La Comisión Especial de la Cámara de Diputados presentó su informe sobre el escándalo del fentanilo contaminado que dejó más de un centenar de víctimas fatales. El documento revela irregularidades graves en la producción, vacíos regulatorios, omisiones en el control estatal y responsabilidades penales que alcanzan a laboratorios y funcionarios. Propone reformas urgentes para evitar que la tragedia se repita.
Los miembros de la Comisión Especial que investigó el caso del fentanilo adulterado, considerado el mayor desastre sanitario vinculado a medicamentos en la historia reciente del país, emitió finalmente este martes su informe final. El documento, de más de 200 páginas, reconstruye cómo dos lotes del opioide —31202 y 31244— elaborados por Laboratorios Ramallo S.A. bajo la marca HLB Pharma fueron contaminados con bacterias multirresistentes, provocando la muerte de al menos 124 pacientes y dejando decenas de sobrevivientes con secuelas.
La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre el Fentanilo Contaminado, creada el 17 de septiembre de 2025 (Resolución Presidencial N.º 572/25) señala en el documento emitido que “el Hospital Italiano de La Plata fue el nosocomio que dio la primera alerta”. El 15 de abril de 2025, la microbióloga Virginia González detectó tres casos con la bacteria Ralstonia pickettii, vinculados al uso de fentanilo HLB. “La rapidez con la que pudo actuar se debió a que en el mencionado Hospital cuentan con Historia Clínica Digital y un equipo interdisciplinario”.
La ANMAT recibió el aviso el 2 de mayo y recién el 8 emitió la alerta pública: “no deberá utilizarse en todo el territorio nacional”. Para entonces, el producto ya había sido administrado en múltiples centros de salud.
El informe describe un escenario alarmante: “Los registros de lote fueron confeccionados ex post facto con datos inexistentes, inventados o copiados, lo que constituyó una falsificación”. Además, se comprobó “un único ensayo de esterilidad por hasta 8 lotes que tenían la misma solución de lavado” y “una escasa cantidad de muestras de ensayo con relación a la cantidad total por lote (60 sobre 160.000 unidades)”.
Estas prácticas violaron las Buenas Prácticas de Fabricación y facilitaron la contaminación con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica.
Responsabilidades penales y omisiones regulatorias
La investigación judicial, a cargo del juez Ernesto Kreplak, determinó que “existió un relajamiento generalizado de los controles internos y un desapego a la regulación vigente”. El magistrado también advirtió que “ha sido el propio Juzgado el que se ocupó -y aún se ocupa- de retirar de circulación las ampollas del medicamento contaminado”, ante la inacción del laboratorio y las demoras de la ANMAT.
El informe confirma que los directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo fueron procesados y detenidos por adulteración de medicamentos y omisión deliberada del retiro.
Impacto federal y testimonios
La Comisión relevó la situación en varias jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires ordenó la cuarentena el 8 de mayo y registró “20 casos confirmados, 5 sospechosos y 2 descartados” (pág. 18). Santa Fe emitió la Alerta de Farmacovigilancia N.º 07/25 el 8 de mayo. CABA informó que no hubo casos en el sistema público, aunque la Justicia detectó afectados en el Sanatorio Dupuytren.
Los familiares participaron activamente: “Su presencia ha permitido un vínculo directo con quienes resultaron más afectados por los hechos investigados”.
Vacíos normativos y riesgos persistentes
El informe advierte que “el Estado controla la producción, importación y distribución a gran escala, pero no sigue cada ampolla o parche de fentanilo desde su origen hasta el paciente” (pág. 22). Esta “zona gris” impide reconstruir el recorrido del producto y facilita desvíos hacia circuitos ilícitos.
Además, “muchos centros de salud no consignan la marca ni el número de lote al momento de la administración del medicamento, tornando impracticable su posterior rastreo”.
Recomendaciones: trazabilidad, controles y sanciones
Entre las 20 medidas propuestas se destacan:
El informe concluye: “La conjunción de negligencias empresariales y vacíos regulatorios derivó en una tragedia evitable”.
La reunión fue citada a las 9. La comisión, que se constituyó a fines de septiembre, contó con la participación del juez de la causa, pero no tuvo la misma suerte con funcionarios nacionales.
El trabajo de la Comisión de Seguimiento e Investigación del Fentanilo contaminado y/o adulterado, constituida a finales de septiembre en la Cámara de Diputados, concluye su labor este martes con la presentación del informe final.
De acuerdo a la fecha que se había aprobado en la resolución de creación de la comisión, que establecía el 9 de diciembre como plazo máximo para presentar "los hechos investigados y los resultados obtenidos", el documento se conocerá una semana antes.
La comisión se constituyó el 24 de septiembre y estuvo comandada por Mónica Fein (presidenta), Silvana Giudici (vicepresidenta) y Victoria Tolosa Paz (secretaria).
Durante este tiempo, se llevaron a cabo un total de 10 reuniones, a las que asistieron médicos del Hospital Italiano de La Plata, especialistas (biotecnólogos, farmacéuticos, representantes de laboratorios) y el Observatorio de Víctimas de Delitos. En todos los encuentros estuvieron presentes familiares de víctimas.
Además, el 3 de noviembre se realizó una reunión en el Consejo Municipal de Rosario con familias de esa localidad; y, en tanto, una comitiva se reunió con el juez federal de La Plata Ernesto Krepak, que lleva adelante la causa, y quien también se presentó ante la comisión en el Congreso el pasado 19 de noviembre.
La comisión no tuvo la misma suerte con los funcionarios públicos, ya que el ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, Agustina Bisio, se excusaron en dos ocasiones de asistir a las convocatorias.
En una de las reuniones que se llevaron a cabo, los familiares de víctimas presentaron un conjunto de propuestas que serán parte, junto a consideraciones de los legisladores, del contenido final del informe.
Entre ellas, reclamaron por una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral; registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente; obligar al laboratorio, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real, garantizando auditoría pública y judicial; y estudiar modelos internacionales para que no haya violación dentro de los controles cruzados.
También, la digitalización y centralización de la información sanitaria; garantizar la interconexión de las historias clínicas electrónicas a la trazabilidad clínica de los medicamentos administrados; crear un sistema nacional de alerta y notificación inmediata; incorporar sanciones específicas para los establecimientos de salud o laboratorios que omitan, demoren o falseen información; y fortalecimiento de la ANMAT y control de la industria farmacéutica; entre otras.
La reunión en la Cámara de Diputados está convocada para las 9. Es la segunda vez que fue convocado el ministro de Salud y autoridades de la ANMAT.
En el último tramo camino a la presentación del informe final -que tiene fecha límite el 9 de diciembre-, la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado citó por segunda vez al ministro de Salud, Mario Lugones. Sin embargo, su participación tiene casi nulas chances de concretarse.
La reunión está programada para este miércoles a las 9, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados. También fue llamada la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio.
Días atrás, la oposición en la comisión promovió una nueva citación a Lugones bajo apercibimiento, dado la conducta del funcionario cada vez que el Poder Legislativo requirió de su presencia para dar explicaciones por distintos temas.
A lo largo del año, Lugones nunca concurrió a las citaciones (no obligatorias) de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, por ejemplo; pero tampoco a la interpelación votada por el pleno en función del artículo 71 de la Constitución Nacional, a raíz del escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado se constituyó el pasado 24 de septiembre y estuvo presidida por la socialista Mónica Fein, pronta a culminar su mandato.
Además de los distintos invitados, en todos los encuentros participaron familiares de víctimas fatales, quienes ya acercaron a los legisladores un conjunto de propuestas que, junto a otros proyectos presentados por diputados, serán parte de las recomendaciones del informe final.
El último encuentro contó con la participación del juez federal Ernesto Kreplak, quien tiene a cargo la causa judicial por la que se investiga más de un centenar de muertes a raíz del fentanilo contaminado proveniente del laboratorio HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, hoy preso.
Del informe final se desprende que el mandatario "utilizó la investidura presidencial" para participar de una operativa que terminó en presunta estafa. La Libertad Avanza objetó cuestiones reglamentarias.
Fotos: HCDN
Los diputados de la oposición integrantes de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA presentaron este martes el informe final, un documento que consiste en más de 200 páginas. En las conclusiones se determina que el Congreso deberá evaluar si corresponde el juicio político por mal desempeño en sus funciones del presidente Javier Milei. Cabe destacar que, en la próxima composición, el oficialismo tendrá un tercio capaz de bloquear un proceso de ese tipo.
De acuerdo al informe que contó con el aval de 14 miembros de la comisión -algo que fue objetado reglamentariamente por La Libertad Avanza- el mandatario "comprometió la investidura presidencial" al promocionar $LIBRA a través de sus redes sociales durante el verano pasado, token que alcanzó una alta cotización y luego se desplomó rápidamente, dejando a inversores damnificados en Argentina y otros países del mundo.
Además, tras el trabajo de tres meses, se determinó que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, "cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los (empresarios cripto) involucrados al presidente, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional".
También se decidió denunciar penalmente al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Librarona; el titular de la OA, Alejandro Melik; el presidente de la UIF, Paulo Starc; el titular de la CNV, Roberto Silva; y la vicejefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Asimismo, se plantea denunciar y pedir la apertura de enjuiciamiento contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, quienes están a cargo de la causa e impidieron a los legisladores acceder al expediente, además de negar la asistencia de la fuerza pública para que comparezcan los funcionarios.
Mientras las conclusiones del informe se compartían mediante pantalla en la sala, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino aseguró que "los hechos recabados encuadrarían en lo que el Código Penal tipifica como estafa". En esa línea, indicó que hubo "un engaño" cuando "se presenta $LIBRA como un instrumento serio de inversión para desarrollar PyMEs en Argentina, pero en realidad desde el punto de vista técnico era más cercano a una memecoin que ya estaba manipulada de antemano para protagonizar el tirón de alfombra, el 'rug pull'".
"Prácticamente el 80% de las billeteras que operaron $LIBRA sufrieron pérdidas y solamente 36 billeteras ganaron más de un millón de dólares", agregó. A continuación, el opositor remarcó que "la información recabada amplía las hipótesis iniciales" sobre que "no fue un hecho aislado", ya que se revelaron antecedentes de "maniobras financieras presuntamente ilícitas donde se repiten los mismos nombres".
Además, el secretario de la comisión investigadora advirtió por "el daño a la credibilidad internacional de Argentina". "Para nosotros no fue un hecho menor la resolución de la jueza de New York Jennifer Rochon", quien sostuvo que "los fondos derivados de la operatoria de $LIBRA no serían del Estado argentino, sino que podrían ser de Javier Milei, Karina Milei y/o Hayden Davis", apuntó Marino.
A su turno, el diputado Oscar Agost Carreño precisó que el informe es un documento de 205 páginas. El diputado de Encuentro Federal expresó que $LIBRA fue un "fraude planificado compatible con una presunta estafa" mediante rug pull, "un patrón de estafa muy conocido en el mundo de las criptomonedas". "Está demostrado que fue así y hemos podido corroborar que hubo información privilegiada" ya que se registraton "compras 22 segundos antes del posteo" del presidente aquel 14 de febrero.
Respecto de "los fondos que van entre 100 y 120 millones de dólares", Davis "siempre dio a entender que esa plata 'era de los argentinos, de Argentina'", señaló Agost Carreño. Sin embargo, "no había ningún mecanismo que conectara a las billeteras virtuales con algún mecanismo legal o financiero que llegue a las PyMES".
"La causa en Estados Unidos sigue avanzando", destacó el cordobés y mencionó que "Davis declaró y comprometió al presidente y su entorno". "El presidente nunca dio explicaciones, no dio colaboración el Ejecutivo ni el Poder Judicial y no realizaron una denuncia, nunca se pusieron en lugar de denunciados para ser investigados", cuestionó.
Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo aseveró que el informe "es abrumador en cuanto a que lo que ha dicho Javier Milei hasta el momento sobre $LIBRA no es verdad". "El posteo del presidente de ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona, solo quien tenía información privilegiada", dijo y resaltó que esa información la manejaban los empresarios que Milei "había recibido en numerosas oportunidades en Casa Rosada y Olivos".
La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, una de las más involucradas en el trabajo de la comisión, aseveró que "Javier Milei fue el primero en el mundo a dar a conocer el número de contrato que no era público" y se evidenció "claramente que Milei no solo promocionó $LIBRA, sino que fue parte de la gestión y operatoria previa". En ese sentido, precisó que "a Novelli lo recibió más de 15 veces en un año" en Casa Rosada y Olivos.
"Identificamos el aval político de Javier Milei a otra criptomoneda que se lanzó dos meses antes de $LIBRA y también terminó en una estafa", afirmó y aportó datos reveladores como que "el 30 de enero Mauricio Novelli, (Manuel) Terrones Godoy y Hayden Davis transfieren millones a una cueva cripto", ese mismo día "Milei se reunió con Davis y se sacó una foto que compartió en sus redes sociales". "Un día antes (el 29 de enero) Karina Milei había recibido a Mauricio Novelli y María Pía Novelli" hermana del trader que vació cajas de seguridad el día después de la caída de $LIBRA.
El oficialismo, ausente durante casi toda la actuación de la comisión investigadora, asistió para objetar cuestiones reglamentarias y criticar el proceso, más no para emitir una defensa del presidente o explicación del caso $LIBRA. El diputado Nicolás Mayoraz consideró que la comisión tuvo un "decálogo de todos los excesos posibles" y "se ha movido con delirio".
En esa línea, el santafesino observó que "el mayor grado de autoritarismo se da cuando se empiezan a pelear con la justicia" y dijo que "va a quedar en los libros" el recurso extraordinario presentado ante la Corte. Según el libertario, la justicia, al negar el auxilio de la fuerza pública para que comparezcan funcionarios, le puso "límites al exceso que han tenido".
"Lo que mal empieza, mal acaba. Esto no fue una comisión investigadora, fue un circo montado con una finalidad no ya política, sino con la clara intención de ni defender las instituciones", sostuvo. Tras la defensa de lo actuado por la cívica Mónica Frade, Castillo y Agost Carreño, la oficialista Nadia Márquez -en una intervención cargada de ironías- insistió con que el informe final requería 15 firmas y el presentado tenía 14. Tras su alocución se despertó una fuerte discusión de idas y vueltas entre la oposición y LLA por el quórum que tuvo la reunión al momento de empezar.
El mendocino Álvaro Martínez insistió en pedir los nombres de los presentes varias veces. "Esta presidencia ya considera que dio la respuesta. Está la versión taquigráfica y el video de la comisión”, para corroborarlo, dijo Maximiliano Ferraro, que había recordado que el encuentro se abrió con 15. Pero Márquez leyó nombre por nombre a los 28 integrantes de la comisión. "No hay informe final porque no tiene las firmas. Usted no quiere decir que hay 28 presentes, porque las firmas no le alcanzan: son 14”, aseveró.
Finalmente, a instancias de la diputada Mónica Frade se dio por concluida la reunión, no sin que antes Ferraro pronunciara unas palabras de Lisandro De la Torre para cerrar: “Qué risa, señores, qué divertida es la corrupción, y qué sonrientes los corruptos. Pero el día que suenen las campanas marcando el momento de la justicia, que siempre en definitiva llega, ya los veremos a los corruptos golpeándose el pecho. Qué risa que nos dan entonces los corruptos”.
Conclusiones, recomendaciones y decisiones de la comisión
De las 18 conclusiones de la comisión investigadora, leídas en el arranque por el cívico Maximiliano Ferraro, la primera reza: "Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta comisión determinada, hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".
Además, se desprende que "la información y el material probatorio reunidos confirman los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales". "El análisis técnico de la blockchain detectó flujos de fondos entre dichos actores que coinciden con los montos y las fechas señalados en investigaciones previas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei", determinaron.
Según los diputados de la oposición que elaboraron el informe final, "la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar" que también promocionó Milei. "Las afirmaciones del presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico", aseguran las conclusiones.
Asimismo, se señala que con la promoción de $LIBRA "el presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada". También que, de acuerdo a las declaraciones del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, "surge que el presidente actuó sin consultar a ningún organismo técnico o jurídico del Estado, omitió la debida diligencia exigible y desatendió los procedimientos de control institucional".
"Esta falta de control se habría replicado en la operación con la moneda digital KIP en diciembre de 2024", añade y cuestiona que "el presidente no ha explicado a la fecha cómo obtuvo el número de contrato del token $LIBRA que publicó, pese a que dicha información no era de circulación pública".
Otra de las conclusiones sostiene que sin la promoción por parte de Milei, "el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado".
A su vez, se confirmaron 16 reuniones en Casa Rosada y la quinta de Olivos con los empresarios cripto involucrados. "Todos los ingresos a Casa Rosada fueron autorizados y supervisados jerárquicamente por Karina Milei", se remarca.
"Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional", enfatiza el informe.
También se cuestionó que "no existió una verdadera voluntad de investigar mediante una auto investigación encarada por el propio Poder Ejecutivo" sino que "por el contrario, se registró secretismo y una marcada falta de transparencia tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Unidad de Tareas de Investigación creada especialmente para este caso".
"Como hecho inédito y absolutamente inusitado, no compareció ningún funcionario público", se subrayó y se indicó que Cúneo Libarona, Melik, Zicavo, Starc y Silva "habrían incurrido en incumplimiento de deberes, dado que su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas" de la comisión.
Finalmente, las conclusiones manifiestan que "existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley de Ética en la Función Pública" y se lamentó que "no se recibió la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal", cuando la comisión "en ningún momento excedió las facultades" constitucionales.
En las recomendaciones se plantea retirar la citación a Karina Milei; insistir con la requisitoria enviada por escrito al presidente; que la Presidencia de la Cámara de Diputados resguarde la documentación e información nueva; que se dé seguimiento a la investigación; la eventual de normas y la evaluación de la creación de una "Oficina de Investigaciones" del Congreso.
En cuanto a las resoluciones, se dispuso remitir toda la información a la justicia -incluida la recibida por parte de las plataformas exchange- y denunciar penalmente a Cúneo Librarona, Melik, Starc, Silva y Zicavo, "por posible incumplimiento de deberes de funcionario público, dado que el entorpecimiento a la tarea" de la comisión.
Por último, denunciar y pedir la apertura de enjuiciamiento contra el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano, quienes están a cargo de la causa e impidieron a los legisladores acceder al expediente, además de negar la asistencia de la fuerza pública para que comparezcan los funcionarios.
El presidente de la comisión investigadora se refirió al cierre de la tarea y destacó la "transversalidad política" con la que se trabajó, pese a los "obstáculos puestos por LLA y sus aliados".
De cara a la última reunión el próximo 18 de noviembre, el presidente de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, Maximiliano Ferraro, aseguró que habrá "un informe muy contundente" y manifestó que los miembros que participaron del proceso están "muy conformes con el trabajo que pudimos hacer todos estos meses, pese a un camino lleno de obstáculos puestos por La Libertad Avanza y sus aliados".
En ese sentido, el legislador de la Coalición Cívica destacó "la transversalidad política y responsabilidad con la que se trabajó ".
Sobre las conclusiones y recomendaciones a futuro, adelantó: "Tenemos que poder recomendar a la Cámara de Diputados una segunda etapa de la comisión investigadora". Y llamó a "ser perseverantes en la búsqueda de la verdad", al tiempo que el Congreso no pierda su rol de contralor político.
Respecto de la investigación, el porteño señaló que se confirmó información sobre "la conexión de (Hayden) Davis, (Manuel) Terrones Godoy, (Mauricio) Novelli y el dueño de una cueva financiera cripto en fechas muy relevantes, que coinciden con todo lo que atravesó al proyecto $LIBRA hasta lo que fue la publicación del presidente el 14 de febrero" a través de la red social X.
"Estamos hablando de una trazabilidad de dinero de alrededor de 3 o 4 millones de dólares", precisó y continuó: "Esto ratifica nuestro trabajo, que lejos de entorpecer el trabajo de la Justicia y teniendo muy claro cuál es el rol del Congreso, fortaleció la búsqueda de la verdad y activó de una buena vez por todas al fiscal (Eduardo) Taiano y al propio juez (Marcelo) Martínez de Giorgi".
Además, Ferraro ratificó que presentarán las denuncias correspondientes contra el ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona; la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, quien estuvo a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación que se creó para investigar al presidente; y el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.
Al recordar antecedentes de comisiones investigadoras, bajo gobiernos de distintos signos, el diputado apuntó que "distintos funcionarios nunca se negaron a venir a brindar información" como sí sucedió en este caso, en "una clara maniobra de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público", enfatizó.
Y sumó que presentarán "un recurso extraordinario ante la Corte Suprema porque fue inaudito esta decisión del juez Martínez de Giorgi" de negarse a brindar asistencia a la comisión mediante la fuerza pública.
Según pudo saber parlamentario.com el recurso extraordinario ingresaría en el transcurso de esta semana por la falta de ayuda pública para que comparezcan ante la comisión Karina Milei y otros testigos.
Tal como habían anticipado los miembros de la Comisión Investigadora del caso criptomonedas $LIBRA se harán presente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para presentar un recurso extraordinario en reclamo por la falta de auxilio que la Justicia brindó para que los testigos convocados -incluida Karina Milei- acudan por la fuerza pública.
Además, preparan denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal Eduardo Taiano. En ambos casos por mal desempeño.
“Pusimos unos asesores a trabajarlo. Esta semana entraría el recurso extraordinario ante la Corte”, afirmaron fuentes consultadas de la comisión a parlamentario.com.
Además, denunciarán por falta de colaboración e incumplimiento de funcionario público a distintos miembros del Poder Ejecutivo que fueron citados y no se presentaron a la comisión: el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, además de la responsable de la Unidad de Investigación que creó el Poder Ejecutivo por el tema, María Florencia Zicavo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva.
En el trascurso del tratamiento del caso en comisión, la oposición solicitó a la justicia e auxilio de la fuerza pública para que los funcionarios acuden a prestar declaración, pero el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi se negó. Los diputados apelaron a la decisión, sin embargo, la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó el fallo del magistrado.
Ya que los magistrados ahora no quieren involucrarse, la comisión pedirá a la Corte Suprema que dirima si debe, o no, hacerlo. Los legisladores denunciarán una falta de cooperación de los funcionarios judiciales y del Ejecutivo e incluso hablan de "encubrimiento" en la antesala a la presentación del informe final que será el próximo martes 18 de noviembre a las 16 en el Salón Delia Parodi con las conclusiones y las recomendaciones. A su vez, toda la información recabada será remitida a la causa judicial.
El titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, afirmó que el próximo encuentro será el martes 18 de noviembre en el Salón Delia Parodi donde harán la presentación del informe final. Desde la Libertad Avanza denunciaron que el proceso es “nulo” porque el desarrollo fue “irregular e ilegítimo”.
Con la presencia de 14 diputados se llevó a cabo este viernes la última reunión de la Comisión Investigadora sobre el caso de la criptomonedas $LIBRA, a cargo del diputado Maximiliano Ferraro, donde sumaron nuevos oficios que fueron aprobados con 13 votos positivos y afirmó que el informe final será presentado el próximo martes 18 de noviembre en el Salón Delia Parodi.
Ferraro explicó que el día de la fecha el expediente consta de 10 cuerpos integrados por todas las actuaciones de la etapa investigativa entre ellas: informes y extractos taquigráficos que surgen de las reuniones informativas y de la participación de especialistas, documental remitida por la plataforma Exchange, dictámenes y resoluciones de la comisión como medida de prueba.
Al pedir la palabra, la diputada Margarita Stolbizer destacó: “Se está llegando a un resultado importante en términos de trabajo que ha hecho la comisión. Estamos ya sobre el final”, por lo que solicitó producir una nueva prueba pidiendo un oficio a Google para que brinde información sobre la página web que promocionó el presidente Javier Milei llamada Viva La Libertad Project de Gmail. “No tenemos información de qué pasó con la página donde, seguramente, hubo gente que se inscribió”, explicó Stolbizer.
Así, precisó que solicitarán los datos completos sobre la titularidad de la cuenta, la información de los accesos que tuvo la cuenta durante el tiempo que estuvo, el detalle de la forma de recuperación secundaria, la nómina de la información llenada en los formularios.
De forma breve, la diputada de UP Sabrina Selva pidió que toda información que llegue a la comisión post dictamen sea incorporada al expediente.
De la vereda contraria, la libertaria Alida Ferreyra en nombre de su bloque criticó la creación de la comisión y los objetivos propuestos porque “desnaturalizan el rol del Congreso, avasallan la jurisdicción natural de los jueces y terminan entorpeciendo la investigación y pueden frustrar una estrategia judicial”.
Además, indicó que “hubo excesos cometidos en cómo estaba planteada la comisión porque no respetó el rol del Congreso, asumió facultades jurisdiccionales que no le competen”. En tanto, sostuvo que “el desarrollo irregular e ilegítimo de la comisión ha demostrado que un conjunto de diputados, arrogándose la representación de toda la Cámara, intentó vulnerar garantías individuales al pretender aplicar la fuerza pública para la comparecencia de funcionarios que, ni siquiera están acusados en el caso en cuestión de qué se trata”.
Por último, solicitó al secretario de la comisión que lea las firmas obtenidas para la aprobación del reglamento de la comisión y la nómina de los diputados presentes en la misma porque “hubo una aprobación de un reglamento y luego una posterior modificación. Además, de 28 miembros presentes se han obtenido solamente 14 firmas para la aprobación del mismo, siendo que la mayoría natural es 15. La conclusión de nuestro bloque es que el proceso sería nulo”.
$LIBRA, LA VERDAD AVANZA: EL 18 DE NOVIEMBRE SE PRESENTA EL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN.
Hoy se realizó la última reunión de la etapa investigativa de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. Durante estos tres meses, luego de destrabar el bloqueo inicial… pic.twitter.com/aeI9EsOqrq
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) November 7, 2025
Con los tapones de punta le salió la diputada Selva quien le enrostró: “Si los diputados del oficialismo en vez de ausentarse en todas las reuniones de comisión, como lo han hecho en la mayoría de los casos. Incluso en esa reunión de comisión en donde usted notificó la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional, en donde los miembros de esta comisión le solicitábamos el auxilio de la fuerza pública a los jueces para poder traer a los funcionarios a dar explicaciones. Justamente eran dos funcionarios incluso que ni siquiera estaban imputados, no están imputados en la causa judicial. Entonces, no había ninguna objeción para que no pudieran venir a esta comisión a dar explicaciones”.
Respecto a las mayorías necesarias, Selva invitó a la libertaria a “releer el reglamento porque todas las resoluciones que salieron de esta comisión fueron aprobadas con las mayorías necesarias que prevé. De manera que ni el reglamento es nulo, ni todo el trabajo que llevó adelante a esta comisión lo es”.
“Nosotros hasta acá no obstruimos para nada la investigación judicial. Lo único que hizo esta comisión investigadora desde que funciona es colaborar con la justicia aportando todas las medidas de pruebas que son trascendentes, que son contundentes, que abonan a la investigación que está llevando adelante el fiscal de instrucción. No hubo en lo más mínimo entorpecimiento de la tarea del poder judicial, todo lo contrario”, cerró Selva.
En el mismo sentido se expresó la diputada Mónica Frade (CC-ARI) quien apuntó: “Hay un reglamento que sería bueno que cada tanto el oficialismo lo lea, incluso este reglamento comentado del Dr. Menen, que es muy interesante y que les puede aportar mucho conocimiento”.
Frade aclaró: “No nos arrogamos facultades jurisdiccionales, claramente no la tenemos. Sí, tenemos facultades de control y son indiscutidas y las comisiones investigadoras están reguladas en el reglamento”. Así, calificó la nota del bloque oficialista como “plagada de cliché que no tiene ningún sustento”.
En tanto, Juan Marino (UP) propuso incorporar al expediente de la Comisión un informe técnico de parte del experto en blockchain, Fernando Molina, donde figura el total de billeteras virtuales, más de 140 mil que operaron con la criptomonedas, y se registra que hubo 36 que tuvieron una ganancia superior al millón de dólares, de este total tuvieron pérdidas con $LIBRA fue 114,410 y por lo tanto la conclusión es que el porcentaje de billeteras que tuvieron pérdidas con Libra fue del 79,90. “El 23% solamente 36 billeteras ganaron más de millón de dólares”, resaltó Marino.
A su turno, el diputado Rodolfo Tailhade anticipó que enviará una nota para tener a consideración respecto de “la pasividad de la querella del diputado José Luis Espert para avanzar en el esclarecimiento del hecho que él denuncio el supuesto hackeo de su cuenta. La denuncia que había hecho se tenía que calificar como violación de secretos y, por lo tanto, era un delito de acción privada. Desde el momento de la denuncia, José Luis Espert no hizo absolutamente ningún planteo”.
“El Congreso en su totalidad, tiene que tomar cartas en el asunto respecto de la representación legal, el domicilio legal de estas compañías, Twitter, Ox, YouTube. Es absolutamente inconcebible que ni la justicia ni la Cámara de Diputados en una comisión investigadora no puedan obtener respuestas concretas. No puede ser este bochorno de que esta gente, las plataformas, las redes y demás se manejen con esta impunidad, sobre todo cuando hay delitos que se cometen”, planteó.
Coincidentemente, Ana Carolina Gaillard (UP) consideró “fundamental el rol de esta comisión, no para suplantar a la justicia, pero sí que se sienta observada y que sepa que el Congreso también tiene facultades de control y que los funcionarios tienen que rendir cuentas”.
De forma breve, Selva le aclaró que “la diputada libertaria no integra la comisión, por ende, según el artículo 105 del reglamento no se puede tomar la suscripción de los despachos correspondientes”, y remarcó: “La nota de la diputada Alida Ferreira no corresponde ser tratada, salvo que lo proponga un miembro de esta comisión. Me parece que fue una expresión política”.
Por su parte, el diputado Esteban Paulon expresó: “¿Sabe qué es lo que entorpece el rol de la justicia y la investigación judicial? El silencio permanente y deliberado de Javier Gerardo Milei y de Karina Milei que no pueden explicar, sobre todo el presidente, ni siquiera quién le dio la información para postear en X el 14 de febrero durante varias horas. ¿Quién le avisó de esta operación minutos antes de que se concretara la criptofa? Ese es el silencio que en la justicia argentina resuena tronadoramente y que es el que entorpece verdaderamente esta investigación”.
Al cierre, Ferraro informó que el próximo martes 18 de noviembre en el salón Delia Parodi se realizará la una nueva reunión de la Comisión Investigadora a los fines de la presentación, consideración y firma del informe final establecido para ser elevado antes del 20 de noviembre a la Cámara de Diputados.
Será en el marco de una reunión de la Comisión Investigadora, que la próxima semana viajará a Rosario para reunirse con familias de víctimas.
Foto: HCDN
La Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado llevó a cabo una nueva reunión este martes, durante la cual se anunció que el próximo 13 de noviembre a las 12 convocarán a funcionarios del Ministerio de Salud y la ANMAT. "Son las dos instituciones que sería muy importante escuchar", aseguró Mónica Fein (EF).
Además, la presidenta de la comisión informó que el 3 de noviembre una comitiva de legisladores viajará a Rosario para mantener allí una reunión con familiares de víctimas.
Fein se refirió al informe final que la comisión deberá elaborar para el 9 de diciembre, donde se buscará "dar cuenta de lo que hicimos y de lo que creemos que hay que hacer hacia adelante para que esta tragedia sanitaria no vuelva a ocurrir".
Para el encuentro de este martes estaban convocados el director General de Calidad de Atención Médica del Ministerio de Salud, Juan Pablo Vivas; y la titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos C. Malbrán", Claudia Perandones, pero ninguno asistió. En el caso de la segunda se acordó enviarle preguntas por escrito.
En el arranque, Victoria Tolosa Paz (UP) hizo un resumen de lo realizado por la comisión, que actualmente está a la espera de una segunda tanda de respuestas de la ANMAT y se elevó además un pedido de informes al Ministerio de Seguridad. Sobre la convocatoria a funcionarios luego de enviar preguntas por escrito, señaló: "Creemos que es la mejor manera de utilizar el tiempo y no llegar sin información previa".
A su turno, Silvana Giudici (Pro) resaltó que “la función más importante que tenemos es el backstage, lo que no se ve del trabajo que venimos realizando, sobre toda la documentación, para que los informes finales reflejen no solo la posibilidad de mejorar las leyes que vamos a proponer, sino también dónde estuvieron las fallas, tanto en el control público como en las incumbencias profesionales y de los dueños de los laboratorios”.
Alejandro Ayala, hermano de una víctima del fentanilo contaminado, aseguró que la tragedia ocurrida "no se resume solamente a un laboratorio que operaba en pésimas condiciones, ni a un organismo de control que no hizo lo que tenía que hacer, sino que reflejó una crisis institucional que se debía a la falta de fiscalización". En ese sentido, enumeró que hubo "fallas del sistema de control, fallas en los mecanismos de reporte de información y fallas en la fiscalización sanitaria".
Luego, familiares de víctimas que ya se habían presentado antes en la comisión leyeron un conjunto de propuestas a los legisladores, quienes coincidieron en sumarlas como anexo al informe final.
Entre ellas, mencionaron una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral; registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente; obligar al laboratorio, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real, garantizando auditoría pública y judicial; y estudiar modelos internacionales para que no haya violación dentro de los controles cruzados.
También, la digitalización y centralización de la información sanitaria; garantizar la interconexión de las historias clínicas electrónicas a la trazabilidad clínica de los medicamentos administrados; crear un sistema nacional de alerta y notificación inmediata; incorporar sanciones específicas para los establecimientos de salud o laboratorios que omitan, demoren o falseen información; y fortalecimiento de la ANMAT y control de la industria farmacéutica; entre otras.
Tras ello, Pablo Yedlin (UP), presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, hizo alusión a un proyecto de su autoría que espera que avance y es el que busca jerarquizar la ANMAT; en el mismo "están previstas muchas de las cosas que plantearon los familiares", dijo. No obstante, se mostró con pocas expectativas de la voluntad del oficialismo y, tras mencionar que el ministro Mario Lugones nunca concurrió al Congreso, advirtió: "Es muy difícil construir política cuando desde el Poder Ejecutivo hay silencio".
De la reunión también participó Luciana Marchisio, miembro del Observatorio de Víctimas de Delitos, que funciona bajo la órbita de la Cámara de Diputados, quien comentó que la directora de este organismo, María Luján Rey, se reunió con la titular del Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) - que depende del Poder Ejecutivo- para ponerla en conocimiento de lo expuesto en la Comisión Investigadora, donde "la mayoría de los familiares relató no haber recibido ningún tipo de asistencia por parte del Estado".
En ese sentido, reveló que se le comunicaron todos los contactos y desde el CENAVID tomaron "el compromiso de contactarlos y dar cumplimiento a lo que está estipulado en la ley" 27.372.
A su vez, aprobaron recurrir a la Corte Suprema con un recurso extraordinario federal en caso de que se les rechace el recurso de apelación. También solicitarán información a un listado de plataformas de servicios virtuales de cripto.
La Comisión Investigadora sobre la Criptomonedas $LIBRA, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, se reunió este martes para determinas nuevas medidas de prueba y aprobó apelar a la Corte Suprema de Justicia si el Tribunal rechaza el recurso de apelación y, además, aprobó volver a citar al presidente Javier Milei ante la misma para que preste declaraciones.
En el encuentro se resolvió requerir a las plataformas de servicios de activos virtuales BBAT, Binance, Gateyo, Lemon, Ripio, Buenbit, Velo Bitget, OKX, Coin, Kraken, Crypto.com y Coinbase Coinbase la siguiente información:
También, aprobaron la autorización a las autoridades de la comisión y presidencia para interponer un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga en caso de que se revoque la sentencia del 6 de octubre del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Además, se aprobó la citación al presidente de la Nación; la solicitud de expedientes y actuaciones con respecto al ministro de Justicia y a la extitular de la unidad de investigación; y una reiterativa a Fix Flow.
A su vez, los presentes aprobaron una autorización para incorporar en el juzgado federal del doctor Martínez de Georgi y la autorización para la solicitud del auxilio de la fuerza pública para los funcionarios implicados.
En principio, Ferraro procedió a leer el expediente detallado que remitió el Juez Federal Ramos a la comisión y, luego, puso en conocimiento el informe sobre el estado procesal del recurso de apelación presentado contra la resolución del 6 de octubre en el que se les denegó el pedido de auxilio de la fuerza pública y la comparecencia del fuero federal para la tramitación del pedido.
Ferraro informó que la resolución dictada el 6 de octubre del 2025, el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Penal N°8 resolvió declarar improcedente el pedido formulado por la comisión para que se dispusiera la comparecencia por la fuerza pública al cuerpo Legislativo a los señores Alejandro Melic, María Florencia Cicabo, Paula Stark y Roberto Emiliano Silva a efectos de que presten declaración testimonial.
El diputado de la CC contó que el pasado 13 de octubre presentaron un recurso de apelación para considerar que la decisión judicial resulta “manifiestamente arbitraria” porque efectúa un reconocimiento meramente teórico de las facultades implícitas del Congreso Nacional y que “se nos niega toda eficacia operativa”, por lo que consideró que “esta contradicción vacía de contenido, la prorrogativa legislativa que se nos que se reconoce en el 75 inciso 32 y transforma el reconocimiento conceptual en una mera fórmula declarativa incompatible con la vigencia efectiva del principio republicano de división de poderes”.
Además, señaló que esa decisión “desconoce la competencia del fuero federal en materia de auxilio judicial del Congreso de la Nación y desnaturaliza la finalidad política y de control institucional que subyace en la actuación de la Comisión Investigadora”.
“Hemos solicitado la tramitación urgente del recurso de apelación, así como la habilitación de días y horas inhábiles. Por resolución del 17 de octubre de 2025, la sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, fijó una audiencia para el día 28 de octubre del 2025 en forma presencial en la sede del tribunal. Frente a esta providencia, el 20 de octubre le hemos solicitado se adelante la audiencia en el plazo más breve previsto, ya que la demora en la resolución del recurso podría causar un daño irreparable a los intereses de la Comisión Investigadora y a las funciones de control del Congreso de la Nación”, leyó el diputado de la CC.
En esa línea, remarcó que “la sistemática incomparecencia de los testigos citados genera un dispenso de la actividad legislativa, en tanto obstaculiza el normal desarrollo de las tareas de investigación encomendadas para la comisión, sobre todo porque los testigos citados revisten de carácter de funcionarios públicos cuyas funciones guardaban una estrecha vinculación con el objeto de investigación”.
Por último, Ferraro avisó que, en caso de que el Tribunal rechace el recurso de apelación, pondrá a consideración de la comisión la vía de apelación extraordinaria ante la Corte Suprema a través de la presentación de un recurso extraordinario federal.
Al pedir la palabra, el diputado Juan Marino (UP) planteó como primera medida que se resuelva volver a citar al presidente de la Nación, Javier Milei, respetando todas las prerrogativas establecidas en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal para que “venga a dar explicaciones, a testimoniar y a clarificar sus dichos”.
Marino leyó la respuesta de Ripio -plataforma virtual de Argentina que ofreció Libra públicamente-, luego de que Milei afirmó ante una entrevista de la señal de TN que “perdió el Estado acá nada, digamos, perdió plata los argentinos. Te decía que tengo mis serias dudas. Digo que digo, no creo que sea más de cinco argentinos. Pero desterremos la idea que hay 44,000, o sea, son 5000 y la gran mayoría son estadounidenses y chinos”.
Ripio informó que “1358 usuarios con residencia en el país en Argentina han realizado compra o venta del token mencionado Libra. De estos existen 1329 argentinos. Al momento del lanzamiento del token, la sociedad contaba con 2.145.758 usuarios registrados en Argentina”. Al respecto, Marino apuntó: “Desmiente el discurso del presidente Milei de que esto era algo solamente accesible para público hiper especializado en operatoria en criptomonedas. Entonces, esto es importante porque pone de manifiesto una afirmación abiertamente, evidentemente y objetivamente falsa por parte del presidente”.
NOVEDADES DE LA INVESTIGACIÓN DE LIBRA EN EL CONGRESO
El exchange Ripio, la única que ofreció públicamente la criptomoneda LIBRA a las pocas horas que Milei la lanzó en sus redes, nos informó a los diputados de la Comisión investigadora que 1329 argentinos usuarios de su… pic.twitter.com/YEokV9pRIr
— Itai Hagman (@ItaiHagman) October 21, 2025
En tanto, planteó que “habría que trabajar que los fondos provenientes de la operatoria de Libra podrían estar en propiedad de Javier Milei, de Karina Milei y del propio Hayden Davis”.
Por otro lado, planteó librar un oficio al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por no otorgar el contenido de las actuaciones de la UTI y para que informen bajo qué números de expediente tramitaron en el sistema de documentación electrónico del Estado argentino sus actuaciones. “Porque a esta altura una de las hipótesis que manejamos es que están ocultando algo de importancia que no quieren que conozcamos. Otra de las hipótesis que manejamos directamente es que no hicieron nada”, cerró Marino.
A continuación, su par la diputada Sabrina Selva destacó el avance de la investigación y cuestionó las “obstrucciones que nos está poniendo la justicia que nos impiden acceder al expediente judicial, que nos impide traer a los funcionarios a dar explicaciones”, y precisó que “la justicia viene avanzando más lento que la justicia en Estados Unidos”. Selva reiteró el pedido de información a Fixed Float que “es otro de los exchange que voy a pedir que se ponga a votación porque es información nueva que tenemos que reiterar”, y volvió a solicitar la presencia de los funcionarios ante la comisión para que den explicaciones.
Luego, pidió la palabra la diputada Mónica Frade (CC - ARI) hizo una moción para que se apruebe una autorización en caso que, si los plazos vencen en días que no hay reunión, el presidente de la comisión en su representación arbitre todos los medios y los escritos que haya que dejar y las apelaciones y la cuestión federal que haya que interponer porque “es imprescindible para que la causa termine su proceso”.
“Tenemos una serie de personas acá particulares que han sido citadas y no han venido. Entonces, también voy a mocionar para que se dé autorización. Por supuesto, tenemos que esperar que finalice y que resuelva la apelación sobre el uso de la fuerza pública, pero en caso de que resuelva favorablemente esta comisión, voy a solicitar que demos autorización al presidente de la comisión para que la pida sin más a Mauricio Gaspar Noveli, Terrones Godoy, Sergio Morales, Demi Reidel y para la señorita hermana presidencial Karina Milei. Así que voy a dejar mocionado esos dos pedidos”, cerró.
El diputado de izquierda Cristian Castillo adhirió a citar al presidente Javier Milei para que “dé las explicaciones del caso, es lo que corresponde. Le habíamos girado las preguntas por escrito, no las respondió, así que creo que corresponde, evidentemente, citarlo”.
“Está bien dejar de manifiesto su falta de voluntad en colaborar y aclarar respecto a todos los temas sobre los cual él tiene que dar explicaciones. Le corresponde su obligación dar esas explicaciones”, planteó y consideró que la ausencia de los funcionarios implicados “es una verdadera falta de colaboración”.
👉🏼 Presentan nueva demanda ampliada por el escándalo internacional de $LIBRA:
La Justicia de Estados Unidos recibió este martes 21 una nueva versión ampliada de la demanda colectiva que investiga el fraude internacional de los tokens $LIBRA, $M3M3, $MELANIA, $ENRON y $TRUST,…
— Oscar Agost Carreño (@oagost) October 21, 2025
De forma breve, el diputado Rodolfo Tailhade (UP) sugirió que “tanto en uno como en el otro oficio incorporemos dos apercibimientos o una suerte de apercibimiento. En primer lugar, el bajo percibimiento de formular denuncia penal en orden a la posible comisión del artículo 255 del código, que dice ‘será reprimido con prisión de un mes a 4 años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente’. Básicamente acá estamos ante la hipótesis de un ocultamiento que tampoco descartaría que fuese una destrucción”.
El segundo oficio, propuso una advertencia al ministro de Justicia de que “nosotros estamos en condiciones de ir a pedirle el registro, el allanamiento de sus oficinas, el allanamiento del edificio del Ministerio de Justicia para que la justicia secuestre el expediente digital.
En esa línea, la diputada Margarita Stolbizer adhirió a las palabras de Tailhade: “Hay que hacer un apercibimiento sobre lo que implica el delito de obstrucción a la justicia y por las características propias de la comisión investigadora que pueden asimilarse”. “Siento que es prácticamente imposible pensar con que se va a poder cumplir con el plazo establecido en la resolución de creación y, por lo tanto, me da la impresión que eso va a ser casi imprescindible”, concluyó.
La Comisión Especial Investigadora recibió a una nueva ronda de expositores de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos y de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital. La próxima semana continuarán con las informativas.
La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre los hechos relacionado con la utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado, presidida por la diputada Mónica Fein, se reunió nuevamente este martes para recibir a una nueva tanda de expositores.
En el encuentro, que se realizó en el Anexo “A”, expusieron representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH) quienes coincidieron en manifestar su total compromiso con la salud de los pacientes y que, para ello, tanto las plantas y los procesos están sometidos a intensos controles.
En otro aspecto, expresaron pesar y solidaridad con los familiares de las personas fallecidas, además de estar a plena disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos investigados y el reclamo de justicia. También, consideraron que los sucesos están relacionados al incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control. Por último, reafirmaron la importancia del cumplimiento normativo, donde el rol tanto de la autoridad sanitaria como de la industria son centrales.
Al inicio del encuentro, Fein estimó finalizar con las reuniones informativas la próxima semana con la presencia de los referentes de ANMAT, del Malbrán y de control de calidad del Ministerio de Salud. “La semana que viene deberíamos, de alguna manera, terminar con los expertos invitados”, planteó. Además, comentó que el próximo 3 de noviembre harán una reunión en Rosario cerca del mediodía en el Concejo Municipal, ya que “Santa Fe es una de las provincias que más familias afectadas tuvo”.
Abrió la ronda de expositores el Gerente de Asuntos Jurídicos de CILFA, Mariano Genovesi, quien expresó su pesar y solidaridad con las familias y su compromiso para el reclamo de justicia. Así, aclaró que ninguno de los laboratorios que están siendo investigados forman parte de la cámara y tampoco tienen relación.
Luego, expuso Ignacio Spotti, gerente de Asuntos Regulatorios de Laboratorios Adium, quien contó: “Soy farmacéutico hace más de 15 años tanto nacional como internacional. Como farmacéuticos profesionales de la salud y responsables técnicos, queremos manifestar que el principal compromiso es con la salud de los pacientes y para ello las plantas y procesos están sometidos a extensos y estrictos controles”.
“Las plantas están auditadas y aprobadas por autoridades regulatorias extranjeras. Toda nuestra actividad está regida por normas claras y específicas aplicables a todo el ciclo de vida del medicamento desde el desarrollo hasta el uso del paciente, pasando por la selección de insumos y proveedores, proceso productivo, control y garantías de calidad, almacenamiento y distribución, y el fármaco vigilancia”, explicó.
Spotti sumó: “La industria nacional cuenta con una infraestructura, procesos y procedimientos robustos con profesionales capacitados y herramientas de control que aseguran las buenas prácticas de manufactura y control. Los estrictos cumplimientos de estos principios garantizan que los medicamentos que llegan a la población cumplan con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia”.
A su turno, Rosana Hilal, directora de Asuntos Regulatorios y codirectora técnica de Laboratorio Gador consideró que “los hechos investigados por la comisión están relacionados a incumplimientos de las buenas prácticas de fabricación y control”.
Hilal planteó que “es un error conceptual considerar a la bio equivalencia como parte del problema. La tragedia de fentanilo no tiene nada que ver con la bio equivalencia”, y explicó que se trata de un requerimiento cuyo propósito es demostrar equivalencia determinada forma farmacéutica y determinados principios activos y precisó que está “normatizado y tiene determinado alcance”.
“Está particularmente excluido una forma farmacéutica líquida inyectable como a que estamos tratando del fentanilo. La bio equivalencia no tiene nada que ver acá”, aclaró y sumó: “Todo indicaría que la causa fue el incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control”, ratificó.
Jorgelina D’ Angelo, gerente de Asuntos Regulatorios y directora técnica de Laboratorios Roemmers reafirmó la “importancia del cumplimiento normativo donde el rol de la autoridad sanitaria y de la industria resultan centrales. Es hora de fortalecer ANMAT hay que garantizarle recursos, autonomía y respaldo institucional”.
“Estos hechos investigados por esta comisión estarían plenamente relacionados con el incumplimiento de buenas prácticas de manufactura y control que están establecidos en las normativas”, cerró.
Luego, hablaron Giannina Cinqui y Matías Quiroga, presidenta y vicepresidente de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH). Cinqui sostuvo que “es importante que la autoridad sanitaria nos proteja, nos cuide a los profesionales de la salud, que nos controle, pero que también pueda cuidar a los pacientes y a la población”.
En otro aspecto, la titular de Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital lamentó: “Muy triste lo que ocurrió, sobre todo porque se podría haber evitado y que les costó la vida a muchas personas”. “Hay falta de inversión y políticas que entiendan que la salud es un derecho y que el medicamento es un bien social”, recalcó.
Desde el mismo organismo, su vicepresidente afirmó que “la disposición de farmacéuticos a nivel nacional es escasa”. En esa línea, explicó que “la realidad es que no hay tantos profesionales como la demanda que tenemos, y no hay capacidad con los farmacéuticos que contamos de ocupar todos los puestos sanitarios que se requieren, que es un problema que viene arraigado desde la facultad, que no se ha podido incentivar a los estudiantes para estudiar la carrera de Farmacia, siendo una de las que tiene menor desocupación en el país”.
El doctor Carlos Damin, especialista en toxicología y en salud pública, quien es jefe de la División Toxicología y director del Hospital Fernández, especificó que “el fentanilo es una sustancia muy noble que usamos todos los días hace más de cuarenta años en el país, en los pacientes que ingresan al quirófano, a las terapias intensivas, a las terapias neonatales y en cada una de las cirugías veterinarias”.
Sobre el caso puntual, aseguró que “lo que se rompió con este hecho es la confianza que depositamos cada uno de nosotros en las partes del uso de un medicamento”. “Lo que vino a hacer esta situación es producir un daño inconmensurable, porque lo que provoca es el daño en la gente que ahora pregunta ´ ¿me van a dar fentanilo? ´. Entonces, ¿cómo le explicas a la gente que el problema no fue el fentanilo, que fue la ampolla que produjo un laboratorio y que, en realidad, lo que producían las muertes eran las dos bacterias que estaban acompañadas adentro?", relató el médico Damin.
Antes de concluir su alocución, Damin dejó una reflexión sobre lo ocurrido con el fentanilo adulterado: “Es dramático, no solo por el número de personas que fallecieron, sino por la pérdida de confianza, esta ruptura de confiabilidad, que es una de las cosas que nos ha hecho fuertes siempre, que es nuestra salud pública”.
Asimismo, Mirtha Jaime, representando a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), ratificó que “esto ha sido una gran tragedia”. Luego, al remarcar que “señalamos desde el inicio la crisis que se venía por las políticas de ajuste”, criticó que “hubo un mutismo absoluto de parte del ministro Lugones durante cuatro meses”.
En el marco de una nueva reunión de la comisión investigadora, dieron detalles del proceso de producción de los inyectables.
En el inicio de una nueva reunión de la Comisión Investigadora de los casos de Fentanilo contaminado y/o adulterado, su presidenta, Mónica Fein informó que el lunes por la noche llegaron las respuesta de ANMAT a las preguntas formuladas por esa comisión, y consideró “muy positivo que hayamos obtenido respuesta de cada una de las preguntas”.
Ante la cantidad de reuniones de comisiones previstas para este lunes, que apretaron mucho los tiempos de todos los encuentros, la diputada socialista informó que los representantes de CILFA, Sigman, Malbrán y FESPROSA habían sido citados para la semana venidera.
Y buscaron acordar cuándo será la reunión prevista a realizar en Rosario, resolviéndose que la misma tenga lugar el lunes 3 y se transmita por televisión, de modo tal que pueda ser vista por todos los integrantes de la comisión.
El primero de los invitados a la reunión de este martes era Tirso Vásquez, licenciado en Ciencias Farmacéuticas y Bioquímico, quien explicó cómo funciona el proceso de producción de inyectables. “Es el producto más crítico, los controles o exigencias son las mayores”, explicó el especialista, remarcando que en los casos de inyectables intradérmicos, se aplican de manera indovenosa, una vía de administración que no tiene vuelta. “No hay forma de revertir -por ejemplo con lavado gástrico-, con lo cual las exigencias son las mayores”.
“A su vez, el fentanilo por su naturaleza química tiene la particularidad de que no se puede esterilizar al final del proceso. Un suero, por ejemplo, se esteriliza después de hecha la muestra. En el caso del fentanilo, ese resguardo final no está, con lo cual se hace una elaboración aséptica y la filtración esterilizante con una membrana que no deja pasar la bacteria es una de las fórmulas que tiene para garantizar la esterilidad”, explicó.
Vásquez señaló que por eso participan “operarios altamente calificados”, con vestimenta que no permita la exposición de la piel sobre el medicamento; las áreas donde se hacen son las más exigentes y ese proceso de producción consiste en una ampolla de vidrio lavada y esterilizada. “Tiene un sistema donde siempre está recirculando a temperaturas mayores a 80°, controles en línea, sistema de validación que se va repitiendo en el tiempo y todo eso es parte de las buenas prácticas y hay que cumplirlo”, especificó.
“A su vez está la droga y algún excipiente que lleve -continuó-. Si todos esos componentes están aprobados previamente se mezclan en un reactor y esa solución luego se va a fraccionar. Antes de eso se hace el proceso de filtración esterilizante. Y ese es uno de los procesos que aseguran que en cada una de esas ampollas se inyecta la solución y se cierran con un soplete. Lo hace una máquina -continuó-. Luego se revisan las ampollas, garantizar que sea hermético y que no tenga partículas. Todo automático. Luego queda un proceso de cuarentena, control de calidad toman muestra y analizan según los requerimientos de inyectables”.
Tiene que ser estéril, el ensayo de esterilidad es estadístico, señaló, precisando en ese sentido que se trata de un ensayo que soporta a todo lo demás, que son las buenas prácticas. Esto es, si tienen que controlar ampolla por ampolla, no habría lote.
“Se demora 14 días el ensayo, si no cumplen, no puede salir ese medicamento al mercado”, concluyó el especialista, que agregó que “el registro de lote es totalmente trazable. Ese lote está -si está bien hecho- fielmente documentado en lo que es el registro de lote. Si sale todo bien, se libera y sale al mercado”.
Ante las preguntas de los diputados, Tirso Vásquez aclaró que “está bien especificado en la industria farmacéutica lo que es un lote”. Y respecto a si se puede contaminar una vez que está cerrada la ampolla, aclaró que eso es imposible, ya que la ampolla tiene un soldado a fuego. “Es imposible adulterar una ampolla. Si hubiese sido un frasco ampolla, podemos discutirlo; pero en este caso es un vidrio cerrado, es imposible acceder”, explicó.
El diputado Christian Castillo le preguntó sobre posibles causas, a lo que respondió que “si se cumpliesen las buenas prácticas, no tendría que haber ocurrido nada. Evidentemente algún paso de todos los que nombré no se cumplió”. Al respecto advirtió que algunos sospechan del agua, pero dijo que “es cierto que si hubiese sido eso, los otros lotes también estarían contaminados. En la filtración, si el filtrado es correcto, tendría que haber amortizado la mayoría de las bacterias que podrían haber estado en el agua o la mezcla. Se tendría que haber atenuado. Ese proceso tiene un control que se llama punto de burbuja, ahí podría ser… Si hubiese pasado eso y la contaminación es la que ya está probada, algo en control de calidad no lo detectó”.
La gerente de Asuntos Institucionales de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Victoria Álvarez, enmarcó lo sucedido con el fentanilo como “una tragedia sin precedentes”. En ese sentido, remarcó que “la calidad es y debe ser innegociable, ya que es el principio rector que orienta cada decisión técnica, científica y productiva”. Y, luego, subrayó que “asegurar la calidad no es una etapa puntual del proceso, sino un compromiso transversal que comienza desde el diseño mismo del producto y se sostiene hasta la llegada al paciente”.
“La seguridad del paciente debe ser el centro del sistema sanitario”, afirmó Alvarez, para quien “en Argentina vivimos una situación atípica y podríamos decir peligrosa: no se exige la demostración de equivalencia terapéutica, o bioequivalencia, para todas las copias de medicamento de síntesis química. Esto implica que solo algunas de las copias disponibles del mercado pueden considerarse verderos genéricos, que han demostrado producir un efecto terapéutico equivalente al del medicamento original. Es clave que se exija a todas las copias de medicamentos que demuestren que son tan seguras y eficaces como el original”.
Desde el mismo organismo, CAEME, participó Carolina Sian, su directora de Asuntos Regulatorios, quien señaló que “Argentina tiene normativas respecto a buenas prácticas de fabricación y control que están actualizadas y están al nivel de los estándares internacionales”.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desestimó el pedido de la comisión legislativa que investiga el caso $LIBRA para obligar a declarar a cuatro funcionarios que se ausentaron reiteradamente. Consideró que el Congreso no puede ampliar sus facultades por vía reglamentaria y advirtió sobre posibles violaciones a garantías constitucionales.
En su primera resolución relevante desde que asumió la causa judicial vinculada al caso $LIBRA, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este martes el planteo de la comisión legislativa que solicitaba la comparecencia forzada de cuatro funcionarios públicos ante el Congreso. El magistrado calificó el pedido como “improcedente” y sostuvo que su juzgado no tiene competencia para ordenar ese tipo de medidas.
Martínez de Giorgi argumentó que sería “constitucionalmente inadmisible” que una comisión parlamentaria extienda sus atribuciones mediante normas internas, sin respaldo legal. Esta decisión favorece directamente a Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), Paulo Starc (Unidad de Información Financiera), María Florencia Zicavo (Ministerio de Justicia) y Roberto Emilio Silva (Comisión Nacional de Valores), quienes no asistieron a las citaciones legislativas.
La resolución de 24 páginas, que fue revelada por La Nación, también representa un alivio para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ausentó en dos oportunidades ante la misma comisión.
El juez asumió la causa junto al fiscal Eduardo Taiano, luego de que la jueza María Servini declinara su competencia en favor de Martínez de Giorgi, tras un breve conflicto jurisdiccional con Sandra Arroyo Salgado.
Más allá de declarar su falta de competencia, el magistrado dejó sentada su postura sobre el fondo del asunto: advirtió que obligar a funcionarios a declarar podría vulnerar el principio de no autoincriminación y constituir una intromisión en facultades exclusivas del Poder Judicial, lo que atentaría contra los principios de legalidad y juez natural.
El tema será central en la reunión prevista para este martes a partir de las 16 de la comisión presidida por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que se abocará a definir los próximos pasos a seguir, que podrían incluir una apelación ante la Cámara Federal y la elaboración de un informe parlamentario.
Gisele Oviedo, quien perdió a su hermano, le pidió a la diputada bullrichista borrar una foto que, consideró, la utilizó "de cara a las elecciones".
Durante la reunión de la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado, Gisele Oviedo, hermana de Daniel Oviedo, una de las víctimas fatales, protagonizó un fuerte reclamo hacia la diputada Silvana Giudici (Pro), una de las primeras en recibir en mayo pasado a los familiares de los fallecidos.
"Con mucho respeto le voy a pedir públicamente a la diputada Giudici que borre la foto que retuiteó de la primera reunión que tuvimos con los familiares", pidió y acusó: "La señora de cara a las elecciones usó la foto de las familias y el dolor, y se fue a comer unas empanadas a Olivos".
Oviedo insistió que en "borre las fotos" ya que ella no está "a favor de las ideas de la señora". Y agregó que Giudici "culpó al kirchnerismo", pero "el kirchnerismo fue quien ordenó la trazabilidad de los productos medicinales".
Al momento de responder, Giudici dijo: "Lamento que se haya politizado hasta este punto la exposición de algunos de los familiares porque no era esa la intención". Y señaló que al momento de investigar, "nadie va a preguntar de qué partido es para buscar justicia ni para cumplir el rol que tenemos que cumplir".
"Nadie puede explicarse cómo durante siete años, desde la inauguración y puesta en funciones del laboratorio HLB Pharma, o antes de eso, con el caso del laboratorio Apolo en Rosario, esta gente, delincuentes y asesinos, pueden estar funcionando impunemente en Argentina. Muchos van a tener que dar explicaciones. Pero no podemos circunscribir esto a 18 meses de un gobierno. Creo que hay una línea de complicidades y omisiones evidentes que serán explicadas en la justicia", continuó.
La legisladora bullrichista afirmó que la intención "es ponernos a disposición de las familias, de la sociedad, trabajar con absoluta ecuanimidad y dejar las banderías políticas fuera de esta comisión".
"Las banderías políticas las trajo usted cuando nos dijo que teníamos que recusar al juez de la causa porque era kirchnerista", replicó Oviedo en referencia al magistrado Ernestro Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
Así se determinó este martes en la Comisión Investigadora, que recibió a familiares. Una comitiva de ocho legisladores visitará este jueves al magistrado Ernesto Kreplak.
Foto: HCDN
En su segunda reunión, la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado recibió a familiares de víctimas, acordó numerosos pedidos de informes que se girarán a distintos ámbitos y se informó que una comitiva de ocho legisladores -uno de cada bloque- se reunirán este jueves a las 10.30 con el juez Ernesto Kreplak, a cargo de la causa.
Tras anunciar esto, la presidenta de la comisión, Mónica Fein (EF), sugirió a los diputados "leer el expediente" y dijo que buscarán tener contacto con la investigación judicial para saber "qué podemos hacer desde el Poder Legislativo" en cuanto a legislación necesaria para evitar otra tragedia de este tipo.
Además de nuevos pedidos de informes al Ministerio de Seguridad, la ANMAT y las provincias "mencionadas en el expediente" judicial, en la próxima reunión citarán a más familiares; a la directora del Instituto Malbrán, Claudia Perandones; y a Luis García Sigman, experto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para que exponga sobre proyectos de control de drogas sintéticas (previamente había estado en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico).
También varios legisladores coincidieron en solicitar que el Ministerio de Justicia arbitre todos los medios necesarios -que rigen por ley- para asistir a las víctimas.
Por el oficialismo, la diputada Nadia Márquez (LLA) solicitó pedir "la denuncia penal que hizo la ANMAT, que da inicio a la causa; informes a la justicia del cuerpo médico forense -si no están reservados-; informes al Malbrán, informes al Ministerio de Seguridad sobre la trazabilidad de precursores químicos y posibles o eventuales desvíos al mercado ilegal, informes a la ANMAT y al Ministerio de Seguridad sobre el plan de recupero de las ampollas a nivel federal, a los Ministerios de Salud de las provincias sobre la trazabilidad del fentanilo en cada una de las jurisdicciones, y saber qué provincias adhirieron a la nueva disposición de trazabilidad digital. Luego de una intervención de Pablo Juliano (DpS), sumaron pedir la resolución judicial donde se quitó a la ANMAT como querellante.
Durante la participación de los legisladores, Victoria Tolosa Paz (UP) aseguró que el trabajo de la comisión será contribuir "en la mejora de las leyes y normas, que es lo que nos compete como diputados nacionales" para legislar "independientemente de quién gobierna".
Tras el fuerte intercambio que una familiar tuvo con la diputada Silvana Giudici (Pro), la bonaerense llamó a "dar por desterrado cualquier utilización de algún partido político en la responsabilidad penal". "Debemos buscar qué falló, no en este Gobierno, sino que le falló a la Argentina", dijo, aunque afirmó que la gestión actual tiene igualmente responsabilidades.
Por su parte, la legisladora Paula Oliveto (CC) advirtió sobre la falta de auditorías, que hubieran servido de prevención, y sin embargo "este Parlamento sigue sin nombrar auditores". "Si el Ministerio de Justicia hiciera su trabajo hoy, estos familiares tendrían psicologos a disposición", añadió.
La porteña aseguró que en este caso "fallaron los mecanismos de control" y "están fallando las responsabilidades administrativas y políticas, que es lo que nosotros tenemos que evaluar acá".
A su turno, Juliano recordó que el Poder Ejecutivo nunca respondió el pedido de informes que se le envió por escrito y que, junto a sus pares Marcela Coli y Mariela Coletta, redactaron uno nuevo. "Ya no 30, sino 56 preguntas", detalló y apuntó que buscan conocer si hay irregularidades en otras drogas.
Sobre esto, apuntó que el Ministerio Público Fiscal confirma que había "irregularidades desde 2018" y se registraron "65 expedientes administrativos vinculados a reportes de desvío de calidad, reacciones adversas o medicamentos presuntamente adulterados", no solamente fentanilo.
Además, el radical pidió citar a funcionarios del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desregulación, de la ANMAT, expertos, terapistas, bioquímicos, farmacéuticos y miembros de la junta médica de peritos que actúan en la causa.
En tanto, el legislador Christian Castillo (FIT) señaló que hay que investigar sobre "las responsabilidades del Ministerio de Salud, la ANMAT y el INAME". Luego, se preguntó: "(Ariel) García Furfaro compraba voluntades para que no lo investiguen, no lo controlen, para comprar negocios? Es un área de investigación que hay que pensar y ver a quién preguntarles".
El dolor de los familiares
En la primera parte del encuentro se le dio la palabra a los familiares de las víctimas. Roxana Sandra Altamirano, madre de Daniel Sebastián Oviedo, quien falleció el 17 de mayo en el Hospital Italiano de La Plata, expresó: "Nuestro pedido es la trazabilidad del fentanilo y toda la cadena de medicamentos que correspondan, para que esta desgracia no vuelva a pasar".
"Es un momento muy difícil, es como que volvemos a perderlo. Estoy muy enojado por el destrato. Esto fue un destrato terrible, todavía no le conocemos la cara al ministro de Salud, nunca se comunicaron con nosotros", cuestionó Gustavo Oviedo. También habló su hija, Gisele Oviedo, quien se cruzó duramente con Giudici.
A su turno, Alejandro Nahuel Ayala, hermano de Esteban Ayala, abogó por que la comisión sirva para que "se conozca la verdad sobre este estrago doloso" que fue "un atentado contra la salud pública". "Estos labortorios operaban con irregularidades. Según el Ministerio Público Fiscal, desde 2018 hasta junio de 2025 se reportaron más de 276 expedientes en todo el país, que denunciaban la falta de elaboración de productos medicinales en ampollas y pasó inadvertido", señaló.
Además, denunció que "un organismo tan importante para dar seguridad a un pueblo (en referencia a la ANMAT), hizo omisión". "Confiamos en que esta comisión sea productiva para poder acompañar y colaborar con la justicia y las familias que aún no han recibido ninguna atención, ningún llamado, que no tienen asesoramiento jurídico ni asistencia psicológica", agregó.
"Todos sienten solidaridad con los familiares cuando pasan este tipo de masacres, pero quiero que trabajen sintiendo que fueron familiares de ustedes, así lo hacen con el dolor que lleva esto. Lo único que queremos es justicia, colaborar y trabajar para que esto no vuelva a ocurrir", manifestó Mariano Rossetti, hijo de Luis Rossetti, fallecido por el fentanilo contaminado.
La oposición resolvió convocar a la secretaria General de la Presidencia para el 23 y 30 de septiembre al Congreso. En caso que no lo haga, podrían ir autoridades de la comisión a tomarle testimonio.
Fotos HCDN
Tras el faltazo de dos funcionarios citados para este martes en la Comisión Investigadora $LIBRA de la Cámara de Diputados, la oposición resolvió avanzar con la citación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: se votaron dos fechas posibles y se decidió que, en caso de que no concurra, las autoridades de la comisión podrían constituirse en Casa Rosada para tomarle testimonio.
El primero en pedir que se defina con anticipación la convocatoria a la hermana del presidente fue el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, que propuso los próximos martes 23 y 30 de septiembre. "Si no puede en esas dos fechas que nos haga una contrapropuesta", dijo.
Luego, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade planteó una "tercera opción para que quede indiscutida la voluntad de que queremos testimonio y ningún tipo de sangría". De esta manera, sugirió que "las autoridades de esta comisión se constituyan en la Casa Rosada y le tomen declaración en día y hora que ella pueda".
"Me parece que esto es una salida para que la señorita no tenga que moverse y perder tiempo, pero que tenga todas las garantías para poder declarar", lanzó irónica. Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo recomendó unir ambas propuestas y poner como límite la declaración de Karina "no más allá de la primera semana de octubre".
A mano alzada, la propuesta se votó por mayoría. En la reunión estuvieron ausentes los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados que se oponen a la investigación. Aunque participó durante un tramo el radical "peluca" Mariano Campero y votó en contra de una moción.
No obstante, al arco opositor se sumó para el quórum y las votaciones posteriores la salteña Yolanda Vega, del bloque Innovación Federal, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz, que viene de tensiones con el Gobierno nacional en el último tiempo y recientemente tuvo fuertes declaraciones en contra de la gestión libertaria.
Incluso, Vega formará parte de una subcomisión que se aprobó a pedido del diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, quien también la integrará, junto a Frade, Fernando Carbajal y Sabrina Selva. Tendrán como tarea "tomar contacto con la causa judicial en Argentina" que tramita en el juzgado de la jueza federal María Servini de Cubría, en la que se investiga una presunta estafa a través de la criptomoneda que Javier Milei promocionó en su cuenta de X el pasado 14 de febrero.
La reunión arrancó con numerosas críticas a los funcionarios que habían sido citados y decidieron no concurrir: Alejandro Melik, titular de la Oficina de Anticorrupción, y Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que el Gobierno había creado para autoinvestigarse en el caso. Funcionó por tres meses y luego no se conocieron sus conclusiones. La comisión resolvió volver a citarlos a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
"Es inaudito que los primeros dos funcionarios que citamos y se niegan a venir son justamente los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación del caso $LIBRA", enfatizó Selva.
La diputada de Unión por la Patria recordó que "en una decisión con muy pocos argumentos", la OA llevó adelante una investigación que "se refirió exclusivamente a la actuación del presidente Javier Milei y el exasesor de la Comisión de Valores Sergio Daniel Morales". "Casualmente dejan afuera a una funcionaria que tiene mucho para explicar", dijo en alusión a Karina.
Al mencionar que a la UTI se le puso fin en mayo, la bonaerense indicó que "no tuvimos acceso a los informes ni de la OA ni de la UTI". "Queda en evidencia que no quieren explicar", se quejó y cuestionó que ambos intentaron -mediante una medida cautelar- "que la justicia los absuelva de la obligación de comparecer".
"Nos encantaría ir a buscar con un patrullero a la secretaria General de la Presidencia para que de una vez dé la cara y explique, pero no es la facultad que nos estamos arrogando", aclaró y pidió insistir en la citación a Melik y Zicavo.
"No podemos permitir que se nieguen a asistir", exclamó Carbajal y rechazó las notas enviadas por ambos. "Pretenden responder algunas dudas por escrito pero no saben lo que les vamos a preguntar", señaló el diputado de Democracia para Siempre y requirió una "segunda citación bajo apercibimiento".
A su turno, Frade consideró que "Melik tiene mucho que decir y también tiene mucho que ocultar. Y esta es la prueba más acabada, que no están acá. Él habla de que se está duplicando la investigación judicial. Ellos duplicaron, pero para ellos el Congreso no tiene facultades para duplicar".
"Merecen todo el repudio de esta Cámara y este funcionario no debería estar en un Estado de Derecho en su cargo ni un minuto más, porque es nada más y nada menos que el titular de la OA y está cubriendo un posible hecho de corrupción", remarcó.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, reveló incluso que las notas excusándose "entraron por expedición", por eso "no revisten los aspectos legales necesarios que debieran haber cumplido; no ingresaron por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados ni por la secretaría de la comisión".
Al comienzo de la reunión también se aprobaron oficios a cuatro empresas de billeteras virtuales involucradas al caso $LIBRA (Belo App, Buenbit, Ripio y Lemon Cash Argentina).
“El rol de la OA no fue el que debía haber sido”
Único testigo en declarar este martes, el exsubsecretario de Integración y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, Luis Francisco Villanueva, aseguró que el organismo "tenía la responsabilidad de tomar una serie de medidas para que los casos de conflictos de intereses estén debidamente controlados y sean prevenidos". En ese sentido, "debería haberle pedido al presidente, al momento de asumir el cargo, que informe cuáles eran sus clientes. Luego, podría no haber pubicado esa información, haberla reservado".
En esa línea, insistió con que la OA "podría haber hecho una serie de medidas preventivas para que asegurar que el presidente no interviniera en relaciones comerciales con personas involucradas previamente".
"Hay que hacer un ejercicio de imaginación bastante importante para desagregar a una persona de lo que dice su cuenta de X", opinó y afirmó que el organismo "no tomó medidas absolutamente indispensables para saber si se habían cometido o no delitos".
El exfuncionario criticó que la OA "aportó cero información relevante a la UTI y hasta incluso confundió a la fiscalía" cuando "no detectó en todos los meses que Julian Peh no se llamaba así", por ejemplo, en alusión al CEO de Kip Protocol vinculado al lanzamiento de $LIBRA, quien resultó ser Peh Chyi Haur.
Villanueva subrayó que en “la prevención, investigación del conflicto de intereses o violación de la Ley de Ética Pública, y en la investigación penal claramente el rol de la OA no fue el que debió haber sido”.
"No analizó cuestiones que era muy claras" y "no se tomó ni una sola declaración testimonial, cuando la OA está facultada para hacerlo", agregó.
Ante una pregunta de Sabrina Selva sobre si Karina Milei "tendría que haber sido una de las funcionarias investigadas por la OA", el testigo respondió: "Sí, creo que sí". Aunque señaló que los primeros días "no había motivos suficientes", posteriormente consideró que sí, al aparecer señalada como "un filtro para reunirse con el presidente".
En otro tramo, el exsubsecretario dijo: "Creo que están dadas las pruebas de una negociación incompatible, una persona que se puso en un lugar a los efectos de usar su cargo y que otro obtenga un beneficio de eso, hacer un negocio con eso".
Este martes tampoco asistió -por cuestiones de salud- José Massoni, creador y primer titular de la Oficina Anticorrupción durante el Gobierno de la Alianza, entre 1999 y 2002. Así lo comunicó el presidente de la comisión, pero envió una nota vía mail que fue leía por secretaría. En la misiva, Massoni consideró que la investigación que puede resultar “fundamental para que los ciudadanos conozcan la actuación de sus mandatarios y de los funcionarios investigados”.
“La creación de esta comisión no viola la división de poderes. Esto conduce al gran poder que puede ejercer la comisión desde el punto de vista político porque tiene la facultad de mostrar públicamente la perpetuación de actos corruptos rápidamente”
“Sera de suma utilidad para el abordaje del tema en estudio examinar los hechos que aparezcan aprobados desde la perspectiva de la Ley de Ética Pública. Nos hallamos ante un caso paradigmático de su violación y proponer las penalidades que prevé para lo ocurrido para los autores partícipes”, planteó.
El primer extitular de la OFI remarcó que “lo relativo a la interpretación de lo que implica ser funcionario público o los espacios de reserva de su privacidad mientras se ejerce en el cargo, no siento más que vergüenza al observar la actuación de la actual gestión”.
“Al momento de analizar la actuación del presidente Milei en el caso Libra interpretar que sus expresiones realizadas en las redes sociales, así como su actuación concorde en Casa Rosada, en realidad corresponden a su esfera privada que no constituyen actos de gobierno y que por ello están exentas del control de la OA”, criticó.
Massoni expresó: “Me causa peor estupor que quiénes son elegidos en semejante puesto, el cargo más honorable al que puede aspirar un argentino, asumen una serie de obligaciones éticas que alcanzan la totalidad de su tiempo, su palabra, con independencia de la plataforma donde se expresan”.
El funcionario planteó dos hipótesis: “Si se perpetuó una estafa, artículo 172 y concordantes del Código Penal, no menos que de alguna manera intervinieron en el armado del engaño el presidente de la nación y personal de su entorno cercano pudo ser coautor o partícipe necesario o partícipe secundario, artículo 45 y 46 del mismo código”.
“En el caso extremo atendiendo a las reglas del debido proceso y el principio de inocencia su declaración le daría la posibilidad de alegar haber sido una víctima de un ardid. Si este insólito último camino intentara, estaría aceptando que lo engañaron como presidente en una operación financiera que tendría efectos sobre innumerables terceros”, planteó como segunda alternativa.
Massoni remarcó que “no actuó como persona privada, sino que fue en carácter de presidente en nuestra República lo que lo hizo indudablemente público consecuencias penales. No hay calificativo para la confusión entre el ámbito público y privado que tendría, además, la persona que ocupa la jerarquía del Estado”.
“Es imprescindible contar con la explicación personal de los implicados y los posibles careos o pedidos de aclaraciones cuando se produzcan contradicciones de lo acontecido que ustedes deben conocer”, sugirió.
A través de una nota le reclamaron al diputado Nicolás Mayoraz que llame a un plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones para avanzar con la creación de una comisión investigadora del caso.
Familiares de víctimas del fentanilo contaminado le reclamaron este lunes al diputado oficialista, Nicolás Mayoraz, que convoque a la comisión que preside, la de Asuntos Constitucionales, a fin de que en un plenario junto a Peticiones, Poderes y Reglamento pueda dictaminar un proyecto para crear una comisión investigadora del caso.
Tras dos reuniones informativas de la Comisión de Peticiones, a cargo de la macrista Silvia Lospennato, los familiares pidieron no dilatar más el trámite parlamentario.
"Nos dirigimos a usted en representación de las familias víctimas del fentanilo adulterado, con el propósito de solicitar su intervención para agilizar la convocatoria al plenario conjunto de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que usted preside, y la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, para avanzar con el dictamen de creación de la Comisión Investigadora del fentanilo adulterado", arranca la misiva.
En la misma recordaron que "el proyecto fue derivado tanto a la Comisión de Asuntos Constitucionales como a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Se esperaba que la presidencia de la Cámara autorizara el cambio de giro para devolver la cabecera del proyecto a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, pero hasta la fecha se han presentado interferencias que han dificultado este camino".
Los familiares destacaron que Lospennato "convocó a una primera reunión de esta Comisión ante la urgencia del tema; allí planteó que iba a hablar con usted para realizar un plenario conjunto de ambas comisiones para poder dictaminar, ya que pese al reclamo y a la solicitud de que la cabecera volviera a la comisión, esto no había ocurrido". "Sin embargo, usted no convocó y la reunión del pasado 4 de septiembre fue solo de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, con lo cual no pudo lograrse dictamen para llevar prontamente al recinto", señalaron.
"Dado que la ausencia de convocatoria de la Comisión que usted preside retrasa la creación de la Comisión Investigadora al menos 20 días, y considerando que el proyecto corre el riesgo de diluirse en diciembre con el cambio de composición en la Cámara, solicitamos su colaboración urgente para: convocar a plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento a la brevedad", pidieron.
También le solicitaron "garantizar que en ese plenario se pueda dictaminar la aprobación de la Comisión Investigadora sobre el fentanilo adulterado" y "asegurar que la convocatoria se realice la semana siguiente, evitando demoras que puedan afectar la investigación y justicia para las familias afectadas".
"Confiamos en su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado, y le agradecemos de antemano su colaboración para avanzar de manera urgente en este asunto de máxima prioridad", concluyeron.
El presidente de la Comisión Investigadora $LIBRA salió a responder opiniones formuladas en la TV. "Corresponde ejercer el derecho a réplica y, sobre todo, a no faltar a la verdad", expresó.
El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro salió este viernes a responderle a su par Gerardo Milman y periodistas de TN, luego que cuestionaran la citación a Karina Milei a la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, la cual él preside.
Durante el programa que conduce Jonatan Viale se pasó un fragmento de una entrevista a Ferraro, donde señala que al ser funcionaria pública, en caso de negarse, se podría pedir auxilio a la fuerza pública para que la secretaria de la Presidencia y hermana de Javier Milei, concurra a la comisión, de acuerdo al reglamento aprobado.
Tras ello, la mesa debatió sobre lo que esto implicaría y Milman expresó: "La explicación va a estar el domingo. En el resultado del domingo va a estar la explicación de por qué necesita cámara y hacer cosas grandilocuentes".
Este viernes, a través de un extenso posteo, Ferraro salió a responder. "Derecho a réplica y a no faltar a la verdad", tituló el cívico, quien rechazó: "Ayer, en televisión, el diputado Milman junto a los periodistas @JonatanViale @morandolucas y @guadavazquez hablaron de la Comisión LIBRA y de mi rol como presidente de ella, acusándome de arrogarme facultades judiciales, mentiras y de montar un show político y electoralista".
"No puedo dejar pasar esas afirmaciones sin contestar. Corresponde ejercer el derecho a réplica y, sobre todo, a no faltar a la verdad. Esto nada tiene que ver con el caso Spagnuolo, como se afirmó antes de la presentación del recorte de la entrevista", explicó para diferenciar los casos, aunque en ambos esté implicada Karina Milei.
El presidente del partido de la CC a nivel nacional indicó que "las comisiones investigadoras son un instrumento constitucional de la función de contralor del Congreso" y "es absolutamente falso que estemos arrogándonos atribuciones judiciales, vamos a determinar responsabilidades políticas. Esta comisión no es ni será la excepción: sigue a rajatabla los antecedentes de otras comisiones investigadoras, como la de Antilavado, la del ARA San Juan, u otras".
"En la Coalición Cívica no somos oportunistas ni republicanos intermitentes y de ocasión", resaltó e insistió que "lejos de ser una excepción, la Comisión LIBRA se inscribe en una tradición política de contralor institucional republicano: hemos promovido una gran cantidad de comisiones investigadoras, desde la comisión Antilavado en 2001, pasando por el vaciamiento y venta de YPF, el suministro de vacunas en pandemia, la corrupción en obra pública de De Vido, el encubrimiento del narcotráfico, la corrupción en los subsidios al gasoil, el reparto irregular de fondos de vivienda y Sueños Compartidos, el negocio de los juegos de azar, el atentado a la AMIA, las restricciones a la libertad de expresión, etc.".
Al reivindicar la tarea de su espacio, recordó: "También promovimos juicios políticos a los principales funcionarios responsables de los más graves atropellos y casos: Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, De Vido, Lorenzetti, Trotta, Frederic, Gils Carbó, Timerman y otros".
"En plena pandemia, mientras muchos solo bravuconeaban en televisión, yo fui de los poquísimos -me sobran dedos de una mano- que, con Mónica Frade y Rubén Manzi, viajamos a Santiago del Estero y Formosa para denunciar las violaciones a los DD.HH.", lanzó contra sus exsocios de Juntos por el Cambio. Y agregó: "Impulsé la apertura de las escuelas y el juicio político al ministro Trotta, y además presentamos amparos y rechazos a los DNU inconstitucionales que imponían prohibiciones excesivas durante el aislamiento".
Yendo a la cuestión, el legislador subrayó que "Karina Milei está obligada por sus deberes de funcionaria pública con absoluto respeto del debido proceso". "La Comisión cumple con su deber al requerir su presencia, ni más ni menos. No existe un 'tratamiento especial' para nadie: todos somos iguales ante la ley. Que los funcionarios del Gobierno se nieguen a concurrir al Congreso para brindar explicaciones políticas es inaceptable", sostuvo.
"Siguiendo la doctrina de especialistas como Schinelli, Badeni, Solá, Midón y Manili, en el reglamento de la Comisión LIBRA fuimos más estrictos que en otras antecedentes: toda medida que requiera del auxilio de la fuerza pública debe contar con autorización judicial previa. Nos autolimitamos expresamente para resguardar las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional", aclaró.
Además, Ferraro indicó que a la hermana del presidente "no se la cita por supuestas coimas, sino por sus responsabilidades políticas en el caso LIBRA. Nunca hablé de Spagnuolo en la entrevista, pero aprovecho, no tengo la culpa si este señor tuvo más ingresos y reuniones en Olivos con Javier Milei que varios ministros del propio gabinete".
"No hay especulación ni 'timing' electoral. Si la Comisión LIBRA está trabajando ahora y no antes, es consecuencia de la decisión del Gobierno, de La Libertad Avanza y de sus aliados, que durante tres meses bloquearon la investigación", afirmó.
Finalmente, expresó que desde la CC "lo único que nos interesa es la verdad, son 25 años denunciando la corrupción y reclamando justicia, sea quien sea el gobierno de turno. No vamos a cambiar por el clima de época, por intereses electorales, por plata ni por cargos. Los hechos son sagrados. Good show".
Diputados de distintos bloques debatieron la creación de una comisión especial para esclarecer los hechos vinculados a la aplicación de fentanilo adulterado en el sistema de salud. Familiares de víctimas, referentes del Congreso y legisladores coincidieron en la urgencia de avanzar con la investigación.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, presidida por Silvia Lospennato (Pro), retomó el análisis de los proyectos que proponen la conformación de una Comisión Especial Investigadora sobre la comercialización y uso de fentanilo contaminado en instituciones sanitarias.
Durante la reunión hubo fuertes críticas a la postura del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que sigue sin convocar a su comisión para poder avanzar con el dictamen. Esto viene sucediendo desde la semana pasada, siendo la excusa que Mayoraz es miembro de la Convención Constituyente en Santa Fe, y esas tareas lo obligan a permanecer allí. Pero todos dejaron claro que es la excusa del oficialismo para evitar avanzar con la comisión.
De hecho, la propia Lospennato reconoció que su comisión debería ser la cabecera y no Asuntos Constitucionales, como se le asignó desde la Presidencia de la Cámara.
“Hoy no vamos a poder emitir dictamen, pero sí vamos a agotar el análisis de este tema y elevar un informe. Luego dependerá de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocar para dictaminar”, explicó Lospennato al inicio del encuentro. “Le hemos enviado tres notas al diputado Mayoraz”, señaló la diputada del Pro para ratificar de quién era la responsabilidad de no poder dictaminar. “No quiero hacerme cargo de algo que no tengo que hacerme cargo”, aclaró.
La comisión ya había recibido a familiares de las víctimas, quienes respaldaron la iniciativa mediante una carta en la que reclamaron “compromiso y acción inmediata” ante la gravedad del caso.
Como sea, todos coincidieron en que tendrán que terminar emplazando a Asuntos Constitucionales para poder dictaminar.
Se debatió mucho sobre los proyectos para crear la comisión investigadora. Y como todo indica que habría dos textos, Lospennato calculó que no habría mayor trabajo en consensuar un solo proyecto, ya que las diferencias no eran insalvables.
Sobre la comisión investigadora que se crearía, Juan Manuel López (CC) dijo que le parecía mucho para una comisión investigadora 31 miembros. Pero luego de la experiencia de la Comisión de Juicio Político, que trabajó todo 2023 con el juicio a la Corte Suprema, revirtió su pensamiento, concluyendo que se puede trabajar muy bien con esa cantidad de legisladores.
Durante el debate, el diputado Fabio Quetglas (UCR) recordó que el tema salió a la luz gracias a una investigación periodística que reveló “una verdadera tragedia humana con responsables”. “El número de víctimas no está determinado con exactitud, pero es agraviante”, advirtió.
Por su parte, María Luján Rey, directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara baja, destacó la importancia de que las víctimas tengan representación en el tratamiento legislativo de estos temas. “Podemos ser un puente con las familias, que muchas veces quieren impulsar proyectos para evitar que estas situaciones se repitan”, señaló.
Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo expresó que “todos queremos investigar algo de enorme gravedad” y subrayó el interés de los familiares en que se llegue “hasta el final” en la búsqueda de responsabilidades.
Victoria Tolosa Paz (UP) remarcó que, ante la diversidad de proyectos presentados, se trabajó en una síntesis para dar una respuesta concreta. “El 8 de abril se aplicó la primera ampolla en el Hospital Italiano de La Plata. El 13 de mayo ANMAT denunció el contenido adulterado. Ya pasaron meses. Necesitamos avanzar”, reclamó.
También se pronunció Silvana Giudici (Pro), autora de otro proyecto, quien detalló los delitos que podrían imputarse a los 17 acusados: producción, distribución y comercialización de medicamentos adulterados; tráfico de estupefacientes; y falsificación de pruebas. “El mayor aporte que podemos hacer es generar una comisión que dé respuestas a los familiares sin entorpecer la causa penal”, concluyó.
La reunión está citada para las 14. En la última sesión se aprobaron los cambios reglamentarios para destrabar el empate. Quedará en manos de la oposición.
En un momento delicado para el Gobierno, a raíz del escándalo de los audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición en el Congreso activará este jueves una instancia resistida por el oficialismo durante todo el año: la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA.
Tras la resolución votada en la última sesión, la comisión se reunirá para comenzar a funcionar, con la elección de sus autoridades y un cronograma de trabajo. Está citada para las 14 en el segundo piso del Anexo "C".
Trabada desde abril pasado por el empate que se había dado entre los integrantes que promovían la investigación y el oficialismo y sus aliados que la resistían, la comisión estará activa ahora en plena campaña electoral y con las denuncias sobre la ANDIS también en agenda.
El escándalo sobre $LIBRA, que estalló en febrero con un posteo del propio presidente Javier Milei en la red social X promocionando el token que rápidamente se desplomó y afectó a miles de inversores en Argentina y el mundo, fue producto de varios reclamos de la oposición, que se tradujeron en pedidos de informes, una interpelación a Guillermo Francos -pues otros funcionarios, como Karina Milei, no asistieron- y la creación de esta comisión.
La paridad entre oposición y oficialismo provocó que la comisión no pueda designar nunca un presidente y, aparte de la primera reunión del 30 de abril, hubo dos más por emplazamiento del pleno: el 10 de junio -cuando se volvió a fracasar en la votación de autoridades- y el 25 de junio, cuando por más de 10 horas asistieron periodistas, especialistas informáticos y damnificados por la operación $LIBRA a brindar testimonios.
De acuerdo a la resolución que se aprobó en la última sesión por 138 votos positivos, 91 negativos y 7 abstenciones, la comisión investigadora "designará a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos de sus miembros" y "en caso de empate para elegir presidente, el cargo se asignará al candidato que sea respaldado por los miembros cuyos bloques parlamentarios, sumados, tengan la mayor cantidad de diputados en el pleno de la Cámara". Desde Unión por la Patria han propuesto desde un comienzo a la massista Sabrina Selva.
Por otra parte, el quórum para sesionar será el establecido en el artículo 108 del reglamento, mientras que "la comisión tomará sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, salvo aquellas para las que se establezca expresamente una mayoría calificada". "En caso de empates, la decisión mayoritaria será la que cuente con la firma o el voto del presidente de la comisión, incluyendo la emisión y elevación del informe final", aclara.
En cuanto al plazo de la investigación, éste será hasta el 10 de noviembre de este año. "Una vez agotado el objeto de la investigación, o alcanzada dicha fecha -lo que ocurra primero-, y dentro de los 10 días corridos, deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos", agrega.
El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para conformar en la Cámara baja una comisión especial que indague las denuncias de presunta corrupción en la ANDIS. El pedido apunta a esclarecer el rol de funcionarios de primera línea del Gobierno, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
En medio de la polémica por los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que derivaron en su inmediata remoción del cargo, el diputado socialista Esteban Paulón impulsó la creación de una Comisión Investigadora en el ámbito de la Cámara de Diputados.
El proyecto, acompañado por las diputadas Margarita Stolbizer, Mónica Frade, Sabrina Selva y Mónica Fein, busca esclarecer un presunto esquema de corrupción que, según el propio Spagnuolo, involucraría negociados con laboratorios y derivaría en el pago de coimas con “porcentajes y nombres propios”.
La iniciativa plantea que la comisión tenga amplias facultades: desde pedir informes a organismos públicos y privados, recibir denuncias y convocar a funcionarios, hasta recurrir a organismos internacionales especializados en lucha contra la corrupción. El cuerpo legislativo tendría tres meses de trabajo para emitir un informe final, con la posibilidad de denunciar penalmente a los responsables si se detectan delitos.
El proyecto fundamenta que, lejos de haber promovido una denuncia formal, el presidente Javier Milei se limitó a desplazar a Spagnuolo en la madrugada del 21 de agosto, lo que —según los autores de la propuesta— constituye “una confirmación indirecta de la veracidad de lo ventilado”.
Entre los funcionarios que la oposición considera clave citar figuran la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; el ministro de Salud, Mario Iván Lugones; y el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.
De aprobarse la resolución, cada bloque designará representantes para integrar la comisión, que deberá constituirse en el plazo de una semana. Su misión será desentrañar un escándalo que ya salpica al corazón del Poder Ejecutivo y que promete abrir un frente de alta tensión política en el Congreso.
La reunión fue convocada a las 14. En la última sesión se aprobaron los cambios reglamentarios para destrabar el empate.
En las últimas ocasiones, la comisión fue conducida por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán
En la última sesión de la Cámara de Diputados, la oposición logró aprobar un proyecto clave para la resurrección de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que volverá a funcionar, esta vez ya con autoridades al frente, a partir de este jueves. La reunión fue citada a las 14 en el segundo piso del Anexo "C".
Trabada desde abril pasado por el empate que se había dado entre los integrantes que promovían la investigación y el oficialismo y sus aliados que la resistían, la comisión estará activa ahora en plena campaña electoral y en medio de otro dolor de cabeza para La Libertad Avanza: la revelación de audios que hablan de una presunta red de coimas en la ANDIS.
El escándalo sobre $LIBRA, que estalló en febrero con un posteo del propio presidente Javier Milei en la red social X promocionando el token que rápidamente se desplomó y afectó a miles de inversores en Argentina y el mundo, fue producto de varios reclamos de la oposición, que se tradujeron en pedidos de informes, una interpelación a Guillermo Francos -pues otros funcionarios, como Karina Milei, no asistieron- y la creación de esta comisión.
La paridad entre oposición y oficialismo provocó que la comisión no pueda designar nunca un presidente y, aparte de la primera reunión del 30 de abril, hubo dos más por emplazamiento del pleno: el 10 de junio -cuando se volvió a fracasar en la votación de autoridades- y el 25 de junio, cuando por más de 10 horas asistieron periodistas, especialistas informáticos y damnificados por la operación $LIBRA a brindar testimonios.
De acuerdo a la resolución que se aprobó en la última sesión por 138 votos positivos, 91 negativos y 7 abstenciones, la comisión investigadora "designará a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos de sus miembros" y "en caso de empate para elegir presidente, el cargo se asignará al candidato que sea respaldado por los miembros cuyos bloques parlamentarios, sumados, tengan la mayor cantidad de diputados en el pleno de la Cámara". Desde Unión por la Patria han propuesto desde un comienzo a la massista Sabrina Selva.
Por otra parte, el quórum para sesionar será el establecido en el artículo 108 del reglamento, mientras que "la comisión tomará sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, salvo aquellas para las que se establezca expresamente una mayoría calificada". "En caso de empates, la decisión mayoritaria será la que cuente con la firma o el voto del presidente de la comisión, incluyendo la emisión y elevación del informe final", aclara.
En cuanto al plazo de la investigación, éste será hasta el 10 de noviembre de este año. "Una vez agotado el objeto de la investigación, o alcanzada dicha fecha -lo que ocurra primero-, y dentro de los 10 días corridos, deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos", agrega.
Sobre la mesa hay tres proyectos, presentados por el Pro, UP y DpS. La reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento será este martes a las 14.
Con tres proyectos sobre la mesa, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de Diputados, presidida por Silvia Lospennato (Pro), debatirá este martes, desde las 14, la creación de una comisión investigadora sobre el caso del fentanilo contaminado, por el cual ya hay casi un centenar de muertes en todo el país.
Además de presentar un extenso pedido de informes al Poder Ejecutivo, la Cámara baja discutirá la necesidad de conformar un grupo especial, que tenga un plazo de tres meses para recabar datos y elaborar en 30 días un informe final.
Las iniciativas de Silvana Giudici (Pro) -la más antigua, presentada a finales de mayo- y de Pablo Juliano (Democracia para Siempre) coinciden en esos tiempos, al igual que en la integración que deberá tener dicha comisión.
Según los proyectos, deberán conformarla 2 representantes por cada bloque o interbloque que cuente con más de 5 miembros; 1 representante por cada bloque o interbloque con menos de 5 miembros; y por cada 20 diputados que integren un bloque, se sumará un miembro adicional. En tanto, el presidente, vicepresidente y secretario se elegirán por mayoría de votos.
En el caso de Juliano, prevé qué sucedería en caso de empate para la elección de autoridades, algo que trabó el funcionamiento de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA.
"En caso de empate en la elección de la presidencia, será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Honorable Cámara. La vicepresidencia corresponderá al otro miembro propuesto para la presidencia, y la secretaría será asignada a un miembro propuesto por el conjunto de bloques que hayan impulsado al presidente designado", reza el texto del radical crítico.
En las iniciativas se faculta a la comisión investigadora a remitir oficios y solicitar informes a distintos organismos; convocar a funcionarios públicos y terceros interesados; y recibir denuncias, entre otras atribuciones.
El proyecto encabezado por el jefe de DpS agrega que se podrá "solicitar la colaboración de organismos internacionales relacionados con la lucha contra el narcotráfico y la venta ilegal de medicamentos, así como expertos en el control de este tipo de drogas en el mercado legal".
Ambos proponen la investigación sobre el funcionamiento del laboratorio HLB Pharma, involucrado en la distribución de los lotes contaminados y cuyos dueños fueron detenidos el pasado miércoles 20 de junio. Mientras que Juliano también apunta al accionar de la ANMAT.
Precisamente sobre la responsabilidad de este organismo de control se centra el tercer proyecto, presentado por el diputado Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), quien plantea una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, a integrarse por dos legisladores de cada bloque que sean parte de esa comisión permanente.
La iniciativa fue presentada por el bloque Democracia para Siempre, desde donde sostuvieron que "el Congreso debe abocarse a investigar este hecho gravísimo".
Pablo Juliano y Marcela Coli, diputados de Democracia para Siempre
El bloque de diputados de Democracia para Siempre presentó un proyecto de resolución para crear en el ámbito de la Cámara baja una comisión investigadora por la adulteración de fentanilo.
Entre los objetivos principales está el de "determinar el grado de participación y responsabilidad de los organismos del Estado Nacional y el laboratorio HLB Pharma, así como todos aquellos privados que formaron parte de la cadena de compra y distribución de los lotes alterados".
"La misión de una comisión investigadora de determinar las responsabilidades políticas e institucionales de ninguna manera se superpone a la tarea que hace la Justicia de buscar responsabilidades penales. Al igual que hicimos cuando planteamos la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA, creemos que el Congreso debe abocarse a investigar este hecho gravísimo que tiene en el centro de la escena a la ANMAT y que se ha cobrado casi cien vidas", explicó Pablo Juliano, presidente de la bancada y autor del proyecto junto con los otros once integrantes del bloque.
En tanto, su par Carla Carrizo consideró que "no alcanza un pedido de informes", como el que se despachó este miércoles en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. "Yo quiero que se cite a los responsables de la ANMAT para saber cómo es que estaban estos laboratorios autorizados. Tenemos un Estado poroso, no controla como corresponde", dijo la porteña.
Para evitar lo que sucedió con la comisión investigadora del criptoescándalo, la iniciativa prevé en su articulado un mecanismo de desempate a la hora de elegir las autoridades de la comisión y establece un plazo de funcionamiento de tres meses desde su constitución.
En los fundamentos, los legisladores expresaron: "Es necesario determinar la responsabilidad del Ministerio de Salud, de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y de los laboratorios involucrados. Aquí fallaron todos los órganos de control, desde la supervisión de los laboratorios productores, analizar el circuito de distribución del medicamento en hospitales y clínicas, y verificar si se cumplieron los protocolos de control de calidad y seguridad; y esto exige una investigación exhaustiva".
"Debemos tener en cuenta que esta cadena concatenada de irregularidades se cobró la vida de casi 100 personas, casi 100 familias destrozadas, cifra que supera a las víctimas de la tragedia de Once y del atentado terrorista a la AMIA. Es necesario fortalecer los mecanismos de control sanitario para prevenir futuros episodios de esta naturaleza y garantizar que las autoridades regulatorias cumplan eficazmente sus funciones, protegiendo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Nacional", agregaron.
Con este proyecto de resolución de Democracia para Siempre ya son tres los proyectos que buscan crear comisiones investigadoras sobre la adulteración de fentanilo. Los dos restantes pertenecen a Silvana Giudici (Pro) y Jorge Araujo Hernández (UP).
En un nuevo capítulo relacionado con el criptoescándalo que involucró al presidente, la oposición logró una convocatoria a un plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.
Maximiliano Ferraro (Foto: HCDN)
En un nuevo capítulo vinculado a la investigación por parte de la oposición del caso $LIBRA, se aprobó este miércoles en la Cámara de Diputados un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que traten un proyecto que busca modificar aspectos de la comisión investigadora, de modo que pueda continuar en marcha y se definan sus autoridades de una vez.
La votación para que se debata la iniciativa, encabezada por el cívico Maximiliano Ferraro, resultó con 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo del libertario Nicolás Mayoraz, y la de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la macrista Silvia Lospennato, deberán reunirse el próximo martes 12 a las 17.
El proyecto busca destrabar la situación de la comisión en torno a tres aspectos: la designación de su presidente; el quórum y la mayoría necesaria para resolver; y el plazo de funcionamiento de la misma.
Sobre esto último, ocurrió que el pasado 30 de julio se cumplieron tres meses desde la primera reunión que tuvo la comisión y desde La Libertad Alianza y sus aliados consideran que se venció el plazo para su actuación.
Sin embargo, para la oposición esos tiempos deben correr desde la designación de sus autoridades, algo que nunca pudo concretarse por el empate entre los diputados que impulsaron la creación de la comisión y los oficialistas junto a sus aliados, resistentes a que funcione.
Integrada por 28 miembros, de un lado y el otro quedaron 14 legisladores. El intento por colocar un presidente, entre las opciones de la massista Sabrina Selva y el libertario -jefe de la bancada de LLA- Gabriel Bornoroni, fracasó en dos oportunidades.
Según el artículo 10 del proyecto de resolución por el cual se creó, la Comisión Investigadora tenía "un plazo de tres meses, a contar desde la constitución de la misma, para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones". "Una vez agotado el objeto de la investigación, o transcurrido el plazo máximo fijado, y dentro de los 30 días corridos, debe elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos", agregaba.
Tras esa reunión del 30 de abril, la comisión se reunió el 10 y 25 de junio, luego de ser emplazada por el pleno. En el último encuentro, que se extendió por más de 10 horas, asistieron periodistas, especialistas informáticos y damnificados por la operación $LIBRA, que el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de la red social X el pasado 14 de febrero. Los funcionados citados -entre ellos el propio Milei y su hermana Karina Milei- no concurrieron.
El proyecto de resolución que se tratará ahora en las comisiones plantea que se designe presidente de la comisión "al miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputadas y diputados en el pleno".
En cuanto al quórum, se busca que la comisión funcione de acuerdo al artículo 108 y adopte "decisiones por mayoría de los presentes, salvo que se exija una mayoría especial". "En caso de empates, la decisión adoptada será la que cuente con el voto o la firma del presidente de la comisión", se aclara, dándole así una facultad clave al titular.
Otro de los artículos establece que "el plazo máximo de funcionamiento" de la comisión, que se fijó en tres meses, contará "a partir de la designación de las autoridades y la fijación de los días y horarios de reunión, buscando garantizar que el tiempo perdido no impida cumplir con el objeto de la investigación".
El emplazamiento fue planteado por Ferraro, quien recordó que a la Comisión de Asuntos Constitucionales se le había solicitado el tratamiento a través de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento.
Presidente de esa comisión, Mayoraz afirmó que la Comisión $LIBRA "está en funcionamiento" y "es contradictoria esta presentación con la resolución que presentaron antes". A su juicio, este proyecto que se busca debatir "reduce el el plazo de funcionamiento que le queda a esa comisión".
"Usted le está reduciendo el plazo para dictaminar, cuando le queda un mes. Ese es el plazo que tienen los bloques para presentar sus informes. No entiendo por qué este emplazamiento cuando la comisión funciona perfectamente y estamos ya en la etapa de los dictámenes", insistió.
El santafesino criticó a la oposición: "El circo ya lo hicieron, trajeron a los que quisieron, no sacaron nada en claro. No hay demora de la comisión, no hay demora en el tratamiento de la cuestión. Trabajen en el dictamen, porque realmente lo que estoy pensando es que como no tienen nada para decir y quieren acortar el plazo". Para Mayoraz, el encuentro con invitados que hubo en la comisión investigadora fue "patético" y reiteró que "la comisión funcionó y escuchó a todos los que ustedes querían hacer hablar".
En la misma línea, la diputada bullrichista Silvana Giudici apuntó que la resolución que creo la comisión tenía plazos establecidos y "los tres meses se cumplieron el 30 de julio". "Ahora estamos en el tiempo administrativo de presentación de dictámenes. No hay motivo para emplazar, lo que corresponde es presentar los informes", dijo. Sin embargo, el emplazamiento impulsado por la oposición se aprobó.
El oficialismo interpreta que ya se cumplió el plazo de 90 de días que tenía la comisión para recopilar información. Desde la primera reunión del 30 de abril, nunca se pudieron designar las autoridades.
Esta semana se cumplieron 90 días desde que la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA se reunió por primera vez y, según interpreta La Libertad Avanza y sus aliados del Pro, se venció así el plazo que ese cuerpo tenía para llevar a cabo sus tareas e iniciar posteriormente un informe final.
Sin embargo, para la oposición esos tiempos deben correr desde la designación de sus autoridades, algo que nunca pudo concretarse por el empate entre los diputados que impulsaron la creación de la comisión y los oficialistas junto a sus aliados, resistentes a que funcione.
Integrada por 28 miembros, de un lado y el otro quedaron 14 legisladores. El intento por colocar un presidente, entre las opciones de la massista Sabrina Selva y el libertario -jefe de la bancada de LLA- Gabriel Bornoroni, fracasó en dos oportunidades.
Según el artículo 10 del proyecto de resolución por el cual se creó, la Comisión Investigadora tenía "un plazo de tres meses, a contar desde la constitución de la misma, para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones". "Una vez agotado el objeto de la investigación, o transcurrido el plazo máximo fijado, y dentro de los 30 días corridos, debe elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos", agregaba.
A raíz de la paridad en la comisión, desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto para modificar la resolución en cuanto a la elección del presidente, el quórum y la mayoría, y el plazo de funcionamiento. Sin embargo, no se pudo tratar.
El empate 14 a 14 producido el 30 de abril, en la primera reunión, se repitió el 10 de junio, cuando la comisión estuvo coordinada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, tras ser emplazada.
La siguiente reunión se dio el 25 de junio, también por emplazamiento, cuando por más de 10 horas asistieron a exponer periodistas, especialistas informáticos y damnificados por la operación $LIBRA, que el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de la red social X el pasado 14 de febrero. Los funcionados citados -entre ellos el propio Milei y su hermana Karina Milei- no asistieron.
En la jornada del 10 de junio, la cívica Mónica Frade y el radical díscolo Fernando Carbajal, de bloques que en un principio no habían adherido a las propuestas de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda de ir directamente a la Comisión de Juicio Político por este tema, advirtieron que podían llegar a cambiar de posición y apoyar una investigación en ese ámbito ante el intento de LLA por "obstaculizar".
Esto fue algo a lo que se refirió este jueves el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, quien manifestó que "el Congreso tiene que seguir intentando desbloquear la comisión", ante el avance que muestra la causa que tramita en la justicia de Estados Unidos, y sobre la cual él mismo viajó a ese país para interiorizarse.
El legislador no descartó que "esto termine en un juicio político, para lo cual ya hay una comisión". "Nosotros desde los bloques del centro creíamos que no estaban dadas las condiciones al principio para un juicio político, pero si bloquean tanto una comisión legítimamente votada para que se haga una investigación, y bueno, naturalmente esto termina cayendo en ese lugar, porque no nos permiten ir a un lugar más racional", sostuvo durante una entrevista en el streaming Gelatina.
Agost Carreño admitió que "no dan los números" para eventualmente aprobar un juicio político contra el presidente, pero sí para investigar en esa comisión. Respecto de la controversia sobre dicha comisión, donde el año pasado la oposición reconoce haber votado como presidenta a la oficialista Marcela Pagano, algo que desconoce el titular de la Cámara baja, Martín Menem (con quien la experiodista está más que enfrentada), el cordobés respondió: "Para mí tiene presidencia y también ilegalmente las autoridades de la cámara sostienen que no funciona".
Durante la audiencia de la comisión investigadora, el analista Iñaki Apezteguía aseguró no sentirse estafado por la criptomoneda $LIBRA, pero fue sorprendido por una diputada cuando le hizo escuchar un posteo suyo en Instagram.
Un pasaje de antología se registró cuando el especialista en cripto Iñaki Aezteguía dijo ante la comisión investigadora que había invertido en $LIBRA y que no se había sentido estafado. Pero fue sorprendido por la diputada de UP Sabrina Selva, que reprodujo un video de él mismo en el que criticaba la moneda virtual que había difundido el presidente Milei.
“Yo por ejemplo invertí en $LIBRA, no me siento estafado. Para mí técnicamente no es una estafa”, remarcó el especialista invitado por el oficialismo. “Hasta acá usted hizo muchas aseveraciones en el sentido de que no podía afirmar que se había tratado de una estafa -arrancó Selva, a lo que el especialista asintió-. Mi pregunta entonces es porqué el día 17 de febrero, a través de su red social de Instagram, publicó un video que lo tengo acá, en mi poder, que lo puedo compartir para que todos lo vean, en donde a través de cinco puntos, usted le recomendaba a las personas no invertir”.
Allí, Apezteguía deciá: “No recomendemos la token $LIBRA que impulsó Javier Milei. N°1: el lanzamiento fue muy apresurado; el sitio web y el token se habían creado tan solo un par de minutos u horas antes del lanzamiento del proyecto. N°2: la documentación técnica; el proyecto no cuenta con una propuesta robusta y seria, ni un equipo técnico reconocido. N°3: el lanzamiento se hizo a través de un tuit de Javier Milei, eso ya generaba cierta sospecha. N°4: la concentración de más del 80% de los token en tan solo tres billeteras. Y N°5: que daba todas las señales para ser un típico pump and dump, donde el proyecto se podía inflar como cualquier meme coin y en cualquier momento las billeteras podían tomar ganancias”.
Y cerraba Apezteguía: “Desde Crossing Capital buscamos que se opere en un mercado lo más transparente posible, y vos puedas obtener rendimientos haciendo inversión inteligente. Si querés saber más, sobre Crossing Capital…”. Ahí apagó Selva la reproducción, lo que llevó al secretario Parlamentario Adrián Pagán a comentar riendo: “Justo le dejó la propaganda”.
Incómodo, el especialista en cripto tan solo comentó con una sonrisa: “Gracias por aumentar la cantidad de seguidores de la cuenta… Yo acá vine a responder por la tecnología”. Y con una mueca agregó: “¿Lo que yo pueda opinar por redes sociales, todo lo que uno diga en redes sociales es una verdad absoluta bajo una declaración jurada? Lo que yo puedo defender acá es la tecnología. La tecnología…”.
No solo que la Libertad Avanza tiene mucho que esconder en torno a la estafa $LIBRA, sino que la gente que trajeron a la comisión los hunde aún más.
Les dejo una joyita de hoy en la reunión informativa.
Vamos a seguir insistiendo con investigar lo que a todas luces fue una… pic.twitter.com/GMOJbWjzcB
— Sabrina Selva (@SabriSelva) June 26, 2025
Mientras persiste el empate político que impide designar autoridades, vuelven a sesionar y por primera vez recibirán a invitados propuestos por los bloques, aunque se anticipa la ausencia de la mayoría de los invitados, las figuras clave de la investigación. La falta de avances ya empuja a algunos legisladores a considerar el juicio político al presidente.
Con el intríngulis pendiente de designar a sus autoridades, vuelve a reunirse este miércoles la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA. Y por primera vez desde su creación, recibirá la visita de invitados convocados por los propios integrantes de esta comisión especial.
La cita es a partir de las 16, en la sala 1 del 2do piso del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, y seguirá siendo coordinada, tal cual lo dispuesto oportunamente, por el secretario Parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, en tanto y en cuanto todavía persiste la imposibilidad de elegir autoridades. Recordemos que los 28 integrantes de la comisión están divididos en partes iguales entre oficialistas y aliados, y opositores que quieren avanzar con la investigación. Así las cosas, no se ponen de acuerdo en elegir al presidente de la misma.
Desde el oficialismo propusieron en su momento al diputado cordobés Gabriel Bornoroni, quien es nada menos que el presidente del bloque La Libertad Avanza, y su nombre es rechazado por quienes sostienen que la comisión debe ser presidida al menos por alguien que haya votado a favor de su constitución. O que, en última instancia, no sea alguien que, en su condición de oficialista, considere que el Congreso no debe investigar el tema.
Por la oposición, el bloque con más cantidad de miembros ofreció para ese cargo a la diputada bonaerense Sabrina Selva, apoyada por todos los integrantes del espacio opositor que promueve la investigación del caso $LIBRA. En definitiva, como las dos partes están compuestas por 14 diputados, no hay manera de que se pongan de acuerdo en elegir a alguien para organizar la investigación.
Luego de dos reuniones en las que no se avanzó demasiado, celebradas el 30 de abril y el 10 de junio, en esta tercera convocatoria se recibirá a una serie de invitados propuestos por los bloques políticos con representación en la comisión.
Para este miércoles han sido citados a declarar nada menos que el presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No existe la menor posibilidad de que ambos vayan a presentarse, como también hay dudas (casi certezas) sobre la presencia de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. También han sido citados el exdirector de la CNV Sergio Morales (que tampoco asistiría) y el empresario estadounidense Hayden Davis, que vive en Estados Unidos y no hay noticias de que haya venido al país, pero podría llegar a declarar por videoconferencia. Tampoco se espera que asista, ni presencial, ni de manera virtual.
Quiénes son
De 29 años de edad, Mauricio Novelli es licenciado en comercialización y se presenta como trader financiero, en cuyo rol fue el principal organizador del evento Tech Forum, realizado en octubre de 2024 en el Hotel Libertador, donde participó Javier Milei como orador principal. Precisamente el presidente dio clases en su academia de trading entre 2020 y 2023. También se lo vio con Novelli en la Casa Rosada.
Novelli fue uno de los promotores del proyecto “Viva la Libertad”, que lanzó el token $LIBRA, cuyo valor se disparó tras la promoción por parte de Milei, para luego colapsar, dejando un tendal de “damnificados”. Lo cual generó sospechas de una maniobra tipo “rug pull” (estafa donde se retira la liquidez tras inflar el valor).
Peritos informáticos detectaron que Novelli borró archivos de un dispositivo clave en la investigación, lo que agrava su situación judicial.
En el caso de Manuel Terrones Godoy, es cofundador y organizador junto a Novelli del Tech Forum. Se trata de un empresario vinculado al ecosistema cripto y tecnológico, cuyo su rol fue más bajo que el de Novelli en el caso. Su participación en la organización del evento donde se gestó el proyecto $LIBRA lo puso bajo investigación judicial.
Respecto de Morales, fue asesor en criptoactivos de la CNV desde octubre de 2024. Antes de eso, trabajó en la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei. Fue socio comercial de Manuel Terrones Godoy en la firma City Entertainment SRL, sin actividad comercial relevante.
Morales ingresó a la Casa Rosada el 11 de junio de 2025 junto a Mauricio Novelli y Terrones Godoy, en una visita autorizada por Karina Milei. Además, participó en el evento Tech Forum 2024, donde se presentó el proyecto $LIBRA y habló el presidente Milei.
Por eso presentó su renuncia indeclinable a la CNV en marzo de 2025, tras quedar bajo la lupa judicial, ya que está imputado en la causa que investiga delitos como estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho. También está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE.UU., que busca determinar si el caso $LIBRA constituye un fraude transnacional.
Por último, Hayden Mark Davis es un empresario estadounidense que ha sido figura clave en la creación y promoción del token $LIBRA. A través de su empresa Kelsier Ventures, participó en el diseño y lanzamiento del proyecto, que al colapsar generó pérdidas millonarias para miles de inversores.
Se estima que Davis se quedó con aproximadamente 110 millones de dólares en los días posteriores al colapso del token. A través de la jueza María Servini, la justicia argentina ordenó el congelamiento de 57,5 millones de dólares en criptoactivos en dos billeteras vinculadas a él. Estas billeteras fueron identificadas como parte del grupo fundador de $LIBRA y no habían registrado movimientos desde la caída del token.
El abogado Gregorio Dalbón solicitó su detención internacional y extradición a Argentina, argumentando riesgo de fuga y el uso de sus recursos para evadir la justicia. Davys también enfrenta una demanda en EE. UU. presentada por el estudio Moyano y Asociados, que lo acusa de fraude transnacional junto a otros implicados como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
La investigación se apoya en peritajes informáticos que rastrearon los movimientos de las billeteras cripto desde el lanzamiento hasta el colapso del token. Se detectó un patrón de retiro de fondos que sugiere una maniobra de tipo “pump and dump” (inflar el valor y luego vender en masa).
Los invitados que han sido confirmados
Los participantes de esta reunión de la Comisión $LIBRA que si asistirán son los periodistas Alejandro Bercovich e Irina Hauser. También lo harán especialistas tecnológicos como Fernando Molina y Santiago Siri.
En su rol de querellantes, han sido convocados Martín Romero y Maximiliano Firtman.
Para el caso de que la investigación no prospere y persista la indefinición en el seno de la comisión, varios diputados miembros de la misma no descartan la vía del juicio político contra el presidente Javier Milei, cosa que había sido descartada en un principio por varios de los legisladores que hoy, decepcionados con el rol de la comisión investigadora, estarían dispuestos a dar ese otro paso institucional.
Integrantes de la comisión
Componen esta comisión de 28 miembros los siguientes diputados:
Por el oficialismo y aliados, están Damián Arabia, Juan Maquieyra, Cristian Ritondo y Oscar Zago (Pro - MID); Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Paula Omodeo (LLA - Creo); Carla Carrizo y Lisandro Nieri (UCR); Pablo Cervi y Francisco Monti (Liga del Interior); Agustín Domingo y Yolanda Vega(Innovación Federal).
Por la oposición más dura en este tema, figuran Pablo Carro, Itai Hagman, Juan Marino, Germán Martínez, Sabrina Selva y Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria); Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot (Encuentro Federal); Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (CC); Fernando Carbajal y Danya Tavela (Democracia para Siempre); Christian Castillo y Julia Strada (PTS – Nacional y Popular).
Encabezado por Maximiliano Ferraro, los bloques impulsores de la investigación buscan modificar la resolución de creación de ese cuerpo para destrabar la elección de autoridades.
Ante un nuevo empate en la Comisión de la Criptomoneda $LIBRA, diputados de la oposición que impulsan la investigación presentaron un proyecto para modificar la resolución por la cual se creó ese cuerpo, con la intención de destrabar la elección de autoridades y darle un voto clave a quien resulte presidente.
Encabezados por el cívico Maximiliano Ferraro, los legisladores plantean que se designe titular de la comisión "al miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputadas y diputados en el pleno". "Esta regla evita la parálisis sin introducir privilegios arbitrarios, respetando el principio elemental de representatividad democrática y parlamentaria: si el cuerpo, por mayoría, decidió avanzar con esta investigación, la comisión debe reflejar esa voluntad en sus autoridades", plantearon.
En cuanto al quórum, se busca que la comisión funcione de acuerdo al artículo 108 y adopte "decisiones por mayoría de los presentes, salvo que se exija una mayoría especial". "En caso de empates, la decisión adoptada será la que cuente con el voto o la firma del presidente de la comisión", se aclara, dándole así una facultad clave al titular.
Finalmente, otro de los artículos establece que "el plazo máximo de funcionamiento" de la comisión, que se fijó en tres meses, contará "a partir de la designación de las autoridades y la fijación de los días y horarios de reunión, buscando garantizar que el tiempo perdido no impida cumplir con el objeto de la investigación". A propósito de esto, la primera reunión para constituir la comisión fue el pasado 30 de abril. Desde el sector del oficialismo y sus aliados plantean que la comisión "ya está funcionando", por eso en la oposición quieren dejar en claro los tiempos.
"Desde la aprobación de la resolución de esta Honorable Cámara que dispuso la creación de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda denominada "$LIBRA, el oficialismo ha desplegado una estrategia sistemática y deliberada para impedir que dicha comisión cumpla con su objeto: investigar las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei, la secretaria General, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y otros funcionarios", enfatizaron en los fundamentos.
📣 Hay que destrabar ya la Comisión Investigadora sobre $LIBRA.
Hace 40 días que el oficialismo y sus aliados hacen todo lo posible para bloquearla: manipularon la integración, forzaron un empate en la designación de autoridades, vaciaron la comisión e impidieron que se… pic.twitter.com/FJcrqaWEvY
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) June 12, 2025
Los diputados firmantes -integrantes de dicha comisión- denunciaron que "lejos de facilitar el cumplimiento de ese mandato, el oficialismo se ha dedicado a obstaculizar y obstruir el funcionamiento efectivo de la comisión".
"La primera maniobra consistió en alterar su integración mediante el uso abusivo de la cláusula de proporcionalidad establecida en el artículo 3° de la resolución original. Para ello, se crearon interbloques y se fraccionaron bloques existentes con el fin exclusivo de sumar miembros afines al oficialismo y así igualar en número a quienes impulsamos la investigación", recordaron.
El empate 14 a 14 producido el 30 de abril se repitió este pasado 10 de junio, cuando la comisión estuvo coordinada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, y los bloques propusieron la lista de citados para el próximo 25 de junio, entre ellos los hermanos Milei. Sin embargo, nuevamente no se pudieron designar a las autoridades y reinó una incertidumbre sobre el éxito que puedan tener acciones futuras. Además, otros opositores, como el radical díscolo Fernando Carbajal y la cívica Mónica Frade se plegaron a la idea de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda de activar la cuestión mediante la Comisión de Juicio Político, en un "limbo" por un conflicto interno de La Libertad Avanza.
Ahora, a través de este proyecto, los bloques de UP, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, y la CC buscan una nueva salida alternativa para que funcione la investigadora.
"Este escenario no puede naturalizarse y no podemos permitir que una decisión adoptada por mayoría en el recinto sea desvirtuada por prácticas obstructivas que degradan el funcionamiento del sistema democrático", dijeron.
En el cierre de los argumentos expresaron que "la Cámara de Diputados debe realizar una investigación seria sobre el caso. Y para ello, necesita una Comisión Investigadora que, con legitimidad y un marco reglamentario sólido, pueda llevar adelante su tarea sin obstáculos ni bloqueos por parte del oficialismo, en defensa del buen funcionamiento republicano, la transparencia, la integridad pública y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a saber la verdad".
El proyecto de resolución lleva las firmas de Ferraro (CC), Oscar Agost Carreño (EF), Danya Tavela (DpS), Sabrina Selva (UP), Mónica Frade (CC), Paula Penacca (UP), Nicolás Massot (EF), Pablo Carro (UP), Fernando Carbajal (DpS), Carolina Gaillard (UP), Carla Carrizo (DpS) y Julia Strada (UP).
Pese a la atención que genera el encuentro, reina el escepticismo: nadie espera que se destrabe el conflicto. La oposición insiste en que el pleno debería resolverlo, pero Martín Menem se mantiene firme en que la solución debe surgir desde la propia comisión.
Gran atención ha concitado la reunión convocada para este martes a las 16 de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, más no demasiada expectativa por lo que pueda suceder allí. Mucha atención, porque se espera saber cómo se las arreglan finalmente los diputados para resolver el intríngulis en el que se encuentran, al estar bloqueada la posibilidad de elegir autoridades de esa comisión por estar empatadas las voluntades que debieran decidir.
Y pocas expectativas porque a nadie se le ocurre que encuentren la manera de destrabar la situación en el seno de la comisión.
Para muchos de la oposición, la única manera era que resuelva el pleno. Soberano para tomar ese tipo de decisiones, algunos en la oposición confiaban en que la embestida que se intentó el miércoles pasado llegara a buen puerto. La intención era poner a consideración del Cuerpo la presidencia de la comisión, pero eso no fue posible: Martín Menem se mostró inflexible y no hubo manera de que aceptara que se votara. Por el contrario, reclamó que eso se resolviera en la comisión, y también pasó facturas, al responsabilizar a la oposición que impulsó la creación de la comisión investigadora de que la misma estuviera trabada. ¿Por qué? Por el texto del proyecto que propusieron votar, donde no figura un número determinado de miembros para la comisión. A nadie se le ocurrió hacer que el número de la comisión fuera impar, como todas las comisiones (salvo las bicamerales) para evitar lo que está sucediendo ahora.
Vale recordar de paso que cuando se trató en particular ese proyecto, el diputado santacruceño José Luis Garrido propuso modificar el texto de un artículo para que se sumara la palabra “interbloques” para la conformación de miembros de la comisión. Ese agregado permitió luego que La Libertad Avanza se constituyera en interbloque con CREO; que el Pro hiciera lo propio con el MID, y ni qué decir de lo que hizo UP, de donde se mudaron dos diputadas para formar otro bloque y luego se anexaran en interbloque a la izquierda… Dicho sea de paso, Garrido terminó absteniéndose a la hora de votar ese artículo.
Ante la falta de acuerdo el miércoles pasado terminaron convocando a reunir la comisión investigadora este martes, bajo la coordinación del secretario Parlamentario Adrián Pagán. Y se convocó también a una reunión con invitados par el 25 de junio. Lo cierto es que nadie se ilusiona conque lleguen este martes a un acuerdo para nominar un presidente de consenso. Y ya no se descarta que la comisión termine funcionando así, bajo la protección de Pagán, y comience a investigar de una vez. Si las partes lo aceptan, podría ser la solución salomónica que permita al menos comenzar a agitar la cuestión, más allá de que difícilmente puedan llegar a resoluciones concretas.
Se verá la tónica a partir de las 16 de este martes comienzan a imprimirle a esta comisión clave.
El titular del bloque UP cuestionó una versión según la cual el organismo legislativo que investigará el caso $LIBRA quede en manos de un libertario.
“Desde la sesión del miércoles están con esta MENTIRA”, expresó este domingo el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, ante una información según la cual el kirchnerismo estaría cediéndole al oficialismo la comisión por el escándalo cripto $LIBRA.
La nota en cuestión señala que los diputados K habrían acordado con Martín Menem que la comisión cuya presidencia está en disputa desde su creación, con un empate en 14 para definir las autoridades, sea presidida por un diputado libertario.
Martínez aclaró que “lo que votamos en el recinto fue la OBLIGACIÓN de reunir a la comisión (contra la voluntad del oficialismo, que quiere impedirlo, para garantizar la impunidad de su gobierno)”.
Así las cosas, adelantó que “el martes a las 16 tenemos reunión de la Comisión Investigadora por la estafa $Libra e insistiremos con la designación de autoridades”. Y cerró: “Como lo venimos haciendo desde el primer momento, exigiremos que sea la oposición quien presida la comisión (nuestro bloque ya hizo su propuesta)”.
La propuesta que apoyan los 14 diputados opositores es la de que la diputada Sabrina Selva encabece la comisión, mientras que desde el oficialismo y sus aliados propusieron al jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, lo cual fue rechazado invocando que no puede encabezar esa comisión alguien que votó en contra de su creación. Y es más, que alguien del oficialismo encabece una comisión que debe investigar por ejemplo al presidente de la Nación.
Desde la sesión del miércoles están con esta MENTIRA.
Lo que votamos en el recinto fue la OBLIGACIÓN de reunir a la comisión (contra la voluntad del oficialismo, que quiere impedirlo, para garantizar la impunidad de su gobierno).
El martes a las 16 hs. tenemos reunión de la… pic.twitter.com/aatigUPtML
— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) June 8, 2025
Una extensa discusión reglamentaria de más de horas demandó el tema, que no había sido incluido en el temario, pero fue planteado en el comienzo de la sesión de este miércoles. Menem se resistió a abrir una votación, pero luego hubo un acuerdo con los jefes de bloques.
En el arranque de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, la oposición intentó -sin éxito- elegir las autoridades de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA dentro del recinto, en la cual no pudo elegirse un presidente el pasado 30 de abril, por quedar empatados 14 a 14 los legisladores que están de un lado y del otro.
Luego de dos horas de una extensa discusión reglamentaria y de un cuarto intermedio de media hora, los jefes de bloques y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acordaron “dejar en stand by” una moción que había sido planteada por el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, la que provocó todo el debate.
Con un temario de proyectos de impacto social que se encontraba en espera, se resolvió empezar a tratar la cuestión previsional y dejar para más adelante de la sesión la votación de un emplazamiento a la Comisión Investigadora para la semana próxima y un segundo encuentro posterior, con el fin de destrabar la situación y poner en marcha un plan de trabajo.
Finalmente eso se concretó a las 2.06 de la madrugada. Germán Martínez había intentado hacer la moción antes, pero el presidente de la Cámara se lo negó, invocando que tenían que cumplir lo acordado y eso sería inmediatamente después de que concluyera la votación por la emergencia en discapacidad.
Y cumplió. Oscar Agost Carreño mocionó entonces convocar a la Comisión Investigadora de la criptomoneda $LIBRA el martes 10 de junio a las 16, y luego citar a una informativa para el miércoles 25 de junio a las 16, facultándose al secretario Parlamentario a que oficie como coordinador para llevar adelante las referidas reuniones, como así también recepte de cada bloque hasta tres propuestas de invitaciones para el 25 de junio.
La moción se votó (y aprobó) a mano alzada, pero previamente Maximiliano Ferraro intervino para aclarar que ellos votarían en contra. Es que admitió las buenas intenciones de los jefes de bloques, pero dijo que la Coalición Cívica no había acompañado, insistiendo en que “si no resolvemos el fondo de la cuestión, que es que este Congreso no renuncie al poder de contralor de la investigación, a esta altura de la situación, no vamos a acompañar esta decisión que tomó una mayoría calificada”.
El origen de la discusión
En el inicio de la sesión, el diputado Agost Carreño puso a consideración un tema que no figuraba en el temario del día y que ya habían anticipado en cierta forma en la reunión de Labor Parlamentaria. Aclaró que no tenía ánimo de desordenar la sesión, pero proponía poner a consideración la moción para resolver las autoridades de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, basándose en el artículo 228 del reglamento.
Y, atento a que el oficialismo se resistiría a hacerlo, trajo a consideración tres antecedentes sobre mociones de interpretación basadas en eses artículo del reglamento. En dos se remontaba al año 2010, cuando la conformación del recordado Grupo A, para la integración de las comisiones; más otro de 2015, cuando arrancó la modalidad de los emplazamientos que inauguró, recordó el cordobés, la diputada del Pro Silvana Giudici. Entre los antecedentes citados, se encontraba una moción hecha en 2010 por la entonces diputada Patricia Bullrich.
El legislador de Encuentro Federal justificó su pedido en la situación de bloqueo que se da en la comisión investigadora, que de tal manera no puede cumplir con una orden que votó el recinto. Cuando sucede así, expresó, “lo tiene que resolver el Cuerpo y eso es porque usted tiene que ser el primer intérprete del reglamento”. Entonces propuso una moción de interpretación del artículo 106 del reglamento, de acuerdo con lo que establece el 228, que interpreta que en el caso de que no sea posible la instalación de autoridades en una comisión, corresponde al pleno elegir autoridades a pluralidad de votos. “Pido una mera interpretación del 106, por lo que dice el 228”, resumió.
Antes de darle la palabra a la diputada Giudici, Menem advirtió que Agost Carreño estaba planteando una modificación del reglamento, por lo que no tendrían ninguna duda respecto de cómo resolver.
A continuación, la secretaria parlamentaria del Pro sostuvo que la Cámara tenía, por el artículo 29, delegada la conformación de comisiones especiales, mientras que el artículo 107 dice que los miembros no se pueden remover hasta finalizar el período ordinario, en el caso de las comisiones permanentes, o hasta que terminen su cometido, en el caso de las especiales.
Según Giudici, “la Comisión $LIBRA fue constituida, está formalmente funcionando. Por otra parte, está claro, y hay mucha jurisprudencia que plantea en varias causas una doctrina de interpretación constitucional según la cual se deben respetar los derechos adquiridos”. La diputada insistió en que la Comisión $LIBRA está funcionando y que las autoridades deben elegirse por la mayoría de sus miembros. “No hay posibilidad de cambiarlo en el recinto, ni por mayoría simple, ni por dos tercios, porque eso vulneraría la institucionalidad”, enfatizó.
A juicio de la aliada del oficialismo, la comisión investigadora fue conformada, está funcionando, “pero como no se ponen de acuerdo intentan ahora vulnerar el reglamento y la autonomía del resto de los bloques que la integramos y de este recinto”. Y a continuación sorprendió trayendo a colación la constitución de una nueva comisión. “Nada dicen del escándalo del fentanilo adulterado”, advirtió, hablando de vinculaciones del intendente peronista Mario Ishii y algunos diputados de UP con mandato vigente, que tendrían que explicar su vinculación con el tema que involucra a laboratorios vinculados con el kirchnerismo. Habló de las 34 muertes ya registradas, y le reclamó a la oposición acompañar el proyecto que sobre el tema acababan de presentar diputados de su bancada.
“Nuestra posición es siempre a favor de la transparencia, la justicia y la división de poderes. Dejen de montar un show… ¿Por qué nadie de ningún bloque habló de las 34 muertes que nos sigue costando el kirchnerismo con cada escándalo?”, concluyó.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro ahondó en los argumentos que había dado Agost Carreño, e insistió en que el reglamento establece que “cualquier diputado puede solicitar en este recinto la interpretación del reglamento”. Y le advirtió a Menem y a Giudici que, si tenían alguna duda, correspondía al Cuerpo hacer una votación para definir y resolver la interpretación que corresponde al reglamento en virtud del 228, que a continuación pidió leer.
Antes de que el secretario Parlamentario leyera ese artículo, el presidente de la Cámara le pidió que también leyera el 227, y adelantó que el 228 habla de la interpretación y no de la modificación del reglamento, en caso de que haya alguna laguna. “La vía que corresponde es presentar en la Comisión de Peticiones un proyecto que modifique el reglamento. Esa es la postura de la presidencia”, señaló Menem.
¿Qué dicen los artículos puestos a consideración?
Artículo 227. Ninguna disposición de este reglamento podrá ser alterada ni derogada por resolución sobre tablas, sino únicamente por medio de un proyecto en forma que seguirá la misma tramitación que cualquier otro y que no podrá considerarse en la misma sesión en que hubiere sido presentado.
Artículo 228. Si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara, previa la discusión correspondiente
Y, a pedido de Menem, el secretario Parlamentario leyó también la primera parte del artículo 106, que dice que “las comisiones se instalarán inmediatamente después de nombradas, y elegirán a pluralidad de votos un presidente”.
Desde el oficialismo, la diputada Nadia Márquez explicó a continuación que el proyecto por el cual se constituyó la comisión investigadora había establecido que ellos elegirían por mayoría de votos a su presidente. “Es muy clara la redacción, quizá no hicieron los números antes. Al artículo 228 dice que tiene que haber una duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de ese reglamento”, inidcó la neuquina, para quien quedaba claro que no hay ninguna duda. “No hay duda, lo que no tienen son los votos para instalar la presidencia”, resumió.
Para el diputado de izquierda Christian Castillo, lo que se estaba discutiendo era “si se sostiene una política de bloqueo o si se puede avanzar en la investigación. Eso es lo que se está discutiendo”, y concluyó advirtiendo que el presidente Javier Milei estaba yendo a España “a promover un evento cripto, a seguir estafando”.
Por su parte, la diputada de Democracia para Siempre Carla Carrizo alertó que “hace tiempo que tenemos problemas reglamentarios” y aseguró que “hace dos años que el Congreso no funciona, entonces lo que nos parece normal es extraordinario”. La radical sostuvo que lo que se planteó era una moción, y que lo que debían resolver no era una cuestión reglamentaria: “Es una cuestión política; es un empate político, estamos garantizando el funcionamiento de una comisión que se votó por mayoría. Estamos interpretando cómo salir de un empate político".
“Es un tema de mayorías, votemos, que lo resuelva el pleno. No puede ni usted, ni ningún gobierno limitar el pleno”, asevró, para citar más antecedentes que justificaban la postura de la oposición. Menem le contestó diciendo que todas las interpretaciones presentadas se tratan de dudas reglamentarias. “Acá hubo un empate; no confundamos dudas reglamentarias con un empate netamente político, que tiene que resolver la comisión”, devolvió el riojano.
Fue el turno luego de la secretaria parlamentaria de UP, Paula Pennaca, quien sostuvo que una moción debe ser puesta a consideración. Y le dijo a Menem que “lo que usted tiene que hacer es poner a consideración la moción de Agost Carreño. Me parece que es importante que podamos tener una moción clara”, y remarcó que “la facultad de interpretar está en el Cuerpo, no es del presidente. Deje de distraer el inicio de una sesión que es muy importante. Usted no tiene que resolver nada, tiene que poner a votación. La interpretación del reglamento la lleva adelante el Cuerpo, no quien lo preside”.
Pennaca enumeró las irregularidades que le atribuía al presidente de la Cámara. “Primero, construyeron una comisión que quedó empatada; no hay ninguna comisión que tenga número par, salvo las bicamerales. Después el oficialismo quiso nombrar al presidente (de la comisión), cosa que no tiene sentido, tratándose de investigar al presidente. Y finalmente arrogarse la facultad de definir qué va en el temario o no, cuando quisimos incluir este tema, usted se arrogó la facultad de quitarlo”, mencionó. “Así llegamos hasta acá. Dejen de garantizar la impunidad del Gobierno, queremos investigar, porque si se confirmara que Milei fue parte de una estafa millonaria sería gravísimo”, finalizó.
El presidente de la Cámara volvió a intervenir para afirmar que “hay un mecanismo para solucionar este tema”, y se quejó porque no se cumpliera con lo acordado en Labor Parlamentaria. Insistió en que no había ninguna duda reglamentaria, sino una situación política que tenía que resolver la comisión. “El pleno es soberano, pero tiene que respetar el reglamento que hemos creado. Si hay una necesidad de modificar el proyecto, tienen que presentar un proyecto, ir a la comisión y listo. Acá se trata de una mala praxis política en un apuro de determinar la situación. La presidencia no dispuso que las diputadas (Mónica) Macha y (Julia) Strada abandonaran su bloque para crear otro. No hay antecedentes, el caso más cercano se dio en la bicameral de DNU, que lo resolvieron ellos mismos”.
Por su parte, el diputado Fernando Carbajal le reclamo a Menem que “los que han quebrantado las reglas de convivencia han sido ustedes y lo peor que lo han hecho es para encubrir un negocio millonario hecho por el presidente de la Nación y sus allegados, por la complicidad de muchos otros que lo que están defendiendo no es un gobierno sino justificando dinero que seguramente han cobrado para encubrir esa estafa”.
Además, el formoseño le leyó el artículo 40 del reglamento a Menem para marcar que debía bajar a su banca y no usar el estrado para hacer la defensa política sobre un tema. Menem le contestó: “Soy árbitro”, y Carbajal replicó: “Acá el único árbitro es la coneja (Héctor) Baldassi”.
Más adelante, la diputada de UP Cecilia Moreau enfatizó que “$LIBRA fue una estafa, $LIBRA es un escándalo que la justicia debe investigar. Y no deben ocultar lo que pasó si no tienen nada para ocultar”. Directamente dirigiéndose a Menem, la expresidenta de la Cámara baja en la gestión anterior le recordó a su sucesor que las facultades que tiene “no son eternas, no son delegadas y son permanentemente revisadas por este Cuerpo en las cosas que hacemos”.
“Usted no es árbitro, no es príncipe, es uno más de nosotros y debe cumplir con determinadas reglas que la Constitución y el reglamento exigen, y no lo está haciendo”, le reprochó y agregó: “Usted está incumpliendo con los deberes de funcionario público, está haciendo abuso de autoridad”. Pero, en el final, sumó que considera que Menem debe “correrse a un lado” porque “la estafa de $LIBRA lo involucra”.
A continuación, el jefe de UP, Germán Martínez, le cuestionó a Menem actuar “como si fuera presidente de un bloque y no de la Cámara. Usted tiene derecho a defender a su Gobierno, pero no puede imponer su mirada en las reglas de funcionamiento del Congreso para llevar agua al molino propio”.
“El Cuerpo debe definir la interpretación del artículo 228”, dijo sobre lo que planteó Agost Carreño. “Los problemas de interpretación reglamentaria los resuelve el Cuerpo cuando aparecen”, remarcó, luego de recordar un antecedente de la exdiputada Elisa Carrió.
El santafesino añadió que “cuando se instala la arbitrariedad desde la presidencia de la Nación y de esta Cámara” lo que tienen que hacer “los propios diputados y diputadas” es “revalorizar las atribuciones de este Cuerpo”.
Cuando iban casi dos horas de discusión, el jefe del Pro, Cristian Ritondo, cuestionó “el oportunismo de siempre que lo que quiere hacer cuando se sienta acá es un golpe parlamentario. Le quiere sacar las facultades, le quiere sacar las funciones, lo quiere censurar en la palabra (al presidente)”. “Usted explicó el reglamento, lo que hay que hacer y prefieren no escucharlo”, siguió y acusó de querer hacer un “golpe parlamentario” a “los acostumbrados de siempre más los oportunistas nuevos”.
El bonaerense coincidió en que la discusión “vaya a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento” o que se convoque a la comisión investigadora “y ver si podemos saldar la presidencia como en cualquier comisión”. Para el aliado de LLA, “empezó la campaña electoral y el éxito del Gobierno les molesta a muchos” quieren “ver cómo desestabilizan al Gobierno”.
Tras ello, Menem sentenció: “Es un apartamiento del reglamento para esta Presidencia, así que vamos a votar”. Sin embargo, volvió a abrirse la discusión y finalmente se pasó a un cuarto intermedio que duró 35 minutos, donde se acordó la salida de votar un emplazamiento.
Fue a través del decreto 332/2025 publicado en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente de la Nación y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Así, disolvió la Unidad de Tareas de Investigación que se “encargó de recabar información” sobre el escándalo $LIBRA.
El Gobierno nacional decidió disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había creado para autoinvestigarse en el escándalo alrededor del caso $LIBRA, la criptomoneda difundida por el presidente desde sus redes sociales y que está sospechada de ser una estafa por la suba y caída de su precio en minutos.
Fue a través del decreto 332/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La UTI había sido creada el día 19 de febrero, cinco días después del tuit presidencial en el que se presentaba el criptoactivo.
La tarea de dicha Unidad era "recabar información relacionada con el criptoactivo denominado “$LIBRA”, y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal". La UTI estuvo a cargo de la Unidad Gabinete de Asesores, dependiente del propio Ministerio de Justicia.
Según argumentó el Gobierno, la comisión ya emitió un informe que fue presentado al Ministerio Público Fiscal, motivo por el cual ordenan disolver la Unidad investigadora. La misma estuvo en función apenas tres meses para confeccionar el informe.
A raíz de esto, la oposición salió al cruce en redes y exige que con urgencia se ponga en funcionamiento la Comisión Investigadora en el Congreso cuya conformación quedó trabada por la maniobra del oficialismo que, al dividir los bloques aliados sumó sillas y provocó que la elección del presidente de la comisión terminara en empate 14 a 14. Frente a esta situación, la oposición buscará este miércoles, en el marco de una sesión que sería convocada para tratar proyectos previsionales, que el cuerpo designe al titular de la comisión cripto.
Milei estafó a miles con la cripto $Libra. Creó una 'Unidad de Tareas' para que su propio ministro lo investigue. Ahora, por decreto, la cierra. ¿Y el informe? Bien, gracias. Todo en absoluta normalidad.
— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 20, 2025
El diputado nacional y presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, preguntó: “¿QUÉ ESCONDE MILEI Y CUNEO LIBARONA?”, y planteó: “El gobierno sostiene que la Unidad de Investigación LIBRA cumplió su tarea y, por eso, la elimina. Sin embargo, ni el Congreso ni, mucho menos, la sociedad argentina, hemos visto informe alguno con los resultados de su trabajo”.
“Una vez más, el gobierno demuestra que está haciendo todo lo posible para impedir el esclarecimiento real de los hechos”, denunció y exigió: “Es urgente poner en funcionamiento la Comisión Investigadora en el Congreso. Los funcionarios deben venir a dar explicaciones y presentar toda la supuesta información recolectada por la UTI, cuya existencia nadie puede acreditar hasta ahora”.
MILEI DISOLVIÓ POR DECRETO LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA ESTAFA $LIBRA
Justo cuando la jueza Servini solicitó información de los movimientos bancarios de Javier y Karina Milei. No hicieron público el informe de la UTI y la disuelven. Milei acomoda sus fichas para… pic.twitter.com/yA3NNvvxqu
— Pablo Carro (@PabloCarroOk) May 20, 2025
La diputada nacional Julia Strada (UP) señaló que la UTI “de la estafa $LIBRA siempre fue una pantalla, igual la eliminaron”, y acusó: “Nunca nos dieron los resultados de la supuesta Unidad de Tareas de Investigación (los pedí desde el Congreso). Nunca quisieron reconocer lo que ahora terminan reconociendo Novelli y Terrones Godoy en la justicia: que Hayden Davis hizo una estafa. (Con ellos, con Karina y con el Presidente, claro). Ahora eliminan la Unidad de Tareas de Investigación, único órgano que, dijeron, existió para investigar. Siempre fue un decorado”.
Su par de bancada, Sabrina Selva sostuvo: “La Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que fue creada para investigar el caso $LIBRA, cuyo informe pedimos y desconocemos”, y planteó que “la tarea no puede estar cumplida cuando recientemente la jueza Servini solicitó información de los movimientos bancarios de Javier y Karina Milei y salieron imágenes de familiares vaciando las cajas de seguridad de uno de los gestores de la estafa, Mauricio Novelli, casi inmediatamente después de aquel tweet del Presidente”.
Selva también pidió con urgencia que “la Comisión Investigadora empiece a funcionar, porque está claro que el gobierno tiene mucho que esconder”.
Desde la UCR, la diputada Mariela Coletta expresó: “El Gobierno cerró por decreto la unidad que había creado para autoinvestigarse por el caso $LIBRA. No compartió informes ni resultados, pero dice ‘haber dado cumplimiento a la tarea encomendada’”.
Ahora por decreto disolvieron la Unidad de Tareas de Investigación dedicada al escándalo de Libra. Otro principio de revelación más: siempre fue un fake, nunca se animaron a investigar absolutamente nada, y se cubren entre ellos porque están completamente hasta las manos. pic.twitter.com/yQONDdZUgJ
— Itai Hagman (@ItaiHagman) May 20, 2025
“Milei sigue escondiéndose y evadiendo respuestas, con mayor impunidad después de los resultados del domingo”, apuntó y sumó: “En Diputados, el oficialismo quiere presidir la comisión para que la investigación no avance y, otra vez, ser protegido por los propios. Es urgente un control real y transparente”.
El diputado nacional Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) sostuvo que la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación: “Sólo demuestra que el Poder Ejecutivo busca asegurar la impunidad de Milei”.
“La Unidad de Tareas de Investigación del Gobierno sobre el caso $Libra era solo un sello de goma hecho por Milei para tratar de encubrir el escándalo. Cualquier investigación para ser seria tiene que ser hecha con algún nivel de imparcialidad y no pueden ser investigadores los mismos que van a ser investigados. Y, en consecuencia, si el objetivo de la investigación es el Poder Ejecutivo, está claro que el organismo de investigación tenía que estar fuera del Poder Ejecutivo”, dijo Carbajal en declaraciones radiales.
El formoseño disparó: “Así que esto fue siempre un bluf que hizo el Poder Ejecutivo, como en tantos otros temas, para intentar demostrar ante la opinión pública que le interesaba establecer esto, cuando lo que demuestran los hechos a través de su bloque y sus representantes en el Congreso de la Nación es la pretensión de asegurar la impunidad del Presidente Milei y de los otros eventuales implicados del Estado y privados que se han hecho millonarios con esto”.
“MileiEstafador disolvió por decreto la unidad de investigación (que le mismo creó) sobre el caso $Libra. Nunca quisieron investigar nada porque está clara la participación del presidente y funcionarios en la estafa”, escribió el diputado del FIT Nicolás Del Caño. Su par, Christian Castillo agregó: “La disolución por decreto de la Unidad de Investigación sobre el escándalo de $LIBRA es una muestra más que el gobierno solo busca tapar su evidente complicidad en la estafa. Milei, Karina y Adorni tienen que venir a dar explicaciones al Congreso. MileiEstafador".
La diputada socialista Mónica Fein afirmó que se trata de un "golpe a la institucionalidad" porque "hace tres meses el gobierno se jactaba de ser el garante de la institucionalidad, pero hoy disuelve la unidad encargada de investigar la cripto estafa $LIBRA. Es necesario conocer las conclusiones de esa investigación. No vamos a aceptar el silencio".
CHAU CHAU ADIÓS, COMISIÓN $LIBRA
Estoy sorpresa (dijo nunca, nadie)
El Presidente @JMilei y el Ministro de Justicia @m_cuneolibarona cerraron la investigación del gobierno por la crypto estafa. Se caen las caretas sobre el compromiso con la transparencia.
Expertos en impunidad pic.twitter.com/KQiZRbtc3o— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 20, 2025
Fuentes de La Libertad Avanza admiten que, más allá del resultado del domingo en CABA, la oposición puede llegar a tenerlos a maltraer el próximo miércoles si hay sesión.
La semana que pasó hubo clima electoral en el Congreso. Ergo, no hubo prácticamente actividad, con excepción de la trascendental reunión realizada por las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, en la que se emitió una docena de dictámenes sobre la cuestión previsional. Un tema no menor, que desatará una gran discusión en el recinto, pero que antes necesita ser organizado por la propia oposición, si es que quiere alcanzar buen puerto. Llámese aprobar al menos dos de los dictámenes.
La idea es sesionar el miércoles que viene, y para eso la oposición buscará alcanzar acuerdos este lunes y ese mismo día convocar a sesionar el 21. Para entonces habrán pasado las elecciones de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, que atrajo la máxima atención y que sin lugar a dudas dejará consecuencias. Precisamente atendiendo al resultado que pueda haber allí es que la oposición prefirió aguardar a que pase el fin de semana para recién después convocar.
Conforme el grado de los heridos, verá mejor con qué cartas jugará el miércoles.
Lo sabe muy bien el oficialismo, que se pondrá en guardia ese día. Sabe que la tendrá complicada, porque la oposición irá con otros temas además de la cuestión previsional. En primer lugar, al principio de la misma, saben en La Libertad Avanza que la oposición buscará poner a consideración la elección de auditores para la hoy acéfala AGN. Y ahí se arriesga a sufrir el primer traspié, que sabe que no puede frenar si la sesión arranca.
Pero hay otros temas con los que tendrá que lidiar Martín Menem en esta sesión jabonosa que se le presentará este miércoles. El Gobierno superó con alivio la instancia de las interpelaciones, luego de que el miércoles último pasara sin pena ni gloria la no sesión en la que debieron haber sido interpelados los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo. Se anunció en la sesión del 29 de abril, cuando la interpelación a Guillermo Francos, pero nunca se oficializó, pues los involucrados jamás se hicieron eco de la convocatoria. Más que suspenderse, o postergarse, la sesión se apagó. La oposición se limitó a intimar al presidente de la Cámara a definir si habría o no sesión, aquél ni contestó y hoy por hoy ya todos dan el tema por concluido. Tampoco es que la oposición tuviera asegurado el número para el quórum, la verdad sea dicha.
Ahora irán por algo más concreto y que ofrece mejores alternativas de avance, como es la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que está empantanada por no poder constituirse del todo ya que no puede definir sus autoridades. En la única reunión que hubo hasta ahora, se confirmó que las partes están empatadas en 14 y eso impide la elección de un presidente que ordene el juego. Y desde ya que no es lo mismo que presida un opositor, que un aliado del oficialismo.
Tal cual lo anunciado oportunamente, los bloques opositores pondrán a consideración el tema en la sesión que pedirán para este miércoles. Si bien pensaban no solo definir autoridades, sino también discutir la conformación de la comisión, volviendo al número original de 24 miembros, eso fue desechado. “Creemos que hay que avanzar, no retroceder. Nos da más chance de destrabar”, confió a parlamentario.com un diputado opositor que está en la mesa chica que determinará los pasos a seguir.
Desde el oficialismo replicarán que para discutir el tema se necesita habilitarlo con los dos tercios, pero desde la oposición propondrán una moción que entienden que se debe votar con mayoría simple. Será una larga discusión. “Sí, vamos preparados”, advirtió la fuente consultada.
Antes de pedir la sesión definirán los opositores definirán también si incluyen en el debate la emergencia en discapacidad, que ya cuenta con dictamen, y tal vez otros emplazamientos.
Todo eso lo llevarán a un recinto en el que esperan retumben todavía las repercusiones del resultado de este domingo en la Ciudad. Donde el oficialismo espera desplazar al Pro “al tercer o cuarto lugar”, tal el nivel de optimismo libertario, y hasta ganarle a Leandro Santoro, se envalentonan. Como sea, esa misma fuente admitió que una eventual diferencia holgada podría llegar a complicar definitivamente la relación con quienes han sido sus principales sostenedores en la Cámara baja en este tiempo.
Independientemente del resultado de este domingo, en el oficialismo admiten que aun ganando, en Diputados se encontrarán inmediatamente después con una situación de debilidad que tal vez sea la más extrema que recuerden. La apuesta es entonces a que no haya sesión. Se verá.
La diputada de UP informó que están tratando de reactivar la comisión desde una sesión en el Congreso para poder designar presidente luego del empate 14 a 14 y planteó: “Está claro que acá hubo un delito y alguien tiene que ser responsable”.
La Comisión Investigadora por el caso $LIBRA no pudo definir a sus autoridades tras un empate 14 a 14 la semana pasada, por lo que la diputada nacional Julia Strada (UP) denunció que se trató de una “manipulación por la presidencia de la Cámara”.
“Hay una mayoría que quiere investigar el caso $LIBRA y ahora está trabada. Lo que pasó con (Guillermo) Francos la semana pasada nos ayuda a visibilizar que no pueden ocultar la responsabilidad de Karina Milei”, sostuvo la diputada en diálogo por Radio Splendid.
Strada apuntó: “Lo que pasó en la comisión es lo que Menem quería que pase, un empate 14 a 14 con una configuración de la comisión absolutamente manipulada desde la presidencia de la Cámara”, y adelantó: “Lo que estamos tratando en este momento es reactivarla posiblemente con una sesión donde se elija presidente de la comisión en una sesión del Congreso, eso es lo que tiene que pasar”.
“A mí me parece que hay una mayoría que apoya eso que no solo incluye a los del bloque de (Miguel) Pichetto, también radicales y te diría que hasta la CC que quieren investigar y la comisión quiere eso. Se aprobó con simple mayoría en el recinto y ahora está trabada porque los integrantes pretenden que Gabriel Bornoroni sea el presidente. Gente que votó en contra de la comisión siendo presidente de la investigación”, comentó.
Así, comparó: “Claramente es la misma estafa de poner a la Oficina Anticorrupción a investigar. No va a ocurrir nada, ya sabemos que la oficina terminó su tarea, pero nunca nadie se va a enterar porque lo tienen bajo siete llaves”.
“Me parece que hay que destrabar esta situación y creo que lo que pasó la semana pasada con Guillermo Francos nos ayuda a visibilizar que no tienen forma de ocultar la responsabilidad de Karina Milei”, remarcó y sumó: “Francos no pudo decir que pone las manos en el fuego por Karina Milei como lo había dicho anteriormente”.
Strada aseguró que algunos de los participantes de la creación de la criptomoneda “iban a verla a Karina a la Casa Rosada, y en algunos casos participó (el presidente Javier) Milei. No hay manera de hacerlos zafar ni al Presidente ni a Karina”.
“Tenes todo un listado de gente que dice que Karina pidió plata para tener una entrevista con el presidente. Esto empieza a poner en problemas a la secretaria general y solo pasó un año y medio desde su gestión”, denunció.
Para la diputada de UP: “Está claro que acá hubo un delito y alguien tiene que ser responsable. Lo que dejó la interpelación a Francos es que fue el propio Milei quien twitteó o fue el o tienen que entregar a quien engañó al presidente con un mensaje, eso claro no pasó. Tienen que entregar un nombre o una persona que estaba con Milei el 14 de febrero en Olivos. Eso nadie lo dice. Esto da cuenta de cómo funciona el Gobierno, tenes una persona que es mano derecha del presidente que pide coimas, el presidente que cobró por su opinión, dos personas cercanas que se reunieron con él 15 veces que son estafadores. Hay una configuración delictiva”.
No se pudo definir la presidencia por 14 votos a favor y 14 en contra. La puja se resolverá en el pleno del recinto.
Adrián Pagán, secretario Parlamentario de Diputados, quien condujo la reunión ante la falta de autoridades (Foto: HCDN)
No fue sorpresivo el empate que se produjo este miércoles en la Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA para definir autoridades, dado que la composición resultó en un número par de miembros y, además, la igualdad entre los sectores que impulsan el tema y quienes lo resisten, sin un espacio que pueda torcer esa balanza.
Aunque al momento de crear la comisión los bloques de la oposición estimaron que tendría una conformación de 24 integrantes, finalmente quedó en 28, por el armado compulsivo de bloques e interbloques para romper una mayoría de quienes quieren investigar y que comenzó con una jugada del propio oficialismo.
Como sea, se llegó este miércoles con un escenario de paridad que colocó a 14 diputados que están a favor de llevar adelante la investigación, integrado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda. Todos éstos votaron a favor de la designación de Sabrina Selva como presidenta, lo que no prosperó.
Se trata de Pablo Carro, Carolina Gaillard, Itaí Hagman, Juan Marino, Rodolfo Tailhade y la mencionada Selva, de UP; Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot, de EF; Fernando Carbajal y Danya Tavela, de DpS; Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la CC; y Christian Castillo y Julia Strada, del interbloque FIT.
Por otro lado, a favor de la elección de Gabriel Bornoroni -que tampoco tuvo éxito- y de frenar el accionar de esta comisión se encuentran el mencionado Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz y Paula Omodeo, del interbloque LLA-CREO; Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra y Oscar Zago, del interbloque Pro-MID; Soledad Carrizo y Lisandro Nieri, de la UCR; Pablo Cervi y Francisco Monti, de Liga del Interior; y Carlos Fernández y Yolanda Vega, de Innovación Federal.
Hubo empate entre los bloques de la oposición que impulsan el tema y el oficialismo junto a sus aliados, con 14 a 14. Dentro de dos semanas estiman realizar una sesión en la que se resuelvan las autoridades por votación del pleno.
Horas después de la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la oposición en la Cámara de Diputados intentó avanzar este miércoles con el próximo paso referido al caso $LIBRA: la constitución de la Comisión Investigadora, que finalmente no prosperó por la equidad de legisladores (14 y 14) que están de un lado y del otro.
Tal cual se esperaba, la reunión se empantanó a poco de iniciarse. Es que no habiéndose alcanzado ningún acuerdo previo entre las dos partes en pugna, nada hacía prever que la elección de autoridades se destrabara así como así. Durante los intercambios que se dieron, luego de producido el empate entre los candidatos a presidir (Sabrina Selva por UP y Gabriel Bornoroni por LLA), hubo una propuesta de pasar a un cuarto intermedio para buscar alternativas, y otra del oficialismo para levantar la reunión para seguir en otra oportunidad.
Finalmente se retiró la moción del cuarto intermedio y se levantó el encuentro. Aunque desde el ala que se resiste a la investigación pidieron "buscar consensos", desde el sector impulsor del tema ratificaron que todo deberá resolverse en el recinto.
Ahora, los bloques de la oposición deberán definir su estrategia de cara a una posible sesión en la semana del 19 de mayo, cuando además convocarían a debatir sobre temas incómodos para el Gobierno: jubilaciones, discapacidad y universidades (para emplazar comisiones para tratar un nuevo proyecto de finanacimiento).
La idea inicial de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda sería votar una interpretación de la resolución de creación, respecto a la conformación de la comisión, que fue alterada a partir de lo que fue el movimiento de bloques e interbloques para ocupar una silla más en la comisión. En caso que no se acepte que el pleno puede interpretar esto o que, finalmente estos espacios resuelvan "no volver para atrás" con lo ya sucedido (es decir, que no se haya respetado el "espíritu" en la integración que se esperaba), se pasaría a la votación para elegir las autoridades y constituir la comisión dentro del recinto. "Lo más importante es tener un presidente", afirmó ante este medio un diputado que participa de las negociaciones para motorizar el tema.
El debate
Veamos cómo se dieron los acontecimientos: de entrada, el oficialismo propuso, a través del diputado libertario Nicolás Mayoraz, al presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, para presidir la comisión.
Desde la vereda de enfrente, Carolina Gaillard sugirió en cambio a su compañera de bloque Sabrina Selva. Y lo argumentó diciendo que en principio era necesario impulsar a alguien que hubiera votado favorablemente. “Sería un contrasentido que presida alguien que votó en contra o no está de acuerdo con investigar”, justificó.
Sabrina Selva fue la diputada propuesta por la oposición para presidir. (Foto HCDN)
El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, se inclinó por Bornoroni, mientras que Christian Castillo aclaró que por una vez la izquierda dejaría de lado su postura histórica de abstenerse en esos trámites, para acompañar la propuesta de la primera minoría. “Sería insólito que quien ayer habló y dijo que no tenía que funcionar la comisión, la presida”, explicó.
Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro apoyó a Selva, lo mismo que Danya Tavela por Democracia para Siempre y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.
En cambio Francisco Monti, flamante integrante de Liga del Interior, acompañó a Bornoroni, aunque aclaró que lo hacía “sin perjuicio de que no creo que tenga que abrirse una nueva grieta entre quienes quieren que (la comisión) funcione y quienes no quieren: quienes votaron a favor deberían trabajar para que funcione, y quienes votamos en contra no quiere decir que no podamos cumplir dignamente con el rol. Además, los presidentes no son dueños de las comisiones”.
La también radical Soledad Carrizo apoyó a Bornoroni, aunque dejó claro que “es momento de empezar a dialogar para que esto se destrabe”, mientras que Julia Strada acompañó la propuesta de Gaillard, porque “lo más importante es que ayer vino Francos y confirmó que sin esta comisión investigadora funcionando, nunca vamos a conocer qué pasó con $LIBRA”.
El resultado ya estaba cantado, pero debió ser refrendado a viva voz, y terminó 14 a 14, por lo que se pasó a una segunda instancia, para la cual Nicolás Massot pidió la palabra para presentar su propuesta.
El oficialismo propuso a Gabriel Bornoroni para presidir la comisión investigadora. (Foto HCDN)
Cuarto intermedio para deliberar
El diputado de Encuentro Federal expresó que, siguiendo la línea de que “el presidente fue engañado”, debería interpretarse que fue “presuntamente víctima”. Pero en ese caso, dijo que Javier Milei “hubiese sido denunciante”. En cambio “es uno de los denunciados en el mundo. Frente a eso solamente hay silencio, opacamiento de la verdad; no hay una sola explicación más que la forzosa como la de ayer, en el marco de una interpelación producto de un silencio ensordecedor de un gobierno”.
Tras aclarar que la comisión no pretendía reemplazar la tarea del Poder Judicial, sino hacer un control, reconoció que podrían judicializar la discusión, pero eso terminaría trabando el inicio del trabajo. Podrían también discutir la integración de la comisión, si debiera ser la original del día en que se aprobó. “Pero tendremos un enfoque más práctico”, anticipó, que debería tener relación con la proporcionalidad que se da en el recinto. Especificó que, dado el empate 14 a 14, “a nadie escapa que los 14 que votamos a Selva, en el recinto representamos a más de 140 voluntades, los otros 120.
Massot explicó que en las próximas semanas, cuando acumulen una serie de dictámenes que irá buscando la oposición, como la emergencia en discapacidad y los temas previsionales, los juntarán con nuevos emplazamientos como el que busca tratar el proyecto de Danya Tavela y Maxi Ferraro para incrementar el presupuesto universitario, y pedirán una sesión especial para tratar todos esos temas. “Lamentablemente tardaremos unas semanas más, pero podrá resolverse ahí”, simplificó.
Nicolás Massot propuso inicialmente ir a un breve cuarto intermedio. (Foto HCDN)
Luego de una serie de consideraciones en las que aclaró que no había ninguna persecución política detrás de la movida opositora, y advertir que debían escuchar los testimonios de figuras tales como la secretaria general de la Presidencia y el vocero presidencial, por ser las personas que, según consta en actas, les abrieron las puertas a “los autores de esta estafa” incluso hasta el despacho presidencial, hizo una propuesta. “Para agotar las instancias de buena fe y como los vínculos y la biografía importan en la relación entre nosotros, yo puedo entender que tal vez la diputada Selva no tenga confianza de los que venimos bregando para que esta comisión exista, y tal vez de otros sí”. Por eso sugirió que en el marco de un cuarto intermedio de 10 o 15 minutos, trataran de ponerse de acuerdo proponiendo otro diputado o diputada para destrabar la votación. “Y sino, levantamos esta sesión y resolvemos esto donde no pueda haber empate”.
La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) tomó la propuesta de Massot como “lo más razonable”. Consideró que las comisiones investigadoras son presididas por la oposición, y más en este caso en particular. Dijo haber quedado muy impresionada con lo vivido el día anterior durante la interpelación, porque vio que a muchos del oficialismo y aliados “les importaba muy poco lo que el jefe de Gabinete venía a decir. Por lo tanto, que hoy se proponga que sea el propio oficialismo, que no quiere que se investigue, el que presida...”.
“Si no nos ponemos de acuerdo, va a tener que tenerse presente quiénes son los que tienen autoridad moral para investigar. Algunos que investigaban años antes jugaron demasiado, mientras otros eran panelistas”, planteó, apoyando la propuesta de Massot.
Opinó lo contrario la diputada del Pro Silvana Giudici, quien adelantó que no estaban en desacuerdo con las medidas de pedir información, y que habían participado de la interpelación, e incluso preguntado. Cuestionó que “los más intachables se alíen en votar a la diputada más identificada con la expresidenta, o que la izquierda, que siempre se abstuvo, ahora apoye”, y también objetó los dichos de Massot: “Haciendo futurología, un diputado de un bloque minoritario dice que van a llegar a ser mayoría. ¿Cómo saben?”.
En ese marco, Giudici propuso levantar la sesión y seguir en otra fecha.
Silvana Giudici propuso levantar la sesión y seguir en otra fecha. (FOTO HCDN)
Desde el oficialismo, tomó la palabra más adelante Santiago Santurio, quien dijo que le “llamaba la atención del kirchnerismo, que siempre habló del partido judicial” y “ahora parece que quieren armar un fuero judicial en el Congreso”. A su criterio, la interpelación al jefe de Gabinete fue “floja”.
Y criticó que se quiera “que el Congreso lleve funciones que no le corresponden”. Para el libertario, esta comisión busca funcionar “encubiertamente como juicio político”. “Es lógico que digamos que esto es un circo, que acá no se quiere investigar”, agregó.
A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, rechazó la denostación constante al kirchnerismo. “Están incurriendo en una de las peores prácticas políticas que es el descalificar al otro por la procedencia de sus ideas políticas”. En ese sentido, recordó que “la historia demuestra que ha habido excelentes diputados” de distintos partidos políticos.
Al responderle a Santurio sobre las facultades del Congreso, el santafesino aclaró que “el mecanismo de control democrático sobre los otros poderes no está en manos del oficialismo” y, en este caso, La Libertad Avanza “lo que quiere es tapar” mientras que “la oposición quiere que se visualicen los problemas”.
No habiendo aceptado el oficialismo el cuarto intermedio propuesto por la oposición, Cristian Ritondo, consideró: "Lo que tenemos que tratar si podemos es levantar esta sesión para que no se profundicen diferencias". Y propuso "tratar de tener un acuerdo si es posible" y "buscar los consensos que no los vamos a lograr acá rodeado de medios".
A continuación, Massot coincidió y retiró su moción de cuarto intermedio. "Lo oportuno es levantar esta comisión y continuar discutiendo en otro ámbito".
El diputado Fernando Carbajal dijo entender que si no podían resolver el entuerto, necesariamente deberían ir al pleno para buscar la solución. Pero en eses caso, llevarían también la discusión de la resolución constitutiva de esa comisión. “Porque aquí no lo hemos traído a discusión, en el ánimo de construir, pero esta conformación es tramposa, se basa en un acto de profunda ilicitud y falta de ética, que es el mercado persa de bloques que armaron el oficialismo y sus bloques vasallos, y las falsas divisiones que hicieron para conformar la traición”, advirtió.
Y agregó: “Pero aunque tomáramos como válidas esas falsas divisiones, hoy esa comisión tendría un miembro menos, porque el bloque Pro se volvió a dividir”. De tal manera, anticipó que además de discutir la presidencia irían al plenario “a interpretar cuál es la conformación que corresponde a esta comisión, que es de 23 miembros, y no esta truchada de 28 que hicieron para lograr este objetivo”.
Antes de darse por concluida la reunión, Ferraro aclaró que la comisión no estaba constituida en términos reglamentarios, por no haber elegido a sus autoridades, ni haber fijado sus días y horarios para trabajar.
Será este miércoles a partir de las 10, con un escenario muy complicado para llevar adelante la misión prevista para esta jornada: constituir autoridades.
Con una atmósfera complicada por la conformación que finalmente presenta, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA tendrá este miércoles su reunión constitutiva. Será una semana después de lo previsto, luego de la postergación impuesta por el duelo por la muerte del papa Francisco.
La reunión tendrá lugar este miércoles a partir de las 10 de la mañana, en la Sala 1 del Anexo del Palacio Legislativo. La convocatoria tiene como objetivo pautado la designación de autoridades, y ese es precisamente el máximo problema que a priori encontrarán sus miembros, habida cuenta de la paridad de fuerzas que se presenta.
En efecto, todo indica que de un lado estarán los libertarios Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez y Nicolás Mayoraz; la tucumana Paula Omodeo; Cristian Ritondo, Silvana Giudici y Martín Maquieyra del Pro; Oscar Zago del MID; los radicales Soledad Carrizo y Lisandro Nieri; Francisco Monti y Pablo Cervi de Liga del Interior -nuevo bloque de radicales aliados al Gobierno nacional-; y los de Innovación Federal: Yolanda Vega y Carlos Fernández. Este último ingresa en lugar del rionegrino Agustín Domingo.
En la vereda de enfrente, distanciada del Gobierno, se ubican los 6 miembros de Unión por la Patria: Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Itaí Hagman, Sabrina Selva y Carolina Gaillard; los de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot; los de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal y Danya Tavela; los de la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro y Mónica Frade; y los del FIT + Nacional y Popular, con Christian Castillo y Julia Strada;
Como se ve, hay 14 nombres de cada lado, lo que hace prever un empate perpetuo que dificultará la elección de autoridades.
Por eso es que desde hace varios días ambas partes están analizando alternativas para destrabar la situación. Desde el lado más opositor, confiaron a este medio que para el caso de que este miércoles persista el empate, se definiría quién presidirá la comisión investigadora en el recinto. En una sesión que pretenderían realizar el 14 de mayo fecha para la cual tenían previsto debatir la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad como temas principales. Eso habían hablado por lo menos los legisladores antes de que el presidente de la Cámara acordara con los jefes de bloques reprogramar para ese día la interpelación a los ministros Luis “Toto” Caputo y Mariano Cúneo Libarona. Como esa sesión sí está oficializada, habría que reprogramar esta otra sesión.
Como sea, los bloques que programan definir el diferendo sobre la conformación de la comisión investigadora recuerdan que ese tema tuvo el 8 de abril 128 votos positivos y 93 en contra. En caso de someterse a una votación en el recinto ese diferendo, tratarán de dejar firme que los 90 días de vigencia que tiene la comisión investigadora comiencen a regir a partir de esa votación.
La fecha fue reprogramada por el fallecimiento del papa Francisco y quedó establecida para el miércoles 30 a las 10. Con 14 nombres por flanco, la resolución por la presidencia llevará un tiempo largo de debate.
Luego de la postergación por el fallecimiento del papa Francisco y el acuerdo entre la oposición y el oficialismo de postergar las actividades una semana más, la comisión investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA se pondrá en marcha este miércoles 30 de abril a las 10. La cita se llevará a cabo en la Sala 1 del Anexo del Palacio Legislativo y se designarán las autoridades, además de que quedarán establecidos los días de reunión.
Con la presentación de nombres a última hora y los nuevos interbloques en el oficialismo y la oposición, el cuerpo legislativo quedó conformado por 28 integrantes. Cuando el proyecto de resolución se aprobó en el recinto el 8 de abril, la idea original era de contemplar a 24 diputados. Cabe recordar que hasta ese día no existían los interbloques La Libertad Avanza- Creo, ni el Pro con el MID; y tampoco los bloques Liga del Interior y Nacional y Popular.
De esta manera, se abren dos frentes bien marcados dentro de la comisión: por un lado, el oficialismo junto a los aliados; y por el otro, estarán los miembros de la oposición que pretenden profundizar sobre los hechos que vinculan al presidente Javier Milei tras la difusión del token $Libra a través de un mensaje en X el pasado 14 de febrero del 2025.
De un flanco estarán: los libertarios Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez y Nicolás Mayoraz; la tucumana Paula Omodeo; Cristian Ritondo, Silvana Giudici y Martín Maquieyra del Pro; Oscar Zago del MID; y Francisco Monti y Pablo Cervi de Liga del Interior -nuevo bloque de radicales aliados al Gobierno nacional-.
En la vereda de enfrente, los seis miembros de Unión por la Patria: Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Itaí Hagman, Sabrina Selva y Carolina Gaillard; los de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot; los de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal y Danya Tavela; y los de la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.
A los 12 integrantes de estos cuatro bloques, bancadas que llevaron adelante los acuerdos parlamentarios para reunir el quórum en la sesión del 8 de abril, hay que sumarles a Julia Strada (integrante de UP que pasó a formar parte del bloque Nacional y Popular para nutrir al interbloque Frente de Izquierda – Unidad) y Christian Castillo (PTS).
Los otros integrantes son la cordobesa Soledad Carrizo y el mendocino Lisandro Nieri por la Unión Cívica Radical; y el rionegrino Agustín Domingo y la salteña Yolanda Vega de Innovación Federal.
Pese a que los miembros del radicalismo no han elevado una defensa explícita del accionar de Milei en el criptogate, en este caso, estos dos diputados votaron en contra de la creación de la comisión investigadora por lo que, a priori, se los ubica en el flanco del oficialismo y los aliados.
Mismo caso sucede en Innovación Federal. Sin embargo, los ocho integrantes del bloque que preside Pamela Calletti estuvieron ausentes al momento de la votación el pasado 8 de abril. Salvo minimas excepciones, los miembros de esta bancada han acompañado al oficialismo en el recinto de la Cámara de Diputados.
Con este diagrama, quedarían dos listados de 14 nombres en cada lateral. Por lo que el debate por la presidencia de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA ocupará un largo período del primer encuentro este miércoles 30 de abril a las 10.
La unidad investigadora empezará su trabajo de tres meses la semana próxima. No se espera que la reunión constitutiva sea un lecho de rosas…
La aprobación de una comisión legislativa destinada a investigar todo lo que rodea a la causa $Libra, el criptogate que involucra nada menos que al presidente de la Nación, fue un duro e inesperado golpe para el Gobierno, que hasta último momento pensó que al menos esa embestida de la oposición más dura iba a poder frenarla. No fue así: el martes 8 de abril todo lo que impulsó la oposición se concretó; y de todo, la creación de una comisión investigadora era el tema que menos quería que se aprobara.
Pero concretado, de inmediato se abocaron el oficialismo y sus aliados a tratar de morigerar los efectos que pueda llegar a tener. Comenzando por la constitución de la misma, que con la foto de ese martes se suponía tendría 24 integrantes, pero ya al día siguiente se supo que crecería. En principio a 26, pero ya el viernes -fecha de cierre de entrega de nombres- quedó en 28. A estas horas, ese número estaría opinado.
El primer factor que motivó el crecimiento de la comisión fue la creación de dos interbloques por parte del oficialismo y adyacencias: La Libertad Avanza sumó a la tucumana Paula Omodeo, del monobloque CREO, con lo que llegó a 40 miembros, lo que le garantiza 4 lugares en la comisión. Lo mismo pasó con el Pro, que engrosó sus 37 integrantes a 40, al sumar a los 3 del MID. En un principio se especuló con que también se sumaba al interbloque Ricardo Garramuño, del bloque Somos Fueguinos, pero eso nunca se formalizó, aunque se sabe que en las sesiones pueden contar con él.
De todos modos, tener 41 diputados daba lo mismo para ese interbloque; lo importante era llegar a 40, dado que la resolución por la que se constituye la comisión establece que le corresponde un diputado a cada bloque que tenga 5 miembros; 2 diputados si tiene más de 5, y uno más por cada veintena que sume. De ahí que para LLA y el Pro fuera clave sumar hasta 40. Cada uno de esos interbloques tendrá 4 miembros.
El bloque más grande, Unión por la Patria, tenía 98 miembros. Con dos más, le hubieran correspondido 7 integrantes en la investigadora, pero como era imposible que los consiguieran, lo logró reduciéndose. Le dio una mano a la izquierda, a la que se le iba a complicar tener al menos uno, por la renuncia de Mónica Schlotthauer que había dejado a ese interbloque circunstancialmente con 4 diputados, hasta que jure Vilma Ripoll en la próxima sesión. Lo solucionó el bloque UP con la creación del bloque Nacional y Popular, formado por Julia Strada y Mónica Macha, que se integra con la izquierda, garantizándole así un lugar a ese espacio, y de paso UP gana (informalmente) un miembro más para la comisión.
Los radicales terminaron siendo los grandes perdedores de esta movida. Al menos el bloque oficial que conduce Rodrigo de Loredo. Es que originalmente les correspondía 3 miembros en la comisión investigadora, por ser un bloque de 20. Y para eso habían designado a Karina Banfi, Soledad Carrizo y Lisandro Nieri. Pero los radicales “peluca” sorprendieron al separarse del bloque oficial y formar una bancada de 6 llamada Liga del Interior, con los “peluca” originales -Mariano Campero, Martín Arjol, Pablo Cervi, Luis Picat y Federico Tournier- y el catamarqueño Francisco Monti, que ya venía mostrándose alineado a ellos. Con esos 6, les corresponde 2 miembros en la comisión investigadora, y al reducirse el bloque UCR de 20 a 14, pueden sumar solo 2 nombres a la Comisión $Libra. Es de imaginar el fuerte enojo de De Loredo y compañía, que ya en su momento vieron cómo se les iban los diputados de Democracia para Siempre porque el cordobés se resistía a “echar” a los peluca. Con todo, en la movida, los radicales propiamente dicho ganan un puesto más, pero no es lo que el bloque UCR pretendía.
El bloque resignó finalmente el nombre de Karina Banfi, y los nominados para formar parte de la comisión son entonces la cordobesa Carrizo y el mendocino Nieri.
Por tener 15 diputados, a Encuentro Federal le corresponde sumar 2 miembros; a Democracia para Siempre (12) otros tantos; Coalición Cívica (6) también 2; e Innovación Federal (8) otros 2. Pero en este último caso podría abrirse una polémica porque ese espacio que responde a algunos gobernadores entregó sus nombres recién este lunes. La fecha de cierre de nombres era el viernes pasado a las 20, pero ese día Innovación Federal hizo reserva de dos lugares y los entregó el lunes. De ahí que algunos tengan reparos y piensen objetar esas designaciones. Se resolverá en la reunión constitutiva.
Para ese día también habrá una gran polémica en torno a la designación de autoridades, pues en principio la relación de fuerzas está igualada en 14. De un lado están La Libertad Avanza+CREO; Pro+MID; UCR; Liga del Interior, e Innovación Federal. Y del otro, Unión por la Patria; Encuentro Federal; Democracia para Siempre; Coalición Cívica, y la izquierda+Nac&Pop.
Eso sí, habría que ver cuáles son los nombres propuestos. Tal vez dependa de eso, pues probablemente algunos de este último espacio tengan reparos para votar a un diputado de UP. “El final es abierto”, confió a este medio un miembro de la comisión.
Integración de la comisión
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmó este martes la resolución que crea esta comisión. A continuación, detallamos todos los nombres y procedencias.
La Libertad Avanza + CREO (4): Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz y Paula Omodeo.
Pro + MID (4): Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra y Oscar Zago.
UCR (2): Soledad Carrizo y Lisandro Nieri.
Liga del Interior (2): Pablo Cervi y Francisco Monti.
Unión por la Patria (6): Pablo Carro, Carolina Gaillard, Itai Hagman, Juan Marino, Sabrina Selva y Rodolfo Tailhade.
Encuentro Federal (2): Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot.
Democracia para Siempre (2): Fernando Carbajal y Danya Tavela.
Coalición Cívica (2): Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.
Frente de Izquierda + Nacional y Popular (2): Christian Castillo y Julia Strada.
Innovación Federal (2): Agustín Domingo y Yolanda Vega.
Los diputados de ambos sectores hicieron cambios y enjuagues de todo tipo para sacar partido en el armado de la misma. Las interpretaciones diversas que hizo cada sector.
Si la oposición se fue más que satisfecha el martes de la sesión de Diputados en la que logró asestarle una serie de derrotas al oficialismo, principalmente con la creación de una comisión investigadora para el caso $Libra, sin duda debe haber terminado la semana con un sabor agridulce. Es que la conformación de esa comisión se convirtió en un verdadero aquelarre, y quienes salieron mejor parados terminaron siendo los oficialistas.
El armado de esa comisión investigadora generó rispideces de todo tipo, y hasta la implosión de bloques. En un caso adrede, en otro contra la voluntad de sus miembros, pero todo fue para alivio de un oficialismo que irá a la sesión constitutiva con la sensación de contar con el número suficiente para imponer al presidente, y en consecuencia manejar mucho más que los tiempos de esa comisión.
La semilla de la discordia se introdujo cuando en la sesión del martes 8 de abril, antes de votar la creación de esa comisión, el diputado santacruceño José Luis Garrido propuso agregar en el artículo 3° la palabra “interbloques”. El miembro informante del dictamen de mayoría, Pablo Juliano, aceptó la modificación, aduciendo que condecía exactamente con el espíritu del reglamento. En rigor, esa modificación sugerida por quien luego terminaría absteniéndose tenía por objeto permitir integrar un miembro de la izquierda a la comisión. Sucede que la izquierda tiene 5 diputados, pero solo si se los contabiliza como interbloque. Con esa cantidad, podrían introducir un miembro en la comisión investigadora. Fue lo que se pactó antes de bajar al recinto.
Y fue lo que le dio la idea a La Libertad Avanza y al Pro para ampliarse. Así, el bloque oficialista sumó a la tucumana Paula Omodeo, del monobloque CREO, a sus 39 integrantes. Mientras que el partido amarillo pasó a tener también 40, con los tres del MID. En principio, eran 41, pues sumaban al fueguino Ricardo Garramuño, pero en la práctica eso no se oficializó, así que ambos interbloques quedaron con 40 integrantes.
Tenía sentido esa movida de engrosar el número, dado que el citado artículo 3° de la resolución que establece cómo se debe conformar la comisión, indicaba la siguiente proporción:
Así las cosas, el bloque más numeroso, el de Unión por la Patria, tenía 98 miembros, con lo que sumaría 2 por ser un bloque con más de 5 integrantes, más otros 4, al sumar uno por cada 20 más. De haber tenido dos diputados más, hubieran alcanzado 7 integrantes en la comisión.
Con sus 40 miembros, LLA + CREO y Pro + MID, sumaban 4 cada uno. Dos por ser más de 5 y luego uno más por cada veintena.
Con 20 miembros, el bloque de la UCR se aseguraba 3 diputados; en tanto que a Encuentro Federal (15 miembros) le alcanzaba para 2; lo mismo que a Innovación Federal (8), la Coalición Cívica (6) y Democracia para Siempre (12).
Y la izquierda, con su interbloque de 5, tendría un diputado.
Así se llegaba a una comisión de 26 integrantes, dos más que los que le hubieran correspondido si LLA y Pro no optaban por convertirse en interbloques.
Pero ya habían comenzado las objeciones: las autoridades de la Cámara consideraban que la izquierda solo tiene 4 diputados, por lo que no les correspondía tener participación en la comisión. Pasa que este 10 de abril se efectivizó la renuncia de Mónica Schlotthauer, quien por el sistema de rotación que utiliza la izquierda le deja su lugar a Vilma Ripoll, la que recién asumirá en la próxima sesión.
Desde Democracia para Siempre no descartaban convocar a una sesión “interpretativa” para el 22 de abril, a fin de hacer “la interpretación correcta”, entendiendo que tanto el Pro como LLA estaban “haciendo trampa”, a fin de asegurarse cada uno un lugar más en la comisión. Hasta que esa convocatoria quedó en la nada cuando todos terminaron haciendo lo mismo que reprochaban. Por caso, como a UP le sobran diputados, mandó a dos a conformar un interbloque con la izquierda. En efecto, la economista Julia Strada y Mónica Macha conformaron un bloque propio llamado “Nacional y Popular”, para integrarse a modo de interbloque con la izquierda. Y como por ahora la izquierda tiene 4 integrantes y no 5, ese interbloque queda por ahora con 6 miembros. Al ser más de 5, les corresponden 2 diputados para la comisión investigadora, y a Christian Castillo se le suma la “ex UP” Julia Strada. Negocio redondo para el peronismo/kirchnerismo, que suma así 7 legisladores en la comisión investigadora.
El gran perdedor fue el bloque de la UCR, que al iniciarse el viernes sumaba 20 diputados, que le garantizaban 3 lugares. Llegaron incluso a nombrarlos: Karina Banfi, Soledad Carrizo y Lisandro Nieri… Pero los radicales “peluca” se molestaron porque no les dejaron ningún lugar como querían y decidieron hacer rancho aparte. Oficializando en la movida la integración a “Liga del Interior” (tal la denominación adoptada) del catamarqueño Francisco Monti. Con 6 diputados, les corresponde 2 miembros en la comisión, que serán el propio Monti y el neuquino Pablo Cervi.
Completan Liga del Interior Mariano Campero, Federico Tournier, Martín Arjol y Luis Picat. Mientras que el bloque que encabeza Rodrigo de Loredo quedó con solo 14 diputados, lo que hace que solo les corresponda 2 lugares en la comisión investigadora. Tendrán que decidir quién queda afuera.
En definitiva, la comisión quedará conformada por 28 diputados, que lo primero que tendrán que hacer el 23 de abril será elegir a sus autoridades. Y conforme establece el artículo 4° de la resolución aprobada en el recinto, será “por mayoría de votos”. Y de acuerdo con la manera como quedó conformada la comisión, todo parece indicar que será un oficialista el que presida.
En el día que culmina el plazo para que los bloques manden los nombres de quienes la integrarán, desde Encuentro Federal le enviaron una dura carta al presidente de la Cámara de Diputados.
De izquierda a derecha, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño
En el día que vence el plazo para que los bloques de la Cámara de Diputados envíen quiénes serán sus integrantes en la comisión investigadora del caso $LIBRA, los legisladores de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot le mandaron una carta al titular del Cuerpo, Martín Menem, en la que le reclaman no hacer "trampa".
Luego de que el oficialismo moviera sus piezas junto a aliados, con la conformación de dos interbloques, para obtener dos lugares más en la comisión que se conformará el próximo 23 de abril, desde uno de los bloques opositores que impulsó su creación pidieron que se respete la proporcionalidad en función al mapa de bloques que había al momento de la aprobarse la resolución.
Tras la sesión en la que resultó derrotado, La Libertad Avanza sumó a la tucumana Paula Omodeo, mientras que el Pro se alió al MID y el monobloque Somos Fueguinos. Pero además, este jueves, cuando se hizo efectiva la renuncia de Mónica Schlotthauer, desde el oficialismo advirtieron que el interbloque del Frente de Izquierda (que ya operaba de esa manera) quedó en 4 miembros y no en 5, número que le permitía un diputado en la comisión. Así, trascendió que desde Presidencia evaluaban no darle un lugar al FIT, que envió tempranamente como integrante a Christian Castillo.
Al citar notas periodísticas sobre la movida del oficialismo, Agost Carreño y Massot -quienes integrarán la comisión por su bloque- le solicitaron a Menem este viernes que "se abstenga de realizar tales maniobras, y en consecuencia constituya la comisión investigadora creada en la sesión del pasado 8 de abril en base a la conformación de bloques e interbloques previa a la sesión en la cual se aprobó la resolución".
"Admitir que, tras su creación, se reordenen los bloques e interbloques al solo efecto de cambiar la conformación de una comisión creada por el pleno, sería un artilugio que tensionaría las reglas republicanas y de funcionamiento del Congreso Nacional", advirtieron, además de considerar que "ello desnaturalizaría el fin tenido en cuenta por el dictamen de mayoría" así como "la votación efectuada por el Cuerpo con una rotunda mayoría".
Y agregaron que "sería de mayor gravedad si ello se hiciere para bloquear o entorpecer una investigación que la H. Cámara de Diputados de la Nación claramente dispuso que debe realizarse a través de las tres vías aprobadas por votación: pedido de informes, interpelación a funcionarios y la creación de una comisión especial".
Los diputados aclararon que "no está en discusión la capacidad de los bloques de reunirse en interbloques, ni tampoco la de acordar mayorías circunstanciales para tomar determinadas decisiones parlamentarias", pero resaltaron que "lo que se discute es que ello se haga como una trampa: que se creen interbloques artificiales con posterioridad o de manera concomitante a una sesión en la que, los -ahora- luego de que sus integrantes perdieran una votación; y por ello buscan un atajo para no aceptar lo decidido por el pleno con contundente mayoría".
También, en la misiva mencionaron el antecedente de cómo se pronunció la Corte Suprema de Justicia sobre la creación de interbloques (caso Luis Juez y Consejo de la Magistratura). "El Parlamento debe proceder con seriedad, rigurosidad y buena fe", insistieron y señalaron que "si funcionarios del Gobierno que resultaren investigados nada tienen que esconder, y contando el oficialismo con la garantía de participación en la comisión, esa Presidencia, en lugar de bloquear y entorpecer el proceso, debería brindar todas las herramientas necesarias para permitir esclarecer los hechos que se dispuso investigar sin artimañas".
"La investidura que usted reviste en carácter de presidente de este H. Cuerpo, lo obliga a actuar respetando la decisión del pleno que es a su vez quien lo eligió en dicha posición y no en beneficio de una minoría parlamentaria que además representa a su espacio político. Obrar contrariamente dañaría su legitimidad en el ejercicio de la presidencia", enfatizaron Agost Carreño y Massot.
Finalmente, anticiparon: "En caso de no procederse de la manera solicitada, hacemos reserva de exigir la debida interpretación al cuerpo, de recurrir la resolución que se dicta, así como toda otra acción que permita quitar los obstáculos que se pongan para cumplir con la investigación que dispuso sea hecha por la H. Cámara de Diputados de la Nación, el pasado 8 de abril".
El proyecto recibió 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones. En tanto, las interpelaciones a funcionarios resultaron con 131 votos positivos y 96 en contra. El detalle.
La oposición le asestó un nuevo cachetazo en el plano parlamentario al oficialismo, a partir de la aprobación este martes de la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA. La votación resultó con 128 votos positivos, 93 negativos y 7 abstenciones.
A favor lo hicieron 94 de 98 diputados de Unión por la Patria; 10 de 15 de Encuentro Federal; 9 de 12 de Democracia para Siempre; los 6 de la Coalición Cívica; y los 5 del Frente de Izquierda, bloques involucrados en el consenso de los proyectos y la convocatoria a la sesión.
Además, levantaron su mano por la positiva el santacruceño Sergio Acevedo; el radical Julio Cobos, único del bloque UCR; Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos; y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.
En tanto, en contra votaron los diputados de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, Producción y Trabajo; Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos); Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino); y Paula Omodeo (CREO).
También se opusieron los cordobeses, dentro de Encuentro Federal, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres -quienes sí fueron clave para el quórum-; y el entrerriano Francisco Morchio.
Las abstenciones fueron de los tres diputados del MID Oscar Zago, Eduardo Falcone y Cecilia Ibáñez; Lourdes Arrieta (Transformación), Héctor Baldassi (Pro), Juan Brügge (EF) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz).
Las ausencias fueron 28 en total, entre las que se destaca que el bloque Innovación Federal, de 8 integrantes que responden a gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, faltó en su totalidad.
En la votación sobre la interpelación de funcionarios, los 131 votos a favor correspondieron a Unión la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, los radicales Julio Cobos y Martín Tetaz, el santacruceño Sergio Acevedo, el porteño Ricardo López Murphy y el santafesino Roberto Mirabella.
Mientras que los 96 en contra fueron de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Lourdes Arrieta (Transformación), Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos), Osvaldo Llancafilo (MPN) y Paula Omodeo (CREO).
La citación obligatoria de Francos, Luis Caputo, Cúneo Libarona y el titular de la CNV se dispuso para el próximo 22 de abril. Karina Milei quedó afuera. También se enviaron pedidos de informes por escrito.
Foto: HCDN
Se demoró en ocurrir, pero la oposición en la Cámara de Diputados finalmente cumplió este martes su objetivo de avanzar con las iniciativas relacionadas con el escándalo por la criptomoneda $LIBRA -protagonizado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado-, a partir de la aprobación de la creación de una comisión investigadora, el llamado a interpelación de funcionarios y el envío de pedido de informes por escrito.
Tras el primer gran logro de la jornada para los convocantes de la sesión, que comenzó a las 12.21 con 130 presentes, los tragos amargos para el oficialismo llegaron uno tras otro con la votación favorable que obtuvieron los proyectos de resolución que, por ese carácter, quedaron aprobados definitivamente, sin necesidad de pasar por el Senado.
La fuertísima derrota para el Gobierno tuvo en primer lugar la aprobación, con 128 votos positivos, 93 negativos y 7 abstenciones, de la creación de una comisión investigadora de la sucesión de los hechos vinculados a la promoción y difusión de $LIBRA; asimismo, la investigación tendrá como fin "determinar el grado de participación y la responsabilidad política" del presidente, su hermana Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo, como también la de todos los ministros y funcionarios públicos involucrados en el caso.
Antes de votar, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño informó sobre el agregado de un artículo que establece que los bloques deberán enviar sus propuestas de integrantes hasta el 11 de abril. En tanto, la resolución de la Presidencia de la Cámara de Diputados tendrá que salir el 15 de abril y la reunión constitutiva será el próximo 23 de este mes a las 10.
La comisión podrá solicitar informes, convocar a funcionarios, recibir denuncias, entre otras facultades. Además, tendrá un plazo de tres meses para producir informes, dictámenes y conclusiones y, finalizado ese tiempo, deberá en 30 días corridos elevar un informe final detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos.
De acuerdo al texto, estará integrada por dos diputados por bloque/interbloque con más de cinco miembros; un diputado por bloque/interbloque con cinco miembros; y por cada 20 diputados que integren dicho bloque/interbloque se sumará un miembro adicional.
De acuerdo esto, la presidencia estará en manos de Unión por la Patria, la primera minoría, cuyo bloque tendrá 6 integrantes dentro de la comisión. Habrá además 3 miembros por La Libertad Avanza, 3 por el Pro, 3 por la UCR, 2 de Encuentro Federal, 2 de Democracia para Siempre, 2 de Innovación Federal, 2 de la Coalición Cívica y 1 del Frente de Izquierda. En total, 24 diputados.
En segundo lugar, por 131 votos a favor, 96 en contra y 0 abstenciones se aprobaron las interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Se trata de un recurso para la concurrencia obligatoria de los funcionarios previsto en el artículo 71 de la Constitución Nacional, pero que no ocurre en el Congreso desde los años ’90. La oposición fijó el próximo martes 22 a las 14 para las interpelaciones. Por falta de consensos, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quedó afuera del listado.
Durante el debate, varios diputados rechazaron la intención que tuvo el oficialismo de que Francos hable sobre el tema junto a las demás preguntas vinculadas con la gestión en la sesión informativa convocada para el martes que viene; y enfatizaron en la necesidad de que conteste consultas específicas por $LIBRA.
Finalmente, con 135 votos positivos, 84 negativos y 7 abstenciones, se aprobó un pedido de informes con más de 100 preguntas, entre las que se exigen explicaciones sobre la organización y planificación de $LIBRA; el asesoramiento previo a la publicación por parte del presidente en la red social X; sobre la responsabilidad del presidente y medidas a futuro; sobre la participación de Karina Milei, la defensa legal del presidente, la relación con los promotores del activo y las visitas que recibió en Casa Rosada, entre muchas otras.
En primer lugar habló el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, el primer firmante del pedido de sesión, quien dijo que cuando la sociedad votó a Javier Milei “lo hizo asqueada de un sistema político que sólo busca beneficiarse, que sólo busca la tajada y que en definitiva siempre ponía por delante de los intereses del pueblo las especulaciones. Pero miren qué paradoja, el 14 de febrero el presidente de la Nación en una publicación, en una promoción, hablando de que nuestras economías iba a funcionar y que iba a servir a las economías regionales, se lanzó a publicitar y a promocionar una criptomoneda que terminó defraudando a miles de personas en el mundo”.
“Para nosotros es fundamental que el Congreso no mire para el costado porque lo que está en juego es en definitiva el interés supremo de la argentina de saber la verdad, de saber si el presidente está gastando su tiempo, como lo hizo cuando recientemente había asumido como diputado de la Nación promocionando una criptomoneda que redundó en una estafa a este Congreso. No le puede pasar por el costado al Parlamento que se ande diciendo en el mundo que con un par de dólares tienen agarrado al Presidente de la Nación”.
A continuación, por el oficialismo y en defensa del despacho de minoría habló el diputado Nicolás Mayoraz, quien calificó el pedido de creación de una comisión investigadora como un “circo”. “Pretender armar una comisión investigadora por este tema es lamentable”, aseguró.
“Las comisiones investigadoras no están en discusión como una atribución del Congreso”, reconoció, pero aclaró que no figura en una ley, sino que es una facultad del Parlamento. “Pero tiene un límite: es contribuir a la tarea que tienen los legisladores como tales, y aquí no se ve ninguna finalidad que apunte en ese sentido”.
Citando a Bidart Campos, Mayoraz dijo que “el Poder Legislativo no está por encima de los demás poderes. Aquí lo que vemos claramente es una intromisión que pretenden hacer sobre el Poder Judicial”. Sostuvo que la propuesta “demuestra de entrada el sesgo que tiene: de antemano están juzgando el hecho y condenando. Lo califican de estafa”.
Sostuvo que el papel de las comisiones investigadoras es ayudar al Poder Legislativo, pero en este caso “es un exceso de las potestades que tiene el Poder Legislativo”.
“Nuestro bloque propuso un dictamen de rechazo por la extralimitación de esta propuesta, porque excede los límites del Poder Legislativo y se arroga facultades que son propias del Poder Legislativo”.
A continuación, desde UP habló la diputada Sabrina Selva, quien aclaró que “no somos nosotros los que estamos definiendo los hechos; los hechos están a la vista”, y contrariando a Mayoraz respecto de la división de poderes, le recordó que “tenemos un presidente que acaba de nombrar dos jueces por decreto” y recordó la delegación de facultades que recibió con la Ley de Bases.
“Hay un hecho que está a la vista: hubo una estafa internacional que el presidente promovió a través de X, no nos inmiscuimos en la justicia, que será la que deberá determinar si fue por dolo o negligencia del presidente Milei”, señaló la diputada que dio a continuación detalles de la creación de la criptomoneda y el famoso tuit del presidente. Y dio por probado que el presidente tenía un conocimiento previo del negocio “porque el número del contrato a través del cual las personas procedían a comprar cripto moneda aparecía primero en su tuit antes que en la página correspondiente”.
Luego apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien se quiere interpelar, y a quien atribuyó gestiones y reuniones en la Casa Rosada. En el mismo sentido se expresó su par Juan Marino, que habló de “asociación ilícita” y afirmó: “Tenemos un Gobierno irresponsable y corrupto en cabeza de Javier Milei y Karina Milei”.
Y sobre el final de su exposición insistió: “Hoy tenemos en la Argentina un presidente estafador y una secretaria general de la Presidencia coimera. No podemos convalidar la impunidad”.
El diputado cordobés Oscar Agost Carreño, uno de los autores de los proyectos vinculados a la investigación del activo digital, señaló que esta sesión es para hacer una “distinción entre lo que quiso hacer el Gobierno y lo que queremos hacer nosotros”. En línea con otros dialoguistas, manifestó su malestar por la sesión informativa del próximo 16: “Queremos algo serio, no fulbito para la tribuna”.
Decidido a que las iniciativas avancen, afirmó que “las explicaciones deben darlas con los requerimientos que exige el Congreso, no con lo que ellos quieren decir”. Comparó, además, que “en un Parlamento serio, cuando un presidente aparece ‘enchastrado’, se suele llamar a funcionarios a un pesaje político”. “Es fundamental que interpelemos al presidente para saber dónde estamos parados”, cerró.
Por la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade calificó al Gobierno como “un experimento importado y somos sus ratones de un presidente que nos va a llevar a cualquier lado”. Así, preguntó: “¿Qué están ocultando el oficialismo y los teloneros ocasionales del Congreso? Este congreso se ha transformado en un antro de cobardes y oportunistas”.
“Nos acusaban de ensobrados, y resulta que el Gobierno eran los que ensobraban porque el presiente está ensobrando desde que era diputado nacional por lo menos así lo dijo el orfebre Pallarols. Fue explícito. La secretaria general de la Presidencia le pidió dos mil dólares para reunirlo con Milei”, disparó.
Frade señaló: “Si el tweet era ‘desafortunado’ como han dicho, era porque atrás del tweet del token $LIBRA había algo, y todos sabemos. Esta estafa estaba orquestada. Hay estafa, hay cohecho agravado, hay tráfico de influencias y por eso lo denunciamos a la justicia”.
“La secretaría presidencial maneja la agenda e hizo que el estafador Novelli ingresara a Casa Rosada a reunirse con el presidente varias veces. No era una persona ajena al negocio. Necesitamos saber qué pasó acá. Los funcionarios ningunean y desprecian al Congreso. El oficialismo carga a los argentinos hablando de división de poderes cuando le dimos facultades delegadas, que se maneja por DNU”, cuestionó y cerró: “Los argentinos por suerte a partir del caso $LIBRA empezaron a darse cuenta que los ensobrados estaban en Casa de Gobierno y la está recaudando y estoy convencida que lavan dinero y por eso el presidente sorteaba la dieta, y eso lo pueden hacer los que entongan por otro lado”.
Cerca del final del tratamiento de los proyectos del criptogate, el presidente de bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, se refirió a la sesión informativa del próximo 16 de abril y señaló que “acá necesitamos que venga el jefe de Gabinete, pero no con el engaño de que le hacemos las preguntas y listo, tiene que venir a ser interpelado”. Exigió que Francos se presente junto a las autoridades de la Comisión Nacional de Valores y con Santiago Bausilli, titular del Banco Central.
Referido a la envestidura presidencial, Pichetto afirmó que “no sabemos si el presidente fue engañado, pero si fue engañado tiene que haber responsabilidades”. “Las responsabilidades económicas pueden determinar un perjuicio para el Estado argentino”, alertó si es que avanzan las dos investigaciones que hay en la justicia argentina y en la de los Estados Unidos.
Del mismo modo, planteó que “los estudios jurídicos de los estados Unidos no se van a limitar a la responsabilidad penal, si no a resarcirse económicamente”. Y reiteró la postura de su bancada respecto a que “no había espacio para un juicio político”.
Por el bloque Pro se expresó la diputada Silvana Giudici quien planteó que, desde el 14 de febrero, día de la promoción del memecoin $LIBRA, se realizaron 112 denuncias en el Fuero Nacional para investigar el tema y respaldó al Gobierno al remarcar que habilitó a la Oficina Anticorrupción a investigar creando una Unidad de Tareas de Investigación Especial para “poner a disposición toda la información que corresponda a cualquier funcionario”.
Giudici recordó que desde el retorno de la democracia se crearon 44 comisiones investigadoras, pero señaló que “fue decreciendo la creación porque no llegaron a ninguna parte”. Así, afirmó que “el que tiene que investigar es el Poder Judicial y lo está haciendo”. También cuestionó que el proyecto propuesto en la orden del día “no está claro porque la Constitución no establece explícitamente la obligación de crear comisiones investigadoras, sino que se funda en el artículo 75 sobre hacer las leyes y reglamentos de la Cámara”.
“No hay una legislación que regule el funcionamiento de estas comisiones, no se establecen los límites claros a lo que el Congreso puede o no desarrollar en esas comisiones, y la actuación de esas comisiones a lo largo de la historia incurrieron en exceso de atribuciones”, precisó y remarcó que en el dictamen de mayoría “lo que se busca es ese exceso de facultades, no tiene un reglamento establecido”, y comparó que van a repetir el juicio político que UP le hizo a los integrantes de la Corte hace dos años.
Giudici aclaró que, según el artículo 71 de la Constitución, no se puede interpelar al presidente, sino que se debe proceder a un pedido de juicio político. “Habían pedido el juicio político por un supuesto involucramiento del presidente en una estafa cripto que nadie determino aún”, defendió.
Por último, también cuestionó los pedidos de informes con “una enrome cantidad de preguntas repetidas”, y cerró: “No entiendo la necesidad de generar esta sesión, de querer imponer una acumulación de bloques y voluntades, cuando ya está claro que la semana que viene el jefe de Gabinete va a dar su informe y respuesta a esas más de 4 mil preguntas por el tema $LIBRA que fueron remitidas. Plantean el escenario donde el Congreso en vez de llevar su tarea de control, de equilibrio de poder, de complemento y respeto por la división de poderes, tratan siempre de superar, de exceder reglamentos y traer una discusión chicanera donde se persigue la necesidad de dañar”.
Fiel a su estilo, el diputado rionegrino Martín Soria ironizó con una imagen que recordaba la frase de Javier Milei cuando asumió en la Presidencia de la Nación y lanzó: “Háganle caso a lo que decía Milei el año pasado de que ‘el que no se deja auditar es chorro’”. “Pedían auditorías para universidades, para los medicamentos gratuitos y ahora que el Congreso quiere auditar esto no quieren”, reiteró.
“Se ha desencadenado un papelón a nivel mundial”, afirmó el exministro de Justicia de la Nación, que además sostuvo que “según la revista Forbes, se trata de la estafa más grande del mundo con criptomoneda”. Mencionó el caso de Laura Belén Arrieta y remarcó que “están las fotos de Hayden Davis con Milei” por eso “están nerviosos que no quieren comisión investigadora y no quieren interpelaciones”, cerró.
Promediando el debate, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, consideró que “se está dando un paso importante en el Congreso”, y sumó: “Es cierto de que hay muchas maneras de llevar a cabo este escándalo y me tocó encabezar con la firma el proyecto de solicitud de juicio político y estoy convencido de lo que hicimos porque era el camino más corto de abrir una instancia seria de investigación con todas las potestades investigativas que nos da el reglamento”.
“No podemos desconocer es que el derrotero que tuvo el Gobierno desde esa noche de febrero ha sido absolutamente negativo y está condicionando no solo la acción del Gobierno, sino la performance institucional del Estado argentino porque para tapar la estafa cripto recurrieron a meter jueces por DNU en la Corte”, apuntó el santafecino.
Martínez sostuvo que el presidente debe permitir que funcionen “los espacios institucionales de investigación y análisis de estas conductas, que sus funcionarios pongan la cara, que permita que haya un diálogo, un debate”, y advirtió que “están queriendo cercar al presidente, pero le están provocando un daño, no lo están defendiendo”.
Por último, expresó: “Tenemos la oportunidad de dar acá un gesto de personalidad del Congreso porque en un momento como este, lo que tenemos que lograr es que la representación que ejerce los distintos sectores no se desenfoquen y pongan por encima de todas las cosas la necesidad del pueblo para hacer lo que tenemos que hacer en este recinto. El Congreso no está para arrodillarse delante de nadie, no está para ser felpudo de nadie. Se tiene que poner de pie y hacer lo que tiene que hacer y garantizar que la representación política de los argentinos se logre”.
Para culminar las intervenciones en el recinto, el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, cuestionó la conformación de una comisión investigadora y agregó: “Vamos a hacer una comisión que no sabemos qué va a investigar”. Llamó al tratamiento de este martes cómo “un show al que estamos acostumbrados”.
Mientras la diputada neuquina Nadia Márquez aplaudía cada palabra del cordobés, Bornoroni añadió: “Les molesta que todo el 2024 tuvimos superávit fiscal, les molesta que esté bajando la inflación, les molesta que haya superávit energético y les molesta que esté bajando la pobreza”. Para cerrar, ironizó contra el bloque kirchnerista: “Espero que mañana en el Senado, voten ficha limpia ya que se la dan de honorables”.
Los proyectos que van desde la creación de una comisión investigadora a interpelaciones e informes de funcionarios, quedaron habilitados para ser tratados en cualquier momento por el pleno del cuerpo.
Sin la polémica que podía esperarse después de los cruces del martes en torno a si se podía o no dictaminar ese día, se cumplió este miércoles en el Salón Delia Parodi la formalidad de emitir dictamen tanto en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, como en el de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia.
La primera reunión se realizó a partir de las 17, tal cual había sido votado temprano en la sesión de este miércoles y se dictaminó allí para la creación de una comisión investigadora. Hubo dos dictámenes, el de mayoría, que tuvo 35 firmas (27 de Unión por la Patria, 4 de Democracia para Siempre, 2 de la Coalición Cívica (en disidencia) y 2 de Encuentro Federal. Y el de minoría, de rechazo, con 10 firmas. En rigor, el día anterior la oposición había alcanzado 36 firmas, pero para este miércoles no contaron con la presencia del radical disidente Manuel Aguirre, que viajó a Corrientes inmediatamente después de concluida la sesión.
El día anterior el oficialismo había rechazado que se emitiera dictamen el mismo martes, argumentando que los emplazamientos a las comisiones votados en la sesión de la semana pasada preveían el día miércoles para dictaminar y no el martes.
Como sea, ya este miércoles no hubo historia con ese tema. Temprano se había votado el nuevo emplazamiento para votar este mismo miércoles.
El segundo emplazamiento votado era para las 18, con las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Finanzas, para dictaminar en torno a los pedidos de interpelaciones de funcionarios y de informes por escrito al Ejecutivo. Este miércoles el trámite se hizo engorroso, pues todos tuvieron que volver a firmar y ante la indefinición sobre los números, el presidente del plenario, el libertario Nicolás Mayoraz, explicó que había habido 7 pedidos de interpelación: 6 para interpelar y uno de rechazo. Incluso acababa de ingresar uno de la izquierda. Y dos pedidos de informes: uno de ellos de rechazo. Quedaron en que por secretaría se procedería a verificar las firmas y constatar cuáles eran dobles, de legisladores que estuvieran en más de una comisión. Eso llevaría tiempo, por lo que los diputados fueron liberados y quedaron en que se les informaría más tarde cuáles eran los dictámenes de mayoría y minoría correspondientes.
En definitiva, el pedido de informes con preguntas por escrito al PEN tuvo un dictamen de mayoría con 53 firmas, un dictamen de minoría de la UCR (preguntas al jefe de Gabinete) y un dictamen de rechazo (firmado por el oficialismo).
Respecto del pedido de interpelación, hubo un dictamen de mayoría de UP más la izquierda que alcanzó 40 firmas y prevé interpelar a Karina Milei, Manuel Adorni, Guillermo Francos, Mariano Cuneo Libarona y Luis Caputo, como así también a otras entidades (Comisión Nacional de Valores, etc).
Hay también un dictamen de minoría con 7 firmas, de Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal. Hay otro dictamen con firmas de los diputados Agost Carreño, Brügge, Agustin Domingo y tres de la Coalición Cívica, que piden interpelar solamente a Guillermo Francos.
También hay un dictamen de minoría de Democracia para Siempre con 6 firmas, interpelando a Francos, Adorni y Cuneo Libarona; otro de minoría con 2 firmas, de Stolbizer y Massot; y otro de minoría, de rechazo del oficialismo.
El inicio de esta reunión se demoró por la ausencia del presidente de Finanzas, Bertie Benegas Lynch, sobre quien Karina Banfi pidió ir a buscarlo con la policía, “así podemos comenzar”. A lo que le aclararon que como esa comisión no es cabecera se podía arrancar igual. Cabe aclarar que, al comenzar, Bertie ya estaba ubicado en la cabecera, a la derecha de Banfi.
Durante la espera, que se hizo tediosa, el riojano Sergio Casas rompió el hielo para preguntar qué era lo que estaban haciendo ahí, ya que nadie hablaba, y que él ya había firmado el día anterior. Mayoraz le explicó que él había dejado el micrófono abierto por si alguien quería hacer uso de la palabra, pero no.
Habló entonces Juan Manuel López -porque estaba aburrido, aclaró-, y comentó que eso que estaban haciendo comenzó a hacerse en tiempos del Grupo A. Hasta entonces se acostumbraba a que las firmas se hicieran en los despachos, y como eso generaba dudas, comenzaron a hacerlo así.
“En cambio en el Senado, ahora vemos que se sigue haciendo en los despachos”, observó con ironía, poniendo como ejemplo lo que sucedió con los pliegos de la Corte, que durante meses nadie supo cuántas firmas tenían. “Eso acá no se hace, subámonos la autoestima: somos mejores que el Senado”, celebró el legislador de la Coalición Cívica.
Al igual que sucedió con el plenario anterior, el oficialismo no aceptó que los despachos se firmaran este martes. El proyecto encabezado por Pablo Juliano fue avalado por todos los bloques opositores interesados en el tema.
Luego de un caliente primer plenario, la oposición en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento presentó con 36 firmas un dictamen de mayoría que propone la creación de una comisión investigadora por el caso de la estafa $LIBRA, que tiene como protagonista principal al presidente Javier Milei.
Al igual que sucedió en la reunión anterior, el oficialismo recordó que los emplazamientos a las comisiones votados en la sesión de la semana pasada preveían el día miércoles para dictaminar y no el martes.
Sin embargo, los opositores enviaron el despacho a la comisión por correo electrónico, acompañado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica (éste último bloque en disidencia parcial).
El reclamo reglamentario podría ser parte de la sesión convocada por el oficialismo, para tratar el DNU sobre el acuerdo con el FMI, este miércoles, dada la negativa de La Libertad Avanza de aceptar los despachos. Por su parte, la oposición sostiene que la fecha del 19 de marzo era un plazo tope y nada impide que se pudieran presentan los despachos antes.
Autor del proyecto, el jefe de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, aseguró que “la oposición lo que busca es la verdad”. “Nosotros desde el minuto uno dijimos que no queríamos empezar por el final” en referencia al juicio político, aclaró el radical. Sobre la intención de crear la comisión investigadora, argumentó que “no es para corroborar si hay delito, de eso se va a encargar la justicia”, pero “este Parlamento es el encargado de verificar si hubo lesión institucional”.
“Necesitamos una comisión investigadora porque en la búsqueda de fortalecer a nuestro país, de devolverlo a una senda de desarrollo, necesitamos de las instituciones”, sostuvo y afirmó que “tenemos que verificar si la actitud del presidente el 14 de febrero nos va a traer responsabilidades a todo el pueblo argentino”, al mencionar las demandas realizadas en el exterior.
El bonaerense enfatizó: “Nosotros como el Congreso no podemos mirar para el costado. No hay vocación destituyente por el hecho de que queramos saber la verdad, terminen con esa teoría. La sociedad argentina desde el 14 de febrero necesita una respuesta seria”.
Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Carro recordó la reunión informativa con especialistas del mundo cripto realizada en febrero pasado en el marco de la Comisión de Comunicaciones e Informática -que preside- y consideró que “es imprescindible constituir esta comisión investigadora, más allá de lo que tenga que investigar la propia justicia en términos penales o civiles sobre la estafa” para lograr “separar la paja del trigo” y “saber quiénes fueron responsables o inocentes”.
Por su parte, su par de bloque Sergio Casas aseveró que “estamos frente a un presidente que ha cometido un acto delictivo”. “Están las firmas para que esta comisión investigadora cumpla con su cometido y el pueblo argentino sepa la verdad”, celebró.
A su turno, el jefe de UP, Germán Martínez, ponderó el acuerdo en “una única posición, ni una disidencia” sobre el proyecto de comisión investigadora, a raíz de que “hay una cantidad de diputados que creemos que esto es grave y tiene que investigarse a fondo, y la Cámara de Diputados no puede mirar al costado”.
“Esperamos que no entren en una irregularidad más, en una arbitrariedad más y en un nuevo gesto de autoritarismo”, advirtió sobre la negativa del oficialismo a recibir los dictámenes. “Espero que no obliguen al personal a impedir que se refrende un dictamen que cuenta con las firmas suficientes de este plenario. Esperamos que no lo hagan. No fuercen a que estas cosas pasen”, agregó.
Aliada del oficialismo, la diputada del Pro Silvana Giudici manifestó: “Acá no se está cometiendo ningún tipo de irregularidad, se está cumpliendo con la decisión de la mayoría del cuerpo”.
La secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, leyó la versión taquigráfica de la sesión en la que se aprobaron los emplazamientos y lanzó: “Ellos mismos se limitaron en la forma de tratarlo, no fuimos nosotros”.
“No tenemos intenciones de obstaculizar, por eso en Labor Parlamentaria vamos a proponer que se posponga el horario, para que la sesión de mañana no impida que se realicen los plenarios (para dictaminar)”, insistió.
Finalmente, el oficialista Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, mantuvo la postura: “Como dije en el plenario anterior, no se aceptan dictámenes. Tenemos que ser muy respetuosos de lo que ha dicho el pleno”.
Será en el marco de un plenario de comisiones que se reunirá este martes a las 13 para tratar un paquete de proyectos de resolución contra el Gobierno por el escándalo $LIBRA. La convocatoria para crear una comisión investigadora ya tiene fecha y horario.
El escándalo por el criptogate suma un nuevo capítulo. En esta ocasión se trasladará a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia de la Cámara baja, todas ellas presididas por diputados libertarios Nicolás Mayoraz, Benegas Lynch y Manuel Quintar respectivamente.
El emplazamiento a comisión había sido pedido por el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño en la sesión del miércoles pasado. Además, había solicitado otro emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para el martes 18 a las 16 y el miércoles 19 a las 16, para dictaminar sobre la creación de una comisión investigadora. Ambos resultaron aprobados.
El encuentro fue oficializado para este martes 18 de marzo a las 13 en el 2° piso del Anexo “C” de la Cámara baja a fin de poner a consideración un paquete de proyectos de diferentes bloques políticos de pedidos de informes e interpelación a funcionarios del Ejecutivo por el caso $LIBRA puntualmente al presidente de la Nación, Javier Milei; a la secretaria presidencial, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al vocero presidencial, Manuel Adorni; y al ministro de Economía, Luis Caputo.
Por su parte, a las 16 se reunirá un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento -presidida por la diputada del Pro Silvia Lospennato, para darle tratamiento a dos proyectos que crean una Comisión Especial Bicameral Investigadora del caso $LIBRA.
La oposición consiguió poner fecha y hora a un plenario de comisiones con 134 votos a favor y 94 en contra. Hubo además 28 ausentes.
La oposición logró este miércoles en la Cámara de Diputados aprobar el emplazamiento a un plenario de comisiones para tratar un proyecto que propone crear una comisión investigadora del caso de la criptomoneda $LIBRA, por el cual el presidente Javier Milei fue denunciado.
Los 134 votos a favor fueron 95 de Unión por la Patria, 11 de Democracia para Siempre, 8 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda.
También lo hicieron -como se anticipó de manera un tanto sorpresiva- los tres integrantes del MID, habitual aliado del oficialismo: Oscar Zago, Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone.
Asimismo, por el Pro votaron afirmativamente los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi.
Los votos se completaron con Sergio Acevedo de Por Santa Cruz y los monobloquistas Mario Barletta (Unidos), Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) y Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal).
Los 94 votos en contra fueron de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, las dos sanjuaninas del bloque Producción y Trabajo y el rionegrino Agustín Domingo de Innovación Federal, el único que estuvo presente de su bloque.
Además, se opusieron la tucumana Paula Omodeo, el neuquino Osvaldo Llancafilo y el fueguino Ricardo Garramuño, cada uno con bloque unipersonal.
Entre los 28 ausentes estuvieron los tres tucumanos que forman parte de Independencia, bancada aliada del oficialismo. También los cuatro misioneros y tres salteños de Innovación Federal, con terminal en sus gobernadores; y otros siete de Encuentro Federal, que fueron cuatro cordobeses, un chubutense, un entrerriano (influidos por los mandatarios Martín Llaryora, Ignacio ‘Nacho’ Torres y Rogelio Frigerio, respectivamente) y el bonaerense Florencio Randazzo, que había dado quórum para la sesión.
El bloque Por Santa Cruz tuvo un ausente, José Luis Garrido; al igual que Democracia para Siempre, con la entrerriana Marcela Antola. Tampoco participó de la votación el porteño Ricardo López Murphy. El Pro tuvo dos ausentes, UP tres y la UCR otros tres.
A la hora de las explicaciones, el partido presidido por Mauricio Macri sostiene que “la búsqueda de la verdad no debe prestarse a maniobras de oportunismo político”.
El Pro justificó este viernes su decisión de no acompañar el pedido de creación de una comisión investigadora en el Congreso. Lo hizo a través de un comunicado difundido a través de las redes sociales en el que marca su postura desde el título: “La Justicia debe investigar, el Congreso legislar”.
“Nuestro rol es exigir que la Justicia investigue y no intentar reemplazar a la Justicia”, señaló el Pro en un mensaje en el que señaló que “en una República, cada poder del Estado debe cumplir su rol constitucional sin interferencias de los otros poderes y con la máxima eficiencia”.
Para el partido amarillo, “la facultad de constituir comisiones investigadoras se considera una atribución implícita del Congreso, derivada del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional. La doctrina reconoce esta prerrogativa, pero la concibe como un medio para cumplir las funciones propias del Poder Legislativo: elaborar leyes y ejercer el control institucional. Por ello, existe consenso en que una comisión legislativa no debe constituirse con el propósito principal de investigar delitos, ya que esa es una función exclusiva del Poder Judicial”.
Por esta razón, agrega el Pro, “nuestro bloque de senadores decidió no acompañar la creación de una comisión investigadora. La búsqueda de la verdad no debe prestarse a maniobras de oportunismo político”.
Y cerró: “Reafirmamos nuestro reclamo de una investigación judicial pronta y exhaustiva que despeje todas las dudas y ayude a recuperar la confianza en las instituciones, base fundamental para un crecimiento económico sostenible”.
La bancada conducida por Pablo Juliano argumentó que “la gravedad institucional de lo acontecido nos convoca para investigar y concluir si se han cometido delitos”. Además, presentaron un proyecto para que el presidente responda si tiene vínculo con los creadores de la criptomonedas, las razones de su promoción y si le ofrecieron alguna retribución.
Ante la conmoción que generó la participación de Javier Milei el viernes por la noche en la promoción de $LIBRA, un token que alcanzó una cotización récord pero luego se desplomó, desde el Congreso se siguen sumando proyectos de resolución pidiendo explicaciones al Ejecutivo por lo ocurrido.
En esta ocasión, el bloque de diputados de Democracia para Siempre, conducido por Pablo Juliano, presentó dos proyectos de resolución. El primero de ellos propone la creación de una comisión investigadora en medio del escándalo cripto que envuelve al máximo mandatario del país.
"La conducta del Sr. Presidente de la Nación Javier Milei que derivó en la promoción de la criptomoneda $LIBRA y en la generación de millones de dólares en ganancias para unos pocos y desconocidos inversores iniciales a costa de quienes siguieron el mensaje de la cuenta presidencial nos obliga a promover la creación de una comisión investigadora. La Cámara de Diputados debe hacerlo en cumplimiento de sus facultades constitucionales de fiscalización y control", argumentaron.
PdR Comision InvestigadoraEn la iniciativa establecen que la comisión tendrá como objeto principal investigar y analizar la referida conducta y sus consecuencias legales; estará integrada por 15 miembros, elegidos a propuesta de los respectivos bloques parlamentarios de acuerdo a la proporcionalidad; dictará su propio reglamento y se regirá por él; la presidencia de la Comisión será desempeñada por un diputado designado por la Comisión a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores.
“La gravedad institucional de lo acontecido por el accionar el primer mandatario nos convoca para investigar y concluir si se han cometido delitos o si estamos en presencia de mal desempeño o de conductas contrarias a la ética pública o al conflicto de intereses”, fundamentaron.
La otra iniciativa solicita que el Ejecutivo responda si el presidente Milei tiene algún vínculo con los creadores de la criptomoneda $LIBRA; Cuál fue la razón por la cual el Presidente el día viernes 14 de febrero de 2025 a las 19 horas, la promocionó a través de un posteo propio; recibió el presidente Milei alguna retribución por la promoción realizada a favor del proyecto mencionado, entre otras cuestiones.
PdR Libra finalOrganizaciones de Derechos Humanos criticaron duramente a la vicepresidenta Victoria Villarruel por el homenaje que realizó en el Senado. El pedido de expulsión contra los seis libertarios. Cuando será el plenario que definirá la creación de la comisión investigadora.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja se reunió por segunda vez este miércoles y emplazó a un plenario con Asuntos Constitucionales para el próximo miércoles 4 de septiembre por la mañana con el fin de dictaminar la creación de la comisión especial que investigará la visita de los seis diputados libertarios a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para reunirse con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad el pasado 11 de julio.
La moción fue presentada por el diputado cordobés Juan Brügge, de Encuentro Federal, y desde Unión por la Patria, a través de Cecilia Moreau y Vanesa Siley, exigieron apartar a Nicolás Mayoraz como autoridad del encuentro por su presunta participación en los chats que planificaron la logística de la visita de los seis libertarios al encuentro con Jorge Astiz y otros exmilitares detenidos en el penal de Ezeiza. “No podemos permitir que ensucie esta investigación”, acusaron.
El diputado santafesino aceptó cederle el lugar a María Eugenia Vidal, vicepresidenta primera de Asuntos Constitucionales, pero se defendió de las acusaciones de la oposición: “No voy a permitir que Cecilia Moreau me diga que soy parte de un plan de impunidad”. “En mis 30 años como abogado, jamás milité, ni me metí en estos temas y jamás iría a una visita de estas”, le contestó a Unión por la Patria.
En el final, la diputada Siley pidió “circunscribir los hechos a partir del 27 de febrero”, en base a las capturas trascendidas por la prensa sobre la visita de los diputados Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta y los vínculos previos a la realización del encuentro.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, ratificó su compromiso como autoridad cabecera del debate, pero lanzó críticas con la legisladora que abandonó La Libertad Avanza para formar un monobloque: “Me sentí estafada porque una diputada dijo acá que ‘no sabía’ y en Twitter (actual X) dijo otra cosa”. “O sabías o no sabías. Quizás buscaba notoriedad pública”, concluyó.
La reunión presidida por Lospennato comenzó con la exposición de representantes de organizaciones de Derechos Humanos. La primera expositora fue Taty Almeida, integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, quien dejó en claro que “no venimos a pedir, venimos a exigir, que directamente se lo expulse”. Catalogó al hecho de “deplorable episodio” y acusó al oficialismo de “ser amigo de los genocidas”.
Por otro lado, las críticas también fueron contra la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien este martes encabezó el acto por el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo” en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Sumó al presidente Javier Milei y los señaló como artífices de llevar a cabo “una cosa deshumana total”. “¿No van a los barrios? ¿no saben que diez personas murieron en situación de calle? Están deshumanizando a este país”, concluyó.
Reconocido Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, les mandó un fuerte mensaje a los partícipes del viaje a Ezeiza: “Los que fueron a abrazarse con genocidas son indeseables, son una lacra y traicionan al pueblo argentino”. También, explicó que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo y tienen continuidad en el tiempo”.
En tercer lugar, Margarita Cruz recalcó que “hubo juicios en el marco de crímenes de lesa humanidad, pero nosotros hubiéramos querido más”, y cuestionó que “se comprobó que hubo 800 centro clandestinos y hay un promedio de que hay dos represores detenidos por centro: No dan las cuentas”. A su vez, cargó que “la Procuraduría aportó que el 84% de los condenados están con domiciliarias. No venimos a hablar de números, venimos a contar que no fueron juzgados todos”.
En representación de Estela de Carlotto, líder de Abuelas de Plaza de Mayo, Guillermo Pérez Roisinblit leyó una carta y expresó: “Es inadmisible que conspiren junto a represores condenados por delitos de lesa humanidad”, e hizo una clara alusión a la vicepresidenta de la Nación: “Algunos quieren desconocer la historia y quieren traer la ‘teoría de los dos demonios’, pero la Justicia solo comprobó uno”.
“Es doloroso que nieguen y conspiren a espaldas de la sociedad con quienes ocultan la identidad de nuestros nietos”, siguió leyendo el representante de Abuelas, quien añadió más críticas contra los diputados oficialistas: “A estos criminales los quieren hacer pasar como pobres ancianos que están detenidos injustamente y esto no puede quedar en el olvido”. Reiteró el pedido de sanciones para los seis libertarios.
Por su parte, Mabel Cariaga relató los sucesos respecto a cómo Jorge Astiz se infiltró en Madres de Plaza de Mayo y perpetró secuestros y asesinatos desde adentro. “Los detenidos son cobardes y los que fueron a Ezeiza salieron de allí con las manos manchadas de sangre”. Por último, apuntó contra un oficialista: “Beltrán Benedit reivindicó a la dictadura. No puede seguir formando parte de esta casa de la democracia”.
Completaron las exposiciones la exdiputada Myriam Bregman, Cecilia de Vincenti, Pablo Llonto, Guadalupe Godoy, Carlos Pisoni y Moreno Ariana Elisabeth, de forma virtual.
El legislador Juan Manuel Valdés (FdT) impulsó un proyecto de ley para que en el ámbito legislativo de la Ciudad se conforme dicha comisión, a fin de obtener precisiones sobre el incendio y derrumbe que provocó la muerte de diez personas.
Tras haberse reunido con los familiares de las víctimas de la tragedia de Iron Mountain, el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear una “Comisión Investigadora sobre el incendio y consecuente derrumbe de un depósito de la empresa Iron Mountain”.
Dicha comisión tendrá como función determinar si hubo responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las causas que llevaron a que sucediera el siniestro en el depósito de la empresa Iron Mountain.
La misma podrá requerir información, expedientes, documentación, peritajes o cualquier otro material de interés al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Entes Autárquicos de la Ciudad, así como recibir declaración de autoridades, funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, Poder Judicial o Entes Autárquicos; puede también recibir declaración de particulares y damnificados y efectuar toda otra diligencia probatoria que sea necesaria para su cometido.
De acuerdo al texto, la comisión deberá estar integrada por 17 diputados, respetando la representación de los partidos políticos y las alianzas; la misma será presidida por un legislador representante de la primera minoría, un vicepresidente y un secretario, electos por los miembros.
A su vez plantea que en el marco de la investigación, toda información requerida por la comisión al Poder Ejecutivo debe ser suministrada en un plazo no mayor a los diez días desde el momento de su recepción.
En los fundamentos de la medida Valdés recordó que la tragedia que se cobró la vida de diez personas ocurrió el 5 de febrero de 2014 en la calle Azara 1245, del barrio de Barracas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Desde que ocurrió hasta el día de hoy la investigación judicial en curso ha ido adquiriendo diferentes caminos, pero la única línea conductora es que quienes han perdido familiares en Iron Mountain aún no han encontrado justicia”, manifestó en los fundamentos del proyecto.
Al mismo tiempo rememoró que en mayo de 2018 “un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional les quitó la posibilidad de ser querellantes en la causa que investiga la muerte de sus seres queridos” y precisó que “tras una larga lucha de ellos y ellas, junto al apoyo de Diputados Nacionales y Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires lograron que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal revocara la decisión, habilitando nuevamente a que sean parte de la causa”.
“Como cuerpo debemos contribuir al esclarecimiento de este hecho ya que es de público conocimiento que el expediente de habilitación de la empresa Iron Mountain 58541/07 nunca fue encontrado en su formato original por lo que no podemos saber a ciencia cierta en qué condiciones de seguridad estaba funcionando el depósito cuando se incendió”, concluyó.
La iniciativa también lleva la firma del presidente del bloque FdT, Claudio Ferreño, y las legisladoras Victoria Montenegro, Claudia Neira, Cecilia Segura y Laura Velasco (FdT).
La senadora oficialista María de los Angeles Sacnun cuestionó la manera como los senadores de Juntos por el Cambio objetaron la creación de una comisión investigadora y dijo que no solo deberían habilitarla, sino también integrarla.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Angeles Sacnun, defendió enfáticamente la creación de una comisión investigadora de la cuestión crediticia de la empresa Vicentin y rechazó que la misma tenga visos de nulidad, como argumentó la oposición.
“Hay que analizar la conducta previa que ha tenido la oposición durante todo este período de sesiones virtuales. Se han desconectado en muchas oportunidades en las comisiones, de hecho en la comisión donde obtuvo dictamen favorable el proyecto mediante el cual se crea la comisión investigadora, solamente se limitaron a leer cinco puntos que fundamentalmente cuestionaban la posibilidad de que el Congreso lleve adelante comisiones investigadoras, y en ningún momento hicieron ningún tipo de planteo respecto de las mayorías requeridas. Y obviamente uno no esperaba que tampoco lo hicieran, porque estamos hablando de un proyecto de ley”, sostuvo la senadora santafesina en diálogo con Parlamentario TV. En ese marco sostuvo que “a comisión investigadora no requiere los dos tercios, porque con la mitad más uno de los presentes se sanciona y pasa a la Cámara de Diputados”.
Sacnun se basó en los antecedentes legislativos de comisiones investigadoras conformadas a través de proyectos de ley, y puso como ejemplo la última, la que se encargó de investigar lo sucedido con el submarino ARA San Juan. En ese caso, recordó, contó con el voto unánime en ambas cámaras.
“De ninguna manera hubiera requerido los dos tercios, como maliciosamente está señalando la oposición. Estamos hablando de un proyecto de ley y no de una reforma del reglamento, que sí hubiera requerido de los dos tercios, la mayoría agravada”, puntualizó la legisladora kirchnerista, que recordó que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales que ella preside se sacaron varios dictámenes de reforma del reglamento y “no fueron incluidos todavía para ser tratados en sesión, porque justamente hasta que no se acuerde y no se cuente con esos dos tercios, la reforma del reglamento no se va a tratar en la Cámara, porque no va a contar con la mayoría requerida”.
Por otra parte, la senadora santafesina recordó que la sesión en cuestión duró seis horas, a lo largo de las cuales “tuvieron la oportunidad de expresarse larga y ampliamente el sector opositor… La verdad que no encuentro motivo para generar esta discordia”.
En ese marco, María de los Angeles Sacnun sostuvo que la cuestión de fondo pasa por preguntarse “por qué la oposición no quiere que se investigue la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y Vicentin. Ahí es donde reside el eje de la cuestión”.
“Hubo todo el tiempo palos en la rueda para evitar la conformación de la comisión, y eso habla mal de la oposición -agregó-. Deberían no solamente acompañar la necesidad de que el Congreso investigue, sino además integrar activamente esa comisión y aportar todos los elementos que ellos creen que pueden servir a los fines de esclarecer la situación”.