Organizaciones de Derechos Humanos criticaron duramente a la vicepresidenta Victoria Villarruel por el homenaje que realizó en el Senado. El pedido de expulsión contra los seis libertarios. Cuando será el plenario que definirá la creación de la comisión investigadora.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja se reunió por segunda vez este miércoles y emplazó a un plenario con Asuntos Constitucionales para el próximo miércoles 4 de septiembre por la mañana con el fin de dictaminar la creación de la comisión especial que investigará la visita de los seis diputados libertarios a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para reunirse con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad el pasado 11 de julio.
La moción fue presentada por el diputado cordobés Juan Brügge, de Encuentro Federal, y desde Unión por la Patria, a través de Cecilia Moreau y Vanesa Siley, exigieron apartar a Nicolás Mayoraz como autoridad del encuentro por su presunta participación en los chats que planificaron la logística de la visita de los seis libertarios al encuentro con Jorge Astiz y otros exmilitares detenidos en el penal de Ezeiza. “No podemos permitir que ensucie esta investigación”, acusaron.
El diputado santafesino aceptó cederle el lugar a María Eugenia Vidal, vicepresidenta primera de Asuntos Constitucionales, pero se defendió de las acusaciones de la oposición: “No voy a permitir que Cecilia Moreau me diga que soy parte de un plan de impunidad”. “En mis 30 años como abogado, jamás milité, ni me metí en estos temas y jamás iría a una visita de estas”, le contestó a Unión por la Patria.
En el final, la diputada Siley pidió “circunscribir los hechos a partir del 27 de febrero”, en base a las capturas trascendidas por la prensa sobre la visita de los diputados Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta y los vínculos previos a la realización del encuentro.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, ratificó su compromiso como autoridad cabecera del debate, pero lanzó críticas con la legisladora que abandonó La Libertad Avanza para formar un monobloque: “Me sentí estafada porque una diputada dijo acá que ‘no sabía’ y en Twitter (actual X) dijo otra cosa”. “O sabías o no sabías. Quizás buscaba notoriedad pública”, concluyó.
La reunión presidida por Lospennato comenzó con la exposición de representantes de organizaciones de Derechos Humanos. La primera expositora fue Taty Almeida, integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, quien dejó en claro que “no venimos a pedir, venimos a exigir, que directamente se lo expulse”. Catalogó al hecho de “deplorable episodio” y acusó al oficialismo de “ser amigo de los genocidas”.
Por otro lado, las críticas también fueron contra la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien este martes encabezó el acto por el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo” en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Sumó al presidente Javier Milei y los señaló como artífices de llevar a cabo “una cosa deshumana total”. “¿No van a los barrios? ¿no saben que diez personas murieron en situación de calle? Están deshumanizando a este país”, concluyó.
Reconocido Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, les mandó un fuerte mensaje a los partícipes del viaje a Ezeiza: “Los que fueron a abrazarse con genocidas son indeseables, son una lacra y traicionan al pueblo argentino”. También, explicó que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo y tienen continuidad en el tiempo”.
En tercer lugar, Margarita Cruz recalcó que “hubo juicios en el marco de crímenes de lesa humanidad, pero nosotros hubiéramos querido más”, y cuestionó que “se comprobó que hubo 800 centro clandestinos y hay un promedio de que hay dos represores detenidos por centro: No dan las cuentas”. A su vez, cargó que “la Procuraduría aportó que el 84% de los condenados están con domiciliarias. No venimos a hablar de números, venimos a contar que no fueron juzgados todos”.
En representación de Estela de Carlotto, líder de Abuelas de Plaza de Mayo, Guillermo Pérez Roisinblit leyó una carta y expresó: “Es inadmisible que conspiren junto a represores condenados por delitos de lesa humanidad”, e hizo una clara alusión a la vicepresidenta de la Nación: “Algunos quieren desconocer la historia y quieren traer la ‘teoría de los dos demonios’, pero la Justicia solo comprobó uno”.
“Es doloroso que nieguen y conspiren a espaldas de la sociedad con quienes ocultan la identidad de nuestros nietos”, siguió leyendo el representante de Abuelas, quien añadió más críticas contra los diputados oficialistas: “A estos criminales los quieren hacer pasar como pobres ancianos que están detenidos injustamente y esto no puede quedar en el olvido”. Reiteró el pedido de sanciones para los seis libertarios.
Por su parte, Mabel Cariaga relató los sucesos respecto a cómo Jorge Astiz se infiltró en Madres de Plaza de Mayo y perpetró secuestros y asesinatos desde adentro. “Los detenidos son cobardes y los que fueron a Ezeiza salieron de allí con las manos manchadas de sangre”. Por último, apuntó contra un oficialista: “Beltrán Benedit reivindicó a la dictadura. No puede seguir formando parte de esta casa de la democracia”.
Completaron las exposiciones la exdiputada Myriam Bregman, Cecilia de Vincenti, Pablo Llonto, Guadalupe Godoy, Carlos Pisoni y Moreno Ariana Elisabeth, de forma virtual.
El legislador Juan Manuel Valdés (FdT) impulsó un proyecto de ley para que en el ámbito legislativo de la Ciudad se conforme dicha comisión, a fin de obtener precisiones sobre el incendio y derrumbe que provocó la muerte de diez personas.
Tras haberse reunido con los familiares de las víctimas de la tragedia de Iron Mountain, el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear una “Comisión Investigadora sobre el incendio y consecuente derrumbe de un depósito de la empresa Iron Mountain”.
Dicha comisión tendrá como función determinar si hubo responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las causas que llevaron a que sucediera el siniestro en el depósito de la empresa Iron Mountain.
La misma podrá requerir información, expedientes, documentación, peritajes o cualquier otro material de interés al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Entes Autárquicos de la Ciudad, así como recibir declaración de autoridades, funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, Poder Judicial o Entes Autárquicos; puede también recibir declaración de particulares y damnificados y efectuar toda otra diligencia probatoria que sea necesaria para su cometido.
De acuerdo al texto, la comisión deberá estar integrada por 17 diputados, respetando la representación de los partidos políticos y las alianzas; la misma será presidida por un legislador representante de la primera minoría, un vicepresidente y un secretario, electos por los miembros.
A su vez plantea que en el marco de la investigación, toda información requerida por la comisión al Poder Ejecutivo debe ser suministrada en un plazo no mayor a los diez días desde el momento de su recepción.
En los fundamentos de la medida Valdés recordó que la tragedia que se cobró la vida de diez personas ocurrió el 5 de febrero de 2014 en la calle Azara 1245, del barrio de Barracas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Desde que ocurrió hasta el día de hoy la investigación judicial en curso ha ido adquiriendo diferentes caminos, pero la única línea conductora es que quienes han perdido familiares en Iron Mountain aún no han encontrado justicia”, manifestó en los fundamentos del proyecto.
Al mismo tiempo rememoró que en mayo de 2018 “un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional les quitó la posibilidad de ser querellantes en la causa que investiga la muerte de sus seres queridos” y precisó que “tras una larga lucha de ellos y ellas, junto al apoyo de Diputados Nacionales y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires lograron que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal revocara la decisión, habilitando nuevamente a que sean parte de la causa”.
“Como cuerpo debemos contribuir al esclarecimiento de este hecho ya que es de público conocimiento que el expediente de habilitación de la empresa Iron Mountain 58541/07 nunca fue encontrado en su formato original por lo que no podemos saber a ciencia cierta en qué condiciones de seguridad estaba funcionando el depósito cuando se incendió”, concluyó.
La iniciativa también lleva la firma del presidente del bloque FdT, Claudio Ferreño, y las legisladoras Victoria Montenegro, Claudia Neira, Cecilia Segura y Laura Velasco (FdT).
La senadora oficialista María de los Angeles Sacnun cuestionó la manera como los senadores de Juntos por el Cambio objetaron la creación de una comisión investigadora y dijo que no solo deberían habilitarla, sino también integrarla.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Angeles Sacnun, defendió enfáticamente la creación de una comisión investigadora de la cuestión crediticia de la empresa Vicentin y rechazó que la misma tenga visos de nulidad, como argumentó la oposición.
“Hay que analizar la conducta previa que ha tenido la oposición durante todo este período de sesiones virtuales. Se han desconectado en muchas oportunidades en las comisiones, de hecho en la comisión donde obtuvo dictamen favorable el proyecto mediante el cual se crea la comisión investigadora, solamente se limitaron a leer cinco puntos que fundamentalmente cuestionaban la posibilidad de que el Congreso lleve adelante comisiones investigadoras, y en ningún momento hicieron ningún tipo de planteo respecto de las mayorías requeridas. Y obviamente uno no esperaba que tampoco lo hicieran, porque estamos hablando de un proyecto de ley”, sostuvo la senadora santafesina en diálogo con Parlamentario TV. En ese marco sostuvo que “a comisión investigadora no requiere los dos tercios, porque con la mitad más uno de los presentes se sanciona y pasa a la Cámara de Diputados”.
Sacnun se basó en los antecedentes legislativos de comisiones investigadoras conformadas a través de proyectos de ley, y puso como ejemplo la última, la que se encargó de investigar lo sucedido con el submarino ARA San Juan. En ese caso, recordó, contó con el voto unánime en ambas cámaras.
“De ninguna manera hubiera requerido los dos tercios, como maliciosamente está señalando la oposición. Estamos hablando de un proyecto de ley y no de una reforma del reglamento, que sí hubiera requerido de los dos tercios, la mayoría agravada”, puntualizó la legisladora kirchnerista, que recordó que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales que ella preside se sacaron varios dictámenes de reforma del reglamento y “no fueron incluidos todavía para ser tratados en sesión, porque justamente hasta que no se acuerde y no se cuente con esos dos tercios, la reforma del reglamento no se va a tratar en la Cámara, porque no va a contar con la mayoría requerida”.
Por otra parte, la senadora santafesina recordó que la sesión en cuestión duró seis horas, a lo largo de las cuales “tuvieron la oportunidad de expresarse larga y ampliamente el sector opositor… La verdad que no encuentro motivo para generar esta discordia”.
En ese marco, María de los Angeles Sacnun sostuvo que la cuestión de fondo pasa por preguntarse “por qué la oposición no quiere que se investigue la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y Vicentin. Ahí es donde reside el eje de la cuestión”.
“Hubo todo el tiempo palos en la rueda para evitar la conformación de la comisión, y eso habla mal de la oposición -agregó-. Deberían no solamente acompañar la necesidad de que el Congreso investigue, sino además integrar activamente esa comisión y aportar todos los elementos que ellos creen que pueden servir a los fines de esclarecer la situación”.
