Funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación expondrán este jueves, a partir de las 15, ante diputados sobre las recomendaciones realizadas por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura sobre los lugares de detención.

El encuentro será en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos, que presiden los diputados oficialistas Carolina Gaillard y Hugo Yasky, respectivamente.

Durante el encuentro participarán por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazabal -presidente-, Diana Conti, Gustavo Federico Palmieri, María Josefina Ignacio, Rocío Alconada Alfonsín, Diego Jorge Lavado, Ricardo Nioi, Alejandro Armoa, Francisco Mugnolo, Alex Ziegler, María Laura Leguizamón y Alan Lud.

También lo hará la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación e interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós.

Además, expondrá la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez; y el defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Guillermo Todarello.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, solicitó a las autoridades provinciales y nacionales que informen sobre las medidas adoptadas para prevenir el contagio de Covid-19 en establecimientos donde se encuentren personas privadas de su libertad.

Esto incluye a las unidades penitenciarias, comisarías, centros cerrados de jóvenes, centros de salud mental, geriátricos, hogares de niños, entre otros.

Asimismo, el Comité efectuó un pedido de asistencia técnica y asesoramiento al Subcomité para la Prevención de la Tortura  de Naciones Unidades a fin de que instruya sobre protocolos de actuación ante una pandemia de estas características y refiera sobre buenas prácticas aplicadas en otros países.

“El contexto de vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad muchas veces se ve agravado, especialmente en centros penitenciarios, debido al hacinamiento, a las deplorables condiciones de detención y a la falta de atención sanitaria de muchos establecimientos del país”, señaló el CNPT en diversos informes.

Y agregó que “esta situación torna aún más imperioso el estricto cumplimiento por parte del Estado de su obligación de garante frente al brote de Covid-19. Así, las autoridades tanto federales como locales deben tomar las medidas necesarias para resguardar y prevenir violaciones a la integridad personal de este grupo de personas”.

En este sentido, el CNPT recomendó a los magistrados resolver con la mayor celeridad posible las solicitudes de arresto domiciliario para la población de riesgo, es decir, mujeres embarazadas, madres con niños menores a 5 años, personas mayores a 65 años, personas con afecciones pulmonares y otros que se encuentren en riesgo de morbilidad.

El organismo también instó a adoptar decisiones tendientes a evitar la continuidad de la detención de aquellas personas que pueden acceder a los beneficios previstos por la ley para la libertad anticipada.