Encendida discusión se dio al comienzo de la sesión de Diputados al votar en particular el primer artículo de la Ley de Bases que establecía declarar le emergencia en nueve materias y que, con las modificaciones, quedó reducida a seis: se suprimieron la emergencia en salud, la fiscal y la previsional. La votación resultó con 134 votos afirmativos contra 121 negativos. 

Lo mismo ocurrió cuando los diputados pasaron a votar los artículos 3 y 4 correspondiente a la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo. Allí, el Gobierno tuvo un revés en los incisos H (fondos fiduciarios), I (regulación del sector energético) y J (fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad) del 4to artículo.

Al artículo 1ro., de emergencias, los votos afirmativos fueron de La Libertad Avanza, tres monobloques aliados del oficialismo (Avanza Libertad, CREO y La Unión Mendocina) y dos de Buenos Aires Libre; el Pro; la UCR y Hacemos Coalición Federal -aunque no en su totalidad-; Innovación Federal y Producción y Trabajo. 

En tanto, en contra lo hicieron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los dos diputados de Por Santa Cruz. Desde Hacemos Coalición Federal lo rechazaron la Coalición Cívica; los dos legisladores santafesinos socialistas, la cordobesa Natalia de la Sota y la bonaerense Margarita Stolbizer. 

También votaron negativamente los radicales Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes y Juan Carlos Polini. 

Como miembro informante el cordobés Gabriel Bornoroni fue el encargado de leer la redacción -con los cambios introducidos- del artículo 1ro que establece: “La presente ley tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales”.

Enfático, el opositor Juan Marino pidió saber cuáles eran las emergencias que se quitaron del proyecto original y denunció que se “leyó algo distinto de lo que tenemos en las bancas. Es distinta, es distinta”. En el mismo sentido, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, aseguró que la redacción “es distinta al texto que tenemos” y solicitó que se vuelva a leer. Así el cordobés aclaró que se sacó “fiscal, previsional y salud y el resto del artículo quedó igual, pero lo voy a leer de nuevo para los que no prestaron atención”, se quejó.

Volvió a salirle al cruce Marino quien denunció que “venimos trabajando sin tener el dictamen real a la hora de la discusión del proyecto de ley ómnibus” … Inmediatamente lo interrumpió el presidente del Cuerpo, Martín Menem: “Opine sobre el artículo diputado”, y Marino insistió: “el que tengo sobre la mesa incluye la emergencia fiscal, previsional y de salud, estuvimos trabajando con otro dictamen”, pero Menem lo chicaneó: “Está hablando de un defecto que lo ve solo usted”, y lo amenazó con cortarle el micrófono si no hablaba explícitamente de dicho artículo.

Así, Marino adelantó el rechazo y planteó que “no incluye la emergencia social” y se quejó que “en ningún momento del espacio debate nos pudieron explicar por qué no se lo incluyó. La incluían en el proyecto original, pero en algún momento en algunas de esas reuniones secretas alguien, que no sabemos quién fue, decidieron sacarla”, y les preguntó a los diputados que apoyan el proyecto de ley: “¿No consideran que hay una emergencia social en el país?”, y apuntó: “Pero pretenden que el Congreso vote la emergencia en tarifas para que el presidente tenga superpoderes con los cuales pueda subir las tarifas como quiera”.

“Esta Cámara de Diputados tiene que rechazar el artículo 1 porque no da respuesta a los problemas de la Argentina porque le da potestades al presidente que todas sus medidas son contra la patria y el pueblo”, remató Marino y cerró: “El país está en emergencia social y alimentaria y este proyecto no encuentra soluciones”.

Su par Ramiro Gutiérrez adelantó que el voto del espacio político es negativo y fundamentó que “el centro de la cuestión es la habilitación al presidente de facultades que le corresponden al Congreso. No estamos solamente para insuflar vida a una mega ley artículo por artículo, sino para distinguir luces de las sombras. Esta ley pareciera que estuviésemos votando la habilitación para 6 emergencias y que han sacado tres, pero no es así porque la ley viene acompañada de un peligro DNU con 266 artículos donde estas tres emergencias siguen vivas”.

Al pasar a votar el artículo 2, contemplado dentro del capítulo 1 que, la macrista Silvia Lospennato recordó que se acordó el debate por capítulo y que “este capítulo ya se votó y solo resta votar el artículo que no tuvo modificaciones”. Contrariamente, el diputado Matías Molle (UP) denunció que este proyecto trae “escondido una reforma constitucional en su articulado”, mientras que Gutiérrez señaló: “No coincido con las bases axiológicas, con la ideología que transita este proyecto. Creo en el Estado Nación Social de derecho, no creo en la libertad absoluta de mercado”.

Al respecto, Martínez indicó que el artículo 2 es “el más importante” porque “es el manifiesto político e ideológico del partido de Gobierno, pero no tiene la legitimidad para que el Cuerpo vote eso. También vale para el artículo 4. Es una plataforma política electoral. Hay dudas en muchos bloques sobre la cuestión penal”.

Así las cosas, luego de que Bornoroni rechazara las modificaciones propuestas, la votación resultó con 140 afirmativos contra 115 negativos.

Delegación de Facultades: revés para el Gobierno en tres incisos

Sobre este punto, el artículo 3 no generó debate y resultó aprobado con 134 votos afirmativos a 119 negativos. El mismo declara la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024 y propone que ese plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el máximo de un año.

Además, plantea delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional en materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación aquí regladas y por el plazo antes establecido. El Poder Ejecutivo Nacional deberá informar mensualmente en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación sobre la aplicación de las facultades delegadas por la presente ley, sus fundamentos y resultados obtenidos.

A favor del artículo 3 de delegación de facultades votaron positivamente La Libertad Avanza y sus aliados de Buenos Aires Libre (2), Avanza Libertad (1), CREO (1) y La Unión Mendocina (1). También el Pro, Producción y Trabajo, la mayoría de Hacemos Coalición Federal y la UCR, Innovación Federal y los tres tucumanos de Independencia. 

En contra lo hicieron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz y los radicales Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pablo Juliano y Facundo Manes. Además, desde Hacemos Coalición Federal rechazaron el artículo la Coalición Cívica; los cordobeses Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca; los santafesinos socialistas Mónica Fein y Esteban Paulon; y la bonaerense Margarita Stolbizer. 

Fue el artículo 4 el que se llevó más de una hora de tratamiento y fuertes críticas. Incluso, a pedido del jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, se procedió al abordaje y a una votación por incisos porque “se trata de contenidos relevantes, porque cada inciso dispone de una autonomía normativa relevante, hace a una mejor expresión de la voluntad de los legisladores y porque hay antecedentes”.

El mismo establecía 10 bases de delegación, que quedaron en 7, las cuales serán: promover la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia, con respeto a la propiedad e iniciativa privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes y servicios.

También, establecer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria; y procurar dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado.

Además, promover la reactivación productiva; reorganizar el Sector Público Nacional para lograr la mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento; fortalecer el servicio civil de la Administración Pública nacional y desburocratizar y simplificar la normativa que la rige; y ordenar y regular el Sistema de Contrataciones Públicas.

Votación inciso H

La votación de los incisos del A al G resultó afirmativa con 132 votos a favor contra 122 negativos. Sin embargo, el tema se empantanó con los incisos H, I y J que resultaron rechazados y terminaron cayéndose. El inciso H fue rechazado con 112 votos a favor y 142 en contra; mientras que los incisos I y J con 123 votos a favor y 130 en contra.

¿Qué establecían dichos incisos? En cuanto al H buscaba transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos.

El inciso I establecía regular y reordenar el sector energético en función de la apertura de la exportación de hidrocarburos y sus derivados, de forma ágil y segura, a fin de lograr la mayor cantidad de participantes en la industria, debiendo el Estado asegurar las condiciones de suministro para todos los usuarios; adecuar y recomponer las tarifas del sistema energético sobre la base de los costos reales del suministro a fin de cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua y regular de los servicios públicos conforme los principios tarifarios de las leyes N° 24.065 y 24.076; y reasignar los subsidios vigentes a fin de asegurar a los usuarios finales el acceso al consumo básico y esencial de energía eléctrica y gas natural considerando los ingresos del grupo conviviente, en forma individual o conjunta; la reconstitución del sector eléctrico conforme el libre comercio internacional, la libre comercialización, competencia y ampliación en sus diferentes segmentos; el despacho económico sobre una base de remuneración en el costo económico horario del sistema, teniendo en cuenta el costo marginal horario del sistema y el costo que represente para la comunidad la energía no suministrada; y una revisión de sus estructuras administrativas;) la reorganización del funcionamiento de los entes reguladores de gas natural y energía eléctrica para asegurar una gestión integral, eficiente y eficaz; y el cumplimiento de los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero (GEI) relacionado con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

Con el voto en contra de kirchneristas y algunos diputados de bloques opositores dialoguistas se cayó un artículo clave (art.4 inc. i) que permitía la reorganización del sector energético, luego del caos generado por el kirchnerismo. Una pena.

— Luciano Laspina (@LaspinaL) February 6, 2024

El último inciso buscaba fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en: la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen 6 organizado; la producción y tráfico de estupefacientes; la corrupción de niños, niñas y adolescentes; terrorismo; las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas; los delitos aduaneros; los secuestros extorsivos y la trata de personas.

Al respecto, el diputado de izquierda Christian Castillo solicitó la “inconstitucionalidad y anulación” de todo el capítulo y los artículos 3 y 4.

El radical Juliano Pablo señaló que desde el 2002 se intenta la delegación de facultades y preguntó: “¿Esta es realmente una solución?” y planteó que “es imposible delegar facultades sin la constitución de la Comisión Bicameral, es imprescindible porque hace a la calidad del Parlamento”. Su par Carla Carrizo manifestó: “Gobernabilidad con control, cuando delegamos sin controlar hay que en contra. Cuando delegamos con control hay que garantizar que un presidente de minoría tenga capacidad de decisión”.

Carrizo celebró la votación por incisos e invitó a sus pares a votar en contra del H porque “le da una capacidad arbitraria al Ejecutivo los 29 Fondos Fiduciarios. Por supuesto que hay fondos que están mal en el país, son agujeros negros porque nadie los controla, pero hay algunos que son muy buenos”.

Desde la CC- ARI, Paula Oliveto Lago anticipó el voto en contra de su espacio: “Mi partido, el de Elisa Carrió, se funda a partir de la negación de facultades a Domingo Cavallo”. “Vinimos a honrar nuestra historia”, aseveró.

“Pregunten lo que significaría darle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo a partir de este proyecto de ley. Le falta el objeto y el alcance”, agregó. “Parece mejor agredir 5 minutos en Twitter que sentarse a debatir”, cuestionó, sin nombrarlo, al presidente Javier Milei.

Por último, recordó la delegación de atribuciones legislativas al anterior gobierno: “Por esto, Alberto Fernández nos tuvo encerrados un montón de tiempo por darle facultades”. “No se puede ser medio corrupto o medio republicano, a la democracia se la defiende siempre”, cerró.

Por el contrario, el diputado Nicolás Massot (HCF) propuso un agregado al inciso H que diga al final del párrafo “exclúyase de lo dispuesto en este inciso al Fondo Fiduciario para el desarrollo provincial creado por el decreto N 286/ 95 y sus modificaciones y al Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional”. De la vereda de enfrente lo cruzó el radical Martín Tetaz: “Si cada uno va a hacer lo que quiere con su Fondo Fiduciario entonces discutamos todos porque si cada uno negocia en su provincia un lugar que excluyo esto y saco esto, o se va uno o se van todos. Esto es una barbaridad”.

Para generar polémica en un momento en el que debieran buscar mantener los acuerdos en vísperas del inicio del debate de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el presidente Javier Milei retuiteó este lunes un tuit de Joaquín de la Torre en el que le apunta al indeterminado “bloque extorsión” que a su juicio intenta “seguir viviendo del negocio de la política”.

Y agrega el exintendente de San Miguel que aquellos diputados que hoy se oponen a conceder todos los pedidos del líder de La Libertad Avanza “no tuvieron problema en darle facultades extraordinarias a CFK, Alberto y Kicillof”.

La referencia del dirigente de lo que fue Juntos por el Cambio alude a la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento que el gobernador bonaerense vio aprobar a fines del año pasado, con apoyo de la oposición, incluso votos libertarios. Pero en lo que hace a los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, la realidad es que la oposición al que De la Torre refiere no le apoyó nunca las emergencias pedidas por esas gestiones.

El ejemplo más reciente se dio el 20 de diciembre de 2019, cuando el todavía nobel gobierno del Frente de Todos logró, tras más de 19 horas de debate, la aprobación en Diputados del proyecto de ley de emergencia, que entonces se denominó también “ley ómnibus”. El oficialismo de entonces logró sortear con éxito su primera prueba de fuego en el Congreso al conseguir la aprobación con 134 votos afirmativos y 110 negativos. El proyecto de Alberto Fernández declaraba 9 emergencias y suspendía por seis meses la fórmula de movilidad jubilatoria.

Pero la aprobación se consiguió con el apoyo de los interbloques Federal, conducido por el peronista Eduardo “Bali” Bucca, y Unidad Federal para el Desarrollo, que presidía el mendocino José Luis Ramón. También sumó el respaldo de Alma Sapag (MPN), mientras que los rechazos fueron de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, que tampoco habían aportado al quórum.

A la hora de votar, llamó la atención las ausencias de Graciela Camaño (Consenso Federal) y Elisa Carrió. Ambas habían estado durante la sesión.

Por el radicalismo se ausentaron también la chaqueña Aída Ayala y el jujeño Jorge Rizzoti. Por el Pro, no estuvieron presentes a la hora de votar el bonaerense Martín Medina, Graciela Ocaña, Julio Sahad y Francisco Sánchez. Y además de Carrió , por la Coalición Cívica no estuvo tampoco Héctor “Toty” Flores.

Sí votaron a favor los diputados schiarettistas. Del interbloque Federal, no votó a favor el socialista Luis Contigiani.

Los legisladores bonaerenses lograron introducir cambios importantes en las iniciativas remitidas, pero sin tocar sus aspectos medulares de forma tal que el gobierno tendrá “herramientas” necesarias para enfrentar la crisis fiscal.

Una práctica frecuente que se da en ocasiones en la legislatura bonaerense, es que ambas Cámara sesiones en simultáneo y se giren los proyecto en tratamiento de una a la otra. Y ese fue el método elegido para cerrar un año legislativo particular.

Año particular por muchos motivos en la principal provincia argentina, pero en el caso de lo estrictamente legislativo es el cierre del 2023, que marca el comienzo del 2024, en principio, sin Presupuesto General de Gastos y Recursos.

Por un lado, en el proyecto de Ley Impositiva para el 2024 aparece como un logro opositor el hecho que los aumento no alcancen el 300%, sino que el tope se ubique en el 200%; mientras que de las cinco escalas originarias que se establecían quedaron tres, las de hasta 140, 180 y 200 % de aumento en los Inmobiliarios.

En tanto que los principales cambios que se realizó el en proyecto de ley de Emergencia tienen que ver con cuestiones que contenía el proyecto por fuera de la cuestión de las solicitudes para endeudarse.

Desde la oposición adelantaron que se elimina todo lo que tiene que ver con “gasto político, creación de estructura y cargos políticos” que se proponían en la iniciativa original, específicamente se pretendía avanzar en la creación de dos empresas publicas relacionada con la salud.

En cuanto a las autorizaciones para contraer deuda se mantiene el monto del equivalente a 1.800 millones de dólares para déficit, 300 millones de dólares para letras de tesorería y, además, se autoriza al Poder Ejecutivo reasignar autorizaciones endeudamiento conferidas por otras leyes vigentes no utilizados por una cifra que podría ir de 200 millones y hasta 800 millones de dólares.

En este proyecto de ley también quedan las prórrogas a las emergencias en seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica; y social, económica, productiva y energética en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; pero en lugar de hacerlo por dos años como planteó el Ejecutivo será por un año.

También se mantiene tal como estaba en el original la posibilidad de modificar los cronogramas de pagos de deudas vigentes por parte del Poder Ejecutivo por los pagos que los Municipios deberían realizar por el “Fondo Especial de la Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” y el más reciente “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipales”.

Por último, se creará un Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal de libre disponibilidad para el 2024 de unos 116 millones con una actualización por tasa del Banco de la Provincia y que se reparte entre los 135 municipio a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD).

La legisladora porteña del Frente de Todos María Rosa Muiños presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo de la Ciudad informe sobre el funcionamiento, estructuración y organización de la Central de Emergencia 911, que depende del Departamento de Emergencias Policiales de la Policía de la Ciudad.

“Durante la cuarentena que atravesamos el año pasado, la Central de Emergencias 911 cobró un protagonismo fundamental para asistir a las porteñas y los porteños afectados por la pandemia. Por eso, es necesario contar con la información adecuada para conocer su trabajo y aportar elementos que contribuyan a optimizar el mismo en beneficio de la sociedad”, indica Muiños, en los fundamentos del proyecto que también lleva la firma de la legisladora del mismo bloque, Claudia Neira.

En este sentido, la vicepresidenta 2da. de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita al Poder Ejecutivo que informe la cantidad de personal y funciones que desempeñan dentro de la Central de Emergencias 911, según el cargo que ocupen; qué medidas son tomadas para prevenir un colapso en el sistema por saturación de llamadas;  el número real de llamadas recibidas por la Central en 2019 y 2020, discriminado por mes, día y horas pico; y el promedio de los tiempos de conexión, espera y respuesta frente a una emergencia.

Además, Muiños requiere que se discrimine por año, mes, comuna y barrio qué porcentaje de llamados corresponden a delitos en progreso, a contravenciones o a otras situaciones; qué porcentaje del total corresponde a falsos llamados; y qué porcentaje fueron derivados a otras fuerzas de seguridad que cumplan funciones en la Ciudad, como Gendarmería, Prefectura u otros organismos, como Bomberos, Guardia de Auxilio y Emergencias.

“Pedimos que los datos sean discriminados por barrio y comuna para que podamos contar con un registro y nueva información sobre las situaciones delictivas y de violencia que afectan a los vecinos y vecinas de la Ciudad”, concluye la legisladora del Frente de Todos.