La Comisión de Cultura de Diputados, presidida por Silvana Ginocchio (UP), llevó a cabo este jueves una segunda reunión informativa con la participación y disertación de más de 20 expositores referentes de la cultura nacional tales como organizaciones, actores e institutos que analizaron la situación de la cultura en el país y les solicitaron a los diputados que “defiendan el patrimonio cultural argentino” y criticaron la ley Bases.

Al inicio del encuentro, Ginocchio sostuvo que la reunión “fortalece nuestro trabajo y la relación que tenemos que tener como Congreso donde están representadas todas las voces, algo muy característico de las democracias y de la República”.

La presidenta de la comisión explicó que es una segunda reunión de carácter informativo y expresó: “Para nosotros es muy importante recibirlos. Esta reunión nace en virtud de la inquietud de distintos sectores de la cultura, de organismos, organizaciones e institutos que ven en juego su existencia y las políticas públicas que las sostienen”.

A continuación, el vicepresidente de la comisión el diputado Hernán Lombardi (Pro) celebró la ocasión para “poder dialogar, conversar y buscar elementos en los cuales en algunos se coincidirá, pero en otros no, pero lo importante es la función de las comisiones de la cámara de abrirse a la sociedad civil”.

“La cultura es un elemento sustantivo e identitario de la Argentina y de todos los países que tiene que ver con la identidad, convivencia, educación democrática, tolerancia y el respeto de unos a otros”, definió Lombardi.

Luego fue el turno de la vice segunda la libertaria Fernanda Araujo quien manifestó: “Que sea un espacio de intercambio y, sobre todo, un espacio de entendimiento”.

Los expositores

El primero en exponer fue el actor Luis Brandoni quien resaltó que la comisión es un lugar “de diálogo, donde pensamos distinto muchos de nosotros, pero vale la pena aprovechar la circunstancia para sacar conclusiones”.

“Es un tema que me toca de cerca en mi condición de actor desde hace años. He padecido y disfrutado en mi oficio y me he interesado en la parte gremial. En algunos casos el tema me preocupa porque es un momento complicado porque están apareciendo las manifestaciones de quejas de lo que falta, de lo que no está y lo que está mal”, dijo.

En tanto, analizó: “Me parece que deberíamos intentar hacer un balance de la situación cultural del país y, luego sacar algunas conclusiones para saber qué es lo que está bien, lo mal, lo que debe mejorar de la performance de instituciones oficiales y que tengan una posibilidad de mejorar su función y apoyar las manifestaciones sencillas, sensibles, oportunidades de cara a los destinatarios de la tarea de la cultura”.

Brandoni consideró que “tendríamos que afinar un poco la puntería para saber en boca de los funcionarios de la cultura qué es lo que se piensa hacer con cada organismo”, y cerró: “Creo que es necesario revisar las cosas que están mal y lo que podemos mejorar de esos mismos organismos porque no son malos por antonomasia, es una tarea nuestra de quienes pertenecemos al mundo de la cultura mejorar esos organismos para que sirvan a los fines para los cuales están destinados”.

Luego fue el turno del actor Marcelo Mazarello quien opinó: “La discusión de fondo es cuál es la manera estratégica en la que interviene el Estado en los organismos que tienen que ver con la cultura”, y señaló: “En los últimos tiempos escuchamos en voces públicas que había un ataque a la cultura, cuando en realidad se estaban auditando organismos que tienen que ver con la cultura”.

Mazarello propuso que en principio hay que definir qué es cultura porque “cultura es todo y es de todos. Empieza en la familia porque es esa serie de valores que se transmite y en la educación el sentido de pertenencia”, y cuestionó: “Nadie se puede arrogar la representación cultural nacional”.

“Tenemos algunos hechos que fueron un golpe a la cultura que es el empobrecimiento de la sociedad que atacó la base fundacional de la cultura que es la familia y también la educación”, y precisó que “tenemos niveles de educación parecidos a los de África, eso sí es un ataque a la cultura y no vi a ninguna de las voces públicas quejándose por ese ataque cultural que nos hizo descender cuando Argentina siempre fue un faro en toda Latinoamérica”.

Para el actor “los organismos que tienen que ver con la cultura están para representarnos a todos”, y planteó que hay “tres términos mezclados en esa defensa que se hace” y desagregó: “Una cosa es la cultura, otra cosa es la propaganda y otra cosa es el arte”.

Así, destacó que “tenemos herramientas muy poderosas” como el Teatro Colón, San Martín, Cervantes que “han tenido gestiones buenas, pero no han tenido una orientación estratégica de la cultura porque tiene que tener un concepto de estrategia nacional como el tango que también genera divisas”.

“En algunos casos como el INCAA hay un sector de la política que se apodera de un organismo que tiene que ser para todos y un grupo de personas se da auto crédito y no le da al que no piensa como ellos. Eso se llama propaganda”, apuntó y resaltó que “el arte es liberador”, y finalizó: “La orientación estratégica que tienen que tener debe estar inspirado en las bases que inspiran al arte que son libertad, la igualdad y la abundancia”.

También expuso del sindicato de autores de la Argentina, Pedro Patzer, reivindicó la labor de los medios de comunicación como la Agencia de Noticias Télam, pidió proteger al INT –Instituto Nacional del Teatro- y al Fondo Nacional de las Artes, al cine que “nos enseñó a ser un poco más argentinos, de mostrarle al mundo el valor de nuestras historias además de ser una gran fuente de ingresos, una industria que fomenta y genera miles de puestos de trabajo”.

“Privatizar los medios públicos, no fomentar nuestros teatros y cine es como quemar la biblioteca de nuestros abuelos que por años fueron construyendo nuestros saberes”, comparó y preguntó: “¿No será mejor recuperar los libros, digitalizarlos, sumar nuevos y proteger nuestros saberes?”.

El realizador audiovisual entrerriano Nicolás Herzog comentó que en su provincia se produjeron más de 20 películas en las últimas dos décadas y cuenta con uno de los festivales de cine más importantes de la región y resaltó el lugar “destacado que tiene nuestra cinematografía en la consideración mundial”.

Herzog precisó que el cine permite: “Narrarnos, pensarnos, memorizarnos, espejarnos, anticiparnos y unirnos”, consideró que “el vínculo virtuoso entre las diferentes provincias no es causalidad ni producto de la magia del cine, sino que es el resultado de un proceso largo y sinuoso de puentes construidos entre el sector público y privado, entre institutos de cine y productoras, Estados y empresas privadas”.

Así, destacó la Ley del Cine vigente desde el año 1994 gracias a “un plan de fomento que potenció la actividad una década más tarde luego de años de lucha y permitió el acceso a cientos de cineastas de todo el país”. También ponderó el desarrollo de la industria cultural en las provincias que “comenzaron a trazar un mapa federal del cine argentino”, y cerró: “Como al 90% de los cineastas no hubiese podido hacer películas sin el apoyo del INCAA organismo que hoy se encuentra en franco peligro de desaparición”.

“El cine es una industria cultural y, como el teatro, la música y la literatura, tiene particularidades que deben ser analizadas en su complejidad. El cine es un acto simbólico y psicomágico de generación de sentidos”, definió y opinó: “Los Estados no deberían encajonar y limitar el quehacer de las industrias culturales al libre albedrío del mercado, sino más bien potenciarlas. El cine es autosustentable porque se financia con fondos que provienen de la dinámica del mismo sector y se generan 700 mil puestos de trabajos anuales. Tenemos un cine autosustentable, genera empleo registrado, ingreso de divisas, promueve a nuestro país en el mundo, nos ayuda a pensarnos como sociedad y viaja en el tiempo. Con estos datos es difícil entender cuál es el sentido de esta brutal arremetida contra el cine y las industrias culturales”.

Herzog planteó que el cine argentino necesita una nueva ley que “se adapte a los cambios, incorporando a las plataformas digitales en el acervo cultural.  La cultura no es un gasto, las industrias cultuales generan identidad, memoria y valor agregado en el tiempo. Pido que defiendan el patrimonio cultural”.

En nombre de la Comunidad Audiovisual Santafecina expuso Gustavo Postiglione quien apuntó contra le ley Bases que “fue tristemente aprobada por esta Cámara”, y planteó que el tema cultura “sigue siendo central en la discusión política”, al advertir que “estamos en un momento crucial donde efectivamente la cultura argentina es atacada con afirmaciones repletas de falsedades que tienden a confundir y a poner a los artistas como responsables de parte de la pobreza y el hambre del país”.

Postiglione acusó que el desfinanciamiento conduce al “acallamiento de las voces, la destrucción de la industria que genera más desocupación y la desaparición de los acervos culturales para entendernos como Nación”.

Además, comentó que la situación en las provincias es “complicada” porque las centralidades del poder político están en Buenos Aires y cuestionó: “El cine no se maneja con la lógica del mercado que propone el Gobierno, sino que el cine del país es el arte de nuestro espejo”. Así, apuntó contra HBO, Netflix y Amazon “plataformas que han copado el 80% del contenido, sino que establecen contenidos que debemos producir, sin control ni regulación”.

“La ley que esta misma Cámara aprobó, regala nuestras tierras y recursos naturales. La falta de legislación también entrega nuestro cine, nuestro lenguaje. La cultura argentina se nutre de la diversidad”, cuestionó y cerró: “El arte, la cultura enfrentan hoy una amenaza al corazón de la identidad”.

Por la Asociación de Editores Audiovisuales habló Jimena Perilli quien defendió a la cultura y señaló que “no es la culpable de la pobreza ni de las malas gestiones de la política”, por lo que destacó la Ley de Cine que “nos permite vivir en el libre ejercicio del mercado”.

“Todo el mundo entendió el valor social de la cultura, pero el plan del Estado va en contra mano porque hace 164 días que la industria está detenida, el Instituto Nacional de Cine está intervenido por alguien que no conoce su funcionamiento y la actividad está paralizada y se perdieron miles de puestos de trabajo”, alertó y cuestionó que con la ley Bases “nos enfrentamos a la posibilidad de ser eternos empleados en período de pruebas. Todas estas medidas impactan peor y pedimos que hagan algo”.

En representación de la Comunidad de Artes Visuales, Magdalena Jitrik se sumó a las críticas de la ley Bases que pone fin a las moratorias jubilatorias porque la mayoría de los artistas son monotributistas. “Cuando veo la ley Bases encuentro lo aberrante de dicha redacción donde le otorga facultades extraordinarias a una persona que no le da valor a la cultura. Están habilitando a una gestión a vender el patrimonio material”, enfatizó.

En tanto, el cineasta Maximiliano Gersovich, afirmó que “antes de la existencia del INCA y del modelo de subsidios, en Argentina se hizo un cine industrial y profesional”. Desde el punto de vista de la Comunidad de Artes Visuales, Daniel Ontiveros pidió que “se corrija lo que está mal, pero sin desfinanciamiento”; mientras que Laura Maubecín, secretaria de Cultura de la provincia de Catamarca, se refirió “a la realidad que se vive en el interior del país en relación a los organismos culturales: “Seguramente hay cosas para mejorar, pero es fundamental que sigan funcionando, ya que son de gran apoyo para nosotros”.

El referente del movimiento Federal de Danza, David Señoran, lamentó que “los trabajadores de la danza estén en desigualdad de condiciones en relación al fomento y la producción”, en comparación con los trabajadores de otros sectores culturales.

Luego, el escritor Nicolás Márquez sostuvo que “el Estado no tiene que financiar a los sectores culturales”, al enfatizar: “La cultura es un derecho, pero no para que los demás me la paguen”. “No estamos ante un gobierno que está en contra de la cultura, sino a favor de la libertad”, concluyó.

Del encuentro, además participaron Manuel García, Cámara de Distribuidores Independientes de Cine; Juan Pablo Russo de ACCA (Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina); Hugo Castro Fau (CAPPA); Izel Paz, Red Argentina de Cine comunitario; Cristian Leonel Mouroux, Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales; María Estela Moreno, artesana de Catamarca; Daniel Cholakian, Periodismo Cultural; Jorge Alberto Córdoba, Trabajadores de la Cultura de Zona Norte; Gustavo Rohdenburg, Unión de Músicos Independientes; Diego Boris, coordinador de la Mesa, la Industria y la actividad  Musical; y Juan Marcelo Levicoy, sindicato Argentino de Músicos.

Hace pocos días trascendió la noticia de que el femicida de Cecilia Strzyzowski en Chaco, César Sena, habría declarado autopercibirse mujer para evitar la condena por femicidio y ser trasladado a un penal de mujeres. No fue el primer caso; de hecho, la justicia ha tenido que pronunciarse ya sobre algún otro.

Por ejemplo rechazando el caso de Jonathan Luna, el asesino de la nena de 12 años Micaela Ortega, en 2016, nada menos que quien dio su noimbre a la ley de prevención del grooming. Hace pocos meses, Jonathan Luna, quien ahora se hace llamar Yoana y está detenido en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, en un pabellón destinado a personas con diversidad de género, comenzó a presentar escritos ante la justicia para que lo trasladen a una cárcel de mujeres. Y en ese marco, los abogados de Luna pidieron cambiar la carátula del crimen que cometió para que pase de ser femicidio a ser homicidio simple, por su condición de sentirse mujer.

Es más, el 14 de abril de este año, un hombre imputado de femicidio contra una mujer brasileña en Bariloche, Fernando Alves Ferreira, dijo en una audiencia de control de acusación que se autopercibe mujer y pidió que se le modifique la carátula de la causa.

Ante esta situación, diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley 26.763 de Identidad de Género a fin de que quien cometa un delito no pueda cambiar su género para que no sea favorecido judicialmente.

El proyecto de la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) busca modificar el artículo 7 de la Ley de Género y plantea que establezca que “la rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni surtirá efectos jurídicos en casos de juzgamientos por femicidio y/o violencia de género que hubieran ocurrido con anterioridad a la rectificación, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción”.

Al respecto, advierte que la normativa vigente “nada señala en relación a los casos en los cuales quien comete un delito para cuya tipificación resulta condición necesaria el género del autor, si con posterioridad al hecho en cuestión la persona decide modificar su género”.

“El derecho a modificar el género debe efectuarse una salvedad a fin de asegurar que tal cambio no pueda favorecer a quien haya cometido un delito”, argumenta y suma: “Un posterior cambio de género no puede, de modo alguno, tener un efecto retroactivo al momento en el cual el hecho ocurrió aún cuando en el momento en el cual se celebre el juicio, la persona haya modificado su género”.

También plantea que “el género de quien comete un hecho de violencia contra las mujeres resulta constitutivo del mismo, de modo tal que no es posible argumentar luego que, en razón de haberse cambiado de género o percibirse de un género diferente al cual se tenía al momento de llevar adelante la acción violenta contra una mujer, ello resulta ser un eximente y/o atenuante de una responsabilidad que en modo alguno desaparece por el mero hecho de modificarse con posterioridad condiciones subjetivas vinculadas con la percepción del género de quien ha cometido un delito. El plexo normativo debe tener coherencia de modo tal que nunca la protección de ciertos derechos resulte ser vejatoria de otros”.

“Una visión coherente y completa del ordenamiento jurídico nos interpela a modificar la Ley de Identidad de género para dejar a salvo la responsabilidad de quien, portando un género cometió un delito de femicidio y/o violencia de género y luego rectifica su género. Nunca esa modificación puede eximir de una responsabilidad que es, a todas luces, preexistente”, reitera.

Y finaliza: “A fin de garantizar que quienes cometen un femicidio o hechos de violencia de género no puedan esgrimir luego que, dada la rectificación del mismo, ya no portan el género que tenían al momento de ocurrir el hecho en cuestión”.

La iniciativa es acompañada por Gustavo Hein, Alejandro Finocchiaro, Roberto Sánchez, Ingrid Jetter, Gabriela Lena, María de las Mercedes Joury, María Luján Rey, Karina Bachey, Soher El Sukaria, Gerardo Cipolini, Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata y Lidia Ascárate.