Discrepancia entre el oficialismo y la oposición respecto de una palabra para dar o no luz verde a lo trabajado por ese organismo.
Legisladoras nacionales dieron este martes tratamiento al informe anual y reglamento de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para su aprobación.
Durante una reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presidida por la senadora por La Rioja, María Clara del Valle Vega (Hay Futuro Argentina), legisladores nacionales realizaron este miércoles el tratamiento de aprobación del informe anual y reglamento de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Al comenzar la reunión, la presidenta de la comisión informó el motivo de la reunión: “La aprobación de lo que es el informe de la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes”.
“Este informe que tuvo dos partes: una presencial, primera vez que pudo la Defensora también en forma presencial”, prosiguió y agregó: “Y darnos cuenta de todo lo que hizo durante el año 2021 y, además, tuvo la deferencia de contestar alrededor de trescientas preguntas que se le hicieron por escrito”.
Asimismo, destacó “el avance que hizo esta Defensoría durante el año 2021″ y la generación de “un espacio específico para los defensores de las provincias”. También consideró que “lo más importante que tiene esta Comisión Bicameral es aprobar el informe y hacer el seguimiento correcto del trabajo que hace la Defensoría, que después de tantos años pudimos concretar en este país”. “Creo que hemos logrado el objetivo de este año”, concluyó.
Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri, dijo que “nuestra intención desde Juntos por el Cambio es aprobar el reglamento, pero sin embargo nos encontramos que en la resolución incluye un término que no es ni aprobar ni desaprobar”. Y agregó: “El término que estamos utilizando es, en vez de aprobar, el de avalar; con lo cual nosotros les pedimos que puedan modificar este término”, añadió.
Concluyó señalando que “en ese caso por supuesto que vamos a aprobar esta Resolución”.
Las ONG que integran el colectivo Infancia en Deuda enviaron una nota a la bicameral presidida por Beatriz Mirkin, en alarma por la reciente renuncia del defensor adjunto, que denunció “sesgos partidarios y discrecionales”.
Organizaciones de la sociedad civil nucleadas en el colectivo Infancia en Deuda enviaron una nota a la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, presidida por Beatriz Mirkin (Frente de Todos), para advertir sobre la “gravísima situación” en la que se encuentra el organismo tras la renuncia del defensor adjunto Fabián Repetto.
La misiva fue firmada por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Aldeas Infantiles SOS Argentina, Che Pibe, CIPPEC, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), FEIM (Fundación para el Estuido e Investigación de la Mujer), Haciendo Camino, Fundación Kaleidos y Fundación Sur Argentina.
Además de la nota a la bicameral, las organizaciones enviaron otra dirigida a la propia Defensoría, encabezada por Marisa Graham desde febrero de este año, luego de más de 14 años de vacancia en el cargo.
En ambos casos, solicitaron que “se tomen todas las medidas para fortalecer la institucionalidad del organismo, garantizar una mayor transparencia y asegurar su correcto funcionamiento en el control y exigencia de las políticas públicas que cumplan con los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
El reclamo se originó debido a la reciente renuncia de Repetto, quien denunció que en la breve gestión de Graham la Defensoría adquirió “fuertes sesgos hacia un uso partidario y discrecional”.
“La gravedad de las razones que fundamentan la renuncia del defensor adjunto darían cuenta de que el recorrido de los primeros meses de la institución habría sido contrario al proceso que le dio origen y que podría haber obstaculizado la capacidad de control de la Defensoría”, advirtió el colectivo Infancia en Deuda.
Y agregó que “ello implicaría el peor de los escenarios posibles, es decir, una Defensoría formalmente en funciones, pero virtualmente incapaz de cumplir su mandato legal en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Por eso, las organizaciones exigieron que la Defensoría cumpla con los estándares de autonomía e independencia; que se realicen concursos públicos transparentes para la designación de funcionarios; que se transparenten todas las acciones llevadas adelante; y que la bicameral intensifique su rol de control.
“A tan solo ocho meses de su puesta en funcionamiento, la Defensoría enfrenta una crisis institucional que exige la priorización en el cumplimiento de las obligaciones referidas con urgencia”, concluyeron en la nota enviada a la comisión.
Ante la Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, la funcionaria expuso los detalles de una función signada por el estallido de la pandemia y la cuarentena. Abogó por una renta básica universal para los niños.
El 3 de marzo, apenas 3 días después de asumir al frente de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham y su equipo, se detectó el primer caso de coronavirus en nuestro país. Y ya el día 20 de marzo se inició la cuarentena estricta en todo el país, que impactó fuertemente en el trabajo de esa institución. Así lo consignó este viernes la defensora de los menores al exponer ante la Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que preside la senadora Beatriz Mirkin.
Ante ellos, de manera virtual, Marisa Graham expuso por primera vez desde que está en funciones, admitiendo que “nuestra incipiente institución se ve atravesada por esta situación diría dramática en la Argentina y en el mundo”.
“A pesar de eso creo que hemos logrado resultados y entregamos a la presidencia (de la comisión) un anexo con las cosas que hicimos”, comentó Graham, quien a continuación detalló una serie de consensos alcanzados en lo que va de su gestión. Comenzando por el de “diseñar una institución del siglo XXI moderna, capaz de afrontar las distintas funciones, de asumir en un país de estructura federal; asumir lo nacional, pero coordinar, converger con los cinco defensores provinciales que nos preceden, y con la idea de potenciar a estos pares provinciales a nivel nacional”.
En ese sentido mencionó el objetivo de que “todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcancen a tener una institución como la nuestra: esa es la aspiración que tenemos para nuestros 5 años de mandato”. Un objetivo de que esa función sea “profundamente federal”. Por eso decidieron armar delegaciones en todas las provincias, con el fin de que cada una tenga su propia estructura de defensa, y para tal fin, dijo, “generamos un área federal que nos permita estar instalados y garantizar la presencia, virtual por ahora, en todo el territorio nacional”.
Marisa Graham se refirió luego a “un desafío muy importante” que recordó haber planteado en la primera audiencia pública a la que asistió. “Evitar la superposición con una estructura de protección de derechos de niños llamados Sistema de Protección Integral, que tiene un amplio desarrollo en nuestro país”, precisó. La defensora cree que “una de las cosas que no tenemos que hacer es superponernos y solaparnos, sino, por el contrario, apoyarnos y además rejerarquizarnos. Con el doctor Facundo Hernández, que lidera esta área de protección, pensamos mucho qué verbo utilizar: no era solamente fortalecerlo, sino también rejerarquizarlo”.
En efecto, enfatizó, “más que sustituirlo pretendemos rejerarquizrlo, aunque sabemos que tenemos un rol de control y exigibilidad. Pero preferimos anticiparnos y armar mesas de diálogo y colaborar frente a determinadas situaciones. Nos interesa la salud y la vida de los niños y sus familias, sobre todo en este momento”.
La funcionaria habló de la necesidad de generar políticas públicas que garanticen derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y empezando por un presupuesto asignado. “Cómo exigir que el presupuesto destinado al área y cuánto del PBI se invierte en niños, niñas y adolescentes”, señaló como objetivo, destacando la necesidad de “monitorear ese presupuesto, teniendo en cuenta que las dos terceras partes corresponden a las provincias. Nos hemos propuesto un seguimiento por su intangibilidad, que nos parece fundamental, porque sin presupuesto podemos hacer muchas cosas, pero no se puede estar a la altura de las circunstancias sin una institucionalidad más fortalecida que ha sido desfinanciada en los últimos años”.
El último desafío es, agregó, “construir una institución que asegure credibilidad, pluralismo, independencia, y que se constituya en autoridad en esa materia. Tenemos que diferenciarnos claramente de las funciones que tienen los estados, a nivel nacional y provincial”.
“Decimos en nuestro informe que esta institución no diseña ni aplica políticas públicas, no legisla y tampoco juzga”, aclaró la funcionaria, que precisó que “pretendemos incidir en cuáles son las políticas públicas, cuál es la manera de legislar de una manera respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y cuál es la manera de juzgar. Pero sobre todo estar muy atentos a cuáles son las prestaciones positivas que van a garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes, que ya sabíamos que antes de la pandemia veníamos en una situación de crisis económica que antes impactaba en el sector”.
Graham precisó que la estructura de la Defensoría fue elaborada pensando en tres áreas fundamentales. Comenzando por Coordinación federal, respecto de la cual consideró “fundamental la presencia de la defensoría a nivel nacional; nuestra sede está en Ciudad de Buenos Aires, pero no queremos atender solo casos de la Ciudad y el conurbano; es prioridad para nosotros asumir lo federal y estar presentes fuertemente a nivel nacional”.
Otra área fundamental es la coordinación de las defensorías con las organizaciones sociales, y en ese sentido destacó la importancia de agrupar a esas organizaciones que se dedican a los derechos de niños, como universidades y sobre todo sindicatos -a los que consideró fundamentales-, como así también otras organizaciones cono por ejemplo Unicef.
Y la tercer área gravitante es “la de participación y protagonismo de los niños, niñas y adolescentes, que tienen como función promover y fomentar la escucha de los niños, para hacer también de polea de transmisión de aquellas cosas que los niños piensan y requieren reclamar de la escuela, de la salita, de organismos de protección de derechos”, señaló la defensora.
Sobre el final, Marisa Graham comentó que tenían planes de trabajo que habían sido diseñados mucho antes de que apareciera la pandemia. Ese primer plan incluía una cantidad de temas importantes que hacían a la agenda, entre los que figuraban pedir al Congreso una ley penal juvenil. “Apareció la pandemia y la cuarentena”, recordó la funcionaria, destacando el replanteo que generó eso, que los llevó a refocalizarse. Hay derechos afectados por la pandemia, reconoció, ante lo cual se plantea “el desafío de cómo salir de la pandemia. Cuando lo redactamos pensamos que hoy estaríamos ya en otra situación; lamentablemente seguimos en cuarentena, pero queremos salir con más derechos para encarar esta situación dramática”, teniendo en cuenta que “los niños van a ser los más afectados, hay estudios de Unicef y UCA que lo indican”.
En ese documento que armaron establecían cómo se iban a encarar las enfermedades que afectarían a los niños por la estacionalidad, como la bronquiolitis, y el tema del cumplimiento de las vacunas.
Contó también Graham que hicieron un documento que le presentaron al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que focaliza en el tema del abandono y deserción de adolescentes a la escuela secundaria, profundizada por las desigualdades en la conectividad, el tema de asegurar las vacantes en la etapa inicial, y el ingreso. “Creemos que hay que seguir a partir de la Asignación Universal por Hijo, que creemos que es una de las mejores políticas públicas, que debe seguir fortaleciéndose, ampliándose”, dijo.
Y agregó en ese sentido que “debemos encontrar a aquellos niños que no han sido ingresados a ese derecho, quitar las condicionalidades, o bien quitar las penalidades a esas condicionalidades, con la idea de marchar para instalar el debate en la Argentina de una renta básica universal para los niños. Esta idea de sacar a los niños que están debajo de la pobreza extrema y que haya un piso mínimo de renta para los niños, lo cual implica un nuevo acuerdo social y un compromiso fiscal y tributario, pero esto es a largo plazo; estos fondos no pueden movilizarse ahora”.
