Cruce en el debate por los DNU: Litza apuró a Lospennato

En un contrapunto con chicanas, la diputada del Pro justificó el otorgamiento de facultades delegadas a presidentes y acusó de hipocresía a sus detractores.

En un encendido discurso en el que se pronunció a favor de modificar la Ley 26.122, la diputada Silvia Lospennato concluyó diciendo: “Sin comprarme el republicanismo repentino de los que propusieron, usaron y abusaron de esta ley durante tantos años; sin comprarme la hipocresía de los que dicen una cosa y cambian de opinión cuando no les conviene la norma, yo quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso. Porque creo que para los ciudadanos hay un valor en la coherencia de los políticos: cuando nos votan, tienen que saber que si votan a un republicano vamos a defender la Constitución cuando nos convenga y cuando no nos convenga, porque la Constitución está por sobre los intereses de cualquier partido y de cualquier persona”.

Y antes de que continuaran los expositores, pidió la palabra la diputada massista Mónica Litza para preguntarle: “No me quedó en claro una cosa de la diputada Lospennato. Por sí o por no, diputada, ¿usted le dio facultades delegadas al presidente Milei, ya que habla de republicanismo?”.

La diputada del Pro recogió el guante. “Mire, no es un debate, pero le voy a contestar que la delegación de facultades está habilitada en la Constitución Nacional -dijo-; yo lamento que algunos diputados tengan que ir y retomar algún curso de Derecho Constitucional. Y no solamente está habilitada por la Constitución Nacional, sino que la Corte Suprema en reiterados fallos ha…”.

“Por sí o por no, era, diputada, gracias…”, le lanzó Litza, y Lospennato reaccionó diciendo que justamente le estaba costentando. “Y usted no dice, ‘por sí o por no’, mire… Le fue muy mal al que quiso apurar con eso, yo que ustedes no sería…”.

“Tan mal no le fue”, le gritaron desde Unión por la Patria, y le recordaron a la diputada del Pro que habían salido terceros en las elecciones de 2023. Pero Lospennato insistió: “Perdió, el que dijo por sí o por no perdió… Miren, yo no sería ni tan soberbio ni tan prepotente. Justamente nosotros dimos delegaciones legislativas a todos los presidentes, a todos… Y el único que no las pidió fue el presidente Macri, ahí hay una diferencia que yo quiero resaltar. Pero además digo: las dimos porque eran constitucionales, y lo hicimos en el margen que la Constitución habilita: fijando la materia, los límites y ejerciendo luego la facultad de control que corresponde a este Congreso”.

Y cerró: “Así que si algo no puede hacer un kirchnerista es corrernos a los republicanos con la Constitución”.

Qué dispone cada uno de los decretos que fueron rechazados en Diputados

Se trata de cuatro decretos de facultades delegadas y uno de necesidad y urgencia. Si se votan por mayoría simple en el Senado, se caerán.

Milei junto a Sturzenegger, el ministro detrás de los decretos rechazados en Diputados

Un durísimo revés sufrió el oficialismo en la sesión de la Cámara de Diputados, no sólo por la aprobación de leyes que rechaza por su costo fiscal, sino por la votación en contra de cinco decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Se trata de cuatro decretos de facultades delegadas y uno de necesidad y urgencia, que imponen profundas reformas desregulatorias -detrás de las que se encuentra el ministro Federico Sturzenegger-, y que se hicieron en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo a través de la Ley Bases. Justamente, las medidas fueron publicadas días antes que se termine el plazo de los "superpoderes".

Ninguno de los cinco habían sido tratados en la Bicameral de Trámite Legislativo y, pasados los días para que la comisión los analice, se llevaron directamente al recinto. Si el Senado los vota en contra, por mayoría simple, se caerán.

El primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. A favor de que quede sin efecto votaron 141 diputados, mientras que 65 lo hicieron en contra y uno una sola abstención.

Por medio de este decreto, el PEN dispuso la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una "transformación" del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

El segundo decreto, el 345/25, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo, fue rechazado por 134 votos a favor, 68 en contra y 3 abstenciones. Mediante esta medida, se dispuso la disolución del Instituto Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una "gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos".

Asimismo, el decreto estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para "optimizar la administración".

Otros cambios tuvieron que ver con quitar autarquía o bajar la jerarquía a instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

Por 133 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones, también fue rechazado el decreto 351/25, oficializado el 23 de mayo pasado, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.

"Resulta necesario proceder a su transformación en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como a la adecuación de su organización, con el propósito de que responda a parámetros de eficiencia en el marco del reordenamiento administrativo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional", se fundamentó.

El cuarto decreto delegado en ser rechazado, por 138 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte.

En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); y una "reorganización" de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.

Diez días después, la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns suspendió el decreto, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA).

Finalmente, por 118 votos afirmativos, 77 negativos y 8 abstenciones fue rechazado el DNU 340/25, oficializado el 21 de mayo pasado.

A través de este decreto se dispuso una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, "en cuanto impone restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera como servicios esenciales".

A su vez, desde los gremios del sector denunciaron que el DNU "implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación".

Sturzenegger adelantó que no buscarán prorrogar las facultades delegadas

Las facultades extraordinarias aprobadas en la Ley de Bases vencen el próximo 9 de julio. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado anunció que en estos días irán a fondo con la reforma del Estado vía decreto. También habló de otras reformas en materia laboral y previsional para después de las elecciones nacionales.

A 50 días del vencimiento de las facultades delegadas aprobadas en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que no habrá un proyecto de ley del Gobierno para prorrogarlas. No obstante, anunció que, por medio de decretos, el Ejecutivo continuará con la fusión y cierre de organismos.

“Yo puse estos relojes acá en mi oficina para que mi equipo estuviera consciente de qué es el tiempo”, expresó el funcionario a Blomberg Línea. De ese modo, dejó en claro que en el próximo mes y medio habrá una profunda “reformulación del Estado y un movimiento bastante importante”.

De cara a las elecciones de medio término del 26 de octubre próximo, Sturzenegger señaló: “En función del caudal de votos que nosotros obtengamos, se abre otra ventana, que es la de la reformulación de leyes para la cual no teníamos facultades delegadas”. También, anticipó que a partir de un incremento en las bancas de La Libertad Avanza habrá reformas en temas como el laboral, tributaria, previsional y de apertura económica.

“Cuando la inflación desaparezca de Argentina, y pienso que se va a dar incluso antes de lo que la gente piensa, nos va a obligar a replantearnos todas las rigideces que tiene nuestro mercado laboral y me parece que eso sí va a requerir al Congreso tener una discusión”, adelantó.

En los últimos meses, hubo varios proyectos vinculados a la prórroga de las facultades delegadas en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año más. Las mismas fueron aprobadas en el Capítulo 1 de la Ley de Bases aprobada por el Congreso el 28 de junio y reglamentada el 8 de julio del 2024.

Por otro lado, los bloques de la oposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, han presentado proyectos para derogar las facultades delegadas al presidente Javier Milei, particularmente, a partir de lo ocurrido el 14 de febrero con el criptogate y la difusión del token $LIBRA.

Cripto-escándalo: el bloque de senadores de UP solicita la quita de las facultades delegadas al Ejecutivo

La bancada conducida por José Mayans presentó un proyecto de ley para que se revoquen los primeros seis artículos de la Ley Bases y, además, intima al Ejecutivo a remitir al Congreso un informe detallado sobre el ejercicio de las facultades delegadas.

Mientras el cripto- escándalo que tiene al presidente de la Nación, Javier Milei, como principal protagonista en el ojo de la tormenta continúa sumando capítulos, los proyectos para que se le quiten las facultades delegadas empiezan a acumularse en el Congreso de la Nación.

Luego de que el bloque de diputados de Unión por la Patria presentara dos iniciativas en ese sentido, misma acción replicaron desde el Senado.

la bancada conducida por el formoseño José Mayans, presentó un proyecto de ley en el que solicita que se le revoquen las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional dispuestas en los artículos 1,3 y 4 de la Ley 27.742 de la Ley Bases. También que se quiten las autorizaciones conferidas en los artículos 5 y 6 de la mencionada norma.

Además, intima al Poder Ejecutivo a remitir al Congreso de la Nación en un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la presente ley, un informe detallado sobre el ejercicio de las facultades delegada y de las autorizaciones.

El texto lleva las firmas del jefe del bloque José Mayans, de la vicejefe Anabel Fernández Sagasti, de la bonaerense titular del bloque Unidad Ciudadana Juliana Di Tullio y de la catamarqueña Lucía Corpacci.

Lo dijimos siempre y votamos negativamente cuando lo tuvimos que hacer. Por eso desde nuestro bloque de senadores de UP Invitamos al Senado a quienes se equivocaron de buena fe o reflexionaron luego, a que reparen el daño que se la ha generado al pueblo argentino y sus instituciones. El presidente NO puede tener ni 5 min de facultades que son propias del Congreso. Todos los días ven/vemos lo peligroso que resultó para los argentinos y la democracia”, expresó Di Tullio.

En el mismo sentido se manifestó su compañero de bancada Mariano Recalde: “Los que se equivocaron dándole facultades delegadas a un Presidente que demostró no estar capacitado para usarlas tienen la oportunidad de rectificar su error”.

Unión por la Patria exige revocar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo mediante la Ley Bases

Las diputadas Cecilia Moreau y Victoria Tolosa Paz presentaron sendos proyectos para revocar los primeros seis artículos de la Ley 27.742 sancionada en julio de 2024. “Es momento de que el Congreso Nacional recupere facultades que nunca deberían haber sido cedidas”, plantearon.

Tras presentar el pedido de juicio político al presidente de la Nación, Javier Milei, por el escándalo del “criptogate”, diputados del bloque de Unión por la Patria presentaron dos proyectos para revocar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo mediante Ley 27.742 denominada Ley Bases.

Uno de ellos es encabezado por la diputada Cecilia Moreau que consta de cinco artículos. Allí propone revocar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo dispuestas en el artículo 1 de la Ley Bases. También las conferidas en los artículos 3 y 4, seguido de la revocación de autorizaciones dispuestas en los artículos 5 y 6 de la mencionada ley.

“En los últimos días hemos sido testigos de una de las estafas más grandes de los últimos tiempos y el protagonista de la misma resulta ser nuestro presidente. Ya sea por haber sido parte del entramado o por una negligencia prácticamente imposible de explicar, la situación que ha de dilucidar tanto la justicia como el pleno del Congreso”, argumenta Moreau.

Así, indica que “estos nuevos acontecimientos cambian el escenario institucional y hacen imposible que no haya un nuevo análisis de las delegaciones otorgadas”, y recuerda que “desde el primer día del tratamiento de la Ley Bases sostuvimos que no deberíamos otorgarle facultades delegadas, y no lo hicimos porque somos un grupo de negadores. Ya sabíamos que venían a defender los intereses privados y no los intereses del pueblo. El presidente es representante de un pequeño grupo que especula con el Estado para llevar a cabo sus negocios”.

La otra iniciativa es encabezada por la diputada Victoria Tolosa Paz que plantea: “Deróguese el título 1, artículo 1ero de la Ley 27.742 sancionada el 8 de julio de 2024, que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, y delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo, a fin de revocar las facultades delegadas al Ejecutivo por la presente ley en materias determinadas de administración y emergencia, conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional”.

“Esta decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar un adecuado control democrático, preservar el equilibrio de poderes y asegurar que la legislación de emergencia continúe respondiendo a los principios de legalidad, razonabilidad y oportunidad que exige la Constitución Nacional”, afirmó.

El debate sobre facultades delegadas arranca este miércoles y el oficialismo apura el dictamen

El proyecto enviado por el Ejecutivo será tratado desde las 10 en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, con la participación de Vilma Ibarra y Carla Vizzotti.

El proyecto de ley que busca que el Congreso delegue facultades en el Poder Ejecutivo para administrar la pandemia comenzará a ser tratado este miércoles en el Senado y el oficialismo buscará firmar dictamen para aprobarlo en el recinto lo más pronto posible, con mayoría propia.

El debate arrancará a las 10 en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara alta, presididas respectivamente por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) y Mario Fiad (UCR).

El proyecto, que ya fue rechazado por Juntos por el Cambio, será defendido en la reunión virtual por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

La iniciativa comenzará a regir desde el 22 de mayo -el día siguiente al vencimiento del último DNU de restricciones, el 287/21- y tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria -en principio, hasta fin de año-.

Se establecen una serie de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

En las zonas de “alto” riesgo o de “alarma”, se faculta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a tomar medidas adicionales a las previstas en la ley en caso de que los indicadores sanitarios no arrojen mejoras.

Pero para poder tomar esas medidas adicionales, se fijan tres condiciones: el Poder Ejecutivo deberá consultarlo previamente con el gobernador que corresponda, o bien con el jefe de Gobierno porteño; el Ministerio de Salud nacional deberá fundamentar las medidas, que deben ser “razonables” y “proporcionadas”; y las mismas tendrán una duración de 21 días corridos.

El Ejecutivo también podrá morigerar o suspender las restricciones, y a su vez el Ministerio de Salud nacional también podrá modificar los parámetros epidemiológicos y sanitarios enumerados en la ley, en consulta con los ministerios provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud.

El interbloque Juntos por el Cambio -que mantendrá este martes una reunión virtual- ya anticipó su rechazo al proyecto por considerar que viola las autonomías provinciales y, por ende, el gobierno federal que establece la Constitución Nacional.

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