El autor advierte que, si el Congreso no lo rechaza al retomar las sesiones ordinarias, el país quedará bajo un régimen capaz de aplicar controles coercitivos sobre trabajadores, estudiantes, profesionales y ciudadanos en general.
Si cuando se retomen las sesiones ordinarias del Congreso no se actúa con celeridad y eficacia, el Estado Nacional estará convertido en una superestructura de contrainteligencia, capaz de aplicar medidas de investigación y coerción contra empleados públicos, sindicatos, estudiantes, docentes, empleados bancarios, médicos, enfermeras, pacientes o, simplemente, titulares de tarjetas de crédito.
Todos los ministros del Gobierno nacional, los rectores de todas las universidades nacionales, el presidente del CONICET, el director Ejecutivo del PAMI, el Administrador Nacional del ANES (que administra el Hospital Nacional Posadas y el Hospital Nacional Ramón Carrillo), o el presidente del Banco Nación, estarán plenamente dedicados a adoptar "Medidas de Seguridad de Contrainteligencia" al interior de los organismos que conducen, acatando las decisiones del presidente Javier Milei contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
En efecto, el artículo tercero del DNU en cuestión establece que los "titulares de órganos y organismos" del "Sector Público Nacional" serán responsables de aplicar "Medidas de Seguridad de Contrainteligencia", dentro de las organizaciones públicas que conducen.
La clasificación de los organismos que conforman el denominado "Sector Público Nacional" queda establecida por el artículo octavo de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 e incluye la administración central, los organismos descentralizados, las instituciones de la seguridad social, y empresas y sociedades del Estado, entre otros.
Textualmente, el Decreto señala que "la Contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como Medidas de Seguridad de Contrainteligencia".
Y agrega: "tales medidas deberán ser adoptadas en todo el ámbito del Sector Público Nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman".
Si el Congreso de la Nación, a partir del 1 de marzo de 2026, no rechaza ese DNU de Milei y sus ministros, el régimen tecnocrático dominante habrá consolidado su más nefasta faz.
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
El presidente seguirá gobernando en 2026 con el presupuesto heredado de la gestión massista, en una decisión sin precedentes desde el retorno de la democracia. Por tercer año consecutivo, el Ejecutivo evitará presentar y debatir un nuevo proyecto, consolidando una práctica que genera alarma institucional y contradice compromisos asumidos con el FMI.
La decisión está tomada. El Gobierno libertario prorrogará -una vez más- el último Presupuesto Nacional enviado por Sergio Massa y que fuera aprobado por el Congreso el 16 de noviembre de 2022.
Será la tercera vez consecutiva que este Poder Ejecutivo insista con no debatir ni aprobar un Presupuesto nuevo.
Así extendida, la práctica no registra antecedentes para un gobierno democrático desde 1983 y configura una grave anormalidad institucional.
Hasta ahora, la coartada de gobernar con presupuesto viejo ha sido “todo ganancia” para la dupla Javier Milei/Toto Caputo, porque “el ajuste se hace solo y el que quiera recursos tiene que sentarse a negociar”, dicen los libertarios.
Algunos analistas sostienen que ya no podría volver a operar una prórroga porque el Gobierno acordó con el FMI una “nueva Ley de Presupuesto 2026, con déficit cero”.
La realidad es que en su último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de Milei se comprometió simplemente a enviar al Congreso un proyecto de Ley de Presupuesto 2026.
En efecto, en la página 95 del Country Report 25/95, de abril 2025, Argentina se compromete a “presentar al Congreso el proyecto de presupuesto para 2026, de conformidad con la regla de déficit presupuestario general cero. El proyecto de presupuesto contendrá un marco fiscal a mediano plazo, incluyendo un análisis detallado del riesgo fiscal”. La fecha de cumplimento consignada es “septiembre 2025”.
Nada extraordinario. Nada nuevo. El Poder Ejecutivo siempre tiene la obligación legal de finalizar la etapa de “formulación presupuestaria” los 15 de septiembre de cada año y enviar el proyecto al Congreso en esa misma fecha, para que se inicie la fase de “discusión y aprobación”.
De hecho, el año pasado Milei envió el proyecto de Presupuesto 2025 en tiempo y forma, para luego dictar una especie de conferencia política ante los legisladores nacionales ponderando las bondades del Presupuesto con déficit cero.
Sin embargo, decidió no tratarlo jamás y tirarlo a la basura para seguir gobernando con los parámetros presupuestarios del gobierno anterior, que se van actualizando parcialmente mediante Decisiones Administrativas o Decretos de Necesidad y Urgencia.
El año que viene, seguirá así.
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
A propósito del quórum agónico conseguido para la sesión del martes 28 de febrero, circularon disparatadas hipótesis en torno a una mochila con la que ingresó al recinto un diputado.
Los diputados de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño fueron los últimos en sentarse en sus bancas el martes pasado, para tomar parte de la única sesión realizada en este período ordinario en la Cámara baja. La periodista Silvia Mercado publicó en Twitter un video con el momento en que ambos legisladores ingresan al recinto para dar quórum. Solo faltaban dos y desde el oficialismo aplaudieron al llegar al número que se les venía negando desde noviembre del año pasado: 129.
Hasta ahí, nada que no se sepa y se haya visto el último día de febrero. Pero las redes sociales suelen ser impiadosas, y proclives a cultivar fake news. Solo hace falta, como en este caso, que alguien con cero conocimiento legislativo -o todo lo contrario- lance una hipótesis, que decenas de tuiteros darán por segura. Sucedió así, porque Topo Rodríguez ingresó llevando en una de sus manos una mochila, que al sentarse dejó en una banca vacía vecina. La supuesta fake era que lo había hecho para que esa banca vacía registrara falsamente la presencia de un diputado más.
“Pone el bolso en la butaca, y marca en el tablero como que hay otro legislador para dar quórum…”, dio por sentado @sultanoreload, en tanto que @lanuevaAmelia tuiteó: “Miren… apoya un bolso pesado en una butaca para que de quórum. Mugrientos tramposos del ort…”.
“Ahí hay dos diputados pero 3 presentes! El presente se da por el peso en las butacas, por eso tira el bolso en el medio y suma un presente para lograr quórum”, afirmó @Guillotewinner.
En rigor de verdad, no alcanza conque la banca sienta algún peso encima para registrar una presencia: el legislador debe loguearse a través de su huella digital. La realidad es que en ese momento había 127 diputados presentes y faltaban dos. Al sentarse Camaño y Rodríguez, el tablero marcó 129. Así quedó registrado en las imágenes que, en tiempo real, emitió Diputados TV. Allí se puede apreciar que, sobre el filo del horario habilitado para obtener el quórum, había 127 diputados sentados; cuando llegaron Graciela Camaño y Topo Rodríguez, sumaron 129. El bolso no fue contabilizado…