La jornada del miércoles en la Plaza de los Dos Congresos dejó una postal de violencia y destrucción que indignó a la ciudadanía. Un grupo de vándalos y delincuentes, amparados en la excusa de una manifestación por reclamos legítimos de jubilados y pensionados, se dedicó a sembrar el caos en un espacio público que pertenece a todos los porteños. El saldo de su accionar no solo es la desoladora imagen de monumentos dañados y mobiliario urbano destrozado, sino también el perjuicio económico que supera los trescientos millones de pesos. Una vez más, la violencia irracional de quienes no respetan la convivencia social se impuso sobre el esfuerzo de quienes trabajan y contribuyen a la ciudad.

La indignación es inevitable ante la cobardía de estos grupos organizados que se escudan detrás de los sectores más vulnerables para llevar adelante su agenda de destrucción. Lo que debía ser una jornada de legítima expresión terminó convertida en una excusa para el vandalismo y el delito. Comercios saqueados, trabajadores impedidos de desarrollar su actividad y ciudadanos de a pie sometidos al miedo. Esta es la verdadera consecuencia de una jornada donde la violencia desplazó a la democracia. No se trató de un acto espontáneo ni de una reacción aislada, sino de un accionar premeditado que sigue un patrón repetido de impunidad.

Sin embargo, lo que más refuerza el sentimiento de impotencia es la respuesta de la Justicia. A pesar de que la mitad de los detenidos cuentan con antecedentes, fueron liberados con una celeridad que resulta incomprensible. ¿Cuántas veces más veremos a los mismos rostros descarados generando desmanes en la vía pública antes de que las autoridades judiciales decidan poner un freno real a estas acciones? La falta de consecuencias concretas no hace más que alentar la repetición de estos hechos, enviando el mensaje de que el vandalismo es una vía sin castigo para la imposición de intereses particulares sobre el bien común.

En medio de este escenario desolador, es necesario reivindicar el papel de la Policía de la Ciudad encargada del tercer anillo de seguridad, es decir, la periferia de los eventos, que una vez más actuó con profesionalismo para contener la situación y proteger a los ciudadanos. Su labor, a menudo vilipendiada por quienes buscan el caos, es fundamental para garantizar que el espacio público siga siendo un lugar de convivencia y respeto. La Ciudad de Buenos Aires pertenece a todos, y su cuidado es una responsabilidad compartida. Es imperativo que como sociedad reafirmemos nuestro compromiso con la ley y el orden, respaldando a quienes trabajan por la seguridad de todos.

La esperanza radica en la convicción de que la violencia y la destrucción no pueden ser el camino. La democracia se construye con diálogo, respeto y el cumplimiento de la ley, tanto por los ciudadanos como por los gobernantes. No podemos resignarnos a que unos pocos sometan a la mayoría al miedo y la incertidumbre. La Plaza de los Dos Congresos, símbolo de la vida institucional de nuestro país, debe ser resguardada como un espacio de encuentro y no como un campo de batalla de quienes buscan imponer su voluntad con violencia. Es tiempo de exigir que las normas se cumplan y que la Justicia actúe con la firmeza que la sociedad demanda. Solo así podremos garantizar que la ciudad siga siendo un lugar donde la convivencia y el respeto primen sobre la barbarie.

Jorge Giorno fue diputado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en dos oportunidades, fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), actualmente es presidente del Partido de las Ciudades en Acción.

El jefe del bloque Frente Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, fue consultado por la posición de su par Javier Milei sobre la portación de armas, y señaló que "una cosa es la libertad y otro el uso de armas".

"No le va bien a los países con el uso de armas", expresó el legislador, en relación a que "pasan cosas como la que pasó" en Texas, donde un joven de 18 años produjo una masacre en una escuela primaria.

El exministro de Seguridad bonaerense aseguró que "para parar la inseguridad tenemos que aplicar políticas de seguridad, que no es armar al civil, que no tiene responsabilidad". Además de considerar que, si así fuera, "van a poder acceder aquellos que tengan plata para comprar un arma".

En declaraciones a radio La Red, el diputado afirmó que poseer un arma "no garantiza que uno va a estar más seguro, más tranquilo. Al contrario, el tener un arma por lo general genera más problemas".

Y reiteró que la discusión se basa en "qué Estado queremos para que tenga una política de seguridad mucho más seria".

Luego, Ritondo se refirió a los operativos que hubo contra barras bravas en los últimos días para lamentar que "estamos viendo cosas que nosotros habíamos limitado mucho", con una "política contra las barras que permitió que volvieran al estadio las familias, que se pudiera jugar de local con visitantes, que haya control de acceso a las canchas" en coordinación con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, a partir de que "el derecho de admisión estaba controlado por el Estado, no por los clubes".

El dirigente del Pro insistió que en seguridad "tiene que haber políticas de Estado, no borrar, cada vez que uno asume, borrar las cosas que se hicieron bien".