Después de aprobar el emplazamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, las comisiones de Poderes, Peticiones y Reglamento junto a Asuntos Constitucionales se reunirán en plenario este martes a las 12.00 para dar inicio al debate por la reforma de la Ley 26.122 para cambiar el Régimen Normativo de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Cabe recordar que la fecha fijada para dictaminar es el próximo martes 30 de septiembre.

El proyecto de ley cuenta con la media sanción del Senado donde fue aprobado con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones el pasado 4 de septiembre. La iniciativa pone en apuros al presidente Javier Milei, quien ya adelantó a fines del 2024 que la vetará en caso de que sea sancionada. El año pasado el tema comenzó en la Cámara baja, pero no prosperó y el referente libertario consideró que se trata de un intento de “cambiar las reglas del juego”.

El primer punto sobresaliente del proyecto aprobado por más de dos tercios en la Cámara alta establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Este artículo se contrapone a lo que sucedió con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de la desregulación de la economía argentina.

El 14 de marzo del 2024 el Senado rechazó el DNU 70/2023 y Diputados aún no lo abordó.

El segundo ítem distintivo de esta reforma planteada es la que habilitaría a ambas Cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos.
Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

El otro cambio sustancial de la Ley 26.122 es el tramite legislativo de blindaje a los DNU: en caso de que prospere este nuevo régimen, los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial. El último antecedente es el DNU 179/2025 que aprobó el nuevo Acuerdo con el FMI y quedó blindado con solamente el aval de la Cámara baja.

La última propuesta de cambio a la Ley de DNU es establecer que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Este artículo, contempla, además, que en caso de no ser tratados en el plazo de los primeros 90 días por alguna de las dos Cámaras también signifique la caída total del decreto de necesidad y urgencia.

Con la legislación actual vigente, un DNU solo será derogado por el rechazo de las dos Cámaras del Congreso de la Nación. Cabe recordar que el  DNU 70/2023 fue rechazado por el Senado el 14 de marzo del 2024, pero en la Cámara de Diputados aún no ha sido tratado.

Las autoridades de la Cámara de Diputados emitieron la convocatoria formal a sesionar este martes 12 de noviembre a partir de las 15, tal cual el pedido formulado este jueves por el diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón y otros, a fin de considerar un temario que incluye la reforma de la Ley 26.122, correspondiente al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, como así también el DNU 846/24 correspondiente al canje de deuda.

Según se informó, la Comisión de Labor Parlamentaria fue convocada para las 13.30, a fin de coordinar el desarrollo de la sesión convocada para las 15.

La reunión fue convocada por diputados de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo.

Días atrás estos mismos bloques alcanzaron un dictamen consensuado en comisiones, a las que se emplazaron en la última sesión, para modificar la Ley 26.122 -diseñada por Cristina Kirchner senadora en 2006- y recortar así el poder del presidente Javier Milei y sus sucesores en el uso excesivo de DNU.

Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, los opositores reúnen justo 129 diputados, aunque eso no implica que todos los integrantes de esas bancadas vayan a estar sentados en sus bancas el martes a las 15. Habrá que ver la actitud de los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre la reforma de la Ley 26.122.

El oficialismo, de acentuada minoría en ambas cámaras, rechaza de plano una reforma de este tipo. Además, Milei ya anticipó que si la norma se aprueba la vetará, al considerar que tiene la intención de realizar “un golpe de Estado”.

El Pro, aliado de La Libertad Avanza y clave con sus votos ante un eventual sostenimiento del veto -como lo fue en jubilaciones y universidades-, todavía no definió su posición. Con miradas divididas, pues hay miembros de esa bancada que en el pasado propusieron lo mismo, los legisladores integrantes de las comisiones optaron por no firmar ningún despacho.

Además del dictamen de la mayoría de UP, DpS y EF, hubo otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta), mientras que en el caso del rechazo del DNU de canje de deuda es por mayoría simple. Desde el entorno de los impulsores de la sesión se muestran confiados: “Creemos tener todo en orden”.

El dictamen de mayoría sobre la modificación a la Ley de DNU consta de cinco artículos. Entre ellos establece que los decretos “perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación”.

Además, cuando los decretos sean dictados durante el periodo de receso parlamentario “las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional”.

Uno de los cambios centrales es que “el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Actualmente, para ser rechazado un DNU necesita ser votado en ese sentido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tal como ocurrió con el decreto sobre los fondos millonarios para la SIDE, el primero en ser volteado por el Parlamento.

Finalmente, el proyecto indica que “rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario”.

¿El segundo DNU volteado?

Por otra parte, mediante el DNU 846/24, incluido en el temario de la sesión, el Poder Ejecutivo habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiera (mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales) y sin que se requiera autorización del Congreso.

Este es el tema que más incomoda al Gobierno, pues mientras a la ley que modifica la reglamentación de los DNU la puede llegar a vetar, si las dos cámaras rechazan el decreto 846, el mismo perderá su vigencia. Por eso es que fuentes oficiales ya adelantaron su preocupación sobre ese tema puntual, advirtiendo que ningún diputado alineado con sus gobernadores firmó la convocatoria a sesionar, a sabiendas de que esa medida afecta la estrategia financiera del Palacio de Hacienda.

Dejaron entrever además que esta convocatoria a sesionar “atenta contra las negociaciones del Presupuesto que se estaban llevando a cabo”. Ergo, es de imaginar que si las cosas salen como espera la oposición que convocó a esta sesión, el tratamiento del Presupuesto 2025 podría correr serio riesgo.

En caso de ser rechazado el decreto 846, es de imaginar que la suerte del mismo estaría echada, pues en el Senado es más sencillo para la oposición conseguir la mayoría necesaria para voltear definitivamente ese DNU. De suceder eso, sería la segunda vez en la historia, pues ya le pasó a este mismo gobierno con el decreto destinaba 100 millones de pesos en concepto de gastos reservados para la SIDE.

Por lo pronto, el oficialismo no convocó finalmente a otra sesión con temario propio, para el miércoles 13, como se preveía. Para ese día había trascendido que tratarían de debatir el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas y el de “ficha limpia”. Ante los últimos acontecimientos, parece que cambiaron de parecer.