Tras las denuncias por falta de mantenimiento de la red de subterráneos, el legislador del Frente de Todos (FdT), Juan Manuel Valdés, presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través de la cual buscará conocer los motivos por los que dos trenes de la Línea A colisionaron el pasado 3 de noviembre en la estación Primera Junta.

En ese sentido, el peronista buscará conocer “qué sucedió la tripla Fiat Materfer que descendió sin control por la rampa que comunica la estación Primera Junta con el Taller Polvorín” y la causas por las que Metrovías “no reportó la colisión de manera inmediata a la Junta de Seguridad en el Transporte para que iniciara la investigación correspondiente”.

También indaga los motivos por los que estaban los coches Fiat Materfer en la Línea A cuando prestan servicio en la Línea E; también prevé conocer la antigüedad de las mismas, si estaban desasbestizadas, cuando serían reemplazadas esas unidades, entre otros puntos.

En los fundamentos de la medida, el legislador planteó que “la grave colisión ocurrida el 3 de noviembre de 2021 en la líneaA podría haber terminado con víctimas fatales, aunque, afortunadamente, no fue este el caso” y recordó que “hace poco más de un año, el 20 de octubre de 2020, otro siniestro ocurrió en la línea E cuando se rompieron los bogies de un coche General Electric de origen español fabricado en la década de 1960. En esa ocasión, el tren se salió de su trayectoria sobre las vías y se montó sobre el borde del andén, provocando cuantiosos daños sobre las instalaciones de la estación Independencia y sobre la formación misma. Nuevamente, ‘de milagro’, no hubo víctimas fatales”.

“Asimismo, cabe recordar que en el año 2019 la línea E sufrió varios incendios en componentes eléctricos que obligaron a los trabajadores a realizar evacuaciones de las formaciones en medio del túnel, teniendo que caminar los pasajeros rodeados de humo y peligro”, añadió y concluyó advirtiendo que “estos siniestros son el claro resultado de la desinversión en material rodante por parte del grupo Roggio, el concesionario del Subte, y la falta de control del Poder Ejecutivo de CABA al respecto. Por el contrario, el GCBA premió al grupo Roggio otorgándole quince años más de concesión, aunque ya no bajo el nombre Metrovías sino Emova Movilidad”.

Luego de que la Ciudad de Buenos Aires prorrogara a Metrovías la concesión del subte, los diputados Sergio Abrevaya (GEN) y María Rosa Muiños (FdT) presentaron en la Legislatura porteña una iniciativa, a través de la cual le solicitarán información al Gobierno local acerca de la situación financiera y contractual de ese servicio público.

A través de ese proyecto, los opositores exigieron precisiones aerca de los “Planes de Operación para atender la demanda proyectada, teniendo en cuenta horarios de operación, frecuencias, sistemas de control de evasión de pasajes, los recursos materiales y humanos destinados al cumplimiento de la mejora en la calidad y cantidad del servicio, el aumento de la productividad y la experiencia del usuario”; “el programa de Recursos Humanos, cantidad de personal, plantilla profesional, currículum vitae del personal ejecutivo, regímenes de capacitación y actualización de las calificaciones técnicas”; y “los últimos tres balances del Fondo Fiduciario SUBTE y el correspondiente consolidado al 30 de septiembre de 2020”.

Asimismo pidieron detalles sobre “el régimen de cuentas y de contabilidad de los años 2017, 2018 y 2019 y el consolidado al 30 de septiembre de 2020 de la concesión vencida” y “la estructura de costos para la redeterminación de precios del nuevo contrato”.

En los fundamentos de la medida, Abrevaya y Muiños explicaron que la prorroga en la concesión a Metrovías “impacta en la calidad de vida de los vecinos y transeúntes que recorren todos los días” y concluyeron afirmando que “el servicio público al que hacemos referencia es de vital importancia en la movilidad de los ciudadanos de Buenos Aires y es necesario conocer las condiciones operativas a las que estará obligado el operador y el costo que deberán afrontar los vecinos de la ciudad a través de la tarifa, pero también de los recursos públicos con los que se financia este transporte público”.

Luego de que la empresa Metrovías renovara por 12 años la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores porteños de la oposición rechazaron que el servicio continúe a manos de esa empresa y alertaron acerca de una serie de irregularidades que ocasionaron la falta de mantenimiento en el servicio.

En ese sentido el vicepresidente primero de la Comisión de Tránsito y Transporte, Sergio Abrevaya (GEN), indicó  en diálogo con parlamentario.com que está “en total desacuerdo con la medida, para mí Metrovías es una mancha en la historia del subte, ha sido totalmente ineficiente” y recordó que “hace unos años el Gobierno de la Ciudad le incrementó el subsidio en 100 millones y Metrovías ese mismo año declara que ganaban 100 millones más, es decir, fue directo. Eso nos da la muestra del disparate que es”.

Asimismo indicó que “cuando el subte pasa a la CABA, Nación no le pasó el subsidio se lo quedó, al igual que se queda con tanto de lo que produce la Ciudad. En ese momento no había argumentos del tipo ‘Macri les pasó la policía con más plata’, como se lo dieron  sin subsidios la Ciudad tuvo una tensión muy grande y logró que Roggio baje los costos que declaraba porque eran menos” e insistió en que “el tema es que Roggio viene ganando igual, está en la casa de los cuadernos y esto debería prender otra alarma de que no puede hacerse cargo. Lo principal por lo que no puede hacerse cargo es por su gestión”.

“Yo hice dos propuestas: una es que se crease una Sociedad Anónima  nueva a manos del Estado; y la otra, está con María Rosa Muiños (FdT), de que fuese AUSA -que ya es una SA con larga tradición de gestión de intereses del Estado desde el ámbito privado- fuese la que se hiciera cargo. Además SBASE tiene el 5% de las acciones de AUSA, así que podría ser una opción”, manifestó y sentenció que “el subte siempre fue de SBASE y lo gestionó muy bien, Metrovías incumplió muchísimas obligaciones que tenía”.

Por su parte el vicepresidente segundo de esa misma Comisión, Manuel Socías (FdT), aseveró que “el Gobierno de la Ciudad termina eligiendo a Metrovías, una empresa que dio sobradas muestras de su ineficacia para proveer un servicio de calidad, porque es más fácil discutir con una empresa en sede local que litigar las condiciones del contrato en el exterior” y precisó que “después de que dos de las empresas oferentes se bajaran de la licitación como consecuencia del descalabro macroeconómico producido durante el macrismo, la Ciudad tenía otras alternativas, como la de estatizar el servicio. Sin embargo, optó lo más fácil: mantener al concesionario que viene prestando un servicio paupérrimo sin dar ninguna garantía de que esto último vaya a cambiar”.

En tanto la diputada Alejandrina Barry (FIT) recordó que desde la izquierda han “planteado nuestra oposición a que se haya renovado por 12 años la concesión a Metrovias”, dado que “hace unos días no más se sufrió el descarrilamiento de una formación de la Línea E. Esa es la expresión de la situación en la que se encuentra el subte: no hay ningún tipo de inversión ni mantenimiento por esta empresa”.

“Es una empresa que abiertamente sus directivos del grupo Roggio reconocieron haber recibido coimas, sin embargo con esto se garantiza su total impunidad; es una empresa que, junto con el Gobierno de la Ciudad, consideran al transporte público como un gran negocio y no como un derecho para los trabajadores y el pueblo en general”, advirtió e insistió en que “han aumentado el boleto aplicando latigazos, nosotras con Myriam Bregman hemos peleado contra ello y logramos frenar el tarifas hace un tiempo”.

A su vez explicó que “es una empresa que no sólo presta un pésimo servicio, sino que sigue teniendo asbesto que enferma a sus trabajadores pero que se le garantiza la impunidad y negocios millonarios” y señaló que “el subte tiene que ser un derecho, por eso debe ser estatizado y controlado por los y las trabajadores”.

Mientras que Marta Martínez (AyL) repudió “enérgicamente la decisión del Gobierno de la Ciudad respecto a que el subte siga en manos de Matrovías y del corrupto Roggio” y afirmó: “como lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, consideramos que ninguna empresa que preste un servicio público esté en manos privadas y sea un objeto de lucro empresario, y en este caso con mayor razón por los comprobados hechos de corrupción por parte de una empresa que vivió de subsidios millonarios mientras lo único que ofrecía es un pésimo servicio al pueblo”.

“Tal como lo hemos expuesto mediante un proyecto en la Legislatura, consideramos que el servicio de transporte de subterráneo tiene que ser público y administrado y dirigido por sus propixs trabajadorxs y comisiones de usuarios; dejar de ser un objeto de lucro; y al mismo tiempo llevar adelante una seria investigación para que Roggio le devuelva al pueblo todo lo que le ha robado durante tantos años, sea durante el gobierno kirchnerista, cuando estaba bajo jurisdicción nacional, como con el macrismo-larretismo luego del traspaso”, sentenció. 

Luego de que el año pasado se conociera que varias formaciones de la red de subterráneos de la Ciudad estaban contaminados con asbesto, los legisladores porteños del FdT y FIT se reunieron con metrodelegados y recorrieron el taller Rancagua de la Línea B, una de las principales señaladas en ese problema.

Del encuentro participaron los diputados Claudio Ferreño, María Bielli, Lucía Cámpora, Cecilia Segura,  Juan Manuel Valdés, Laura Velasco, Claudio Morresi (FdT), Gabriel Solano y Alejandrina Barry (FIT); el presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Eduardo de Montmollin; el gerente de Operaciones de Metrovías, Eduardo Domínguez, y el jefe de Seguridad e Higiene, Gustavo Bernachea.

En ese contexto la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro encabezada por el dirigente gremial, Roberto Pianelli, aseguró que viene realizando jornadas de retención de tareas, desde hace casi un año, en los talleres del subterráneo “por la confirmación de presencia de asbesto en el sistema en la que todas las partes intervinientes ya reconocemos” y reclamó el retiro de los coches afectados y un plan de trabajo para el recambio de las formaciones.

Asimismo Metrovias y Sbase reconocieron que en la Línea B hay trabajadores con problemas de salud: se trata de empleados de los talleres a quienes les diagnosticaron placas pleurales. En ese sentido informaron que “sobre un universo de 1200 trabajadores que se realizaron chequeos médicos y 500 que tenemos auditados, alrededor de 18 personas tienen algún problema médico vinculado a la presencia de asbesto. Creemos que hay que ampliar el universo de los trabajadores”.

No obstante, los legisladores del FdT recordaron que existe una comisión especializada para tratar la gestión del asbesto en el subterráneo, integrada por especialistas de Sbase, Metrovías, los metrodelegados, Apra, la subsecretaría de Trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que confirmó que el problema se extendía más allá de la Línea B.

Por otro lado, Gabriel Solano denunció en las redes sociales que mientras recorrían las instalaciones de la Línea B “un trabajador del subte de la Línea C recibió una descarga de 1.500 voltios mientras cambiaba una placa con asbesto, así son las condiciones de trabajo en Metrovías”.