Milei valoró la aplicación del protocolo de seguridad instrumentado por Patricia Bullrich y afirmó que “ningún argentino tiene la culpa de que la inoperancia y la avaricia de los políticos haya destruido sus ingresos”.
En un pasaje de su discurso ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei aseguró que “estamos terminando con la extorsión de las organizaciones sociales hacia los beneficiarios. Gracias al protocolo de seguridad instrumentado por la ministra Patricia Bullrich estamos terminando también con la extorsión cotidiana que las organizaciones sociales le imponen a la sociedad cada vez que cortan una calle”.
“Siempre nos dijimos: en nuestro gobierno, el que corta no cobra”, enfatizó, para agregar luego que “nosotros tenemos la vocación de proteger lo más posible a las víctimas del sistema empobrecedor que estamos intentando cambiar”.
En ese sentido, sostuvo que “ningún argentino tiene la culpa de que la inoperancia y la avaricia de los políticos haya destruido sus ingresos y menos los más vulnerables”.
Por eso dijo que su gobierno decidió “terminar con el sistema de la intermediación de la asistencia y fortalecer los mecanismos de asistencia directa. En esa línea, hemos duplicado los montos de la Asignación Universal por Hijo, la asignación por embarazo y la Tarjeta Alimentar”.
A continuación afirmó que “hemos también compatibilizado percibir asistencia social con tener un salario de hasta un millón de pesos, para que quienes perciban un plan social puedan reintegrarse con el tiempo al mundo del trabajo”.
Por último, dijo que “también absorbimos funciones que realizaban en forma no auditada, sin registro y sin control las organizaciones sociales, como es la entrega de alimentos. Ahora sabemos exactamente qué pasa con cada bolso de comida que se reparte”.
Busca eximir parte del pago de ABL, generando saldos a favor a los afectados. “Nuestros comerciantes quieren trabajar para recuperarse de la cuarentena y los piquetes se lo impiden” declaró
Roberto García Moritán, legislador porteño de Republicanos Unidos, presentó un proyecto para subsanar los daños que los piquetes causan a la actividad comercial de los vecinos . El proyecto se denomina “Exención de ABL para víctimas de piquetes” y lleva además, la firma de Marina Kienast, también legisladora del espacio de Ricardo López Murphy.
El proyecto de ley trabajado por el diputado es para establecer un régimen por el cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda mitigar el impacto de las manifestaciones públicas en la actividad ordinaria de los comercios que se encuentren en zonas afectadas, mediante la generación de saldos a favor imputables al pago de la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza. García Moritán explicó que “el proyecto estipula darle un crédito de 3,5% del valor de la factura, por cada día en que el comercio fue afectado. El comerciante que lo desee podrá comunicarse con el gobierno de la ciudad y solicitar que ese crédito se le compute para cancelar parte de la factura de ABL siguiente”.
Según marca uno de los artículos, “podrán ser beneficiarios de este régimen todos los comercios con acceso de público, ya sean transeúntes o clientes regulares, que registraran puntos de venta, domicilios legales y/o comerciales en la zona afectada”.
Entre los fundamentos más destacados, Moritán remarcó: “Además de los piquetes, nuestros comerciantes conviven diariamente con la crisis económica que está atravesando el país, con una inflación acumulada en el 2022 del 56,4% y una inflación interanual de más de 78%. A esto debe sumarse la reciente quita de subsidios, que encarecerá el costo fijo de apertura de los comercios”.
“A todo esto, si toca un piquete en el barrio donde trabaja, los locales comerciales deben cerrar sus puertas no solamente porque las columnas piqueteras alejan a los clientes, sino también porque en muchos casos los comercios o los clientes son víctimas de violencia, destrozos y robos. Para compensar esta realidad es que decidimos presentar esta propuesta”, finalizó.
Las organizaciones sociales reclamaron en las calles a través de dos actos: uno en Plaza de Mayo y el otro frente al Congreso.
El diputado nacional y dirigente de la Corriente Clasista y Combativa Juan Carlos Alderete aseguró este jueves que “hoy salimos a la calle en todo el país para marcar que la situación económica es muy mala para las mayorías populares”, y reclamó que “se habla mucho de tranquilizar al mercado y a los que juegan en la timba financiera. Pero esos siempre ganan. Acá se trata de darle respuesta al conjunto de los trabajadores y la mayoría de nuestro pueblo que no llega a fin de mes”.
Unidad Piquetera, que agrupa a unos 25 movimientos sociales ligados a la izquierda, se movilizó este jueves a la Plaza de Mayo, donde pidió “un bono compensatorio por la inflación de $20.000 para jubilados con la mínima, trabajadores no registrados por debajo de la canasta básica”. Otras organizaciones sociales más cercanas al oficialismo se trasladaron al Congreso de la Nación, donde presionaron por el tratamiento de un proyecto de ley sobre el Salario Básico Universal.
“Desde hace tiempo se trabaja la idea de que el problema en la Argentina son los planes sociales, el problema es que acá hay 200 vivos, monopolios, bancos y terratenientes que se la llevan en pala mientras la mayoría pasa hambre”, señaló Alderete.
El dirigente matancero planteó que “hay que tocar intereses para poder parar la inflación que se está volviendo inaguantable para cualquier salario. Hay que congelar los precios y aplicar la ley de abastecimiento. Hay que terminar con la especulación. Ganaron fortunas las grandes empresas, las alimenticias en primer lugar”.
