Fue al referirse a los piqueteros coaccionados, como así también a las denuncias para sumarse a paros, sobre lo cual anticipó que hay información suficiente para avanzar con causas penales.
Ya había hablado de la situación que encontraron en materia económica, cuando en su exposición inicial, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se refirió a otro de los principales objetivos del Gobierno nacional: la seguridad, el orden y la justicia. Para eso, dijo, los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona “trabajan codo a codo para hacer que la vida de los argentinos sea cada vez más segura y ordenada”.
En ese sentido recordó que “nos habíamos acostumbrado a que las calles estuvieran cortadas casi de manera cotidiana”, y a modo de ejemplo señaló que había un promedio anual de 10 mil piquetes. “Esto ha cambiado de manera sustancial -aseguró-. Se promulgó el protocolo antipiquetes, y a diez días de asumir tuvimos la primera marcha piquetera”, en la que se procuró bloquear todos los accesos de la Ciudad más las rutas, anunciándose que pondrían 50 mil manifestantes contra el Gobierno en Plaza de Mayo.
En ese marco destacó que las autoridades buscaron “darle voz a gente que no la tenía, habilitando la línea 134 para que todos aquellos que eran víctimas de extorsiones y amenazas tuvieran un canal para poder denunciar”. Posse contó que tuvieron 11 mil llamadas, y los manifestantes fueron solo 3.000. “Desde entonces, los argentinos circulamos con tranquilidad; prácticamente no ha habido cortes de calle, y cuando han ocurrido, han durado poco”.
Nicolás Posse destacó que “sigue funcionando y hemos recibido en cinco meses casi 150 mil llamadas denunciando este tipo de actitudes. Casi 9.000 aportaron pruebas, cosa que se ha hecho, y como hemos visto esta semana la justicia ha tomado cartas en el asunto”.
En materia de marchas, se refirió a continuación a la CGT, que destacó que “ha tenido una actitud muy distinta a lo que hizo con la gestión anterior, en la que no hizo ni un solo paro”. Recordó el funcionario que ya hizo dos paros nacionales, uno a los 144 días de gobierno y el segundo hace unos pocos días. “Para estos casos también funciona la línea 134. Hemos recibido casi 4.000 llamados, con casi 200 tienen información suficiente para avanzar con causas penales”.
El narcotráfico
Se refirió luego el jefe de Gabinete a la situación en Rosario. “La ministra Patricia Bullrich puso en funcionamiento el Plan Bandera, que desde que está en acción ha reducido un 60% los homicidios dolosos”, comentó, detallando a continuación la cantidad de procedimientos que están llevando adelante las fuerzas de seguridad desplegadas en el territorio. “Se han detenido a más de 300 personas y hay más de 500 investigaciones en curso”, resaltó.
“Para dar más herramientas, estamos presentando una cantidad de leyes que entendemos van a ayudar a los que nos cuidan a poder trabajar con más efectividad. Presentaremos la ley antimafias; una ley de reiterancia, para evitar la puerta giratoria; el registro nacional de datos genéticos, y la baja de edad de imputabilidad”, enumeró.
También destacó la puesta en marcha del sistema acusatorio, que solo funcionaba en Salta y Jujuy. “Empezamos la implementación del sistema nacional con foco especial en Rosario y Santa Fe”, señaló.
La asistencia social
En su exposición inicial, el jefe de Gabinete valoró que en el marco del plan de gobierno se ha aumentado la asistencia social a los más necesitados, eliminando los intermediarios. Reconoció eso sí que “la pobreza ha venido creciendo de manera sostenida” y destacó que “estos procesos tienen un nivel de inercia” que hace que sean difíciles de reducir. Detalló que en el primer semestre de 2022, la pobreza era de 36 puntos; en el segundo semestre ya llegaba a 39; en el primer semestre del año pasado llegó a casi 40 puntos y terminó prácticamente en 22% al final de 2023. La indigencia era de 8,8 puntos a principios de 2022, y terminó el año prácticamente en 12 puntos.
Por eso llamó a todos a “trabajar en conjunto para detener y disminuir la pobreza”. Al respecto, señaló que “la mitad del presupuesto está destinado hoy a atender a los sectores más vulnerables”.
Más adelante, se refirió a los planes sociales que encontraron. El Potenciar Trabajo, por ejemplo, que alcanzaba a 1.300.000 personas. De esas, dijo, solo 200 mil consiguieron un trabajo formal. “En resumen, el Potenciar Trabajo no potenció ningún trabajo”, evaluó el jefe de Gabinete, que mencionó a continuación los planes que puso en marcha esta administración: el Volver al Trabajo, destinado a desocupados den entre 18 y 49 años; y el Acompañamiento Social, enfocado a mayores de 50 años y madres de más de 4 hijos, que tendrán un proceso más largo para reinsertando.
“Estamos eliminando intermediarios”, aseguró, para referirse luego a las “muchas irregularidades” que encontraron en materia de planes sociales. Con “castigos y amenazas” para aquellos beneficiarios que no obedecieran a las organizaciones sociales, con la baja de categoría y dejarlos fuera del sistema para quienes no obedecieran. “Una estructura de poder y amedrentamiento, donde uno de los castigos era volver a la lista de espera y no tener acceso a los alimentos”, comentó el jefe de Gabinete, que destacó también que en muchos casos vendían la comida que les llegaba, en lugar de repartirla, para quedarse con la ganancia. “Era muy parecido a un esquema de esclavitud moderna”, afirmó.
La fuerza que responde a la Policía de la provincia de Buenos Aires, cuyo jefe último es Axel Kicillof, abrió paso y permitió el corte de calle para allanar el camino.
Los senadores del PRO en provincia de Buenos Aires expresaron su más enérgico repudio por el accionar lamentable de la Policía Bonaerense, que escoltó esta mañana a los participantes de la marcha piquetera, permitiendo el corte de calles y su avance hacia la Quinta Presidencial de Olivos.
En este sentido, el senador Marcelo Leguizamón Brown -acompañado por su bloque- sostuvo que, “la decisión del gobernador Axel Kicillof de utilizar a las fuerzas de seguridad para acompañar el reclamo piquetero, en vez de hacer cumplir la ley y prohibir el corte de calles, es muy lamentable y preocupante de cara a las futuras manifestaciones”.
Para finalizar el legislador del PRO, sostuvo que “estamos frente a una situación inédita y lamentable, mientras la policía escolta a los piqueteros, los ciudadanos bonaerenses continuamos indefensos ante la gran delincuencia que golpea a la provincia”.
Esto se dio porque en plena realización de la marcha piquetera se presentaron 3 motos y un móvil de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la policía de la provincia de Buenos Aires, que escoltaron a los manifestantes y permitieron el avance de los mismos hacia la Quinta de Olivos.
Milei valoró la aplicación del protocolo de seguridad instrumentado por Patricia Bullrich y afirmó que “ningún argentino tiene la culpa de que la inoperancia y la avaricia de los políticos haya destruido sus ingresos”.
En un pasaje de su discurso ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei aseguró que “estamos terminando con la extorsión de las organizaciones sociales hacia los beneficiarios. Gracias al protocolo de seguridad instrumentado por la ministra Patricia Bullrich estamos terminando también con la extorsión cotidiana que las organizaciones sociales le imponen a la sociedad cada vez que cortan una calle”.
“Siempre nos dijimos: en nuestro gobierno, el que corta no cobra”, enfatizó, para agregar luego que “nosotros tenemos la vocación de proteger lo más posible a las víctimas del sistema empobrecedor que estamos intentando cambiar”.
En ese sentido, sostuvo que “ningún argentino tiene la culpa de que la inoperancia y la avaricia de los políticos haya destruido sus ingresos y menos los más vulnerables”.
Por eso dijo que su gobierno decidió “terminar con el sistema de la intermediación de la asistencia y fortalecer los mecanismos de asistencia directa. En esa línea, hemos duplicado los montos de la Asignación Universal por Hijo, la asignación por embarazo y la Tarjeta Alimentar”.
A continuación afirmó que “hemos también compatibilizado percibir asistencia social con tener un salario de hasta un millón de pesos, para que quienes perciban un plan social puedan reintegrarse con el tiempo al mundo del trabajo”.
Por último, dijo que “también absorbimos funciones que realizaban en forma no auditada, sin registro y sin control las organizaciones sociales, como es la entrega de alimentos. Ahora sabemos exactamente qué pasa con cada bolso de comida que se reparte”.
Busca eximir parte del pago de ABL, generando saldos a favor a los afectados. “Nuestros comerciantes quieren trabajar para recuperarse de la cuarentena y los piquetes se lo impiden” declaró
Roberto García Moritán, legislador porteño de Republicanos Unidos, presentó un proyecto para subsanar los daños que los piquetes causan a la actividad comercial de los vecinos . El proyecto se denomina “Exención de ABL para víctimas de piquetes” y lleva además, la firma de Marina Kienast, también legisladora del espacio de Ricardo López Murphy.
El proyecto de ley trabajado por el diputado es para establecer un régimen por el cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda mitigar el impacto de las manifestaciones públicas en la actividad ordinaria de los comercios que se encuentren en zonas afectadas, mediante la generación de saldos a favor imputables al pago de la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza. García Moritán explicó que “el proyecto estipula darle un crédito de 3,5% del valor de la factura, por cada día en que el comercio fue afectado. El comerciante que lo desee podrá comunicarse con el gobierno de la ciudad y solicitar que ese crédito se le compute para cancelar parte de la factura de ABL siguiente”.
Según marca uno de los artículos, “podrán ser beneficiarios de este régimen todos los comercios con acceso de público, ya sean transeúntes o clientes regulares, que registraran puntos de venta, domicilios legales y/o comerciales en la zona afectada”.
Entre los fundamentos más destacados, Moritán remarcó: “Además de los piquetes, nuestros comerciantes conviven diariamente con la crisis económica que está atravesando el país, con una inflación acumulada en el 2022 del 56,4% y una inflación interanual de más de 78%. A esto debe sumarse la reciente quita de subsidios, que encarecerá el costo fijo de apertura de los comercios”.
“A todo esto, si toca un piquete en el barrio donde trabaja, los locales comerciales deben cerrar sus puertas no solamente porque las columnas piqueteras alejan a los clientes, sino también porque en muchos casos los comercios o los clientes son víctimas de violencia, destrozos y robos. Para compensar esta realidad es que decidimos presentar esta propuesta”, finalizó.
Las organizaciones sociales reclamaron en las calles a través de dos actos: uno en Plaza de Mayo y el otro frente al Congreso.
El diputado nacional y dirigente de la Corriente Clasista y Combativa Juan Carlos Alderete aseguró este jueves que “hoy salimos a la calle en todo el país para marcar que la situación económica es muy mala para las mayorías populares”, y reclamó que “se habla mucho de tranquilizar al mercado y a los que juegan en la timba financiera. Pero esos siempre ganan. Acá se trata de darle respuesta al conjunto de los trabajadores y la mayoría de nuestro pueblo que no llega a fin de mes”.
Unidad Piquetera, que agrupa a unos 25 movimientos sociales ligados a la izquierda, se movilizó este jueves a la Plaza de Mayo, donde pidió “un bono compensatorio por la inflación de $20.000 para jubilados con la mínima, trabajadores no registrados por debajo de la canasta básica”. Otras organizaciones sociales más cercanas al oficialismo se trasladaron al Congreso de la Nación, donde presionaron por el tratamiento de un proyecto de ley sobre el Salario Básico Universal.
“Desde hace tiempo se trabaja la idea de que el problema en la Argentina son los planes sociales, el problema es que acá hay 200 vivos, monopolios, bancos y terratenientes que se la llevan en pala mientras la mayoría pasa hambre”, señaló Alderete.
El dirigente matancero planteó que “hay que tocar intereses para poder parar la inflación que se está volviendo inaguantable para cualquier salario. Hay que congelar los precios y aplicar la ley de abastecimiento. Hay que terminar con la especulación. Ganaron fortunas las grandes empresas, las alimenticias en primer lugar”.
