El reelecto presidente de la Comisión de Comunicaciones se refirió a la derogación del DNU 690 dispuesta esta semana por el Gobierno nacional.
La desregulación de las telecomunicaciones representa un salto al vacío para los usuarios. Como pasó con las prepagas, la desregulación va a terminar llevando a los usuarios a una situación de mayor arbitrariedad y sometimiento.
La reciente derogación del decreto de necesidad y urgencia 690/2020 por parte del Gobierno, bajo el nuevo DNU 302/2024, ha desatado preocupación entre los usuarios y defensores de una regulación justa en el sector de las telecomunicaciones en Argentina.
La derogación del DNU 690 representa un salto al vacío en la regulación de las telecomunicaciones en nuestro país. La ausencia de una regulación inteligente que contemple las distintas modalidades de prestación del servicio (empresas corporativas, Pymes, cooperativas y emprendimientos comunitarios) deja a los usuarios a merced de la arbitrariedad de las grandes empresas. Desde hace décadas, éstas vienen demostrando su falta de transparencia y equidad en la fijación de tarifas y la prestación de servicios. La falta de una tarifa real y uniforme es evidente en nuestras calles, donde la misma manzana de un barrio puede tener diferentes precios para servicios idénticos. Además, cabe destacar que es imposible pensar en si existe un precio justo de tarifas, ya que tenemos una fuerte distorsión de los precios disfrazados en las ofertas que ofrecen las empresas, tanto para nuevos usuarios como para los viejos usuarios.
La desregulación sin rumbo solo beneficia a las grandes empresas del sector, dejando desamparados a millones de usuarios que dependen de los servicios de telecomunicaciones en su vida diaria.
Es fundamental que el Gobierno actúe con responsabilidad y proteja los derechos de los consumidores y garantice la equidad en el acceso a los servicios de comunicación. Si algo nos demostró la pandemia es que el internet es un derecho humano y esencial. No podemos especular con la conectividad de los ciudadanos.
No basta con que haya accesibilidad al servicio, sino que es necesario garantizar que se sea asequible para los bolsillos de cada familia.
Se desregula argumentando la libertad y se deja al zorro en el gallinero, eso sí, le piden que sea razonable. Es necesario que el Estado regule esa relación dentro de un mercado con precios distorsionados por la voracidad y la arbitrariedad de quienes los imponen.
