Menem este viernes que "se abstenga de realizar tales maniobras, y en consecuencia constituya la comisión investigadora creada en la sesión del pasado 8 de abril en base a la conformación de bloques e interbloques previa a la sesión en la cual se aprobó la resolución".

"Admitir que, tras su creación, se reordenen los bloques e interbloques al solo efecto de cambiar la conformación de una comisión creada por el pleno, sería un artilugio que tensionaría las reglas republicanas y de funcionamiento del Congreso Nacional", advirtieron, además de considerar que "ello desnaturalizaría el fin tenido en cuenta por el dictamen de mayoría" así como "la votación efectuada por el Cuerpo con una rotunda mayoría".

Y agregaron que "sería de mayor gravedad si ello se hiciere para bloquear o entorpecer una investigación que la H. Cámara de Diputados de la Nación claramente dispuso que debe realizarse a través de las tres vías aprobadas por votación: pedido de informes, interpelación a funcionarios y la creación de una comisión especial".

Los diputados aclararon que "no está en discusión la capacidad de los bloques de reunirse en interbloques, ni tampoco la de acordar mayorías circunstanciales para tomar determinadas decisiones parlamentarias", pero resaltaron que "lo que se discute es que ello se haga como una trampa: que se creen interbloques artificiales con posterioridad o de manera concomitante a una sesión en la que, los -ahora- luego de que sus integrantes perdieran una votación; y por ello buscan un atajo para no aceptar lo decidido por el pleno con contundente mayoría".

También, en la misiva mencionaron el antecedente de cómo se pronunció la Corte Suprema de Justicia sobre la creación de interbloques (caso Luis Juez y Consejo de la Magistratura). "El Parlamento debe proceder con seriedad, rigurosidad y buena fe", insistieron y señalaron que "si funcionarios del Gobierno que resultaren investigados nada tienen que esconder, y contando el oficialismo con la garantía de participación en la comisión, esa Presidencia, en lugar de bloquear y entorpecer el proceso, debería brindar todas las herramientas necesarias para permitir esclarecer los hechos que se dispuso investigar sin artimañas".

"La investidura que usted reviste en carácter de presidente de este H. Cuerpo, lo obliga a actuar respetando la decisión del pleno que es a su vez quien lo eligió en dicha posición y no en beneficio de una minoría parlamentaria que además representa a su espacio político. Obrar contrariamente dañaría su legitimidad en el ejercicio de la presidencia", enfatizaron Agost Carreño y Massot.

Finalmente, anticiparon: "En caso de no procederse de la manera solicitada, hacemos reserva de exigir la debida interpretación al cuerpo, de recurrir la resolución que se dicta, así como toda otra acción que permita quitar los obstáculos que se pongan para cumplir con la investigación que dispuso sea hecha por la H. Cámara de Diputados de la Nación, el pasado 8 de abril".

La oposición le asestó un nuevo cachetazo en el plano parlamentario al oficialismo, a partir de la aprobación este martes de la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA. La votación resultó con 128 votos positivos, 93 negativos y 7 abstenciones.

A favor lo hicieron 94 de 98 diputados de Unión por la Patria; 10 de 15 de Encuentro Federal; 9 de 12 de Democracia para Siempre; los 6 de la Coalición Cívica; y los 5 del Frente de Izquierda, bloques involucrados en el consenso de los proyectos y la convocatoria a la sesión.

Además, levantaron su mano por la positiva el santacruceño Sergio Acevedo; el radical Julio Cobos, único del bloque UCR; Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos; y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.

En tanto, en contra votaron los diputados de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, Producción y Trabajo; Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos); Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino); y Paula Omodeo (CREO).

También se opusieron los cordobeses, dentro de Encuentro Federal, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres -quienes sí fueron clave para el quórum-; y el entrerriano Francisco Morchio.

Las abstenciones fueron de los tres diputados del MID Oscar Zago, Eduardo Falcone y Cecilia Ibáñez; Lourdes Arrieta (Transformación), Héctor Baldassi (Pro), Juan Brügge (EF) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Las ausencias fueron 28 en total, entre las que se destaca que el bloque Innovación Federal, de 8 integrantes que responden a gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, faltó en su totalidad.

En la votación sobre la interpelación de funcionarios, los 131 votos a favor correspondieron a Unión la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, los radicales Julio Cobos y Martín Tetaz, el santacruceño Sergio Acevedo, el porteño Ricardo López Murphy y el santafesino Roberto Mirabella.

Mientras que los 96 en contra fueron de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Lourdes Arrieta (Transformación), Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos), Osvaldo Llancafilo (MPN) y Paula Omodeo (CREO).

Se demoró en ocurrir, pero la oposición en la Cámara de Diputados finalmente cumplió este martes su objetivo de avanzar con las iniciativas relacionadas con el escándalo por la criptomoneda $LIBRA -protagonizado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado-, a partir de la aprobación de la creación de una comisión investigadora, el llamado a interpelación de funcionarios y el envío de pedido de informes por escrito.

Tras el primer gran logro de la jornada para los convocantes de la sesión, que comenzó a las 12.21 con 130 presentes, los tragos amargos para el oficialismo llegaron uno tras otro con la votación favorable que obtuvieron los proyectos de resolución que, por ese carácter, quedaron aprobados definitivamente, sin necesidad de pasar por el Senado.

La fuertísima derrota para el Gobierno tuvo en primer lugar la aprobación, con 128 votos positivos, 93 negativos y 7 abstenciones, de la creación de una comisión investigadora de la sucesión de los hechos vinculados a la promoción y difusión de $LIBRA; asimismo, la investigación tendrá como fin "determinar el grado de participación y la responsabilidad política" del presidente, su hermana Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo, como también la de todos los ministros y funcionarios públicos involucrados en el caso.

Antes de votar, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño informó sobre el agregado de un artículo que establece que los bloques deberán enviar sus propuestas de integrantes hasta el 11 de abril. En tanto, la resolución de la Presidencia de la Cámara de Diputados tendrá que salir el 15 de abril y la reunión constitutiva será el próximo 23 de este mes a las 10.

La comisión podrá solicitar informes, convocar a funcionarios, recibir denuncias, entre otras facultades. Además, tendrá un plazo de tres meses para producir informes, dictámenes y conclusiones y, finalizado ese tiempo, deberá en 30 días corridos elevar un informe final detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos.

De acuerdo al texto, estará integrada por dos diputados por bloque/interbloque con más de cinco miembros; un diputado por bloque/interbloque con cinco miembros; y por cada 20 diputados que integren dicho bloque/interbloque se sumará un miembro adicional.

De acuerdo esto, la presidencia estará en manos de Unión por la Patria, la primera minoría, cuyo bloque tendrá 6 integrantes dentro de la comisión. Habrá además 3 miembros por La Libertad Avanza, 3 por el Pro, 3 por la UCR, 2 de Encuentro Federal, 2 de Democracia para Siempre, 2 de Innovación Federal, 2 de la Coalición Cívica y 1 del Frente de Izquierda. En total, 24 diputados.

En segundo lugar, por 131 votos a favor, 96 en contra y 0 abstenciones se aprobaron las interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Se trata de un recurso para la concurrencia obligatoria de los funcionarios previsto en el artículo 71 de la Constitución Nacional, pero que no ocurre en el Congreso desde los años ’90.  La oposición fijó el próximo martes 22 a las 14 para las interpelaciones. Por falta de consensos, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quedó afuera del listado.

Durante el debate, varios diputados rechazaron la intención que tuvo el oficialismo de que Francos hable sobre el tema junto a las demás preguntas vinculadas con la gestión en la sesión informativa convocada para el martes que viene; y enfatizaron en la necesidad de que conteste consultas específicas por $LIBRA.

Finalmente, con 135 votos positivos, 84 negativos y 7 abstenciones, se aprobó un pedido de informes con más de 100 preguntas, entre las que se exigen explicaciones sobre la organización y planificación de $LIBRA; el asesoramiento previo a la publicación por parte del presidente en la red social X; sobre la responsabilidad del presidente y medidas a futuro; sobre la participación de Karina Milei, la defensa legal del presidente, la relación con los promotores del activo y las visitas que recibió en Casa Rosada, entre muchas otras.

Las exposiciones

En primer lugar habló el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, el primer firmante del pedido de sesión, quien dijo que cuando la sociedad votó a Javier Milei “lo hizo asqueada de un sistema político que sólo busca beneficiarse, que sólo busca la tajada y que en definitiva siempre ponía por delante de los intereses del pueblo las especulaciones. Pero miren qué paradoja, el 14 de febrero el presidente de la Nación en una publicación, en una promoción, hablando de que nuestras economías iba a funcionar y que iba a servir a las economías regionales, se lanzó a publicitar y a promocionar una criptomoneda que terminó defraudando a miles de personas en el mundo”.

“Para nosotros es fundamental que el Congreso no mire para el costado porque lo que está en juego es en definitiva el interés supremo de la argentina de saber la verdad, de saber si el presidente está gastando su tiempo, como lo hizo cuando recientemente había asumido como diputado de la Nación promocionando una criptomoneda que redundó en una estafa a este Congreso. No le puede pasar por el costado al Parlamento que se ande diciendo en el mundo que con un par de dólares tienen agarrado al Presidente de la Nación”.

A continuación, por el oficialismo y en defensa del despacho de minoría habló el diputado Nicolás Mayoraz, quien calificó el pedido de creación de una comisión investigadora como un “circo”. “Pretender armar una comisión investigadora por este tema es lamentable”, aseguró.

“Las comisiones investigadoras no están en discusión como una atribución del Congreso”, reconoció, pero aclaró que no figura en una ley, sino que es una facultad del Parlamento. “Pero tiene un límite: es contribuir a la tarea que tienen los legisladores como tales, y aquí no se ve ninguna finalidad que apunte en ese sentido”.

Citando a Bidart Campos, Mayoraz dijo que “el Poder Legislativo no está por encima de los demás poderes. Aquí lo que vemos claramente es una intromisión que pretenden hacer sobre el Poder Judicial”. Sostuvo que la propuesta “demuestra de entrada el sesgo que tiene: de antemano están juzgando el hecho y condenando. Lo califican de estafa”.

Sostuvo que el papel de las comisiones investigadoras es ayudar al Poder Legislativo, pero en este caso “es un exceso de las potestades que tiene el Poder Legislativo”.

“Nuestro bloque propuso un dictamen de rechazo por la extralimitación de esta propuesta, porque excede los límites del Poder Legislativo y se arroga facultades que son propias del Poder Legislativo”.

A continuación, desde UP habló la diputada Sabrina Selva, quien aclaró que “no somos nosotros los que estamos definiendo los hechos; los hechos están a la vista”, y contrariando a Mayoraz respecto de la división de poderes, le recordó que “tenemos un presidente que acaba de nombrar dos jueces por decreto” y recordó la delegación de facultades que recibió con la Ley de Bases.

“Hay un hecho que está a la vista: hubo una estafa internacional que el presidente promovió a través de X, no nos inmiscuimos en la justicia, que será la que deberá determinar si fue por dolo o negligencia del presidente Milei”, señaló la diputada que dio a continuación detalles de la creación de la criptomoneda y el famoso tuit del presidente. Y dio por probado que el presidente tenía un conocimiento previo del negocio “porque el número del contrato a través del cual las personas procedían a comprar cripto moneda aparecía primero en su tuit antes que en la página correspondiente”.

Luego apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien se quiere interpelar, y a quien atribuyó gestiones y reuniones en la Casa Rosada. En el mismo sentido se expresó su par Juan Marino, que habló de “asociación ilícita” y afirmó: “Tenemos un Gobierno irresponsable y corrupto en cabeza de Javier Milei y Karina Milei”.

Y sobre el final de su exposición insistió: “Hoy tenemos en la Argentina un presidente estafador y una secretaria general de la Presidencia coimera. No podemos convalidar la impunidad”.

El diputado cordobés Oscar Agost Carreño, uno de los autores de los proyectos vinculados a la investigación del activo digital, señaló que esta sesión es para hacer una “distinción entre lo que quiso hacer el Gobierno y lo que queremos hacer nosotros”. En línea con otros dialoguistas, manifestó su malestar por la sesión informativa del próximo 16: “Queremos algo serio, no fulbito para la tribuna”.

Decidido a que las iniciativas avancen, afirmó que “las explicaciones deben darlas con los requerimientos que exige el Congreso, no con lo que ellos quieren decir”. Comparó, además, que “en un Parlamento serio, cuando un presidente aparece ‘enchastrado’, se suele llamar a funcionarios a un pesaje político”. “Es fundamental que interpelemos al presidente para saber dónde estamos parados”, cerró.

Por la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade calificó al Gobierno como “un experimento importado y somos sus ratones de un presidente que nos va a llevar a cualquier lado”. Así, preguntó: “¿Qué están ocultando el oficialismo y los teloneros ocasionales del Congreso? Este congreso se ha transformado en un antro de cobardes y oportunistas”.

“Nos acusaban de ensobrados, y resulta que el Gobierno eran los que ensobraban porque el presiente está ensobrando desde que era diputado nacional por lo menos así lo dijo el orfebre Pallarols. Fue explícito. La secretaria general de la Presidencia le pidió dos mil dólares para reunirlo con Milei”, disparó.

Frade señaló: “Si el tweet era ‘desafortunado’ como han dicho, era porque atrás del tweet del token $LIBRA había algo, y todos sabemos. Esta estafa estaba orquestada.  Hay estafa, hay cohecho agravado, hay tráfico de influencias y por eso lo denunciamos a la justicia”.

“La secretaría presidencial maneja la agenda e hizo que el estafador Novelli ingresara a Casa Rosada a reunirse con el presidente varias veces. No era una persona ajena al negocio. Necesitamos saber qué pasó acá. Los funcionarios ningunean y desprecian al Congreso. El oficialismo carga a los argentinos hablando de división de poderes cuando le dimos facultades delegadas, que se maneja por DNU”, cuestionó y cerró: “Los argentinos por suerte a partir del caso $LIBRA empezaron a darse cuenta que los ensobrados estaban en Casa de Gobierno y la está recaudando y estoy convencida que lavan dinero y por eso el presidente sorteaba la dieta, y eso lo pueden hacer los que entongan por otro lado”.

Cerca del final del tratamiento de los proyectos del criptogate, el presidente de bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, se refirió a la sesión informativa del próximo 16 de abril y señaló que “acá necesitamos que venga el jefe de Gabinete, pero no con el engaño de que le hacemos las preguntas y listo, tiene que venir a ser interpelado”. Exigió que Francos se presente junto a las autoridades de la Comisión Nacional de Valores y con Santiago Bausilli, titular del Banco Central.

Referido a la envestidura presidencial, Pichetto afirmó que “no sabemos si el presidente fue engañado, pero si fue engañado tiene que haber responsabilidades”. “Las responsabilidades económicas pueden determinar un perjuicio para el Estado argentino”, alertó si es que avanzan las dos investigaciones que hay en la justicia argentina y en la de los Estados Unidos.

Del mismo modo, planteó que “los estudios jurídicos de los estados Unidos no se van a limitar a la responsabilidad penal, si no a resarcirse económicamente”. Y reiteró la postura de su bancada respecto a que “no había espacio para un juicio político”.

Por el bloque Pro se expresó la diputada Silvana Giudici quien planteó que, desde el 14 de febrero, día de la promoción del memecoin $LIBRA, se realizaron 112 denuncias en el Fuero Nacional para investigar el tema y respaldó al Gobierno al remarcar que habilitó a la Oficina Anticorrupción a investigar creando una Unidad de Tareas de Investigación Especial para “poner a disposición toda la información que corresponda a cualquier funcionario”.

Giudici recordó que desde el retorno de la democracia se crearon 44 comisiones investigadoras, pero señaló que “fue decreciendo la creación porque no llegaron a ninguna parte”. Así, afirmó que “el que tiene que investigar es el Poder Judicial y lo está haciendo”. También cuestionó que el proyecto propuesto en la orden del día “no está claro porque la Constitución no establece explícitamente la obligación de crear comisiones investigadoras, sino que se funda en el artículo 75 sobre hacer las leyes y reglamentos de la Cámara”.

“No hay una legislación que regule el funcionamiento de estas comisiones, no se establecen los límites claros a lo que el Congreso puede o no desarrollar en esas comisiones, y la actuación de esas comisiones a lo largo de la historia incurrieron en exceso de atribuciones”, precisó y remarcó que en el dictamen de mayoría “lo que se busca es ese exceso de facultades, no tiene un reglamento establecido”, y comparó que van a repetir el juicio político que UP le hizo a los integrantes de la Corte hace dos años.

Giudici aclaró que, según el artículo 71 de la Constitución, no se puede interpelar al presidente, sino que se debe proceder a un pedido de juicio político. “Habían pedido el juicio político por un supuesto involucramiento del presidente en una estafa cripto que nadie determino aún”, defendió.

Por último, también cuestionó los pedidos de informes con “una enrome cantidad de preguntas repetidas”, y cerró: “No entiendo la necesidad de generar esta sesión, de querer imponer una acumulación de bloques y voluntades, cuando ya está claro que la semana que viene el jefe de Gabinete va a dar su informe y respuesta a esas más de 4 mil preguntas por el tema $LIBRA que fueron remitidas. Plantean el escenario donde el Congreso en vez de llevar su tarea de control, de equilibrio de poder, de complemento y respeto por la división de poderes, tratan siempre de superar, de exceder reglamentos y traer una discusión chicanera donde se persigue la necesidad de dañar”.

Fiel a su estilo, el diputado rionegrino Martín Soria ironizó con una imagen que recordaba la frase de Javier Milei cuando asumió en la Presidencia de la Nación y lanzó: “Háganle caso a lo que decía Milei el año pasado de que ‘el que no se deja auditar es chorro’”. “Pedían auditorías para universidades, para los medicamentos gratuitos y ahora que el Congreso quiere auditar esto no quieren”, reiteró.

“Se ha desencadenado un papelón a nivel mundial”, afirmó el exministro de Justicia de la Nación, que además sostuvo que “según la revista Forbes, se trata de la estafa más grande del mundo con criptomoneda”. Mencionó el caso de Laura Belén Arrieta y remarcó que “están las fotos de Hayden Davis con Milei” por eso “están nerviosos que no quieren comisión investigadora y no quieren interpelaciones”, cerró.

Promediando el debate, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, consideró que “se está dando un paso importante en el Congreso”, y sumó: “Es cierto de que hay muchas maneras de llevar a cabo este escándalo y me tocó encabezar con la firma el proyecto de solicitud de juicio político y estoy convencido de lo que hicimos porque era el camino más corto de abrir una instancia seria de investigación con todas las potestades investigativas que nos da el reglamento”.

“No podemos desconocer es que el derrotero que tuvo el Gobierno desde esa noche de febrero ha sido absolutamente negativo y está condicionando no solo la acción del Gobierno, sino la performance institucional del Estado argentino porque para tapar la estafa cripto recurrieron a meter jueces por DNU en la Corte”, apuntó el santafecino.

Martínez sostuvo que el presidente debe permitir que funcionen “los espacios institucionales de investigación y análisis de estas conductas, que sus funcionarios pongan la cara, que permita que haya un diálogo, un debate”, y advirtió que “están queriendo cercar al presidente, pero le están provocando un daño, no lo están defendiendo”.

Por último, expresó: “Tenemos la oportunidad de dar acá un gesto de personalidad del Congreso porque en un momento como este, lo que tenemos que lograr es que la representación que ejerce los distintos sectores no se desenfoquen y pongan por encima de todas las cosas la necesidad del pueblo para hacer lo que tenemos que hacer en este recinto. El Congreso no está para arrodillarse delante de nadie, no está para ser felpudo de nadie. Se tiene que poner de pie y hacer lo que tiene que hacer y garantizar que la representación política de los argentinos se logre”.

Para culminar las intervenciones en el recinto, el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, cuestionó la conformación de una comisión investigadora y agregó: “Vamos a hacer una comisión que no sabemos qué va a investigar”. Llamó al tratamiento de este martes cómo “un show al que estamos acostumbrados”.

Mientras la diputada neuquina Nadia Márquez aplaudía cada palabra del cordobés, Bornoroni añadió: “Les molesta que todo el 2024 tuvimos superávit fiscal, les molesta que esté bajando la inflación, les molesta que haya superávit energético y les molesta que esté bajando la pobreza”. Para cerrar, ironizó contra el bloque kirchnerista: “Espero que mañana en el Senado, voten ficha limpia ya que se la dan de honorables”.

Sin la polémica que podía esperarse después de los cruces del martes en torno a si se podía o no dictaminar ese día, se cumplió este miércoles en el Salón Delia Parodi la formalidad de emitir dictamen tanto en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, como en el de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia.

La primera reunión se realizó a partir de las 17, tal cual había sido votado temprano en la sesión de este miércoles y se dictaminó allí para la creación de una comisión investigadora. Hubo dos dictámenes, el de mayoría, que tuvo 35 firmas (27 de Unión por la Patria, 4 de Democracia para Siempre, 2 de la Coalición Cívica (en disidencia) y 2 de Encuentro Federal. Y el de minoría, de rechazo, con 10 firmas. En rigor, el día anterior la oposición había alcanzado 36 firmas, pero para este miércoles no contaron con la presencia del radical disidente Manuel Aguirre, que viajó a Corrientes inmediatamente después de concluida la sesión.

El día anterior el oficialismo había rechazado que se emitiera dictamen el mismo martes, argumentando que los emplazamientos a las comisiones votados en la sesión de la semana pasada preveían el día miércoles para dictaminar y no el martes.

Como sea, ya este miércoles no hubo historia con ese tema. Temprano se había votado el nuevo emplazamiento para votar este mismo miércoles.

El segundo emplazamiento votado era para las 18, con las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Finanzas, para dictaminar en torno a los pedidos de interpelaciones de funcionarios y de informes por escrito al Ejecutivo. Este miércoles el trámite se hizo engorroso, pues todos tuvieron que volver a firmar y ante la indefinición sobre los números, el presidente del plenario, el libertario Nicolás Mayoraz, explicó que había habido 7 pedidos de interpelación: 6 para interpelar y uno de rechazo. Incluso acababa de ingresar uno de la izquierda. Y dos pedidos de informes: uno de ellos de rechazo. Quedaron en que por secretaría se procedería a verificar las firmas y constatar cuáles eran dobles, de legisladores que estuvieran en más de una comisión. Eso llevaría tiempo, por lo que los diputados fueron liberados y quedaron en que se les informaría más tarde cuáles eran los dictámenes de mayoría y minoría correspondientes.

En definitiva, el pedido de informes con preguntas por escrito al PEN tuvo un dictamen de mayoría con 53 firmas, un dictamen de minoría de la UCR (preguntas al jefe de Gabinete) y un dictamen de rechazo (firmado por el oficialismo).

Respecto del pedido de interpelación, hubo un dictamen de mayoría de UP más la izquierda que alcanzó 40 firmas y prevé interpelar a Karina Milei, Manuel Adorni, Guillermo Francos, Mariano Cuneo Libarona y Luis Caputo, como así también a otras entidades (Comisión Nacional de Valores, etc).

Hay también un dictamen de minoría con 7 firmas, de Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal. Hay otro dictamen con firmas de los diputados Agost Carreño, Brügge, Agustin Domingo y tres de la Coalición Cívica, que piden interpelar solamente a Guillermo Francos.

También hay un dictamen de minoría de Democracia para Siempre con 6 firmas, interpelando a Francos, Adorni y Cuneo Libarona; otro de minoría con 2 firmas, de Stolbizer y Massot; y otro de minoría, de rechazo del oficialismo.

El inicio de esta reunión se demoró por la ausencia del presidente de Finanzas, Bertie Benegas Lynch, sobre quien Karina Banfi pidió ir a buscarlo con la policía, “así podemos comenzar”. A lo que le aclararon que como esa comisión no es cabecera se podía arrancar igual. Cabe aclarar que, al comenzar, Bertie ya estaba ubicado en la cabecera, a la derecha de Banfi.

Durante la espera, que se hizo tediosa, el riojano Sergio Casas rompió el hielo para preguntar qué era lo que estaban haciendo ahí, ya que nadie hablaba, y que él ya había firmado el día anterior. Mayoraz le explicó que él había dejado el micrófono abierto por si alguien quería hacer uso de la palabra, pero no.

Habló entonces Juan Manuel López -porque estaba aburrido, aclaró-, y comentó que eso que estaban haciendo comenzó a hacerse en tiempos del Grupo A. Hasta entonces se acostumbraba a que las firmas se hicieran en los despachos, y como eso generaba dudas, comenzaron a hacerlo así.

“En cambio en el Senado, ahora vemos que se sigue haciendo en los despachos”, observó con ironía, poniendo como ejemplo lo que sucedió con los  pliegos de la Corte, que durante meses nadie supo cuántas firmas tenían. “Eso acá no se hace, subámonos la autoestima: somos mejores que el Senado”, celebró el legislador de la Coalición Cívica.

Luego de un caliente primer plenario, la oposición en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento presentó con 36 firmas un dictamen de mayoría que propone la creación de una comisión investigadora por el caso de la estafa $LIBRA, que tiene como protagonista principal al presidente Javier Milei.

Al igual que sucedió en la reunión anterior, el oficialismo recordó que los emplazamientos a las comisiones votados en la sesión de la semana pasada preveían el día miércoles para dictaminar y no el martes.

Sin embargo, los opositores enviaron el despacho a la comisión por correo electrónico, acompañado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica (éste último bloque en disidencia parcial).

El reclamo reglamentario podría ser parte de la sesión convocada por el oficialismo, para tratar el DNU sobre el acuerdo con el FMI, este miércoles, dada la negativa de La Libertad Avanza de aceptar los despachos. Por su parte, la oposición sostiene que la fecha del 19 de marzo era un plazo tope y nada impide que se pudieran presentan los despachos antes.

Autor del proyecto, el jefe de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, aseguró que “la oposición lo que busca es la verdad”. “Nosotros desde el minuto uno dijimos que no queríamos empezar por el final” en referencia al juicio político, aclaró el radical. Sobre la intención de crear la comisión investigadora, argumentó que “no es para corroborar si hay delito, de eso se va a encargar la justicia”, pero “este Parlamento es el encargado de verificar si hubo lesión institucional”.

“Necesitamos una comisión investigadora porque en la búsqueda de fortalecer a nuestro país, de devolverlo a una senda de desarrollo, necesitamos de las instituciones”, sostuvo y afirmó que “tenemos que verificar si la actitud del presidente el 14 de febrero nos va a traer responsabilidades a todo el pueblo argentino”, al mencionar las demandas realizadas en el exterior.

El bonaerense enfatizó: “Nosotros como el Congreso no podemos mirar para el costado. No hay vocación destituyente por el hecho de que queramos saber la verdad, terminen con esa teoría. La sociedad argentina desde el 14 de febrero necesita una respuesta seria”.

Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Carro recordó la reunión informativa con especialistas del mundo cripto realizada en febrero pasado en el marco de la Comisión de Comunicaciones e Informática -que preside- y consideró que “es imprescindible constituir esta comisión investigadora, más allá de lo que tenga que investigar la propia justicia en términos penales o civiles sobre la estafa” para lograr “separar la paja del trigo” y “saber quiénes fueron responsables o inocentes”.

Por su parte, su par de bloque Sergio Casas aseveró que “estamos frente a un presidente que ha cometido un acto delictivo”. “Están las firmas para que esta comisión investigadora cumpla con su cometido y el pueblo argentino sepa la verdad”, celebró.

A su turno, el jefe de UP, Germán Martínez, ponderó el acuerdo en “una única posición, ni una disidencia” sobre el proyecto de comisión investigadora, a raíz de que “hay una cantidad de diputados que creemos que esto es grave y tiene que investigarse a fondo, y la Cámara de Diputados no puede mirar al costado”.

“Esperamos que no entren en una irregularidad más, en una arbitrariedad más y en un nuevo gesto de autoritarismo”, advirtió sobre la negativa del oficialismo a recibir los dictámenes. “Espero que no obliguen al personal a impedir que se refrende un dictamen que cuenta con las firmas suficientes de este plenario. Esperamos que no lo hagan. No fuercen a que estas cosas pasen”, agregó.

Aliada del oficialismo, la diputada del Pro Silvana Giudici manifestó: “Acá no se está cometiendo ningún tipo de irregularidad, se está cumpliendo con la decisión de la mayoría del cuerpo”.

La secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, leyó la versión taquigráfica de la sesión en la que se aprobaron los emplazamientos y lanzó: “Ellos mismos se limitaron en la forma de tratarlo, no fuimos nosotros”.

“No tenemos intenciones de obstaculizar, por eso en Labor Parlamentaria vamos a proponer que se posponga el horario, para que la sesión de mañana no impida que se realicen los plenarios (para dictaminar)”, insistió.

Finalmente, el oficialista Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, mantuvo la postura: “Como dije en el plenario anterior, no se aceptan dictámenes. Tenemos que ser muy respetuosos de lo que ha dicho el pleno”.

El escándalo por el criptogate suma un nuevo capítulo. En esta ocasión se trasladará a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia de la Cámara baja, todas ellas presididas por diputados libertarios Nicolás Mayoraz, Benegas Lynch y Manuel Quintar respectivamente.

El emplazamiento a comisión había sido pedido por el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño en la sesión del miércoles pasado. Además, había solicitado otro emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para el martes 18 a las 16 y el miércoles 19 a las 16, para dictaminar sobre la creación de una comisión investigadora. Ambos resultaron aprobados.

El encuentro fue oficializado para este martes 18 de marzo a las 13 en el 2° piso del Anexo “C” de la Cámara baja a fin de poner a consideración un paquete de proyectos de diferentes bloques políticos de pedidos de informes e interpelación a funcionarios del Ejecutivo por el caso $LIBRA puntualmente al presidente de la Nación, Javier Milei; a la secretaria presidencial, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al vocero presidencial, Manuel Adorni; y al ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, a las 16 se reunirá un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento -presidida por la diputada del Pro Silvia Lospennato, para darle tratamiento a dos proyectos que crean una Comisión Especial Bicameral Investigadora del caso $LIBRA.

La oposición logró este miércoles en la Cámara de Diputados aprobar el emplazamiento a un plenario de comisiones para tratar un proyecto que propone crear una comisión investigadora del caso de la criptomoneda $LIBRA, por el cual el presidente Javier Milei fue denunciado.

Los 134 votos a favor fueron 95 de Unión por la Patria, 11 de Democracia para Siempre, 8 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda.

También lo hicieron -como se anticipó de manera un tanto sorpresiva- los tres integrantes del MID, habitual aliado del oficialismo: Oscar Zago, Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone.

Asimismo, por el Pro votaron afirmativamente los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi.

Los votos se completaron con Sergio Acevedo de Por Santa Cruz y los monobloquistas Mario Barletta (Unidos), Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) y Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal).

Los 94 votos en contra fueron de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, las dos sanjuaninas del bloque Producción y Trabajo y el rionegrino Agustín Domingo de Innovación Federal, el único que estuvo presente de su bloque.

Además, se opusieron la tucumana Paula Omodeo, el neuquino Osvaldo Llancafilo y el fueguino Ricardo Garramuño, cada uno con bloque unipersonal.

Entre los 28 ausentes estuvieron los tres tucumanos que forman parte de Independencia, bancada aliada del oficialismo. También los cuatro misioneros y tres salteños de Innovación Federal, con terminal en sus gobernadores; y otros siete de Encuentro Federal, que fueron cuatro cordobeses, un chubutense, un entrerriano (influidos por los mandatarios Martín Llaryora, Ignacio ‘Nacho’ Torres y Rogelio Frigerio, respectivamente) y el bonaerense Florencio Randazzo, que había dado quórum para la sesión.

El bloque Por Santa Cruz tuvo un ausente, José Luis Garrido; al igual que Democracia para Siempre, con la entrerriana Marcela Antola. Tampoco participó de la votación el porteño Ricardo López Murphy. El Pro tuvo dos ausentes, UP tres y la UCR otros tres.

El Pro justificó este viernes su decisión de no acompañar el pedido de creación de una comisión investigadora en el Congreso. Lo hizo a través de un comunicado difundido a través de las redes sociales en el que marca su postura desde el título: “La Justicia debe investigar, el Congreso legislar”.

“Nuestro rol es exigir que la Justicia investigue y no intentar reemplazar a la Justicia”, señaló el Pro en un mensaje en el que señaló que “en una República, cada poder del Estado debe cumplir su rol constitucional sin interferencias de los otros poderes y con la máxima eficiencia”.

Para el partido amarillo, “la facultad de constituir comisiones investigadoras se considera una atribución implícita del Congreso, derivada del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional. La doctrina reconoce esta prerrogativa, pero la concibe como un medio para cumplir las funciones propias del Poder Legislativo: elaborar leyes y ejercer el control institucional. Por ello, existe consenso en que una comisión legislativa no debe constituirse con el propósito principal de investigar delitos, ya que esa es una función exclusiva del Poder Judicial”.

Por esta razón, agrega el Pro, “nuestro bloque de senadores decidió no acompañar la creación de una comisión investigadora. La búsqueda de la verdad no debe prestarse a maniobras de oportunismo político”.

Y cerró: “Reafirmamos nuestro reclamo de una investigación judicial pronta y exhaustiva que despeje todas las dudas y ayude a recuperar la confianza en las instituciones, base fundamental para un crecimiento económico sostenible”.

Ante la conmoción que generó la participación de Javier Milei el viernes por la noche en la promoción de $LIBRA, un token que alcanzó una cotización récord pero luego se desplomó, desde el Congreso se siguen sumando proyectos de resolución pidiendo explicaciones al Ejecutivo por lo ocurrido.

En esta ocasión, el bloque de diputados de Democracia para Siempre, conducido por Pablo Juliano, presentó dos proyectos de resolución. El primero de ellos propone la creación de una comisión investigadora en medio del escándalo cripto que envuelve al máximo mandatario del país.

"La conducta del Sr. Presidente de la Nación Javier Milei que derivó en la promoción de la criptomoneda $LIBRA y en la generación de millones de dólares en ganancias para unos pocos y desconocidos inversores iniciales a costa de quienes siguieron el mensaje de la cuenta presidencial nos obliga a promover la creación de una comisión investigadora. La Cámara de Diputados debe hacerlo en cumplimiento de sus facultades constitucionales de fiscalización y control", argumentaron.

En la iniciativa establecen que la comisión tendrá como objeto principal investigar y analizar la referida conducta y sus consecuencias legales; estará integrada por 15 miembros, elegidos a propuesta de los respectivos bloques parlamentarios de acuerdo a la proporcionalidad; dictará su propio reglamento y se regirá por él; la presidencia de la Comisión será desempeñada por un diputado designado por la Comisión a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores.

“La gravedad institucional de lo acontecido por el accionar el primer mandatario nos convoca para investigar y concluir si se han cometido delitos o si estamos en presencia de mal desempeño o de conductas contrarias a la ética pública o al conflicto de intereses”, fundamentaron.

La otra iniciativa solicita que el Ejecutivo responda si el presidente Milei tiene algún vínculo con los creadores de la criptomoneda $LIBRA; Cuál fue la razón por la cual el Presidente el día viernes 14 de febrero de 2025 a las 19 horas, la promocionó a través de un posteo propio; recibió el presidente Milei alguna retribución por la promoción realizada a favor del proyecto mencionado, entre otras cuestiones.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja se reunió por segunda vez este miércoles y emplazó a un plenario con Asuntos Constitucionales para el próximo miércoles 4 de septiembre por la mañana con el fin de dictaminar la creación de la comisión especial que investigará la visita de los seis diputados libertarios a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para reunirse con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad el pasado 11 de julio.

La moción fue presentada por el diputado cordobés Juan Brügge, de Encuentro Federal, y desde Unión por la Patria, a través de Cecilia Moreau y Vanesa Siley, exigieron apartar a Nicolás Mayoraz como autoridad del encuentro por su presunta participación en los chats que planificaron la logística de la visita de los seis libertarios al encuentro con Jorge Astiz y otros exmilitares detenidos en el penal de Ezeiza. “No podemos permitir que ensucie esta investigación”, acusaron.

El diputado santafesino aceptó cederle el lugar a María Eugenia Vidal, vicepresidenta primera de Asuntos Constitucionales, pero se defendió de las acusaciones de la oposición: “No voy a permitir que Cecilia Moreau me diga que soy parte de un plan de impunidad”. “En mis 30 años como abogado, jamás milité, ni me metí en estos temas y jamás iría a una visita de estas”, le contestó a Unión por la Patria.

En el final, la diputada Siley pidió “circunscribir los hechos a partir del 27 de febrero”, en base a las capturas trascendidas por la prensa sobre la visita de los diputados Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta y los vínculos previos a la realización del encuentro.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, ratificó su compromiso como autoridad cabecera del debate, pero lanzó críticas con la legisladora que abandonó La Libertad Avanza para formar un monobloque: “Me sentí estafada porque una diputada dijo acá que ‘no sabía’ y en Twitter (actual X) dijo otra cosa”. “O sabías o no sabías. Quizás buscaba notoriedad pública”, concluyó.

Expulsión y duras críticas a Villarruel

La reunión presidida por Lospennato comenzó con la exposición de representantes de organizaciones de Derechos Humanos. La primera expositora fue Taty Almeida, integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, quien dejó en claro que “no venimos a pedir, venimos a exigir, que directamente se lo expulse”. Catalogó al hecho de “deplorable episodio” y acusó al oficialismo de “ser amigo de los genocidas”.

Por otro lado, las críticas también fueron contra la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien este martes encabezó el acto por el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo” en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Sumó al presidente Javier Milei y los señaló como artífices de llevar a cabo “una cosa deshumana total”. “¿No van a los barrios? ¿no saben que diez personas murieron en situación de calle? Están deshumanizando a este país”, concluyó.

Reconocido Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, les mandó un fuerte mensaje a los partícipes del viaje a Ezeiza: “Los que fueron a abrazarse con genocidas son indeseables, son una lacra y traicionan al pueblo argentino”. También, explicó que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo y tienen continuidad en el tiempo”.

En tercer lugar, Margarita Cruz recalcó que “hubo juicios en el marco de crímenes de lesa humanidad, pero nosotros hubiéramos querido más”, y cuestionó que “se comprobó que hubo 800 centro clandestinos y hay un promedio de que hay dos represores detenidos por centro: No dan las cuentas”. A su vez, cargó que “la Procuraduría aportó que el 84% de los condenados están con domiciliarias. No venimos a hablar de números, venimos a contar que no fueron juzgados todos”.

En representación de Estela de Carlotto, líder de Abuelas de Plaza de Mayo, Guillermo Pérez Roisinblit leyó una carta y expresó: “Es inadmisible que conspiren junto a represores condenados por delitos de lesa humanidad”, e hizo una clara alusión a la vicepresidenta de la Nación: “Algunos quieren desconocer la historia y quieren traer la ‘teoría de los dos demonios’, pero la Justicia solo comprobó uno”.

“Es doloroso que nieguen y conspiren a espaldas de la sociedad con quienes ocultan la identidad de nuestros nietos”, siguió leyendo el representante de Abuelas, quien añadió más críticas contra los diputados oficialistas: “A estos criminales los quieren hacer pasar como pobres ancianos que están detenidos injustamente y esto no puede quedar en el olvido”. Reiteró el pedido de sanciones para los seis libertarios.

Por su parte, Mabel Cariaga relató los sucesos respecto a cómo Jorge Astiz se infiltró en Madres de Plaza de Mayo y perpetró secuestros y asesinatos desde adentro. “Los detenidos son cobardes y los que fueron a Ezeiza salieron de allí con las manos manchadas de sangre”. Por último, apuntó contra un oficialista: “Beltrán Benedit reivindicó a la dictadura. No puede seguir formando parte de esta casa de la democracia”.

Completaron las exposiciones la exdiputada Myriam Bregman, Cecilia de Vincenti, Pablo Llonto, Guadalupe Godoy, Carlos Pisoni y Moreno Ariana Elisabeth, de forma virtual.

Tras haberse reunido con los familiares de las víctimas de la tragedia de Iron Mountain, el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear una “Comisión Investigadora sobre el incendio y consecuente derrumbe de un depósito de la empresa Iron Mountain”.

Dicha comisión tendrá como función determinar si hubo responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las causas que llevaron a que sucediera el siniestro en el depósito de la empresa Iron Mountain.

La misma podrá requerir información, expedientes, documentación, peritajes o cualquier otro material de interés al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Entes Autárquicos de la Ciudad, así como recibir declaración de autoridades, funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, Poder Judicial o Entes Autárquicos; puede también recibir declaración de particulares y damnificados y efectuar toda otra diligencia probatoria que sea necesaria para su cometido.

De acuerdo al texto, la comisión deberá estar integrada por 17 diputados, respetando la representación de los partidos políticos y las alianzas; la misma será presidida por un legislador representante de la primera minoría, un vicepresidente y un secretario, electos por los miembros.

A su vez plantea que en el marco de la investigación, toda información requerida por la comisión al Poder Ejecutivo debe ser suministrada en un plazo no mayor a los diez días desde el momento de su recepción.

En los fundamentos de la medida Valdés recordó que la tragedia que se cobró la vida de diez personas ocurrió el 5 de  febrero de 2014 en la calle Azara 1245, del barrio de Barracas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Desde que ocurrió hasta el día de hoy la investigación judicial en curso ha ido adquiriendo diferentes caminos, pero la única línea conductora es que quienes han perdido familiares en Iron Mountain aún no han encontrado justicia”, manifestó en los fundamentos del proyecto.

Al mismo tiempo rememoró que en mayo de 2018 “un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional les quitó la posibilidad de ser querellantes en la causa que investiga la muerte de sus seres queridos” y precisó que “tras una larga lucha de ellos y ellas, junto al apoyo de Diputados Nacionales y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires lograron que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal revocara la decisión, habilitando nuevamente a que sean parte de la causa”.

“Como cuerpo debemos contribuir al esclarecimiento de este hecho ya que es de público conocimiento que el expediente de habilitación de la empresa Iron Mountain 58541/07 nunca fue encontrado en su formato original por lo que no podemos saber a ciencia cierta en qué condiciones de seguridad estaba funcionando el depósito cuando se incendió”, concluyó.

La iniciativa también lleva la firma del presidente del bloque FdT, Claudio Ferreño, y las legisladoras Victoria Montenegro, Claudia Neira, Cecilia Segura y Laura Velasco (FdT).

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Angeles Sacnun, defendió enfáticamente la creación de una comisión investigadora de la cuestión crediticia de la empresa Vicentin y rechazó que la misma tenga visos de nulidad, como argumentó la oposición.

“Hay que analizar la conducta previa que ha tenido la oposición durante todo este período de sesiones virtuales. Se han desconectado en muchas oportunidades en las comisiones, de hecho en la comisión donde obtuvo dictamen favorable el proyecto mediante el cual se crea la comisión investigadora, solamente se limitaron a leer cinco puntos que fundamentalmente cuestionaban la posibilidad de que el Congreso lleve adelante comisiones investigadoras, y en ningún momento hicieron ningún tipo de planteo respecto de las mayorías requeridas. Y obviamente uno no esperaba que tampoco lo hicieran, porque estamos hablando de un proyecto de ley”, sostuvo la senadora santafesina en diálogo con Parlamentario TV. En ese marco sostuvo que “a comisión investigadora no requiere los dos tercios, porque con la mitad más uno de los presentes se sanciona y pasa a la Cámara de Diputados”.

Sacnun se basó en los antecedentes legislativos de comisiones investigadoras conformadas a través de proyectos de ley, y puso como ejemplo la última, la que se encargó de investigar lo sucedido con el submarino ARA San Juan. En ese caso, recordó, contó con el voto unánime en ambas cámaras.

“De ninguna manera hubiera requerido los dos tercios, como maliciosamente está señalando la oposición. Estamos hablando de un proyecto de ley y no de una reforma del reglamento, que sí hubiera requerido de los dos tercios, la mayoría agravada”, puntualizó la legisladora kirchnerista, que recordó que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales que ella preside se sacaron varios dictámenes de reforma del reglamento y “no fueron incluidos todavía para ser tratados en sesión, porque justamente hasta que no se acuerde y no se cuente con esos dos tercios, la reforma del reglamento no se va a tratar en la Cámara, porque no va a contar con la mayoría requerida”.

Por otra parte, la senadora santafesina recordó que la sesión en cuestión duró seis horas, a lo largo de las cuales “tuvieron la oportunidad de expresarse larga y ampliamente el sector opositor… La verdad que no encuentro motivo para generar esta discordia”.

En ese marco, María de los Angeles Sacnun sostuvo que la cuestión de fondo pasa por preguntarse “por qué la oposición no quiere que se investigue la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y Vicentin. Ahí es donde reside el eje de la cuestión”.

“Hubo todo el tiempo palos en la rueda para evitar la conformación de la comisión, y eso habla mal de la oposición -agregó-. Deberían no solamente acompañar la necesidad de que el Congreso investigue, sino además integrar activamente esa comisión y aportar todos los elementos que ellos creen que pueden servir a los fines de esclarecer la situación”.