Con seis encuentros convocados para esta semana, la Cámara alta va a completar la designación de presidencias en las comisiones. Hay cuatro que podrían quedar para La Libertad Avanza, una para los aliados y una para la oposición.
Foto: Comunicación Senado
Con una sesión ordinaria a la vista, el Senado llevará a cabo esta semana una serie de reuniones constitutivas para concluir el proceso de designación autoridades y vocalías en seis comisiones diferentes. Habrá cuatro encuentros este martes, dos el miércoles y la mayoría de las presidencias quedarán en manos del oficialismo.
La primera comisión de esta semana en conformarse será la de Ciencia y Tecnología que fijó la reunión constitutiva para este martes 2 de junio a las 16.00. La presidencia podría quedar para una integrante del bloque Pro.
Media hora después, la Cámara alta va a definir las autoridades, vocalías y días de reunión de la Comisión de Banca de la Mujer. Luego de estar bajo la titularidad de la senadora fueguino María Eugenia Duré (mandato cumplido), este martes a las 16.30 podría quedar en manos de La Libertad Avanza.
A las 17, la Comisión de Economías Regionales, Economía social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa quedará constituida con muchísimas chances de poner a una senadora oficialista en la presidencia.
A las 17.30, la Comisión de Industria y Comercio se constituirá en una reunión a celebrarse en el Salón Illia.
Y la jornada del martes concluirá con la reunión constitutiva de la Comisión de Población y Desarrollo Humano a las 18. Durante el anterior período estuvo presidida por la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Sin embargo, en esta ocasión podría quedar para el bloque Justicialista.
Luego, el miércoles 3 de junio, tendrá la reunión constitutiva de la Comisión de Derechos y Garantías a las 13 y la de Deporte a las 13.30. Ambas presidencias podrían quedar para senadores de La Libertad Avanza.
En el medio, habrá reuniones plenarias e individuales con diferentes debates, pero sin dudas el plato fuerte será la sesión ordinaria del próximo jueves 4 de junio donde el Senado buscará aprobar el Acuerdo de Renegociación con los Holdouts y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Para ello, el miércoles desde las 11, los jefes de bancadas del oficialismo y espacios aliados se reunirán en Labor Parlamentaria.
La iniciativa propone un régimen permanente de reducción tarifaria para usuarios residenciales y entidades de bien público de diez provincias del norte argentino. El esquema contempla descuentos de hasta el 50% y límites a futuros aumentos.
El senador nacional Jorge Capitanich (Justicialista – Chaco) presentó un proyecto de ley que busca crear un Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino. La propuesta busca garantizar el acceso a la energía en condiciones acordes a las particularidades climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región, integrada por Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
El proyecto establece que los usuarios residenciales de ingresos bajos recibirán una reducción del 50% sobre el precio monómico mayorista, mientras que los hogares de ingresos medios y las entidades de bien público accederán a un descuento del 35%. Además, no se fijan topes de consumo subsidiado, por lo que el beneficio se aplicará sobre la totalidad del consumo registrado en cada factura.
Según el texto, la iniciativa se fundamenta en la escasa penetración del gas natural en la región, las altas temperaturas que elevan la demanda eléctrica, las viviendas con baja aislación térmica y los indicadores socioeconómicos por debajo del promedio nacional. Estas condiciones, sostiene el proyecto, justifican un tratamiento tarifario diferenciado para garantizar igualdad y acceso efectivo a un servicio esencial.
El régimen también limita los aumentos futuros: para usuarios residenciales, las subas no podrán superar la variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), mientras que para entidades de bien público el tope será la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM). Asimismo, se prevé una alícuota de IVA del 0% para beneficiarios que no cuenten con red de gas natural domiciliario.
El financiamiento del esquema estará a cargo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, a través del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas, con aportes destinados a las distribuidoras de cada provincia del Norte Grande. El Jefe de Gabinete quedará autorizado a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Energía, que deberá implementar el régimen, mantener un registro público de beneficiarios y enviar informes trimestrales al Congreso con datos desagregados por provincia, categoría y evolución tarifaria.
Los entes reguladores provinciales deberán incorporar las nuevas tarifas a los cuadros vigentes y controlar su correcta aplicación por parte de las distribuidoras. Estas últimas tendrán un plazo máximo de 90 días desde la reglamentación para adaptar sus sistemas de facturación.
En los fundamentos, los senadores remarcaron que las tarifas eléctricas aumentaron muy por encima de la inflación y los salarios desde 2023, y que el nuevo esquema nacional de subsidios dejó sin cobertura a una gran proporción de hogares del Norte Grande. Por ello, sostienen que un régimen específico y permanente es la vía más sólida para corregir inequidades estructurales.
El senador formoseño José Mayans, presidente del bloque peronista, cargó contra la Presidencia del Senado, contra La Libertad Avanza y contra los bloques aliados del oficialismo. Invocó a la Ley de Fueros y reclamó mas presupuesto para el funcionamiento de la Cámara alta.
En medio de un arranque conflictivo, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, presentó una cuestión de privilegio en reclamo por lo ocurrido en la conformación de las comisiones durante la semana pasada en la Cámara alta. La sesión extraordinaria comenzó caliente y el formoseño aseveró que “están violentando la Constitución para sacar un despacho”.
La semana pasada se conformaron cuatro comisiones en la Cámara alta que se abocaron a los despachos del Presupuesto 2026, la Inocencia Fiscal, la Modernización Laboral y la modificación a Ley de Glaciares. Los vocales que le asignaron al interbloque Popular fueron 5, pero el formoseño considera que “en comisiones de 19 integrantes nos corresponden 7 y en las de 17, también”.
Extenso en su discurso, el presidente del bloque peronista lanzó críticas contra La Libertad avanza y contra la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. “No se puede obviar el recinto y hay cosas que están establecidas por el reglamento”, cargó Mayans, quien agregó que “no entiendo porque violentan todo esto”
Crítico del proyecto de ley de Presupuesto 2026, se dirigió a los exintegrantes de Juntos por el Cambio y recordó los tratamientos de la “ley de leyes” durante el gobierno de Alberto Fernández: “Cuando ustedes eran oposición pedían que venga el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el jefe de Gabinete, pero ahora vienen con un tratamiento exprés y avanzan con las comisiones por las firmas”.
En defensa de lo expresado por su par de bloque, Cristina López, invocó a Ley de Fueros y expresó que “no se puede tocar un legislador ni su despacho”. Repudió, además, que los otros espacios no se hayan solidarizado con la fueguina y agregó: “Es una vergüenza que se presten a esto”.
Por último, cargó contra el Poder Ejecutivo Nacional y los recursos presupuestarios que definirá el proyecto de ley en virtud de los gastos destinados al funcionamiento del Senado: “No se puede ser que el Senado no tenga presupuesto”.
El bloque Consenso Federal y los diputados Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos pidieron a Sergio Massa que se incorpore ese beneficio para los trabajadores cuyos salarios estén por debajo del nuevo mínimo no imponible.
Los diputados nacionales que integran los bloques Justicialista y Consenso Federal reclamaron que el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que el oficialismo espera dictaminar esta semana incorpore un aumento del 50% en las asignaciones familiares para aquellos trabajadores cuyos salarios estén por debajo del nuevo mínimo no imponible.
El pedido fue formulado a través de una nota firmada por los diputados Eduardo “Bali” Bucca, Andrés Zottos, Jorge Sarghini, Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez, dirigida al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.
“Proponemos un incremento de 50% en las asignaciones familiares previstas en la Ley 24.714, en beneficio de los trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos están por debajo del umbral a partir del cual se encuentran gravados por el impuesto en cuestión”, expresaron los legisladores.
Más allá de la sugerencia, cuestionaron al Frente de Todos por entender que “en lugar de proponer una reforma tributaria integral, tal como lo prometió el Gobierno nacional en reiteradas oportunidades, lo que se termina impulsando son modificaciones parciales en algunos impuestos determinados”.
“Lamentablemente, se trata de modificaciones asistemáticas; verdaderos parches que trastocan la estructura de los impuestos y distorsionan los principios básicos que les dan fundamento. Además, se proponen medidas fiscales que no contemplan lo que -a nuestro entender- es el verdadero ‘talón de Aquiles’ del sistema: la informalidad económica”, consideraron los diputados.
En ese sentido, señalaron: “Con respecto al cambio propuesto en el impuesto a las Ganancias, estamos ante un nuevo parche distorsivo que, sin elegir la instrumentación más eficiente ni equitativa, mejora la situación de aquellos contribuyentes alcanzados por dicho tributo en la medida que sus ingresos no superen los 173.000 pesos mensuales”.
“En ese contexto consideramos que, para una mayor justicia social, es indispensable que la modificación puesta a consideración sea complementada con, al menos, otra medida que contemple la particular situación de los trabajadores de menores ingresos”, afirmaron los representantes de la oposición al pedir el incremento en las asignaciones familiares.