Recuerda el Instituto para el Desarrollo Social Argentino que desde hace 30 años se vienen aplicando reducciones transitorias en los costos laborales para alentar el empleo. En los 90 se denominaron “modalidades promovidas”, en el anterior gobierno “Empalme” y ahora “Un Puente al Empleo”.
El Gobierno presentó el programa “Un Puente al Empleo” con el objetivo de convertir los planes asistenciales en empleos decentes. Se anuncia como una exención del 100% de las contribuciones patronales por 2 años más la posibilidad de tomar por 1 año el monto del plan como parte del salario. En el texto del proyecto se especifica que el descuento es solo sobre las contribuciones patronales al SIPA –no incluye asignaciones familiares, desempleo, obra social, ART y cargas sindicales– y está topeado en 2 salarios mínimos. Además, tiene que implicar aumento de planta, no se puede tener empleados no registrados (por eso la ley contempla un blanqueo laboral) y hay que estar al día con el pago de las cargas sociales.
IDESA publicó este fin de semana un informe en el que recuerda que el antecedente más reciente de este programa es el plan “Empalme” propuesto en el año 2017 por el Gobierno de Cambiemos. Los objetivos y el diseño son parecidos. La diferencia principal es que permitía tomar como parte del salario 2 años de plan, pero en sentido contrario no contemplaba exenciones sobre contribuciones patronales. “Esta iniciativa del gobierno de Mauricio Macri fue un rotundo fracaso”, afirma la nota.
¿“Un Puente al Empleo” podrá lograr mejores resultados? Suponiendo un empleador que toma un beneficiario de plan asistencial por 2 años (lo que dura la exención) a un sueldo de 2 salarios mínimos ($64.000). Su situación sería la siguiente, expresa IDESA:
Estos datos muestran que tomar un beneficiario de plan asistencial reduce un 13% el costo laboral. Este cálculo sólo computa el costo monetario directo de la relación laboral. El estudio alerta que faltan considerar los costos de aprendizaje, adaptación al entorno de trabajo, tramites burocráticos y eventuales conflictos o demandas judiciales. Dado que los beneficiarios de planes asistenciales tienen bajos niveles de educación y carecen de experiencia laboral relevante, es altamente probable que el programa del gobierno fracase como el “Empalme” de Macri.
El informe de IDESA sostiene que “el programa, además de voluntarista, usa una frase sensible (convertir los planes en empleos) para seguir transfiriendo recursos públicos a las organizaciones piqueteras”. En ese sentido se indica que el artículo 5° del proyecto de ley se establece que para utilizar 1 año de plan como parte del salario el beneficiario tiene que participar en cursos de capacitación y formación suministrados por estas organizaciones. Por eso se advierte que “este es el método tradicional que se utiliza para transferir recursos públicos a las organizaciones piqueteras. El artilugio para desviar fondos públicos hacia las organizaciones piqueteras pasa por alto que, como lo demuestran las mejores prácticas internacionales, el ámbito más pertinente para el entrenamiento orientado al trabajo es la empresa, no una organización piquetera”.
Recuerda la nota que hace 30 años que se viene intentando dinamizar el empleo registrado ofreciendo reducciones transitorias en los costos laborales no salariales. Desde las “modalidades promovidas de contratación” previstas en la Ley Nacional de Empleo de 1991 cambian las denominaciones, pero no la sustancia ni los previsibles fracasos. La razón es que, con inestabilidad macroeconómica e instituciones laborales muy distorsivas, una reducción transitoria de costos laborales resulta un incentivo irrelevante para los empleadores, especialmente cuando se trata de personas con bajos niveles de calificación.
IDESA concluye señalando que “las evidencias acumuladas en 3 décadas no dan margen para esperar que este tipo de programa logre convertir planes en empleos. Al contrario, su ‘éxito’ estará en seguir transfiriendo recursos públicos a las organizaciones piqueteras. Por eso, es fundamental que en el debate parlamentario se transparenten los objetivos. El proyecto es eficaz para seguir usando a los pobres en beneficio de las organizaciones piqueteras. Pero si la meta es reducir la pobreza hay que modernizar las instituciones laborales para disminuir los costos no salariales y los riesgos de contratar un trabajador”.
Tal cual se había anticipado, ingresó a la Cámara baja una iniciativa impulsada por su presidente, cuyo objetivo es convertir planes sociales en empleo genuino generando alivio económico a las MIPyMES y capacitación laboral a los empleados.
El titular de la Cámara baja, Sergio Massa, impulsa un proyecto de ley para crear el Programa “Un Puente al Empleo”, con el objetivo de transformar, de manera gradual y con un criterio federal, los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en empleo formal, y llevar alivio económico para MIPyMES que generen empleo.
Con este criterio, el programa promueve una transformación gradual y establece facilidades como el mantenimiento de los planes sociales por 12 meses como complemento del salario y el acceso a obra social y ART. Los trabajadores deberán capacitarse y completar cursos de formación para acceder. También podrán participar empleados de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.
La iniciativa del oficialismo busca “consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo dando previsibilidad a los y las trabajadores y a los distintos sectores de la economía”, orientando sus beneficios en brindar alivio económico a las MIPyMES que generen empleo.
Para ello, “Un Puente al Empleo” se centra en dos beneficios principales: por un lado, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.
De manera complementaria, se promueve un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las MiPyMES puedan regularizar relaciones laborales vigentes e iniciadas con anterioridad a la ley. De esta forma, las empresas podrán rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.
Además, podrán subsanar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y obtendrán la cancelación de la deuda por capital e intereses y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente.
De todas formas, para no afectar a los empleados incluidos en la regularización, el Estado computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta por 60 meses.
Para poder acceder a estos beneficios, las MiPyMES no podrán reducir la nómina laboral ni tener ningún empleado no registrado; no podrán registrar obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles por seis o más períodos fiscales, teniendo la posibilidad de regularizar esta situación dentro de los 30 días de la intimación administrativa y no podrán registrar sanciones laborales que impliquen que sean incorporados en el REPSAL.
La medida busca acompañar el aumento del empleo en la salida de la pandemia: Considerando los puestos de trabajo declarados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se registra un crecimiento de 140.742 puestos de trabajo entre junio del año pasado y de este año, esto es un 1,8% de crecimiento. La construcción y la industria manufacturera son los sectores de mayor desarrollo, concentrando 2 de cada 3 de estos nuevos puestos de trabajo, lo que los hace grandes beneficiarios de esta iniciativa.
