En diálogo con este medio en Casa Rosada, el funcionario confirmó el deseo del gobierno de aprobar la ley de Bases antes del paro impulsado por la CGT. Paro que insistió en considerar “ilegal”, dicho sea de paso. Pero admitió también que, por lo que sabía, se esfumaba la intención de sesionar dos días después, el sábado, como se había propuesto el oficialismo para cumplirle el deseo al Presidente.

Javier Milei estaba para ese entonces emprendiendo su regreso a Buenos Aires, después de una participación en el Foro de Davos que al menos a él dejó muy conforme. Más allá de las formas y contenido de su mensaje, se sabe que al mandatario le obsesiona generar impacto, y no tenía dudas ese mismo miércoles de que había cumplido con creces su objetivo. A las críticas que le hicieron -muchas muy duras- las soslayó, fustigando a sus detractores a través de las redes sociales.

A propósito, el tuit del dueño de X, Elon Musk, que el magnate ilustró con una foto hot que sugería que un discurso de Milei podría resultar más excitante que el sexo, le compensó cualquier preocupación que pudieran haberle generado los cuestionamientos que le dirigieron por el tenor de su exposición en Suiza.

La imagen con la que Elon Musk acompañó la participación de Milei en el Foro de Davos.

Los tiempos no daban para sesionar el sábado. Primero debían redactar un dictamen consensuado con la oposición dialoguista que garantizara que después fuera aprobado en el recinto, y para entonces eso estaba muy en veremos. Luego de un inicio formal de las conversaciones el lunes pasado, la negociación avanzó bien, pero el miércoles por la tarde/noche aparecía empantanada. Recién promediando el jueves pudieron reencauzar la relación y el viernes el gobierno difundió entre diputados que formaban parte de las discusiones un texto en el que se reconocía haber modificado (o adaptado) más de cien artículos, detallando el grueso de las concesiones que la gestión libertaria estaba dispuesta a hacer. En el resumen consignado, aparecían 8 ítems en los que se aceptaba limitar el plazo de vigencia de la emergencia a la mitad de lo pedido; fijar en cero las retenciones para las economías regionales, originalmente pautadas en 15 puntos. Se hacían concesiones con el FGS y se excluía a YPF del listado de empresas a privatizar, entre otras cosas.

No figuró en ese listado el detalle más ríspido que llevó a congelar las discusiones el miércoles: la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria. La oposición se resiste a dejar a la intemperie a los jubilados -base del electorado de la mayor parte de los bloques “dadores de gobernabilidad”-, máxime con semejantes índices de inflación. Quieren que aparezca una línea donde se diga que los haberes se irán compensando con algún índice, o que se mantenga mientras tanto la fórmula vigente. Desde el corazón del poder se aclaró que el Presidente considera innegociable ese artículo, y en definitiva no se incluyó en el texto que se hizo circular el viernes.

Tratándose de semejante tema, capaz de derrumbar todo el andamiaje en el que se construye el dictamen, cuesta creer a esta altura en semejante inflexibilidad, sobre todo porque en las charlas, la contraparte oficial mostró disposición a atender esos requerimientos.

En la oposición piensan que ese detalle ha sido dejado para el final, como última prenda de negociación. Se verá.

El plenario que durante seis días sirvió de marco del debate de la ley de Bases.

Mientras tanto, la pelota quedó por primera vez en terreno opositor, donde el viernes se aceleraron las reuniones puertas adentro, cuestión de consensuar premisas y calmar disidencias. No es fácil; cada uno de los espacios presenta fuertes diferencias internas cuyos jefes relativizan. En el Pro subsiste el ala dura capaz de militar cualquier medida extrema presidencial, con aquellos más identificados con lo que fue Juntos por el Cambio. En el radicalismo se debe recordar el cisma que el bloque del partido centenario sufrió en vísperas de la elección de autoridades, para tener presente que esa vez una docena de diputados se resistían a ungir a Rodrigo de Loredo. A esos sectores deben convencer, sobre todo después del duro posicionamiento que asumió la Convención Radical el viernes, que a través de un comunicado advirtió que no quieren que los problemas consecuentes del “pésimo gobierno que concluyó en 2023” se agraven “a partir de iniciativas improvisadas y poco democráticas que quiere llevar adelante el nuevo gobierno”. Los radicales que integran ese organismo que preside Gastón Manes, hermano de Facundo, se pronunciaron “contrarios de la forma y del fondo del proyecto”.

Hacemos Coalición Federal es el tercero en discordia, y un canto a la diversidad: tiene schiarettistas, cívicos, socialistas y peronistas “republicanos”, además de socialistas. Cuentan a su favor con la presencia de Emilio Monzó, un maestro a la hora de administrar egos y diferencias, y estar presididos por Miguel Pichetto, cuya capacidad y experiencia garantiza a priori que pueda encontrar la manera de canalizar inquietudes tan diversas.

Si el gobierno llegara a convencer a estos sectores, sin quiebres internos, estarían sumando 132 voluntades. Más los bloques pequeños y afines (9 diputados), y otros tantos de Innovación Federal (un bloque también diverso, que responde a los gobernadores de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén), podrían llegar a 150 voluntades (149 votos, pues el presidente de la Cámara no vota). Así sea muy difícil contar con la homogeneidad de todos los sectores, cualquier número cercano a ese en una votación en general, sería un triunfo espectacular para el gobierno.

Pero todavía no están ni cerca de semejante posibilidad. Para aproximarse a ese resultado, primero deberían terminar de acercar posiciones durante el fin de semana, para llegar el lunes al momento de las definiciones. Se verá en lo que suceda con el dictamen, pues ninguno de los bloques está dispuesto a consumar rupturas internas en aras de armonizar la relación con el gobierno. Para la oposición, ahí sí es todo o nada.

Es una pulseada en la que cada sector intenta forzar las modificaciones que desea, con el riesgo temido de muchos ex JxC de que el presidente pueda llegar a patear el tablero y activar el plan B: denunciar a los diputados por obstruir los cambios con los fines que él ya ha citado, y el objetivo de poner a la gente contra los habitantes del Congreso. Ese es un temor que ya confesaban los miembros de la oposición dialoguista cuando encontraban a un gobierno que daba señales de mostrarse irreductible. No es el caso en la actualidad, cuando ha dado muestras de flexibilidad y disposición ante los planteos de la oposición, pero el temor subsiste.

Pasado el fin de semana sin poder abrir el recinto, en el Gobierno se ilusionaban con la posibilidad de firmar el dictamen el lunes y sesionar el martes. Una sesión tan extensa como la que se vislumbra la haría coincidir con el desarrollo de la protesta del miércoles, convocada justamente frente al Palacio del Congreso.

La oposición tampoco quiere eso. Preferiría sesionar el jueves 25, fecha prevista originalmente para tratar esta ley, sin desafiar a las centrales sindicales. Como sea, nada evitará que, sesionen cuando sea, lo hagan rodeados de vallas por las protestas que igual convocarán, con el fin de recrear diciembre de 2017, cuando la reforma previsional de Cambiemos y las 14 toneladas de piedras. Por eso el Gobierno quería adelantarse.

Deseoso de liderar la protesta -a su juego lo llamaron-, Pablo Moyano se burló el viernes del apellido del vocero presidencial, aseguró que, salvo por la inflación -apenas un detalle-, todo andaba sobre rieles hasta que llegó Milei al Gobierno, y le apuntó a lo que calculó como una treintena de diputados peronistas dispuestos a habilitar la aprobación en la Cámara baja. Dio por hecha la media sanción al anticipar que evitarían que se convirtiera en ley en el Senado.

Es verdad que la de la Cámara alta será otra negociación que aún ni siquiera ha comenzado, pero el resultado allí dependerá de lo que se resuelva en Diputados y podría vislumbrarse a partir de cómo voten los diputados afines. Cierto es que en esa Cámara se ha dado el primer traspié legislativo de La Libertad Avanza, pues la ley de Boleta Unica de Papel quedó empantanada. Al sumarse Unión por la Patria al dictamen de minoría de la rionegrina Mónica Silva, y contar con la anuencia de los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia -que ya en Diputados no acompañaron en su momento la media sanción-, el proyecto quedó frizado y perderá estado parlamentario el 29 de febrero. Pasa que las partes quedarían empatadas en 36 y debería desempatar Victoria Villarruel, pero por tratarse de un tema electoral, el proyecto necesitaría una mayoría absoluta que, se ve, no alcanza.

Son los primeros esbozos de resistencia que Unión por la Patria buscará canalizar. Esta ley les permitirá salir a la calle por primera vez contra el Gobierno de Milei, sin ser azuzados por los principales referentes de la gestión anterior. Alberto Fernández “auto exiliado” en España; Sergio Massa en retiro táctico al menos hasta marzo, y Cristina Kirchner recomendando moderación “por ahora”. Ella espera que sea la gente que, más temprano que tarde, reaccione ante el ajuste en marcha y será el turno de la dirigencia peronista para subirse luego a esa protesta. Mientras tanto, están a la búsqueda de liderazgos.

El jueves pasado mostraron un esbozo, cuando Axel Kicillof convocó a una reunión en la Casa de la Provincia de Buenos Aires que él encabezó, para anunciar su apoyo al paro del 24. A su derecha se sentó otro de los que sueña con liderar: el riojano Ricardo Quintela, imaginándose en la senda de su comprovinciano Carlos Menem. Ese gobernador ya desafió al Gobierno nacional lanzando su propia cuasimoneda. En la campaña, recordemos, había prometido renunciar si Milei ganaba el balotaje.

El proyecto de ley enviado por la Función Ejecutiva se trató este miércoles en sesión extraordinaria de la Legislatura riojana. Se trata de la denominada cuasimoneda que, según explicó la vicegobernadora Teresita Madera, permitirá acompañar a los trabajadores y sostener al comercio local, ante la angustiante situación actual, producto de las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional.

En sesión extraordinaria presidida por la vicegobernadora Madera, la Cámara de Diputados dio tratamiento y aprobó sobre tablas dos Proyectos enviados por el Ejecutivo Provincial, facultó a la Función Ejecutiva a emitir Bonos de Cancelación de Deuda y aprobó el acuerdo legislativo sobre la designación del fiscal de Estado, confirmando en este lugar a Emilio Rodríguez.

Previo al debate, en conferencia de prensa la vicegobernadora Teresita Madera sostuvo que se trata de una herramienta para mejorar la economía de los trabajadores. “El objetivo de este bono es poder, sostener la economía provincial, priorizando a los trabajadores y al comercio local, que nuestra gente no pierda poder adquisitivo, ante la situación que atravesamos por las medidas implementadas por el Gobierno Nacional”, dijo.

Además, Madera agregó que “la Argentina está siendo sometida a una inflación extremadamente grave, que vino a agudizar lo que el país estaba viviendo en estos últimos años, pero que pasamos de una inflación del 7 o 9 por ciento, a una inflación del 26% que cerró el mes de diciembre, que hace que cualquier sueldo termine licuándose en el bolsillo de nuestra gente, que puede satisfacer necesidades básicas, y es aquí donde la creación de este bono viene a permitirnos brindarles una solución”.

El proyecto aprobado faculta a la Función Ejecutiva a emitir Bono de Cancelación de Deuda en formato físico y/o digital hasta la suma de pesos veintidós mil quinientos millones, la cual fue aprobada por la modificación propuesta por el miembro informante, diputado Oscar Chamía, teniendo en cuenta que el proyecto original no contemplada la inflación prevista para enero y febrero, anunciada por el presidente de la Nación.

Asimismo, la ley crea la Comisión de Seguimiento y Fiscalización para el cumplimiento y control, la que podrá recomendar a la Función Ejecutiva con carácter vinculante, la misma se integra con tres diputados, dos representantes de la Función Ejecutiva y un representante del Consejo Económico y Social Provincial.

Por moción del diputado Antonio Godoy, se aprobó que conformen dicha comisión los legisladores Raúl Cabral y Lourdes Ortiz; ante el rechazo del diputado Gustavo Galván de que el bloque de la UCR forme parte de la misma; se aprobó como tercer miembro a la diputada Teresita Luna.

Durante el debate, el diputado Chamía explicó que el fin de proyecto es “defender los derechos de los riojanos ante los ajustes del Gobierno Nacional, entiendo que hay todo un pueblo que siente la asfixia de las medidas económicas implementas por Javier Milei”.

Destacó que “el gobernador ha respetado la estacionalidad, enviando el proyecto por las vías correspondientes, porque bien podría haber mandado un DNU como hace el presidente. Esta Cámara hoy sesiona, porque el pueblo argentino y riojano está siendo llevado a la decidía por el Gobierno Nacional, pero tenemos un gobernador que protege a los riojanos, que quiere que nuestra gente no pierda su poder adquisitivo”.

Agregó que el proyecto tiende a dar tranquilidad social hasta el que el Estado Nacional devuelva los fondos que se deben, entendemos que haya gente que piensa diferente, pero queremos poder darle al Estado Provincial esta herramienta para beneficiar y contener a los riojanos.

Por su parte, Cabral manifestó que esta herramienta busca no frenar la actividad económica, porque eso significaría gente en la calle, sin trabajo, sin salario; “tenemos un gobierno con un presupuesto creado en 2022, y ante la inflación no podemos hablar de una situación ordinaria, entendemos que el gobernador busque brindar respuesta y respaldo ante este contexto”.

Asimismo, el legislador aclaró algunos conceptos y reafirmó que “estamos facultando al ejecutivo, para que con una buena administración determine como se va a implementar, tenemos un gobierno que piensa ante todo en la gente”.

En el mismo sentido, hizo uso de la palabra la diputada Lourdes Ortiz quien resaltó “no venimos contentos a pensar esta herramienta, no nos pone felices tener que pensar en una herramienta que les permita al gobierno cumplir con nuestra gente, pero hasta el día de hoy había un único camino pedido por el Gobierno Nacional: congelar los sueldos de todos los asalariados porque el presidente dice no hay plata, quitarle dinero a la gente para controlar la inflación”.

Ante los planteos de la oposición, Ortiz sostuvo que cuando remarcan sobre los derechos de los trabajadores, no olviden que el Congreso de la Nación está tratando un proyecto donde se discuten principios fundamentales del derecho laboral. “Trabajamos y discutimos las herramientas que le garanticen a nuestra gente no perder su poder adquisitivo”, sostuvo y llamó a la reflexión a la oposición.

Por su parte, desde el bloque unipersonal Norte Grande, la diputada Teresita Luna manifestó su acompañamiento al proyecto y expresó “nos han votado para brindar soluciones, debemos dar respuesta a la gente, estamos habilitando un instrumento financiero para que el gobierno tenga herramientas para avanzar junto a la clase trabajadora, ese compromiso venimos a asumir”.

“Estamos en serio riesgo de perder el federalismo, estamos en riesgo las provincias argentinas; tenemos que estar unidos los que creemos en la política como herramienta de transformación. No podemos ser meros espectadores de este desastre causado por las medidas implementadas por el Gobierno Nacional”, sostuvo.

Desde el Bloque opositor, Galván dijo que la Cámara trata este proyecto trascendente para los riojanos, para que el gobierno provincial pueda recomponer los magros sueldos de los trabajadores; “entiendo la urgencia, pero debemos ser responsables y tomar el tiempo de interpretar este texto; no podemos acompañar el proyecto tal cual está planteado”.

Desde La Libertad Avanza, Liliana Medina se opuso al proyecto planteando dudas sobre el mismo y sostuvo que cree que menguará el ingreso de cada uno de los empleados públicos.