“La VTV aumentó el 54 por ciento y casi el 400 por ciento acumulado en un año, cuando la inflación interanual al día de hoy es cerca de 125 por ciento. El gobierno de Kicillof deberá explicar por qué hay tanta diferencia”, señaló el diputado provincial de JxC Emiliano Balbín, autor de la iniciativa parlamentaria.

El proyecto de Pedido de Informes que se prensentó en la Cámara de Diputados solicita al gobierno de la provincia de Buenos Aires que explique las razones que lo llevaron a autorizar el brusco aumento del costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), y el acumulado interanual.

“Ahora aumentó un 54 por ciento, acumulando desde marzo un incremento superior al 185 por ciento y en los últimos 13 meses el 380 por ciento”, manifestó Balbín, y agregó: “a partir de esto nos gustaría conocer las razones que llevaron al gobernador Axel Kicillof semejante aumento”.

“Estamos en un momento muy delicado de la economía de todos los argentinos y bonaerenses, por eso desde el Estado debemos cuidar el bolsillo de la gente. Aumentos como éstos son verdaderos ajustes que impactan en el día a día de todos los vecinos”, expresó.

Los vehículos de hasta 2500 kilos pagarán el trámite de la VTV unos 9870 pesos, (cuando antes salía 6400), mientras que los vehículos pesados pagarán a partir de ahora 17766 pesos.

En marzo de este año la tarifa para vehículos de hasta 2500 kilos era de 5040 pesos, aumentando en mayo a 6400. Recordemos que en agosto de 2022 el costo era de 2603 pesos, lo que significa al día de hoy un aumento del 380 por ciento interanual.

Durante el tiempo que dura la suspensión se estima que debería sancionarse “una nueva normativa que priorice la seguridad vial por sobre los fines recaudatorios”, según señaló el diputado provincial Emiliano Balbín, del bloque Juntos, autor de la iniciativa parlamentaria.

“Los tiempos legislativos no pueden colisionar con los tiempos y necesidades de los propietarios que deben seguir verificando sus vehículos particulares, por esto, proponemos mediante este proyecto suspender la aplicación de la VTV mientras se trabaja en optimizar su funcionamiento al siglo XXI, en pos de cumplir el objetivo de tener en las calles y rutas vehículos seguros”, fundamentó Balbín.

Y agregó: “como lo expresamos en otro proyecto, el foco debe estar puesto en la seguridad vial, y para eso debemos remitirnos a las estadísticas: según datos elaborados por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) la principal causa de la siniestralidad vial con un 89,5% de incidencia es el factor humano, en segundo término, siguen las condiciones de infraestructura con el 8,8 % y por último cuestiones mecánicas con apenas el 1,6 %. Estos datos fueron elaborados a partir del estudio pormenorizado y las reconstrucciones de siniestros de tránsito (con lesiones graves y muertes) en las que participaron 8 mil vehículos en 4 mil choques”.

Balbín consideró también que la suspensión de la VTV debe realizarse por las mismas razones que en 1998 se suspendió la utilización de radares para la confección de “foto multas”, recordando que ante la queja de los usuarios la Legislatura aprobó una ley que en sus fundamentos expresó: “esta suspensión se peticiona a efectos que en el precitado término se formule la legislación pertinente que comprenda integralmente la cuestión”.

“A diferencia de la suspensión de las fotos multas tendientes a controlar la velocidad, causada directamente por voluntad del conductor y aliada fundamental en la mayoría de los siniestros, en esta oportunidad se propone suspender un control que afecta el factor minoritario y casi intrascendente de los incidentes viales, como mencionáramos anteriormente solo el 1,6 % es causado por fallas mecánicas”, aclaró el autor de la iniciativa.

“Además -continuó Balbín-, el parque automotor ha cambiado desde que se puso en marcha la Verificación Técnica Vehicular hace más de 25 años, durante este cuarto de siglo las automotrices han invertido fundamentalmente en brindar al mercado autos cada vez más seguros; por ejemplo, el sistema de frenos ABS o el control de estabilidad EPS, encontrándose en etapa de incorporación otros sistemas de seguridad tanto activa como pasiva a los nuevos vehículos, como suspensión inteligente, avisador de cambio de carril o detector de ángulo ciego”.

El año pasado el diputado Balbín había manifestado su preocupación por el funcionamiento de la VTV, y a través de un proyecto de Ley, pidió que los automóviles y camionetas particulares nuevos, hasta tres años (3) a partir del patentamiento o 50.000 kilómetros de uso, estén exentos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Además, había estipulado que desde tres (3) años a partir del patentamiento o 50.000 kilómetros de uso, hasta siete (7) años desde el patentamiento, el control sea válido por veinticuatro (24) meses. Y que desde siete (7) años a partir del patentamiento o 75.000 kilómetros de uso, sea válido por doce (12) meses.

La iniciativa parlamentaria fue presentada por el diputado opositor Emiliano Balbín, y acompañado por su par del bloque de diputados de Juntos Claudio Frangul; en el proyecto de ley se prevé que los automóviles y camionetas particulares nuevos, hasta tres años (3) a partir del patentamiento o 50.000 kilómetros de uso, estén exentos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Que desde tres (3) años a partir del patentamiento o 50.000 kilómetros de uso, hasta siete (7) años desde el patentamiento, el control sea válido por veinticuatro (24) meses. Y que desde siete (7) años a partir del patentamiento o 75.000 kilómetros de uso,  sea válido por doce (12) meses.

Actualmente los controles son a partir de los dos años de patentamiento, y luego se deben realizar todos los años, sea cual fuere el uso o años de patentamiento de los vehículos.

“La Revisión Técnica Obligatoria de Vehículos es una incuestionable herramienta para garantizar la seguridad vial, por lo tanto, debe utilizarse en ese sentido para evitar que se la vincule a cuestiones tributarias”, señaló Balbín.

Y agregó: “por lo tanto deben tenerse en cuenta las estadísticas al respecto de los distintos observatorios viales, estadísticas donde los incidentes viales para vehículos menores de siete años (7) años de patentamiento están vinculados generalmente a factores humanos y no técnicos”.

“Según datos elaborados por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), la principal causa de la siniestralidad vial, con un 89,5% de incidencia, es el factor humano; en segundo término, siguen las condiciones de infraestructura, con el 8,8 %; y por último cuestiones mecánicas, con apenas el 1,6 %. Estos datos fueron elaborados a partir del estudio pormenorizado y las reconstrucciones de siniestros de tránsito (con lesiones graves y muertes), en las que participaron 8 mil vehículos en 4 mil choques”, graficó el legislador.

“Por otro lado –continuó el diputado opositor- no podemos dejar de reconocer la inversión en seguridad por parte de las automotrices respecto a las existentes hace 22 años, cuando se puso en marcha la verificación obligatoria de vehículos” en la provincia.

Por ejemplo, el sistema de frenos ABS o el control de estabilidad EPS, encontrándose en etapa de incorporación otros sistemas de seguridad tanto activa como pasiva a los nuevos vehículos, como suspensión inteligente, avisador de cambio de carril o detector de ángulo ciego”

Más adelante, el legislador indicó que “encontramos en otras jurisdicciones experiencias valederas al respecto, como por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Jujuy, que incorporan criterios de uso del vehículo, por sobre los años de antigüedad o el kilometraje recorrido por el mismo”.

“También hemos observado el criterio de las provincias de Chaco y Tucumán, que comienzan con revisiones bianuales hasta comenzar con la revisión anual luego del séptimo año”, agregó.

Al respecto, Balbín manifestó que “estas diferencias de criterio se deben a que la legislación nacional le otorga a cada jurisdicción la potestad de modificar los plazos, pero vemos que la provincia de Buenos Aires está utilizando parámetros menores a los establecidos por la ley nacional, cuando está facultada a intervenir para modificar los criterios establecidos para los vehículos menores a siete (años) contados desde su patentamiento”.

“Lo que pretendemos se refiere exclusivamente a vehículos de uso particular, en virtud que los vehículos afectados al transporte de pasajeros o de carga se encuentran alcanzado por normativas nacionales respecto a periodicidad y talleres habilitados”, fundamentó Balbín, para finalizar diciendo que “por eso creemos oportuno modificar el inicio y periodicidad de las Verificaciones Técnicas Vehiculares, de acuerdo a lo que nos permite la Legislación Nacional, el resguardo de la seguridad vial, y el alivio tributario a los conductores particulares de la provincia de Buenos Aires”.

A raíz de las medidas anunciadas que restringen la exportación de aceite y harina de soja, el diputado radical presentó una declaración donde expresó su preocupación y rechazo a las medidas anunciadas oficialmente el 13 de marzo del corriente año desde la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de acuerdo a las instrucciones recibidas desde el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Al respecto el autor de la iniciativa señalo que “al no ser dichos productos de consumo humano o local no tienen el relativo justificativo de cuidar los precios internos, y esto hace suponer que dicha medida es el paso previo a un nuevo aumento de retenciones sobre el aceite y harina de soja, retenciones que está gestión aumentó del 26 al 31%”.

“El objetivo potencial de aumentar la retención de dichos productos, desalienta la producción, y causa graves consecuencias a la economía en general y al sector agroindustrial en particular”, expresó Balbín.

Y en el mismo sentido agregó: “el constante cambio de reglas de juego por parte del Gobierno Nacional en materia agropecuaria desalienta la producción de materias primas y derivados exportables, afectando seriamente la principal fuente de ingresos genuinos a la economía Argentina. El año pasado las exportaciones agroindustriales permitieron el ingreso a nuestro país de más de 32 mil millones de dólares”.

“La imposibilidad de exportar –continuó el legislador radical-, o una posible suba de las retenciones, significa menos recursos que el sector volcará en la reinversión de sus producciones, restringiendo la mano de obra directa o indirecta que se genera alrededor del sector rural. Incluso afectará, aún más, a la industria de maquinaria agrícola que exportaba un 18 % de su producción a Bielorusia, Rusia y Ucrania”.

“El complejo agroganadero y agroindustrial argentino es un orgullo de innovación, inversión, diversificación y aplicación de la ciencia del conocimiento. Y pese a las dificultades periódicas de la naturaleza y el permanente desaliento tributario sigue apostando al progreso de nuestro país, por lo tanto, es necesario que desde el Estado acompañemos al sector”, indicó.

“Las medidas adoptadas, reiterando lo expresado en iniciativas anteriores ante medidas similares, no solo no tendrán el impacto positivo sobre el asalariado, sino que, además, afectarán la inversión, la producción, la productividad, la generación de saldos exportables y las divisas que imperiosamente requiere el frente externo de la economía”, finalizó diciendo Balbín.

El diputado provincial Emiliano Balbín, recordemos, presentó a finales del año pasado un proyecto de Ley que busca establecer un “Protocolo de Evaluación para la creación de nuevas provincias en territorio bonaerense”, mediante el cual pretende se evalúen distintas alternativas de división de la provincia de Buenos Aires, y que prevé tres etapas: la creación de una Comisión Bicameral, una Consulta Popular, y la elaboración de proyectos para la creación de nuevas provincias a partir del actual territorio.

Ahora, a través de sus redes, explicó cómo evolucionó, a través de un informe, la incidencia bonaerense en el contexto nacional desde su fundación en 1820 hasta la actualidad.

Según el trabajo de Balbín, en el momento de la creación de la Provincia en 1820, estimativamente el 7% de la población del entonces territorio Nacional, se concentraba en la ciudad de Buenos Aires. La escasa población rural se ubicaba al norte del Río Salado y hacia el Atlántico.

El primer Censo Nacional en 1869 marcó que en la provincia de Buenos Aires vivía el 16,6% de la población de Argentina. Sumando solo dos provincias, Córdoba y Entre Ríos, se podía equiparar a la actual Buenos Aires.

El segundo Censo Nacional en 1895 marcó que en la provincia de Buenos Aires vivía el 22% de la población de Argentina. Y un crecimiento exponencial de la Ciudad de Buenos Aires, alcanzando el 16% de la población total del país.

El tercer Censo Nacional de 1914 señaló que entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires concentran casi la mitad de la población nacional, situación que continuará hasta la actualidad.

El cuarto Censo Nacional en 1947 indicó que en la provincia de Buenos Aires vivía el 26% de la población del país, similar a la sumatoria de cuatro provincias: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Tucumán.

El quinto Censo Nacional en 1960 mostró que en la Provincia vivía el 33 % de la población total del país, similar a la sumatoria de seis provincias: Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán y Chaco.

En tanto el sexto Censo Nacional en 1970, marcó que en el territorio bonaerense vivía el 37,5 % de la población de Argentina, similar a la sumatoria de nueve provincias: Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Corrientes, Salta y Santiago del Estero.

Finalmente, y desde el Censo Nacional de 1980 hasta la fecha, en la provincia de Buenos Aires vive el 39 % de la población total del país, similar a la sumatoria de las diez provincias más pobladas.

“Es evidente que esto ha producido en el tiempo un fuerte centralismo político administrativo en la Provincia, que obviamente ha derivado en un fuerte proceso de concentración poblacional que afecta a toda la Argentina”, señaló Balbín al respecto.

Y agregó: “la mega provincia de Buenos Aires ha crecido de forma desproporcionada, condicionando por su tamaño al resto de las provincias. Al cumplirse 202 años de su creación debemos repensarla. Por el bien de los bonaerenses y de todos los argentinos”.

Por otro lado, el legislador radical expresó que “debemos enfocarnos en el presente, en las realidades que vivimos, en las herramientas con las que contamos para crear los cambios necesarios para el futuro”.

“Como toda crisis -continuó-, esta pandemia nos ha demostrado en muchos aspectos, que un mundo y un país diferente vendrá, y es nuestra misión aportar mejoras para la Argentina del futuro, y la provincia de Buenos Aires no es ajena a esa transformación necesaria”.

“El objetivo de contar con provincias razonables que equilibren el federalismo, descentralicen el poder político, achiquen el gasto público y acerquen a los gobernantes amerita que comencemos a debatir seriamente en ámbitos constitucionales de forma abierta y democrática”, finalizó Balbín.

Las expresiones del diputado radical Emiliano Balbín se dispararon a raíz de la resolución ministerial que dispone la habilitación de las exportaciones de este cereal a corto plazo y ya confirmadas.

El legislador de Juntos cuestionó a través de un proyecto legislativo, la decisión del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, mediante Comunicación de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, donde queda demostrada la intervención en la exportación de maíz.

En la resolución que lleva la firma del Subsecretario de Mercados Agropecuarios, se determinó que a partir de la fecha solamente se aceptará el registro de exportaciones del cereal de la campaña 2020/21 en el marco del régimen Declaraciones juradas de Ventas al Exterior por operaciones respaldadas por mercadería física ya adquirida.

De esta forma solamente quedarán habilitadas las exportaciones a corto plazo (30 días) confirmadas. Es decir, compras físicas y con barcos nominados con fecha estimada de arribo.

Ante esta decisión, Balbín declaró que “queda demostrado que se está interviniendo y burocratizando el mercado, siendo esto una pésima señal que trae desconfianza en los productores”. Y agregó: “una situación similar a esta se vivió desde abril con la carne y ahora está sucediendo con el maíz”.

“Uno de los cultivos que se ha destacado en las últimas campañas agrícolas por aumento de siembra, producción y exportaciones, ha sido el maíz. Sin embargo, el Gobierno ha instrumentado una serie de medidas que no provocan previsibilidad entre los productores”, finalizó diciendo el diputado oriundo de Salliqueló.

La apertura sería en localidades de varios distritos del interior provincial.

A través de una iniciativa parlamentaria, el legislador radical pidió por la apertura de más vacunatorios en las localidades y pueblos de varios distritos de la Sexta sección, ante la necesidad de reforzar y diversificar los vacunatorios en el interior bonaerense.

El proyecto en cuestión hace referencia a las localidades de Rivera y Villa Maza, partido de Adolfo Alsina; Oriente y El Perdido, partido de Coronel Dorrego; Indio Rico, en el partido de Coronel Pringles; Huanguelén, en Coronel Suárez; Casbas, Laguna Alsina y Garré, partido de Guaminí; Stroeder, Villalonga y Bahía San Blás, en Patagones; Saavedra, Espartillar, Goyena, Arroyo Corto y Dufaur, partido de Saavedra; Quenumá, en Salliqueló; Sierra de la Ventana y Chasicó, en Tornquist; Thompson, partido de Tres Lomas; Claromecó, Orense y Reta, de Tres Arroyos; y Médanos, Algarrobo y Mayor Buratovich, partido de Villarino.

Al respecto Balbín, que preside la comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados de la Provincia, señaló que “existen muchos distritos que cuentan con un solo vacunatorio instalado en la ciudad cabecera, lo que hace que el resto de los vecinos de los pueblos deban viajar para poder inocularse la dosis”.

“Esto trae inconvenientes de logística y tiempo, además de aumentar el riesgo entre los adultos mayores, el grupo más vulnerable a la pandemia, quienes muchas veces no cuentan con movilidad para trasladarse de una ciudad a otra”, agregó.

“Ante el aumento vertiginoso de los contagios en la Nación y en nuestra Provincia, el Gobierno debe tomar todas las medidas necesarias que tengan como fin cubrir de manera adecuada la demanda de los ciudadanos, garantizando el derecho a la salud”, dijo el titular de la comisión de Adultos Mayores,

Y, en ese sentido agregó: “frente a esto es que considero necesario ahora seguir avanzando en la implementación de políticas que profundicen la tarea ordenada y equitativa de los recursos sanitarios que posee la Provincia”.

El Plan de Vacunación es público, gratuito y optativo contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires. “Por eso se debe realizar un operativo de distribución, organización y vacunación en todo el territorio bonaerense, que establezca un orden de prioridad debido a las demandas urgentes de la sociedad”.

“En una primera etapa se debe priorizar a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus y aquellos que brinden servicios esenciales para la población”, finalizó diciendo Balbín.

Además, reveló que en la Provincia sólo se vacunó el tres por ciento de la población, incluido el personal de salud y seguridad.

A raíz de la preocupación por la demora en la implementación de la vacuna contra el COVID 19 en la provincia de Buenos Aires, y más específicamente entre la población de los adultos mayores, el legislador radical, que además preside la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara baja provincial, ingresó esta semana varias iniciativas parlamentarias direccionadas a conocer el estado de situación, y el plan de vacunación pensado de acá para adelante.

Una de ellas es un pedido de informes, mediante el cual se le solicita al PAMI, sede provincia de Buenos Aires, informe sobre las doce Unidades de Gestión Local (U.G.L) en cuanto a la instrumentación, aplicación y control de vacunas para el Covid-19 en los centros de alojamientos para adultos mayores, ya que “los jubilados y pensionados son la principal población en riesgo”, dijo.

“Por el momento, la vacunación parece ser la única forma en que podamos garantizar a los adultos mayores una mayor protección de su salud, permitiéndoles recuperar una vida social que se ha vista afectada e impacta en su salud física y mental”, señaló Balbín.

Y agregó, en ese sentido que “en el caso de los adultos mayores, al ser grupo de riesgo, sabemos que fueron los primeros en estar aislados y serán los últimos a poder reintegrarse por su vulnerabilidad, sin embargo sus derechos a la seguridad social no deben verse afectados bajo ninguna circunstancia”.

“Por ese motivo -dijo-, resulta necesario conocer cuál es el plan de vacunación pensado para este grupo, cual es el porcentaje que ha sido vacunado y que estrategia se utilizará para llegar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de jubilados y pensionados”.

Finalmente, el diputado radical expresó: “quienes se encuentran alojados en centros para adultos mayores no pueden salir de los mismos para ir a otros centros de vacunación, quedando en el PAMI la responsabilidad de su vacunación”.

Entre los principales puntos que reclama el pedido de informes se pide al PAMI que se informe que cantidad de centros de alojamientos con los que cuenta PAMI en la provincia de Buenos Aires; cantidad de jubilados y pensionados que se encuentran alojados en diferentes centros y son pagados o autorizados por PAMI; cantidad de adultos mayores jubilados/pensionados vacunados a la fecha; cantidad de jubilados/pensionados inscriptos que se encuentran en espera de la primer dosis y de la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19

También, el legislador requiere que se informe cuál es el plan de vacunación que se está siguiendo para los adultos mayores y si existe una prioridad para aquellos alojados en centros municipales, provinciales, privados y cuál es la fecha estimativa en la cual se cree que los Adultos Mayores del PAMI estarán vacunados en su totalidad.

Mientras esperan que el Ejecutivo provincial avance en el tema, y con el compromiso de las autoridades de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de tratarlo en conjunto, desde el bloque trabajan en un proyecto de Ley que establece un marco regulatorio para el uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, de la planta de cannabis y sus derivados.

El proyecto de Ley tomó estado parlamentario el 23 de julio de este año, a instancias del diputado Emiliano Balbín y con el acompañamiento del bloque de Juntos por el Cambio, y busca modificar la Ley 14924, de adhesión a la Ley Nacional Nacional 27.350 de “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”, para crear un marco integral regulatorio del uso medicinal del cannabis en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

“Esa ley, la 14924, sancionada en 2017, adhiere al marco regulatorio nacional, pero no avanza más allá. Lo que buscamos ahora es, entre otras cuestiones, que el cannabis medicinal esté contemplado en el sistema público de salud de la Provincia, y avanzar en un marco regulatorio integral propio, tanto en la etapa de la investigación, del desarrollo y de la producción del cannabis medicinal”, señaló al respecto el legislador.

“Para este trabajo hemos revisado las experiencias que hay en nuestra Provincia, como en General La Madrid, hemos trabajado con los concejales del distrito de Tornquist, las Universidades y Asociaciones Cannabicas, profesionales, y hemos recibido además aportes de otros legisladores que nos han brindado su mirada, como Melisa Greco, Valentín Miranda, Rosio Antinori, Anastasia Peralta Ramos, Daniel Lipovetzky,  Laura Ricchini, Verónica Barbieri, la Dra. Alejandra Lorden, quien tuvo un rol fundamental como profesional y como vice presidenta de la  de la comisión de Salud, y las diputadas nacionales Karina Banfi y Josefina Mendoza ”, agregó.

El proyecto declara de Interés Público Provincial las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante la investigación y uso científico de la planta de Cannabis y sus derivados con fines medicinales, paliativos y/o terapéuticos, como así también con fines preventivos en materia de adicciones y consumos problemáticos.

También incorpora al Sistema de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires los medicamentos a base de Cannabis medicinal y todas sus formas farmacéuticas derivadas, reconociendo la cobertura médico asistencial integral de todos los pacientes que necesiten de estos tratamientos.

Para ello, el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia (IOMA), deberá incorporar como prestación obligatoria y brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura total e integral de los medicamentos a base de Cannabis medicinal y todas sus formas farmacéuticas.

La iniciativa, además, prevé la creación de un programa terapéutico especial para dar cumplimiento a la norma, al tiempo que regula el desarrollo y la producción pública de medicamentos, el autocultivo, registro de cultivadores, y campañas púbicas de concientización.

Finalmente, establece como autoridad de aplicación, y en forma conjunta, a los ministerios de Salud y de Desarrollo Agrario de la Provincia.

Luego de esta presentación, otras propuestas han ingresado a la Cámara, y en ese sentido y para finalizar, Balbín dijo: “la idea es lograr la mejor Ley posible sobre cannabis medicinal para todos los bonaerenses, y el trabajo en conjunto estará dirigido en ese sentido”.

La iniciativa fue presentada por del diputado Emiliano Balbín y producto de un trabajo en conjunto con las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil que alentaron el proceso de cambio de la Ley.

La norma sancionada esta semana por la Legislatura establece la modalidad a distancia, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la mediación previa obligatoria.

Se aplicará en los conflictos cuyo objeto sea materia disponible por los particulares, permitiendo acceder a la resolución de estos, o que se habilite la vía judicial para proseguirlos.

“Este trabajo en conjunto con las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, que estuvieron en constante contacto con nuestro equipo, con conferencias acerca del tema, consultas a juristas, académicos, colegios de abogados, mediadores, facultades, y al arco judicial en general, fue vital para que este proyecto encontrara un rápido consenso en ambas cámaras”, señaló el diputado de Juntos por el Cambio, Emiliano Balbín, autor de la iniciativa.

La Ley en vigencia, que se sancionó en 2009, estableció como regla general la mediación obligatoria en todos los casos que no admitan excepción, pero las partes deben asistir personalmente a la audiencia, no pudiendo ser sustituidas por apoderados, salvo que su domicilio exceda los 150 km. del asiento del mediador, como única excepción.

Esta modificación sustancial a la Ley 13.951 de Mediación y Conciliación Prejudicial, permitirá no solo modernizar la ley vigente, sino que además garantizará el acceso a la justicia a una innumerable cantidad de ciudadanos que hoy encuentran vedado este derecho fundamental.

La Ley sancionada incorpora el artículo 15 Bis a la actual Ley, que le da la posibilidad al mediador y a las partes a celebrar una audiencia a través de canales y procedimientos electrónicos de comunicación, asegurando además la confidencialidad e identidad de estas.

“Con esta Ley le estamos dando a los ciudadanos y a los profesionales la herramienta necesaria para garantizar un derecho fundamental de Constitución provincial, establecido en el artículo 15, que consagra la tutela judicial efectiva. Y, además, estamos sentando un precedente que será la pieza fundamental y fundacional de una manera más moderna, equitativa, rápida y justa de garantizar el acceso a la Justicia”, finalizó Balbín.