A la Cámara baja fueron enviadas las iniciativas sobre “Súper RIGI” y una para regular el lobby. En el Senado todavía se aguarda este trámite formal.
Los proyectos de ley enviados recientemente por el Gobierno a la Cámara de Diputados fueron girados este miércoles a sus respectivas comisiones, trámite formal a cargo de la Presidencia. Por su parte, los que ingresaron por el Senado todavía aguardan ese trámite formal.
Una de las dos iniciativas que empezarán por la Cámara baja es la que propone el “Súper RIGI”, un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, que busca atraer inversiones de sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país.
La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo, inspirado en el RIGI original creado por la Ley Bases.
En Diputados, este proyecto se tratará en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch; Industria, presidida por un aliado del oficialismo, el santacruceño José Luis Garrido; y en Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo la conducción de Martín Yeza, del Pro.
Por su parte, el proyecto sobre régimen integral de “gestión de intereses”, más conocido como “Ley Lobby”, tiene el objetivo de transparentar y registrar las interacciones entre actores privados y funcionarios públicos en la toma de decisiones.
Esta propuesta tendrá como protagonistas a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente.
Hasta este miércoles por la tarde, los dos proyectos que ingresaron por el Senado todavía no tenían giro a comisiones.
En lo que respecta a la “Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar en Línea”, la media sanción de Diputados de noviembre de 2024 fue enviada por entonces a las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales del Senado. En la cámara de origen el trámite había sido aún más complejo, con cinco comisiones: Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.
En ese momento, la comisión cabecera en la Cámara alta la encabezaba la peronista Lucía Corpacci, que tras varios reclamos logró realizar reuniones informativas con las otras dos comisiones, pero nunca se dictaminó. Tras la renovación parlamentaria, estas tres comisiones están en manos de La Libertad Avanza, con Ivanna Arrascaeta en Salud; Nadia Márquez en Legislación General; y Gonzalo Guzmán Coraita en Justicia y Asuntos Penales.
De esta manera, el oficialismo manejará los tiempos de debate sobre este tema, en el cual el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo solo ataca el juego online ilegal y es más flexible con la publicidad habilitada para plataformas legales.
En cuanto a la propuesta para derogar la Ley 27.642, de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como de Etiquetado Frontal de Alimentos, el proyecto que había dado origen precisamente a esa norma nació en el Senado, con el consenso sobre iniciativas presentadas por los mendocinos Anabel Fernández Sagasti y Julio Cobos –exsenador-.
Durante 2020, año marcado por la pandemia y el trabajo remoto, el tema se discutió y posteriormente dictaminó en las comisiones de Salud e Industria y Comercio. La de Salud, como se señaló, está en manos de LLA, mientras que la segunda todavía es de las pocas que no está constituida en la Cámara alta.
La norma, que fue sancionada en la Cámara baja el pasado 26 de octubre, tiene como objetivo advertir a los consumidores sobre productos altos en grasas, sodio y azúcares con el propósito de cuidar la salud.
El Gobierno promulgó este viernes la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable o conocida como Ley de Etiquetado Frontal que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de octubre pasado, la cual se efectivizo mediante el decreto 782/2021 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. A partir de este trámite, el Poder Ejecutivo tiene 90 días para reglamentarla y dictar las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.
La Ley de Etiquetado Frontal apunta a advertir a la sociedad sobre los productos que tienen un alto contenido de grasas, sodios y azúcares para poder ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos. Por ese motivo, establece la incorporación en el frente de los envases de los productos ultra procesados una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos para la salud.
Además, otro de los puntos fundamentales de la normativa determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.
Por otra parte, establece la prohibición de emitir publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- de productos con sellos de advertencia y determinar que los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.
La norma también determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin estos sellos de advertencia.
La ley fue respaldada por una amplia cantidad de organizaciones de la sociedad civil que venían reclamando la sanción de una norma que promoviera una alimentación saludable, de forma similar a como existen en otras naciones.
En el mismo proyecto de ley se propicia la creación de un Registro de Infractores.
Impulsan en la Legislatura bonaerense una iniciativa que se refiere a la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable, sancionada el pasado 26 de octubre, y promueve la implementación de medidas para su aplicación en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La legisladora del Frente de Todos Gabriela Demaría presentó un proyecto para que la provincia de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable, sancionada el pasado 26 de octubre, e implemente medidas para su aplicación en el territorio bonaerense.
Vale recordar que la Ley Nacional busca “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas alcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas”.
En ese sentido, “se deberá advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías” incorporando en la parte frontal de los envases o envoltorios un sello octogonal negro con letras blancas que informe sobre esa situación.
La senadora Demaría propone una serie de medidas específicas para la implementación de esta norma en la Provincia.
En esa línea, el proyecto impulsa la creación del Registro Provincial de Infractores y promueve que cualquier consumidor, consumidora, usuario, usuaria o asociación de consumidores esté facultado a realizar denuncias ante eventuales incumplimientos a la mencionada Ley.
“Resulta fundamental otorgar herramientas para que las/os consumidoras/es y usuarias/os bonaerenses puedan ejercer un control sobre el debido cumplimiento de la ley”, argumentó Demaría, actual presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado.
La implementación de un Registro de Infractores Provincial de carácter público pretende “por un lado, otorgar transparencia al régimen y satisfacer el derecho a la información de los/as consumidores/as; y, por el otro, constituir un elemento de disuasión para los sujetos pasivos que potencialmente puedan incurrir en incumplimientos a la normativa instituida en la Ley Nacional”, expresa la letra del proyecto que ingresó en el Senado bonaerense.
La Ley de Etiquetado Frontal es “una herramienta importantísima de salud pública, que permitirá abordar distintas problemáticas como los elevados índices de sobrepeso que en Argentina afectan al 41% de las niñas, niños y jóvenes de entre 5 y 17 años, así como también promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles”, sostuvo la senadora Demaría, a la vez que celebró la sanción de la norma que “garantiza el derecho de la población a acceder a la información sobre lo que consume y busca promover una alimentación saludable”.