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Sábado 21 de septiembre de 2019
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La Comisión de Justicia tratará un resarcimiento para empleados cesanteados durante la dictadura
El cuerpo que conduce Jorge Yoma debatirá un proyecto de reparación económica para ex agentes del Estado, que ya cuenta con el aval de Derechos Humanos.
2 de septiembre de 2013
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside el opositor Jorge Yoma, abordará este martes un proyecto del peronismo opositor que otorga un resarcimiento económico a ex agentes y empleados públicos cesanteados durante la última dictadura militar.

La iniciativa, encabezada por el puntano Alberto Pérez, estipula como indemnización un monto equivalente a 30 veces la remuneración mensual de los agentes nivel A, grado 8, del Sistema Nacional de Empleo Público.

El proyecto abarca a “todos los ex agentes y empleados del Estado nacional, provincial, municipal, empresas públicas, universidades nacionales y asociaciones u organismos públicos, cesanteados, exonerados, declarados prescindibles u obligados a renunciar, por motivos políticos o gremiales” entre el 31 de julio de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.

El texto establece que la solicitud del resarcimiento económico se deberá realizar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y aclara que este beneficio es “incompatible” con la reincorporación del agente efectuada con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, o con cualquier beneficio monetario por el mismo motivo.

Por último, crea un Registro de Cesanteados Políticos o Gremiales, dependencia que se encargaría de confeccionar el padrón de los beneficiarios.

El proyecto, que ya fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, es una réplica del presentado por los diputados Patricia Fadel y Roberto Robledo en 2010, que perdió estado parlamentario. De ser aprobado, deberá conseguir el aval de Presupuesto para llegar al recinto.

La reunión fue convocada para las 14 en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja. Luego de tratar este proyecto, la comisión recibirá al doctor Pedro Hoof para que se explaye sobre las “presiones” de funcionarios judiciales en el marco del proceso que determinó su suspensión en marzo pasado.