Ante la situación que atraviesa la provincia de Jujuy tras la aprobación parcial de la reforma de la Constitución provincial, donde se limita el derecho a la protesta, la diputada nacional Gisela Marziotta (FdT) presentó un proyecto que promueve la intervención federal a los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo de Jujuy.

En la iniciativa plantea que es necesario esta medida para “restablecer la forma representativa, republicana y federal de gobierno (artículo 6º, C.N.), en resguardo de la vida, integridad y libertad de las personas humanas, y restablecer la supremacía de la Constitución Nacional (artículo36, C.N.), y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (artículo 75, inciso22º CN)”.

Además, la diputada kirchnerista explica que su propuesta está contemplada en el artículo 6 de la Constitución Nacional que se refiere a la conmoción interior “por el intento de alterar la estructura jerárquica del orden jurídico establecido por los artículos 31 y 75, inc. 22º de la C.N. y la ostensible lesión a lo preceptuado por el artículo. 75, inc. 17 de la C.N. de reparación histórica a los pueblos originarios y su derecho a habitar en comunidad sus tierras ancestrales”.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo designará al Interventor federal, la cual se extenderá por un plazo de 180 días “prorrogables por el Poder Ejecutivo Nacional por un período igual” y que “para asegurar la normalización y pleno funcionamiento de los Poderes Provinciales el Interventor deberá convocar a elecciones”.

También se dispone en la provincia intervenida “la inmediata caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo y de los miembros del Poder Legislativo y que se declare en comisión a los miembros del Poder Judicial”.

En los fundamentos se dice que “el Gobierno de la Provincia de Jujuy decidió realizar una reforma parcial de la Constitución provincial, que en sus modificaciones contradice los principios garantizados por la Constitución Nacional”.

Marziotta dijo que en ese contexto “el pueblo jujeño decidió movilizarse por sus derechos y afirmarse contra la nueva reforma de la constitución de Jujuy. En esas circunstancias, el gobierno provincial reprimió a los argentinos y argentinas que alzaron la voz en la provincia de Jujuy. El nivel de violencia y represión fue tan grave, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exclamó su preocupación por el accionar de la policía local ante las movilizaciones, los arrestos y el uso excesivo de la fuerza”.

“Es necesario destacar que, además de los motivos previamente mencionados, la provincia de Jujuy posee antecedentes recientes de alteración de la forma republicana de gobierno, en tanto su poder judicial no solo es dependiente del poder político, sino que de hecho se encuentra cooptado por este en gran medida”, subrayó.

En tanto, señaló que “esto se refleja en la ampliación por ley del Tribunal Supremo de la provincia de 5 a 9 miembros, donde dos de los nuevos miembros incorporados fueron diputados que votaron dos días antes por esta ampliación. Aún más, el gobernador instó a renunciar a tres de los integrantes previos, con el pretexto de imponer su propia mayoría. Además, la provincia de Jujuy registra un historial de persecución y presos políticos, teniendo el caso de Milagro Sala como antecedente. Estos hechos constituyen una gravedad institucional extrema”.

La diputada oficialista también recordó que Morales “fue electo como uno de los convencionales constituyentes, y fue propuesto incluso para presidir dicha comisión, lo cual está expresamente prohibido en la Constitución de Jujuy de 1986”.

Por otro lado, manifestó que la limitación del derecho a la protesta contemplado en el artículo 67 del nuevo texto de la Carta Magna “contradice el derecho a la protesta contemplado en la Argentina en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión (artículos 14 y 32) y amparado por los Tratados Internacionales que integran el bloque de constitucionalidad (artículo 75 inciso 22), como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 18), la libertad de opinión y de expresión (artículo 19) y la libertad de reunión y asociación pacífica (artículo 20)”.

A su vez, destacó en el proyecto que “la libertad de expresión y el derecho a la protesta constituyen no sólo garantías constitucionales, sino también son la base indispensable del funcionamiento del sistema democrático. Por este motivo, la reforma constitucional desarrollada en Jujuy impulsada por el gobierno de Morales resulta inconstitucional y antidemocrática, en tanto pretende avasallar derechos constitucionales establecidos en la ley suprema de la Nación”.

En ese sentido agregó que “aún más, la modificación del artículo 36 sobre el derecho a la propiedad privada afecta los derechos de los pueblos originarios” contemplados por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.

El jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri, expresó su rechazo al proyecto presentado por la diputada oficialista Gisella Marziotta que propone la intervención federal en Jujuy tras los incidentes ocurridos el fin de semana en la Legislatura provincial y lo tildó de “barbaridad inaceptable”. Por otro lado, cuestionó la cadena nacional del presidente de la Nación.

A través de su cuenta de Twitter, el cordobés criticó: “La escalada del kirchnerismo contra Jujuy no para, pese a las palabras del presidente en cadena nacional. Así es el paso que ha dado a través de una de las diputadas más fieles del kirchnerismo la diputada Marziotta quien ha pedido la intervención de la provincia de Jujuy en la Cámara de Diputados”.

En esa línea, apuntó contra el discurso de Alberto Fernández por cadena nacional quien anunció su intención de ir a la justicia para determinar si la reforma jujeña es constitucional o no.

“El presidente llamando al diálogo en vez de hacer cumplir la ley ayudar a poner el orden y liberar las rutas para ayudar a transitar la gente”, señaló Negri.

Así, manifestó que “está absolutamente claro cuál es el propósito que tiene el kirchnerismo. Se están yendo del gobierno y quieren en Jujuy, si es posible, que vuelva el Estado paralelo que encabezó Milagro Sala y que ellos construyeron contra un propio gobierno del peronismo y lo quieren lograr antes, mediante la violencia, el caos y la incitación en contra del orden institucional. No lo van a poder lograr ni por el pueblo jujeño que hace 8 años que vive en paz ni por la democracia del país”.

Desde JxC repudiaron el proyecto

En el mismo sentido se pronunciaron otros legisladores y referentes de JxC, una de ellas fue la precandidata a presidenta por el Pro, Patricia Bullrich: “El plan es claro: intervenir la provincia de Jujuy para amnistiar a Milagro Sala. Con violencia preparan la impunidad antes de perder las elecciones nacionales”.

“Tres años sin escuelas en Chubut, personas confinadas sin fundamento en Formosa, muertes en cárceles de San Luis, violación constitucional en San Juan, femicidio y abuso de poder en Chaco… pero buscan intervenir Jujuy. ¿Será porque no gobierna el Peronismo?”, cuestionó el diputado nacional Fabio Quetglas.

El catamarqueño Francisco Monti expresó: “El fin de ciclo del kirchnerismo se materializa con los últimos espasmos de fervor dictatorial. Ahora piden la intervención federal del gobierno de Jujuy para limar a Gerardo Morales. Se viene un tiempo nuevo. Sin estados paralelos ni patotas financiadas por el Estado”.

“En vez de llamar al diálogo, de aportar soluciones, de bregar por el bienestar de los argentinos, el presidente decide hacer politiquería barata. Mi total respaldo al gobierno constitucional y democrático de Gerardo Morales en Jujuy. El 10 de diciembre Argentina cambia”, apuntó Álvaro González (Pro).