Por José Angel Di Mauro

Durante una prolongada reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción y Salud Pública que se extendió más de cuatro horas, los diputados avanzaron este jueves con el proyecto de ley sobre marco normativo destinado a la protección de la Salud Pública estableciendo las medidas sanitarias generales de prevención, contención y disminución de los casos por Covid-19. La iniciativa otorga facultades especiales al presidente y los gobernadores para tomar medidas de acuerdo a la situación sanitaria, determinada por el número de casos de Covid-19.

Durante la reunión se firmó un dictamen de mayoría que cosechó 36 rúbricas, correspondientes al Frente de Todos y al diputado Eduardo “Bali” Bucca, que firmó en disidencia parcial. El dictamen de minoría tuvo 32 firmas, de Juntos por el Cambio y Beatriz Avila, en tanto que Graciela Camaño anticipó la presentación de otro dictamen.

El encuentro, que originalmente se iba a desarrollar en el mismísimo recinto, tuvo lugar finalmente en el Anexo de Diputado, con un arranque bastante tardío respecto de la hora acordada. En efecto, con 40 minutos de atraso el diputado pampeano Hernán Pérez Araujo -titular de Asuntos Constitucionales- dio inicio a la reunión, pidiendo -sin mayor éxito- moderación en el uso de la palabra.

A continuación, el titular de Salud, Pablo Yedlin, defendió el proyecto, recordando el inicio de la pandemia, con “un sistema de salud que se encontraba debilitado” y destacó la aprobación legislativa de todos los DNU admitidos hasta el presente. Apuntó además que desde la oposición se pedía siempre una norma que permitiera tratar el tema de las restricciones en forma de ley. Atendiendo a ello, y a la judicialización de uno de los últimos decretos, destacó la intención oficial de apelar ahora a una ley.

“Básicamente el proyecto define un semáforo epidemiológico de gravedad creciente, para que las restricciones a la población tengan una lógica sanitaria”, reiteró Yedlin, puntualizando a continuación las características de la norma. “No hay en la delegación de facultades un intento de saltear la autoridad real, sino todo lo contrario: poner en blanco sobre negro cuales son los indicadores en donde las provincias” definen qué hacer, aclaró el tucumano, que a la hora de dar ejemplos, sostuvo que indicadores de distritos opositores como CABA y Mendoza vienen “dando en descenso”.

“Lo que tenemos que intentar hacer entre todos es tener la menor cantidad de enfermos y muertos por esta enfermedad; el objetivo de esta ley va en ese sentido”, precisó Yedlin, admitiendo que el índice de mortalidad en nuestro país “lamentablemente es alto”. Y en ese sentido advirtió que “la peor provincia argentina en mortalidad es CABA. Tiene 302 muertos por cada 100 mil habitantes, muy por arriba de las siguientes”, precisó sobre el final de su exposición en la que buscó dejar claro que esta ley “no delega superpoderes en nadie”.

Más que una delegación es un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, donde  bajo la invocación de la protección de la vida y de la salud pública en el marco de la pandemia el Poder Ejecutivo quede facultado a adoptar cualquier tipo de medida, la que se le ocurra”.

Desde la oposición, tomó la palabra el chubutense Gustavo Menna, quien hizo referencia de entrada al cierre de escuelas que “priva el derecho a la educación de niños y niñas de nuestro país”, quejándose de que las autoridades del plenario no hubiesen considerado el pedido de un colectivo de padres de estudiantes no participar de esa reunión. “La nota fue recibida el día lunes de la semana pasada”, reconoció Pérez Araujo, que aclaró que las reuniones legislativas se habían hecho en la Cámara de Senadores, y en el caso de Diputados esa reunión había sido convocada a los efectos de dictaminar y no tenía carácter informativo.

“Es un criterio extrañísimo que los debates que se den en el Senado no se den en Diputados”, replicó la diputada Silvia Lospennato (Pro-Buenos Aires), que consideró que esa situación era inédita, y recordó que en el Senado tampoco habían sido invitados a participar los Padres Organizados. Leyó entonces una carta que le habían mandado desde ese colectivo, en la que cuestionaban la respuesta oficial a la pandemia, que “se llevó puestos los derechos de los chicos”.

“Niños y adolescentes no tienen voz en esta discusión, tan solo la voz de sus padres”, comentaba la nota que hablaba del daño causado por las restricciones a la presencialidad en la educación.

A continuación, el diputado Menna negó que el proyecto puesto en consideración fuera “virtuoso”, como se había dicho. “Esta es una ley delegativa”, cuestionó, precisando que el artículo 4to “más que una delegación es un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, donde  bajo la invocación de la protección de la vida y de la salud pública en el marco de la pandemia el Poder Ejecutivo quede facultado a adoptar cualquier tipo de medida, la que se le ocurra”.

Negó además que todos los decretos emitidos en el marco de la pandemia hubieran sido tratados en la bicameral correspondiente. “Apenas un tercio de toda esta exorbitancia de ‘gobierno por decreto’ ha pasado por ese tamiz”, aclaró. “Aquí estamos concentrando todo el poder en el presidente de la Nación, generando un cesarismo, como se decía en los debates de la reforma constitucional del 94, que es lo que justamente quería prevenir esa Constitución”, apuntó.

Reconoció que con esta ley ya no van a haber DNUs, y comentó que “para qué van a haber DNUs si esta ley le pone en manos al Poder Ejecutivo una habilitación para que haga lo que quiera, con la sola invocación del objetivo de proteger la salud pública”. Observó además definiciones del proyecto de ley que “son llamativas, groseras, como esa disposición que calificaba a los gobernadores como delegados del gobierno federal, como si no fueran funcionarios resultantes del voto popular. Esa es una suerte de lapsus, una confesión de cuál es el propósito de este proyecto de ley”. Aclaró que eso fue subsanado por el Senado, pero dejando claro que más allá de esa corrección el proyecto “sigue dándole directivas a los gobernadores”.

Para la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos – Entre Ríos) “este proyecto es muy necesario y muy urgente”, remarcando que el Congreso le está dando con este proyecto las facultades de legislar al Poder Ejecutivo, cosa que hasta ahora hizo a través de los DNU que la propia oposición, dijo, avaló en la Bicameral de Trámite Legislativo. Señaló “incoherencias” en el seno de la oposición, “que no quiere más DNU y hoy se están oponiendo a las medidas que quiere el PEN para llevar adelante las medidas necesarias” en esta pandemia. “Nosotros estamos legislando, pero no puede el Congreso juntarse todos los días para tomar medidas diferentes en función del riesgo epidemiológico o de la situación de cada lugar: necesitamos previsibilidad. En el medio de una pandemia no puede un gobernador tomar una medida y otro (gobernador) otra con la misma situación epidemiológica. Necesitamos un órgano nacional que sea rector de las medidas que se van adoptando en la pandemia”, enfatizó la diputada entrerriana.

“Ustedes no quieren DNU, pero tampoco delegación legislativa”, observó Gaillard, quien remarcó que eso está autorizado por la Constitución. “La población argentina necesita que los cuidemos; no necesita que estemos preocupados en el republicanismo. ¿Dónde queda el republicanismo si la gente se está muriendo?”, se preguntó la diputada oficialista, que pidió al final de su exposición a la oposición que “dejen de mentir con las clases presenciales; nosotros estamos a favor de la educación siempre, salvo cuando esté en riesgo la vida de la población, ahí es la última ratio en que vamos a suspender las clases. Acá no se suspenden las clases salvo en ocasión de ‘alarma’”.

Desde la oposición, la diputada Carmen Polledo se quejó del “tono de barricada” utilizado por la diputada que la había antecedido, tras lo cual aclaró que a su juicio el proyecto puesto en debate no era “un tema de salud; es un tema de poder. Y tampoco es un proyecto virtuoso; es una nueva escalada del gobierno nacional en su puja de poder con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como respuesta al fallo de la Corte que reconoció la autonomía de la Ciudad increíblemente desconocida por el Gobierno nacional que tanto dice defender el federalismo, aunque no lo practica”.

Habló de la intención oficial de “avasallar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires otorgándose el derecho a resolver desde la Casa Rosada sobre toda clase de cuestiones que no son competencia del Estado nacional, tratando de vaciar de poder al jefe de Gobierno porteño”.

“Lamento que el presidente haya elegido el camino de la confrontación”, se quejó Polledo.

Nosotros estamos legislando, pero no puede el Congreso juntarse todos los días para tomar medidas diferentes en función del riesgo epidemiológico o de la situación de cada lugar: necesitamos previsibilidad”.

A su turno, Graciela Camaño (Consenso Federal – Buenos Aires) planteó una postura intermedia a “los dos discursos de la grieta en la que está inmersa la política argentina”. Lamentó inicialmente que no se le hubiera dado la palabra a los padres que piden por la educación de sus hijos. “¿Cuál era el problema de otorgarle 10 minutos para que digan qué piensan?”, se preguntó.

Luego señaló que el proyecto de ley que tenía originalmente “un rumbo constitucional nefasto, de alguna manera fue arreglado en el Senado”, aunque aclaró que no totalmente. Por ejemplo el artículo 4to, que consideraba a los gobernadores “delegados” del Poder Ejecutivo. En otro pasaje, y tras reconocer otros elementos reparatorios del proyecto operados en el Senado, Camaño consideró que no se había leído con precisión el fallo de la Corte Suprema. A su juicio, queda claro que no se estaba actuando “conforme a derecho”, porque “el proyecto original tiene el error de base de ser una suerte de ser una reacción destemplada e ilegítima a lo que la Corte decidió en el fallo Gobierno de la Ciudad – Gobierno nacional”. A su juicio, “claramente este fallo es directriz” y del mismo “surge claramente la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto 241, por entender que se estaba invadiendo una competencia local”. Pidió entonces leer detenidamente el fallo para evitar “reeditar ahora bajo formato de ley lo que antes se intentó por DNU”, porque “queda claro que no puede el nivel nacional de ningún modo trasgredir la autonomía provincial aun en situación de pandemia”.

“Esta ley no sería una ley dictada en consecuencia de la Constitución; sería, en los aspectos que no salvó el Senado, una ley contraria a la Constitución. Los gobernadores no están obligados a cumplirla, y esta idea el fallo la ratifica en el considerando 16, que dice: ‘Si se usurparan las funciones que corresponden a los gobiernos locales, sin duda se subvertiría el carácter representativo del sistema, pues se disocia a los gobiernos locales de las políticas que rigen en sus respectivos territorios liberándolos de la responsabilidad que les cabe en ellas. Nunca es sobreabundante recordar que nuestra Constitución es nuestra carta de navegación, y debemos aferrarnos a ella en tiempos de calma y más aún en tiempos de tormenta, no dejándonos llevar por la punción de decidir al margen de lo que ella exige. De esta manera la democracia saldrá fortalecida por su eficacia para gobernar la emergencia, y no debilitada por el uso de un régimen excepcional ajeno a nuestra Constitución’”.

Camaño señaló que “esto es lo que hace muy pocos días nos ha dicho a Corte Suprema de Justicia, ¿por qué razón pensamos que no nos lo va a volver a repetir?”. Con la diferencia ahora, advirtió, que lo que entra en conflicto si esa ley se aprueba es el Poder Legislativo y la Corte Suprema, por lo que se preguntó “adónde queremos llevar este barco en medio de la pandemia”. Así las cosas, la diputada adelantó la presentación de un dictamen propio.

Luego fue el turno del diputado del Pro Pablo Tonelli, quien categorizó los artículos en aquellos que son “inconstitucionales” y los que son “innecesarios”. “Ahí se acaba el proyecto”, sintetizó. “Los gobernadores no necesitan que ninguna ley los autorice a tomar medidas en materia sanitaria en el ámbito de sus provincias”, destacó el legislador quien piensa que no hay ley que deba precisar esas atribuciones.

“Ya desde el vamos se advierte que el proyecto no tiene un fin útil, un verdadero propósito que ayude a combatir la pandemia”, enfatizó, precisando que “no hace falta una ley que los autorice a hacer lo que sus constituciones lo autorizan”. La aprobación de este proyecto representaría a su juicio “una suerte de alzamiento a ese fallo de la Corte Suprema de hace pocas semanas. Pretendemos hacer lo contrario de lo que la Corte Suprema nos dijo que podíamos hacer”.

Ninguna interpretación se necesita para saber que esta es una ley para cerrar escuelas”.

Desde la Coalición Cívica, el catamarqueño Rubén Manzi rechazó que el plan de vacunación puesto en marcha por el Gobierno nacional haya sido exitoso. “Exitoso en términos epidemiológico hubiese sido un plan que avance más rápido que la segunda ola. Y desgraciadamente la segunda ola nos ganó”, consideró, criticando luego el nivel de testeos. El tercer pilar, el de las restricciones, consideró que debería ser considerado como de “cuidados personales”.

Para el diputado Manzi, “este proyecto tiene un sesgo de concentración de poder que atropella la Constitución, y yo le llamaría autoritario”.

Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires) puso énfasis en las dificultades de la educación virtual. “Hay muchos chicos sufriendo en la Argentina por no ir a la escuela”, remarcó la legisladora en el mismo sentido de lo expresado al inicio de la reunión, recordando que en la provincia de Buenos Aires “hace un año y medio que estos chicos están en esa situación”.

Con relación a la ley debatida, aclaró que “no da muchas certezas”, siendo la única que a su juicio daba es que el artículo que dice que a partir de la sanción de esta ley, los pocos chicos que hoy asisten en algunas jurisdicciones a las clases presenciales, se van a quedar sin ellas. Hay una certeza para los chicos de la Ciudad de Buenos Aires y seguramente para los de otros distritos del país de que si se sanciona esta ley se van a quedar sin clases presenciales. Eso sí es cierto y está escrito en esta ley. Ninguna interpretación se necesita para saber que esta es una ley para cerrar escuelas”.

Consideró además con “dolor” que “la gran ausente en este debate es la defensora de los Derechos de los Niñas Niños y Adolescentes”.

La diputada María Luisa Montoto (Frente de Todos – Santiago del Estero) señaló que “este es un Gobierno de consenso al cual me enorgullezco de pertenecer”, y se preguntó “¿a quién se le ocurre que el Gobierno quiera cerrar las escuelas?”, llamando por el contrario a “buscar el aporte positivo” en este debate.

La radical Soledad Carrizo (Córdoba) consideró “nefasta la decisión de no tener clases”, por lo cual “siento que hay una sensación de importancia, de utilizar este micrófono para decirles a los argentinos que esta ley que se intenta plantear con buenas intenciones no puede ir en contra de las reglas constitucionales”. “Está evidenciado que esta ley lo que busca es generar un maquillaje para seguir otorgándole superpoderes al Poder Ejecutivo Nacional, y de este lado no van a encontrar acompañamiento”, garantizó.

Ya había adelantado a la hora de la firma a viva voz del dictamen su postura contraria al proyecto la tucumana Beatriz Avila, que ponderó no obstante el tratamiento de ese tema. Con todo, se quejó del tratamiento “exprés de una ley central para todos los argentinos”. “Me gustaría que el bloque oficialista hubiera tenido otra actitud de escuchar a la oposición, a distintas voces”, señaló, recalcando que “este tema debería tener muchas más horas de análisis, de trabajo, de escuchar a todos. No un tratamiento a libro cerrado”.

“Ningún criterio sanitario en emergencia está por encima de la Constitución nacional”, remarcó la diputada tucumana, considerando que “el oficialismo lo que quiere hacer es darle un ropaje de legalidad supuesta a una decisión soberana de un poder para estar por encima de otro”.

La diputada Jimena López (Frente de Todos – Buenos Aires) recordó el número de muertos por Covid y consideró que la oposición elige siempre temas para ver dónde golpear. “No me interesa que utilicemos a las infancias para hacer política”, advirtió, criticando su gestión de “cuando fueron gobierno”, y les endilgó el rebrote de sarampión generado durante su gestión.

“Se han comportado, y perdonen si ofendo a alguien, pero como los visitadores médicos de Pfizer -disparó-. Hemos estado escuchando todo el tiempo de las cuestiones de la vacunación, y de la angustia de la segunda dosis… Yo no sé de dónde sacan los criterios científicos que dicen, pero son dos vacunas diferentes la primera y la segunda dosis, y sin embargo acá hemos escuchado barbaridades con el tema de la segunda dosis”.

“Yo no quiero faltarle el respeto a nadie, pero cuando sancionamos leyes como la Ley Yolanda y la Ley Micaela, también deberíamos formar a los funcionarios públicos en perspectivas de los derechos constitucionales. Entender lo que la Corte es el máximo intérprete de la Constitución, y que cuando la Corte dijo en su fallo con mucha claridad, que ni siquiera a través de una ley del Congreso es posible socavar las autonomías, los derechos, las competencias, las facultades que le corresponden a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires”, comentó a su turno la radical cordobesa Brenda Austin.

La oficialista mendocina Marisa Uceda consideróque la ley “encuadra” dentro de los marcos constitucionales. “La Constitución dice que sea materias administrativas o emergencia pública”, puntualizó la diputada para quien esta “es la primera vez que vamos a tener la posibilidad de conceptualizar desde lo jurídico lo que es emergencia pública. Porque si no hay desde este concepto emergencia pública, ya no sé cuándo vamos a poder graficarlo tan concretamente”, señaló.

“Yo sé que a ustedes les gusta mucho la Corte, pero la Corte no solo tiene el fallo de CABA; porque les quiero contar que la Argentina es mucho más grande que CABA. También hay un montón de fallos de la Corte que reconocen la doctrina de la emergencia y que establecen los mismos parámetros: que sea una situación que atente contra el orden público, y que sea limitada y razonable. Lo es el proyecto”, remarcó Uceda, que le endilgó a la oposición el cargo de mentir: “¿Por qué dicen que es una ley para cerrar escuelas? El artículo 12 dice que se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país salvo las excepciones dispuestas en la presente ley, que es el artículo 21, que se aplica cuando hay alarma epidemiológica en un conglomerado, un partido, un municipio, de más de 300 mil habitantes. ¿Por qué no lo dicen? Porque es CABA, y ustedes parece que están legislando todes para un solo distrito”.

El jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró al oficialismo “una máquina de proponer conflictos”, aunque le concedió al Frente de Todos que “es difícil elegir el modo de regular esto”. Pero  aclaró que “con el conflicto no lo van a poder regular”. Y remarcó que “el principio, la regla, es la libertad; incluso en el estado de excepción”.

“Siempre se caracteriza el kirchnerismo por, en envases edulcorados, perfumados, mostrarnos su peor rostro -arrancó diciendo el diputado Jorge Enríquez (Pro – CABA)-. Hablaron, cuando estaba vivo Néstor Kirchner, de ‘Concertación Plural’, y lo que querían era ‘concentración singular’; hablaron de ‘democratización de la justicia’, y lo que querían era ‘cooptación de la justicia’; hablaron de ‘sintonía fina’, era ‘ajuste salvaje’. Y hoy bajo este edulcorado nombre: ‘Parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19’, la pucha… superpoderes, la suma del poder público”.

El radical Fabio Quetglas pidió reflexionar sobre cómo se gestionó la pandemia, e hizo comparaciones por ejemplo con Australia, que tuvo “40 veces menos de muertos”. “Salimos con la bandera de decir ‘el Estado te salva’ y sabemos que es hipócrita porque sabemos que los ministros y los secretarios bajan las palancas y el Estado no funciona”, comentó.

Otro radical, Alejandro Cacace (San Luis) se quejó de la dispersión en materia de testeos entre las provincias argentinas, señalando que ese error se extiende a la letalidad, porque la capacidad para detectar los casos e informarlos desde las provincias es muy dispar. Y esto lleva a que aquella provincia que tiene menor capacidad para detectar los casos, testear y reportar, termina teniendo -no deliberadamente, claro, pero a partir de esta falencia- una subdeclaración en esos casos informados y a partir de eso no es consignada en las zonas de mayor riesgo epidemiológico y por ende tiene menos restricciones”. Dio ese ejemplo para exponer sus reparos a la norma, al remarcar que aquellas provincias con menos capacidad de detección y de reporte de los casos quedarían fuera del foco de riesgo epidemiológico “porque simplemente no fueron capaces de confirmar sus casos.

Fue el último discurso de un prolongado plenario de comisiones que precedió a la sesión de la Cámara. Pero los dictámenes de mayoría y minoría ya se habían firmado hacía rato.