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Miércoles 21 de febrero de 2018
OPINIÓN
Medidas destinadas al votante propio para revertir la pendiente
Por José Angel Di Mauro. El rédito alcanzado en las elecciones ganadas comenzó a revertirse en diciembre, con la reforma previsional, y se aceleró con los aumentos y nuevos tiros en el pie. Sonaron alarmas en el gobierno y se toman medidas para recuperar terrreno.
4 de febrero de 2018
Fue decisión personal de la ministra de Seguridad la enfática defensa que hizo del accionar de Gendarmería cuando estalló el caso Maldonado. Patricia Bullrich consideraba clave a esa fuerza en el combate contra el narcotráfico que eligió como prioritario para su gestión, y así entendió que no podía hacer como sus antecesores, que ante la primera crisis echaban mano a chivos expiatorios. Fue la razón de su actitud, que le valió no pocas críticas, incluso internas.

El final de la historia es conocido. Y si bien la titular de la cartera de Seguridad es blanco habitual de la oposición, es de los ministros que mejor miden en las encuestas y una de las más ponderadas para el Presidente. Una cosa trae la otra.

El mismo día en que se cumplían seis meses del episodio que dio inicio al caso Maldonado, Mauricio Macri tomó una decisión en la misma dirección: salió a bancar fuertemente al policía procesado y embargado por haber matado a uno de los delincuentes que acuchillaron al turista norteamericano en el barrio de La Boca. Toda una señal dirigida a la policía en general y, sobre todo, a la sociedad. Especialmente al electorado de Cambiemos, justo cuando la confianza y el crédito parecieran haber comenzado a flaquear.

No faltaron quienes cuestionaran tal actitud de parte de un gobierno que dice no inmiscuirse en la cuestión judicial. Ante una consulta al respecto, desde el Ejecutivo negaron el viernes a este medio una supuesta contradicción: “El Presidente no ha hecho más que ratificar la que siempre ha sido su postura pública. Hay un garantismo extremo en favor de los delincuentes que deja indefensos a los ciudadanos que salen todos los días a trabajar”.

Como sea, la reunión de 20 minutos que el Presidente mantuvo con Luis Chocobar en su despacho el jueves pasado fue la última de una serie de medidas de una administración que ha salido a tratar de revertir una pendiente que se inició no con los incidentes por la reforma previsional, sino a partir de que se impuso la convicción de que el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria implicaba una reducción de haberes. La estrategia oficial se puso en marcha al regreso de Mauricio Macri de Europa, con el anuncio de un recorte del 25% de los cargos políticos y la eliminación de familiares de ministros o equivalentes en la administración nacional. La primera parte era conocida pues venía preparándose desde hacía dos meses, como señal de que la política está dispuesta a hacer sacrificios en momentos en que a la sociedad en general se le exige lo mismo. De hecho, los detalles se conocían y fueron comentados en los anuncios periodísticos de esa presentación.

Lo que tomó por sorpresa a propios y extraños -sobre todo a los primeros-, fue el descabezamiento de familiares. La decisión fue tomada por el propio Macri y tan es así que Marcos Peña se enteró casi sobre la hora, si bien fue él uno de los dos que elaboraron el eje de lo que sería luego el decreto conocido el miércoles.

La medida causó un notorio fastidio en el seno del gobierno, donde claramente fue interpretada como un intento de compensación frente al escándalo del caso Triaca. De hecho, todos aquellos funcionarios que tuvieron que ver cómo sus familiares se quedaban sin empleo saben bien a quién deben facturárselo.

Por lo que se vio, el propio ministro de Trabajo estaba al tope del ranking de empleabilidad de familiares en el Estado: cuatro (su esposa, dos hermanas y un cuñado). Lo único que espera el Presidente ahora es que al menos valga la pena el esfuerzo de haberlo mantenido en el cargo, decisión atribuida a la certeza de que más allá de lo escaldado que ha salido de este incendio, es el mejor interlocutor con los gremios que dialogan, y la convicción de que el gobierno no podía entregar su cabeza sin que ello fuera percibido como una señal de debilidad.

Pero más allá de que la medida tomada con los familiares de funcionarios fue -igual que el respaldo al policía Chocobar- una medida claramente “tribunera” de parte de un gobierno necesitado de mejorar su imagen, también apuntó al plano interno. Sobre todo a una aliada clave que acaba de regresar de sus vacaciones en Europa, y cuyas opiniones son muy esperadas y temidas. Elisa Carrió, claro está, quien no podrá estar más que ampliamente de acuerdo con la disposición adoptada contra el nepotismo, algo que cuenta con la histórica anuencia de la Coalición Cívica. ¿Alcanzará para que no despotrique públicamente por el affaire Triaca?

Puede que no lo suficiente; pero Lilita, que ha sabido estos dos años administrar sus cuestionamientos, se encuentra a su regreso con una pieza muy preciada en la trinchera de combate. Hablamos de Hugo Moyano, que prepara una demostración de fuerza que seguramente será gigantesca, en función de la capacidad movilizadora de los convocantes. Difícilmente Carrió complique el plano interno en vísperas de una confrontación de su gobierno con tamaño adversario.

En la Rosada saben de los riesgos que conlleva tamaño enfrentamiento, si bien admiten por lo bajo que esta pelea les suma. Y saben por experiencia que cuando la economía no aporta buenas noticias, los enemigos de mala imagen les dan buen rédito. Asimismo recibieron como una buena y esperada noticia el vacío que los Gordos y los Independientes le hicieron a la convocatoria de la CGT, virtualmente fracturada a partir del respaldo decidido por un puñado de gremios a la familia Moyano. Muchos se preguntan si habrá novedades judiciales antes de la realización de la medida de fuerza.

Tampoco deja de ser para el gobierno una buena noticia el enfático respaldo brindado por el kirchnerismo -La Cámpora incluida- a la marcha de los camioneros.

La última medida, ya no tan tribunera pero sí de autopreservación, fue la devolución por parte de Miguel Etchevehere del polémico bono de 500 mil pesos que le dio la Sociedad Rural cuando dejó de presidirla para convertirse en ministro de Agroindustria. El gobierno ya no tiene margen para puntos grises, y el informe que elaboraba la Oficina Anticorrupción era lapidario.

Amén de esas vicisitudes, el Congreso se apresta a salir de su letargo y volverá a ponerse en funcionamiento esta semana, al menos para que se reúna una comisión. Será la bicameral encargada de tratar los DNU, la única comisión que funciona en el verano, y es la que debe analizar sobre todo el mega decreto pomposamente denominado “Desburocratización y Simplificación de los trámites en el Estado”. Frente las fuertes críticas expresadas por la oposición, presentaciones judiciales incluidas, el diputado macrista Pablo Tonelli aclaró que hubiera sido muy engorroso el trámite legislativo en caso de haber apelado a diversas leyes, lo cual justificó la aplicación de un decreto de necesidad y urgencia. Casi al mismo tiempo un hombre que expresa el pensamiento presidencial, Humberto Schiavoni -flamante presidente del bloque PRO del Senado-, repitió ese argumento: “Hubiese sido imposible avanzar de otra forma en esta maraña de regulaciones”.

Sin embargo, Nicolás Massot abrió las puertas a una eventual transformación del DNU en proyecto de ley. Recordó lo que sucedió en su momento con la modificación de la Ley de ART, dispuesta originalmente por decreto. “Si ahora se trata de transformar un DNU en una ley, con algún que otro cambio, nosotros estamos dispuestos”, señaló el presidente del bloque PRO de Diputados.

Pero lo que parecía un guiño a la oposición dialoguista en principio no es seguro. Por lo pronto, la orden que bajó desde el gobierno es que “el decreto no se toca”. Así las cosas, el oficialismo lo defenderá este martes en la bicameral y tiene el número para emitir dictamen favorable. Lo cual no evita que la oposición pueda unirse para voltearlo. Tendría que hacerlo en ambas cámaras; el número está, la decisión no se sabe. En principio la postura de Schiavoni, que no habló de transformar el decreto en ley -o leyes-, es la que impera en la Casa Rosada, y no la más contemplativa de Massot, un hombre de Emilio Monzó, alejado desde hace tiempo de las decisiones centrales del gobierno, más allá de su importancia clave al frente de Diputados.

Se avanzará entonces en ese sentido, a menos que las circunstancias -léase presión de la oposición- hagan cambiar de opinión al gobierno. Si así sucede -y todo indica que pasará-, habrá leyes puntuales que atiendan ciertas prevenciones.