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Lunes 21 de octubre de 2019
LEGISLATURA BONAERENSE
Stop para la megaobra
Luego de los comicios se vivió la primera disputa fuerte entre el oficialismo y la oposición por la decisión de la Justicia de paralizar la construcción de los canales aliviadores del Arroyo Maldonado. Desde el PRO dicen que es una jugada política.
17 de julio de 2009
Paciencia y persistencia requerirá Mauricio Macri para enfrentar la nueva dinámica política porteña luego de las elecciones del pasado 28 de junio. Han sido tres contiendas electorales sucesivas en las que resultó vencedor y a la oposición eso le pesa. No le resultará fácil -como no le ha resultado durante este año y medio de gestión- avanzar en los proyectos de Gobierno con los que ha seducido a los vecinos.

Para muestra basta un botón. El lunes último, el Procurador General de la Ciudad apeló la resolución que ordenó paralizar la construcción de los canales aliviadores del Arroyo Maldonado; ello obedeció al planteo presentado ante la Justicia por tres dirigentes de la Coalición Cívica, quienes cuestionaron “la contratación efectuada con una firma italiana con costos mayores al aprobado por la Legislatura”, según sostuvieron los denunciantes en el escrito presentado.

El fallo que dio lugar a la acción de amparo presentada fue dictado por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad, Vicente Cataldo, haciendo lugar al citado recurso radicado por los diputados de la CC Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo y del ex legislador Milcíades Peña, que hoy milita en ese espacio político.

De esta manera, la Justicia ordenó la suspensión de la mayor obra pública de la Ciudad, la construcción de canales aliviadores del Arroyo Maldonado, mediante los cuales se busca mitigar las inundaciones que se producen sobre la avenida Juan B. Justo.

La resolución también tuvo sustento en un reclamo ambiental, debido a que los legisladores que efectuaron la presentación denunciaron que la obra podría contaminar el acuífero Puelche, una reserva de agua subterránea que abastece del líquido a la Ciudad y a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, hecho que se habría producido a raíz de que las perforaciones que estaban estipuladas originalmente, en 31 metros, fueron llevadas a 48 metros en virtud de una disposición administrativa del Ejecutivo, “que no puede arrogarse facultades propias del Poder Legislativo, por eso solicitamos que si no se quiere respetar la Ley 1.160 se vuelva a trabajar el proyecto en la Legislatura para su posterior aprobación”, aseguró el presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Sergio Abrebaya, al hacer público la disposición del magistrado de parar las obras mencionadas.

Los trabajos, autorizados por la Ley Nº 1.160 de 2005, fueron encomendados a una empresa italiana especializada y presupuestados en unos 500 millones de pesos. Pero el cuestionamiento de los legisladores gira sobre las modificaciones impuestas a la propuesta original, sin conocimiento de la Legislatura, que habrían encarecido ese costo en 70 millones de pesos, además de haber ejecutado acciones que pondrían en riesgo el medio ambiente.

Acusaciones mutuas

Ante la dura disputa política que despertó el fallo del juez Cataldo, Parlamentario consultó a los protagonistas de este enfrentamiento donde los sectores en pugna se acusan por un lado de “frenar las obras” que beneficiarían a la vecinos y desde el otro de que éstas se encuentran “mal hechas” y con “encarecimiento” desmesurado.

Actor principal en esta parte del conflicto, el Procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, fue consultado por Parlamentario luego de haber presentado el escrito de apelación. Manifestó sorpresa, al sostener que “es difícil entender el fallo, que sin ningún fundamento, frena una obra necesaria para evitar las inundaciones en la Ciudad. El juez debió tener en cuenta el costo social y económico de su decisión, la cual justificó en un supuesto daño ambiental inexistente: el pozo que se pretende frenar ya está hecho, cuenta con un estudio de impacto ambiental favorable y no es más profundo que el original”.

Asimismo, manifestó que las “modificaciones que se hicieron al plan inicial no son caprichosas, sino que van a permitir terminar la obra mucho antes de lo previsto originalmente, para así resolver un problema que angustia hace tiempo a los vecinos. Y todo esto, con un incremento presupuestario de sólo un 8,11%, cuando la ley nacional de obra pública, que se aplica en la Ciudad, autoriza variaciones de hasta un 20%”, expresó, enfático el Procurador.

Cuestiones políticas

También el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Cristian Ritondo, salió a responder a la oposición a raíz de la presentación judicial y de las declaraciones vertidas luego de conocerse el fallo del magistrado porteño.

Al respecto, Ritondo fue contundente al expresar que “fue una decisión política que intenta frenar una obra que beneficia a grandes sectores de la sociedad porteña erradicando para siempre lo que son las inundaciones”.

“En realidad no tiene lógica la decisión porque la obra de hecho ya estaba finalizada”, acotó el legislador peronista-macrista.

Ritondo sostuvo a continuación que “es una obra de gran envergadura para la Ciudad y para los diversos sectores que conviven en Buenos Aires, supongo que los vecinos, cuando tomen dimensión del daño de esta decisión, cuando se den cuenta que la maquinaria, los trabajos de infraestructura y que la denominada “tuneladora” se encuentran paralizados y que así seguirán por un tiempo, creo que no estarán muy “agradecidos” por las acciones llevadas cabo por la Coalición Cívica”, acotó el legislador, casi irónico.
Aunque finalmente se mostró duro. “Esto tiene que ver básicamente con cuestionamientos políticos hacia nuestra gestión; es una de las obras más importantes que se haya encarado en la Ciudad; en ella se venía pensando desde 2003 pero fue éste Gobierno el que tomó la decisión de realizarla”.En cuanto al financiamiento, Ritondo informó que las obras de construcción de canales aliviadores del Arroyo Maldonado provienen de “otro tipo de operación, se trata de un crédito internacional, con supervisión internacional, que ya está otorgado y lo que se está paralizando son las obras”, manifestó contundente, para finalizar sosteniendo que “a pesar de ello, no van a tener ningún rédito político, porque de lo que se trata es que están parando obras que benefician a los todos los vecinos de la Ciudad”.

Mentiras piadosas

Parlamentario entrevistó también al presidente del bloque de la CC, Sergio Abrevaya, uno de los que impulsó la presentación del recurso judicial.

“Es muy difícil no haber hecho el amparo que hicimos nosotros cuando tanta documentación y razones justificaban que la obra del pozo, y no la obra en su totalidad, se detenga hasta tanto se reformule la ley o se pruebe que el impacto ambiental no ha sido grave, pero que no es la única razón, el principal problema es que está mal hecha la obra”, precisó el legislador Abrevaya.

A continuación amplió su denuncia señalando que “la propia consultora que es Geodata, informó en diciembre que la obra debía pararse porque la construcción no reunía los requisitos técnicos que debía acumular”, para puntualizar luego que “el hecho concreto fue que técnicamente se decidió violentar aspectos técnicos, construyendo un solo pozo grande en lugar de los tres proyectados, y paralelamente violan el límite establecido por la Legislatura que preveía que el proyecto no atravesara el Puelche y sin embargo lo atraviesa; es decir antes el pozo “pisaba sobre el Puelche, ahora lo atraviesa”, expresó en forma didáctica el presidente de la CC.

“Pero también está el tema del costo; por veinte metros se pagaron 20 millones de dólares más; algo que la letra de ley nunca lo expresó”, acotó Abrevaya.

“Si sumamos, por ejemplo a una obra mal hecha, posibles consecuencias para la obra como para que no funcione bien, con posible contaminación, con sobrecostos de un millón de dólares por metro, mientras que todavía falta la obra principal que son los 10 kilómetros de un túnel o los 5 kilómetros del otro proyectado, y por sobre todo una ley que es la que determina cómo se construye la obra que no es respetada, no nos quedaba otra cosa que hacer la presentación que hicimos”, manifiesta Abrevaya, persuadido de que lo realizado es el camino correcto.

Pero fue más allá aún. “Realmente no podíamos hacernos los “sota” frente a semejante información, ¿qué debíamos hacer?, ¿sostener qué no lo vimos?, ¿qué no estábamos informados? -se pregunta Abrevaya, para responderse a sí mismo- Hubiese sido una hipocresía y hubiésemos faltado a nuestros deberes”.

Según el diputado de la CC, “los técnicos del Banco Mundial le dijeron que no desde sus inicios a la obra, ya que en aquella oportunidad expresaron que resultaba riesgosa, que no tenía ningún sentido ni utilidad”.

“El problema de la obra del Maldonado es que si se la hace mal es irreversible. No es que se pueda hacer otra obra para corregirla; Macri es brillante para comunicar, es un genio mentiroso”, manifestó, ácido ante Parlamentario el presidente del bloque de la CC.

Finalmente, Abrevaya subrayó que es inconcebible que “un director de obra autorice mediante un “memo” la realización de obras por 20 millones de dólares, más en una obra que está prohibida”, ante lo cual él mismo enfatiza que “si las obras del Maldonado requieren la inversión de 495 millones, entonces a Macri le pregunto en cuánto a su argumento de que el Gobierno nacional le paró la construcción de subtes, ¿los tiene o no los tiene? porque al referirnos al Maldonado estamos hablando de 1.200 millones de pesos frente a 300 millones que le negó al subte”.

“Macri es un mentiroso, las megaobras que inventa tienen que ver con la “tuneladora” de la empresa del padre, ésta es la única justificación”, aseveró Sergio Abrevaya.