Ante los vocales e intendentes, la salteña Yolanda Vega reveló la idea de proyecto de ley que se buscará impulsar que tiene por objetivo bajar el IVA municipal del 21% al 10,5%. "Somos los primeros en la trinchera ante las quejas de los vecinos y cada vez hay más demandas”, alertó Rossana Chahla.
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Con la presencia de Fernando Espinoza entre los invitados, la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados reunió a más de una decena de jefes comunales de todo el país para debatir sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Ley de Coparticipación. A la hora de las exposiciones, los jefes comunales elevaron el reclamo por “falta de recursos” al Gobierno nacional.
En el inicio de la reunión, la cual estuvo a cargo del diputado cordobés Juan Brügge de Encuentro Federal, los presentes pidieron que se abra una instancia de discusión relacionado al Presupuesto y a las reformas que enviará el Gobierno nacional en los próximos días. Luego, el intendente de La Plata, Julio Alak, manifestó unas palabras en homenaje al doctor y exjefe comunal de Berazategui, Juan José Mussi, quien falleció este lunes 24 de noviembre.
Respecto a la propuesta que los jefes comunales buscan tratar por medio de los diputados nacional, la salteña Yolanda Vega de Innovación Federal y exintendenta de San José de los Cerrillos reveló que la idea es proponer que el IVA que pagan los municipios pase del 21% -como lo es actualmente- al 10,5%. “es un verdadero motor de desarrollo local y regional, y es un plan de estímulo económico para la base piramidal del Estado público”, explicó.
La primera en tomar la palabra fue Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán y exlegisladora del Frente de Todos, quien describió que “somos los primeros en la trinchera ante las quejas de los vecinos y cada vez hay más demandas” porque “la gente quiere inmediatez”. Sin nombrar al Poder Ejecutivo Nacional, enfatizó que “los ingresos son finitos”.
De cara a los presentes, la tucumana reclamó “se ha cortado la coparticipación que recibíamos del combustible”, y planteó detalles sobre la situación de su ciudad: “En mi ciudad se necesitan dos obras de infraestructura importantes para que no se inunde la gente y no tenemos los fondos del combustible porque queremos darle más servicio al vecino sin tocarle el bolsillo a la gente”.
Brevemente, Dante Velázquez, representante del Municipio de La Quiaca, consideró estar “cansado de posar para una foto y que después no pase nada”. Luego, señaló “la Ley de Coparticipación no existe”, y sumó: “Queremos que las leyes sean claras y justas para todos porque no se trata de un color político, se trata de la defensa irrestricta de los derechos de los ciudadanos”.
Llegado el turno de Fernando Espinoza, aclaró que no estaba presente en su rol de jefe comunal de La Matanza, sino que lo hizo como presidente de la Federación Argentina de Municipios. En primera instancia, explicó que “hoy los municipios son inviables porque hay provincias que reciben un 80% menos que hace dos años y por ende los municipios reciben menos recursos”.
Fernando Espinoza alertó por una falta de recursos en asistencia social.
Definió, además, que “los municipios somos el primer escalón de la democracia” y llevó el debate a la seguridad social: Espinoza mencionó que “después de nosotros, no hay Estado y lo que no puede solucionar, desgraciadamente no se soluciona”. Del mismo modo, agregó: “Necesitamos en forma urgente recursos para que la gente no pase hambre porque se está empezando a sentir fuerte y antes de marzo del año que viene tenemos que solucionar el tema de la asistencia social porque vamos a tener chicos desnutridos y abuelos que pasen hambre”.
En defensa de la gestión de Axel Kicillof y en detrimento del Gobierno nacional con relación a los giros establecidos en la Ley de Coparticipación, el intendente de La Matanza mencionó que “los municipios también hacemos esfuerzos en seguridad y en tecnología (cámaras de seguridad) porque los gobiernos provinciales no llegan con los fondos”. “No podemos dejar que siga pasando y estamos de acuerdo con la reducción del IVA al 10%”, concluyó.
Para el ministro de Desregulación, el proyecto sobre reparto de los ATN "cambia todo" e implicaría que la Ley 23.548 se pueda modificar por "una simple ley del Congreso".
El exdiputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez salió al cruce del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien al referirse a uno de los proyectos impulsados por los gobernadores -con media sanción del Senado-, consideró que el Gobierno podría no vetarlo ya que abriría una posibilidad de modificar la Ley de Coparticipación.
"Sturzenegger miente o no sabe, pero amenaza y ya es un peligro", advirtió el exlegislador, al señalar que el funcionario "amenaza con meter mano en los recursos de las provincias sin respetar la Constitución Nacional, ahora con el argumento de que el Congreso de la Nación está modificando la Ley de Coparticipación sin intervención de las legislaturas provinciales".
Durante una entrevista en LN+ con Luis Majul, al referirse a la iniciativa sobre el reparto de ATN, el ministro de Desregulación expresó: "Esto cambia todo si se aprueba. Si el presidente me consulta le diría que no la vete. Desde la Constitución del '94 hay mucha discusión sobre si la Ley de Coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. En general se dice que, si se cambia, necesita que cada una de las provincias lo ratifique. Entonces, esos porcentajes que tienen, por ejemplo, la Formosa de (José) Mayans estaban blindados. Pero con esto, acaba de validar el Senado que la Ley de Coparticipación se puede cambiar por una ley simple del Congreso".
Según explicó Rodríguez, "la realidad es que el proyecto aprobado por el Senado no modifica la Ley de Coparticipación Federal (N°23.548), sino la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto (N°11.672)".
"No queda claro si Sturzenegger está confundido, si miente, o si no tiene la más pálida idea de qué está hablando", manifestó el director del Instituto Consenso Federal y completó: "Pero amenaza. Quiere seguir metiendo mano en los fondos de las provincias. Es un peligro".
Fue en el marco del debate sobre la ley de transferencia de fondos para la Policía Federal. Gil Domínguez y Antonio María Hernández discreparon en torno a lo dispuesto por los constitucionalistas sobre la Ley de Coparticipación.
Uno de los expositores invitados a participar del plenario de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda del Senado fue este miércoles el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien valoró como uno de los aportes de la reforma constitucional haber dotado de autonomía a la Ciudad, y consideró la Carta Magna de la misma como “una de las mejores constituciones que hoy tenemos”. Asimismo consideró una necesidad la de “consolidar esta autonomía a través de mecanismos de colaboración racional entre el Estado y la Ciudad de Buenos Aires, para que esté en igualdad de condiciones con el resto de los habitantes de las provincias”.
El constitucionalista resaltó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comparte el mismo escalón con las provincias, de modo que pueda ser considerada como tal. “Una ciudad federada”, así la definió. Coincidió además con los dichos de Daniel Sabsay en cuanto a que desde la década del 30 se empezaron a dictar leyes que implicaron “la apropiación de recursos de las provincias en manos del Estado”. Y agregó que “esta apropiación de los recursos está muy bien descripta en un libro del senador Martín Lousteau”.
Luego abrió espacio a una polémica con el también constitucionalista Antonio María Hernández al cuestionar los mecanismos de aprobación que dispusieron los constitucionalistas que señalaron en 1994 que la Ley de Coparticipación definitiva debía estar sancionada antes del 96. “Es de imposible cumplimiento”, señaló en referencia a las dificultades y mayorías necesarias para su ratificación. “Esta imposibilidad de sincerar una ley convenio hace que sigamos discutiendo dentro de este campo”, señaló Gil Domínguez.
“Ese convenio viene a concretar una política de Estado en aras de consolidar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”, apuntó en otro pasaje.
A continuación, el constitucionalista Antonio María Hernández consideró que en la cuestión de la coparticipación “sabemos que se han centralizado los ingresos y nosotros sabemos que por los pactos fiscales y leyes inconstitucionales aquel avance de 1988 lo hemos transformado en que más del 80% de los ingresos están en manos del Gobierno federal”.
Luego habló como ex convencional constituyente que fue en 1994, y recordó que “en esta materia tan importante la reforma dice que solo por vía de concertación se puede avanzar: acuerdo entre el presidente y los gobernadores sobre la coparticipación; participación del Congreso, empezando por el Senado por una mayoría absoluta, y luego viene la aprobación de las legislaturas” provinciales. Un procedimiento que fue definido por Héctor Masnatta, recordó, como “una norma contractual de derecho intrafederal que se distingue de la generalidad de las leyes porque tiene alma de contrato y forma de ley”.
“Cuando uno avanza en el análisis, ve que toda transferencia de funciones requiere del acuerdo de las provincias o la Ciudad de Buenos Aires, y este federalismo de concertación está presente en el momento que se prohíbe que la ley de Coparticipación sea reglamentada o sea reconocida”.
Ahí fue que disintió públicamente de los dichos de Andrés Gil Domínguez respecto de la imposibilidad de cumplir con la manda constitucional de hacer una nueva ley de coparticipación, por la suma de complejidades que se le puso a su aprobación. “No comparto sus términos”, dijo, recordando que de esa convención constituyente participó una decena de gobernadores. “Rechazo la idea de que sería absolutamente imposible llegar a un acuerdo en esa materia”, apuntó.
Más adelante consideró que “el decreto 735 es abiertamente inconstitucional, porque el presidente no tiene competencia alguna en la materia de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Nacional; es violatorio del artículo 75 inciso 2, porque solo por medio de ley convenio se puede resolver esto. Viola la autonomía municipal, artículo 129, con lo cual me parece incomprensible lo que acaba de decir Gil Domínguez, que esta solución de este proyecto inconstitucional puede estar a favor de la autonomía municipal. Es todo lo contrario, lo que hace es ratificar ese decreto inconstitucional proudnizar su ilegalidad y avanzar cada vez más en un golpe muy grave a la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires”.
Y concluyó advirtiendo que “para conocer bien esta cuestión hay que seguir el debate en la Convención Constituyente, así se interpreta la Constitución”.
Como Gil Domínguez había tenido problemas de conectividad sobre el final de su exposición, volvió a conectarse para terminar de contestar preguntas, pero aprovechó para contestarle a Hernández. Señaló en ese sentido que “el sistema de coparticipación estaba muy discutido, en términos de su afianzamiento en lo que es un modelo federal, porque lo que hacía era patentizar lo que había sido la apropiación del Estado de los recursos propios de las provincias. Y lo que hizo fue eso, un sistema que no fue muy exitoso en términos de ingeniería constitucional, porque estamos al día de la fecha sin ley convenio”.
Más adelante, ya para responder a una pregunta del senador Lousteau, reiteró que “no tenemos ley convenio, ni la vamos a tener, por cómo vamos, y se aplica en la Ciudad de Buenos Aires una ley que tampoco se ha discutido en todos estos años. Parece que no ha sido importante que la Ciudad deba salir de la esfera de esa ley y estar a la par de las provincias en la distribución de las provincias y los recursos coparticipables”.
