Encabezados por el chubutense Gustavo Menna, legisladores de JxC presentaron un proyecto que busca reinstalar una medida que Macri dictó antes de terminar su mandato y luego Fernández derogó.
Diputados nacionales de la UCR, encabezados por Gustavo Menna (Chubut), presentaron un proyecto de ley para proteger a denunciantes y testigos de actos de corrupción, con el fin de garantizar confidencialidad y reserva de identidad; asimismo establece responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios que no cumplan con las medidas de protección.
“Debemos diseñar herramientas legales efectivas que apunten a prevenir y, en su caso, esclarecer y sancionar los hechos de corrupción”, indicó Menna sobre la iniciativa que recoge recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y está orientado a cumplir con el artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara a los actos de corrupción a los atentados contra la democracia.
En la propuesta se busca que la autoridad competente para recibir y otorgar medidas de protección sea el Ministerio Público Fiscal como titular de la acción penal pública. Además, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
“Atentará igualmente contra el sistema democrático quien incurriere en delito grave doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”, reza el texto.
Menna enfatizó que “la corrupción provoca que recursos públicos que funcionan para la prestación de servicios públicos de calidad, infraestructura y promoción del bienestar general terminan en los bolsillos de funcionarios y empresarios que se aprovechan del esfuerzo de las personas que trabajan y aportan sus tributos al conjunto”.
Entre otras previsiones contenidas a lo largo de 64 artículos, el proyecto crea la Agencia Nacional de Protección a Denunciantes, Testigos e Imputados, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se trata de un organismo con autonomía y autarquía funcional, cuyo director, nombrado mediante concurso público de antecedentes, tendrá una duración de seis años en sus funciones.
La iniciativa fue acompañada por sus pares Lorena Matzen, Roxana Reyes, Claudia Najul, Albor Cantard, Juan Martín, Sebastián Salvador, Mario Arce, Gerardo Cipollini, Brenda Austin, Soledad Carrizo, Facundo Suárez Lastra, Miguel Bazze, Gabriela Burgos y Jorge Vara.
Cabe recordar que, poco después de asumir, el presidente Alberto Fernández derogó por decreto la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente impulsado por la administración de Mauricio Macri 11 días antes de terminar su mandato.
A través de esa medida, el Gobierno actual dispuso que el programa de testigos tendría el diseño institucional original “tal como fue creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias”, y continuaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Diputados del radicalismo cuestionaron el decreto publicado en el BO. Sostienen que se trata de “otro paso más en el pacto de impunidad kirchnerista”.
Fuertes críticas de los diputados nacionales del radicalismo recibió la decisión del presidente Alberto Fernández de derogar la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, a través del decreto 168/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
“Cada decisión del Gobierno está pensada con una sola y lamentable finalidad: perpetuar la impunidad. Quieren callar y dejar desprotegidos a quienes se animaron a denunciar la estructura de corrupción K. No podemos cambiar las reglas de juego según el gobierno de turno, sino establecer bases sólidas para combatir la corrupción”, afirmó Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja hasta diciembre último.
Por su parte, el porteño Álvaro De Lamadrid consideró que “es un gravísimo atentado contra la Justicia y la República”, ya que “se procura avanzar con la tarea de clausurar las gravísimas causas de corrupción pendientes en la Justicia de la vicepresidenta Cristina Fernández y, a la vez, diseñar un traje a medida, para que de aquí en adelante, nadie se atreva a denunciar al poder”.
“Esta derogación tiene consecuencias directas en las causas que investigan hechos de corrupción. El decreto tiene una insuficiente justificación: cuestiona que la Agencia fue creada por DNU, alude a un comentario de la Cámara de Casación Penal que manifestó preocupación por la compatibilidad con sus funciones y critica el momento de su dictado. Casi infundado”, explicó a su vez Luis Petri.
Carla Carrizo calificó la decisión como “lamentable” y se preguntó: “¿Qué seguridad le podemos dar a los testigos de corrupción si quedan bajo la ‘protección’ de los funcionarios a quienes pudieron haber denunciado? Estamos frente a otra oportunidad perdida para jerarquizar la política anticorrupción”.
El formoseño Ricardo Buryaile, en tanto, sostuvo que “para luchar contra la corrupción es fundamental trabajar en generar mecanismos institucionales para combatirla. Derogar un decreto que protege a los testigos de casos de corrupción más que combatirla es defenderla”.
Por último, Karina Banfi opinó que el decreto es “otro lamentable retroceso en todo lo que avanzamos en el gobierno de Juntos por el Cambio en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. La única manera de romper los sistemas de complicidad en corrupción es con un sistema de testigo protegido”.
