En medio de causas resonantes donde los teléfonos son piezas clave, como la investigación por presuntas coimas en la ANDIS, en la que la Justicia realizó una copia forense de uno de los celulares de Diego Spagnuolo y luego confirmó que gran parte de los mensajes borrados no podrán recuperarse, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley de “Acceso y Preservación de Evidencia Digital en el Proceso Penal”.

La iniciativa obliga, con orden judicial fundada, a entregar dispositivos cuando una persona esté investigada, habilita medidas urgentes para evitar borrados o alteraciones, y permite exigir huella o rostro para el desbloqueo, preservando la prohibición de forzar contraseñas, patrones o PIN.

“El proyecto parte de un dato obvio pero ignorado: la evidencia digital es hoy uno de los insumos probatorios más relevantes. Su carácter efímero y manipulable exige reglas claras para preservarla y acceder sin vulnerar derechos”, afirmó Agost Carreño.

El cordobés agregó que no se buscan “atajos punitivos” sino que “dotamos a la investigación de herramientas eficaces con órdenes judiciales fundadas, alcance limitado y cadena de custodia auditables”.

La propuesta instala tres pilares. Primero, la preservación inmediata: los jueces podrán ordenar -sin dilaciones- que por hasta 90 días no se borren ni alteren datos específicos y que se registren todos los accesos (hashes, logs, software y peritos) para resguardar la cadena de custodia.

Segundo, el acceso y la entrega: frente a una investigación, el magistrado podrá disponer la entrega del dispositivo o requerir asistencia técnica de terceros para ingresar de modo acotado (por cuentas, fechas, palabras clave).

Y tercero, la biometría con garantías: se autoriza huella o reconocimiento facial para desbloquear, pero queda prohibido compeler a revelar contraseñas, patrones o PIN por afectar la garantía de no autoincriminación. “No se podrá compeler al imputado a revelar credenciales memorizadas. Sí se admite, con orden fundada y en condiciones dignas, el uso de datos biométricos estrictamente para el desbloqueo”, explicó el legislador.

En un guiño a estándares internacionales, el texto toma como referencia el fallo Halabi sobre privacidad y antecedentes como Riley v. California y Carpenter v. United States, además del Convenio de Budapest sobre ciberdelito, con criterios de minimización (delimitar dispositivos, cuentas, intervalos y categorías de datos). “Equilibramos eficacia investigativa y tutela de derechos para anticiparnos a impugnaciones de inconstitucionalidad”, remarcó Agost Carreño.

La norma también penaliza la destrucción o alteración dolosa de evidencia digital y el incumplimiento de órdenes de entrega o de asistencia técnica. Para proveedores de servicios que desoigan decisiones judiciales se prevén multas en salarios mínimos e incluso inhabilitación en casos graves.

“Apuntamos a evitar la impunidad que genera el borrado o la reticencia en la entrega de pruebas, con escalas proporcionales y agravantes cuando haya funcionarios o delitos especialmente sensibles”, dijo el diputado de EF.

La iniciativa se presenta en medio de la causa ANDIS, donde los peritajes confirmaron la centralidad de los celulares y las dificultades cuando hubo borrados irrecuperables; y en el caso $LIBRA, donde se dispusieron allanamientos y secuestros de dispositivos, incluso el teléfono de Mauricio Novelli.

“La agenda judicial viene girando justamente alrededor del acceso a comunicaciones y metadatos. Si un juez ordena preservar o acceder, el Estado debe poder hacerlo rápido y bien. Este proyecto blinda la evidencia digital para que ninguna investigación -por corrupción o cualquier otro delito- dependa de que un teléfono llegue limpio”, cerró Agost Carreño.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unión por la Patria – Río Negro) expresó su preocupación ante los despidos “injustificados” y la decisión de “limitar” la renovación de contratos del personal administrativo y técnico del CONICET: “Prometieron privatizarlo y ante el rechazo de la sociedad, ahora buscan impedir su normal funcionamiento”.

“Estamos hablando de una institución emblema que recientemente volvió a ser distinguida como la mejor de América Latina”, destacó la legisladora y detalló: “La integran investigadores de todas las áreas disciplinarias y cumple un rol central en la formación de vocaciones científicas. Con una visión ampliamente federal, promueve la investigación y el desarrollo científico-tecnológico en todo el país”.

La rionegrina apuntó: “La decisión de reducir de manera arbitraria su personal, esconde un intento de vaciamiento”, y aclaró: “El CONICET se rige por 3 leyes: la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación; la de Financiamiento del Sistema y el Plan Nacional de Ciencia. Todas fueron ampliamente debatidas y aprobadas por grandes mayorías en el Congreso. Por eso, debilitar de manera discrecional su estructura, implicará -de forma tácita- el incumplimiento de la legislación argentina”.

“Desde el 10 de diciembre de 2023, la Ciencia y la Tecnología dejaron de ser políticas de Estado. El desfinanciamiento en curso, y la propagación de discursos estigmatizantes -y sin fundamento- hacia sus instituciones e integrantes, atenta contra la continuidad y fortalecimiento de un sector estratégico para el desarrollo y la soberanía nacional”, concluyó.