El diputado nacional José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo-Mendoza) presentó en el Congreso un proyecto de ley “para mejorar el servicio de justicia en el país, reduciendo la feria judicial y ampliando el horario de atención” bajo el argumento de que el Poder Judicial “no está actuando como corresponde” a causa de “la demora excesiva a la hora de resolver las causas a nivel nacional”.

“Durante el año 2020, y debido a la pandemia por Covid-19, el Poder Judicial tuvo siete meses totales de feria contabilizando enero, que es la feria tradicional, y seis meses más por la pandemia. Todo esto sin tener en cuenta que ante la necesidad de volver a una cierta normalidad laboral, redujo su horario de trabajo a cinco horas, profundizando los problemas y demoras en los diferentes fueros”, apuntó Ramón.

La iniciativa planteada por el legislador “apunta a acelerar los procesos judiciales y la resolución de casos, entendiendo que se trata de un Poder del Estado que a pesar de tener cada vez mayores demoras, aún así suspende su trabajo durante un mes y medio todos los años, y sólo dispone de un horario de atención de seis horas diarias”, señaló el mendocino.

Para el legislador “si bien es cierto que faltan juzgados, presupuesto, o que existe una centralización de expedientes en algunos fueros (como el de la Capital Federal), hay un factor importante que no puede justificarse: el horario de atención y la feria judicial”.

“Este mal desempeño fue motivo de sentencias desfavorables para la Argentina ante tribunales internacionales de DDHH, que condenaron al país y lo ordenaron a tomar cartas en el asunto”, manifestó Ramón.

Para un funcionamiento más eficiente de la justicia, la iniciativa del diputado propone específicamente: “Ampliar la franja horaria de atención a ocho horas; acotar la feria de invierno y verano a la mitad, cumpliendo con límites y horarios mínimos de atención; promover una rápida respuesta jurisdiccional con mayor transparencia y control de la gestión, entre otras cuestiones que hacen al derecho ciudadano”.

El bloque de diputados nacionales del Pro expresó su profunda preocupación ante la nueva extensión de la feria judicial extraordinaria decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El proyecto de declaración presentado fundamenta su rechazo entendiendo que la decisión del máximo tribunal se debe a que la medida adoptada el pasado 25 de mayo “limita el derecho de la ciudadanía de acceder al servicio de Justicia, garantizado por la Constitución nacional”.

En ese sentido, recuerda que la Cámara de Diputados el pasado 13 de abril, a través de un proyecto de resolución, le solicitó al Poder Ejecutivo que declarara a la justicia servicio esencial en el marco de la pandemia y que con un proyecto de declaración del 20 de mayo de 2020 manifestó su preocupación por la falta de acceso al servicio de justicia por parte de la población en general.

“Si bien la decisión de la Corte Suprema se ampara en razones de salud pública -sostiene el proyecto de declaración-, desconoce que el servicio de justicia resulta esencial para los ciudadanos y las instituciones de nuestro país y se trata de un derecho amparado por nuestra Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional que consagran el derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva”.

Por su parte, señala que las provincias de Entre Ríos, Jujuy, Mendoza y Corrientes lograron compatibilizar el servicio de Justicia con la protección de la salud de los trabajadores. Asimismo, destaca que en sintonía con su postura se han expresado oportunamente tanto el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal como el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia.

La iniciativa del Pro lleva las firmas de los diputados y diputadas Cristian Ritondo, Luis Juez, Pablo Tonelli, Graciela Ocaña, Silvia Lospennato, Jorge Enríquez, María Luján Rey y Fernando Iglesias.