Casi tres horas se extendió este miércoles el plenario que debatió la ley de Bases en el Senado. A  partir de las 15.33 el oficialismo retomó el cuarto intermedio de la semana pasada en el plenario de comisiones en busca de poder dictaminar el proyecto de ley Bases, pero ya en el arranque del encuentro el titular de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, dejó entrever que no contaban con los números suficientes para poder dictaminar este miércoles, pese a la cantidad de cambios que introdujeron. Mientras tanto, continuaban extramuros las negociaciones. Promediando la tarde comenzó a circular para la firma el dictamen de La Libertad Avanza.

Las cosas se habían complicado y la situación parecía empantanada cuando cerca de las 19 se anunció un nuevo cuarto intermedio, sin precisar fecha. Mientras tanto, en la presidencia del Senado se encontraba una vez más el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos... para seguir negociando. Señal de que las firmas no estaban todavía. Hubo más negociaciones en el y finalmente cerca de las 20.30 hubo humo blanco. Y la confirmación vino desde Casa Rosada. El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo anunció a través de su cuenta de X. También el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, confirmó por la misma vía.

Tenemos dictamen.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) May 29, 2024

El oficialismo descontaba que a lo largo de esta jornada podría alzarse con el dictamen de mayoría, contando con las firmas propias, las del Pro, más las de la mayoría de los miembros del radicalismo. Según pudo saber este medio, al caer la tarde les faltaba conseguir las firmas de Pablo Daniel Blanco y Maximiliano Abad, pero confiaban en conseguirlo. Además de los radicales, tenían las firmas de la cordobesa Alejandra Vigo y la rionegrina Mónica Silva.

Entre las firmas que finalmente permitieron el vuelco definitivo en favor del dictamen estuvieron las de Guadalupe Tagliaferri, de quien se especulaba que terminaría alineándose con Martín Lousteau, y la firma en disidencia del entrerriano Edgardo Kueider.

Si bien hace semanas antes había dicho que terminaría votando como lo confirmó este miércoles, el radical fueguino Pablo Daniel Blanco era  uno de los que ofrecían dudas, por su cantidad de objeciones. Sin embargo anunció su acompañamiento en su intervención de este miércoles en el plenario. Allí cargó duramente contra la ley, detallando todas sus críticas, pero finalizó diciendo que “yo represento orgulloso a la UCR y también debo escuchar –más allá de que no sean de mi zona- a los gobernadores de mi partido y las necesidades que ellos manifiestan… Así que bueno, estos son parte de los fundamentos por los cuales yo voy a acompañar en general esta ley Bases, porque me veo obligado por razones esencialmente partidarias, porque si fuera por mi propia decisión no acompañaría”.

A  lo largo de este miércoles se especulaba con que habría cuatro dictámenes: uno de La Libertad Avanza y sus aliados; otro de rechazo de Unión por la Patria; un tercero de Martín Lousteau y el último, del senador José María Carambia de Por Santa Cruz. Con ese diagnóstico no había chances para conseguir las firmas necesarias. Finalmente se produjo un vuelco cuando Carambia fue convencido al aceptársele una modificación en materia de regalías mineras.

Precisamente Carambia había anunciado a través de una nota que le envió al titular de la Comisión de Legislación General, que teniendo en cuenta que el dictamen elaborado por el oficialismo no incluía ninguna de las propuestas que él había solicitado, y considerando que él estima que “algunas cuestiones específicas del proyecto deben mejorarse”, estaba trabajando en la elaboración de “un dictamen propio que se presentará oportunamente integrando el texto original con las propuestas de cambios, modificaciones y agregados que considero relevante hacer respecto del proyecto ley de Bases”.

Según trascendió este miércoles por la noche, el Gobierno aceptó a través de Guillermo Francos una suba en la percepción de las regalías mineras provinciales del 3 al 5%. La nueva redacción del proyecto señala que “las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al 5% sobre el valor boca mina del mineral extraído". Con eso se aseguraron la firma de Carambia.

Entre las últimas modificaciones a las que habría accedido el oficialismo, en Ganancias -que figura en el paquete fiscal- se habría aceptado que los trabajadores de la Patagonia tributen diferente. Se incorporaría ahí un artículo donde se les permitiría a los empleados de esa región pagar una alícuota menor del impuesto. Sería del 22%.

Abdala sostuvo que “en la última sesión se ha debatido bastante, se ha seguido trabajando, hemos tenido bastantes sugerencias, expositores, concejos, muchas cosas han sido conformadas por esta comisión y por el mentor del proyecto que es el oficialismo, pero esta ley ya sufrió varios cambios de la media sanción en Diputados y creo que la cantidad de sugerencias que se han brindado con la creatividad sana de muchos senadores, esto habla de que estamos frente a una ley que indudablemente tiene la participación directa del Congreso. Esto no fue un mensaje de tipo dictatorial, sino todo lo contrario”.

“Se ha debatido, se ha hablado, se han escuchado las distintas sugerencias y es una ley que tiene mucha de la inteligencia de los que estamos acá presentes”, resaltó y comentó: “Se elaboró un borrador que fue consensuado por muchos de los bloques que se animaron a la elaboración de esta nueva ley, motivo por el cual, surgió un borrador que nos animamos a decir que lo vamos a hacer circular para la firma a los efectos de que este dictamen tenga la cantidad de firmas que exige la reglamentación para poder pasarla a sesión a esta ley que para el oficialismo es muy importante, necesaria. Le agradezco a los que nos acompañan”.

El debate

Pidió la palabra el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), quien destacó las jornadas de trabajo en comisión con la participación de expositores que “han aportado su conocimiento y visión de ambos proyectos de ley”, pero reclamó que “quedaron varios expositores y siguen solicitando por la envergadura de ambos proyectos”.

“Acá falta un gran acuerdo, un nuevo trato donde estén contempladas las distintas situaciones. Se habla mucho del Pacto de Mayo, ahora Pacto de Junio, pero no vemos un papel donde se hable de las cajas de las provincias previsionales no transferidas que el Gobierno dejó de enviar, no se habla del FONID, no se habla de la obra pública, no se habla del tema salud, y así son muchos los temas pendientes para poder hablar de una política federal”, criticó.

Mayans planteó que “es muy difícil generar diálogo en medio de todo lo que está pasando y con una ley que le da el poder absoluto al presidente que cambia para siempre el sistema con dos proyectos de ley que son de dominio que no tienen nada que ver con el sistema federal de Gobierno, ni republicano”.

“Todos sabemos que es un despacho muy exiguo y se pretende que llegue al recinto, se vote, vaya a Diputados y lo ratifique así. El jefe de Gabinete vino a hacer un diálogo entre ustedes, porque el verdadero diálogo es cuando se habla con las fuerzas opositoras y se contempla la posibilidad de resolver los problemas de los distintos sectores y de las provincias, hablar con el Parlamento y no faltarle el respeto, eso es el verdadero diálogo. El proyecto de ley ha sido totalmente rechazado por todos y si no consiguen dictamen, hay gente que quiere seguir expresándose”, cerró.

A continuación, hizo uso de la palabra la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) quien cuestionó al oficialismo porque “en esta instancia, que ya hemos recibido un borrador del dictamen, deberían explicar las modificaciones que se hicieron a fin de que el dictamen que circulen estemos todos de acuerdo porque si no se entiende qué vamos a firmar, lo que vino con media sanción o esto que circuló en términos informales por los WhatsApp de los senadores”.

Tagliaferri sostuvo que “la ley evidentemente era mejorable, lo que hemos planteado tenía lógica”, y celebró que hayan ampliado la cantidad de organismos que no se pueden “disolver” que “pueden ser mejorados, pero no hacerlos desaparecer” desde el INTI hasta el Banco de Datos Genéticos. Pero consultó por la modificación en la cantidad de monotributistas anexados que pasaron de 5 a 3.

“Celebro que no era tanto mi planteo con el 163 la inconsistencia del 222 porque se invita a las provincias a adherirse. Yo creo en el RIGI, pero también en las empresas argentinas que a pesar de todo sostuvieron la bandera y se quedaron, no era digno que se quedaran por fuera de la posibilidad de tener incentivos”, expresó y consultó por el tiempo de 2 años como plazo para que las empresas puedan inscribirse al RIGI.

Abdala le aclaró sobre el monotributo que “fue una petición de un senador que se entendió razonable y se conformó y se incluyó”. Sobre el 163 y 222 agregó que “también corresponde a otra inquietud de otro senador que sugirió y se solicitó que se diera que las provincias tienen que buscar la adhesión de la presente ley”. Al referirse al RIGI y los beneficios a empresas nacionales explicó: “Las máquinas deben ser nuevas para poder pertenecer al sistema de beneficios y el Registro de Proveedores van a poder importar los insumos sin tener el pago de aranceles en la medida que sean para los proyectos aprobados en el RIGI y, en cuanto a los años, se pueden extender a cuatro años o por tiempo indeterminado”.

“Todo lo que se trabajó con los distintos bloques, incluso el Pro, fueron sugerencias que enarbolamos entre todos y por eso digo que es una ley del Congreso donde ha tenido la creatividad de muchos de nosotros”, ponderó Abdala.

La vicejefe del bloque UP, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, hizo hincapié en el RIGI y en el artículo 167 que habla de proveedores: “El artículo es muy ambiguo y amplio y no creo que satisfaga las expectativas de las cámaras que vinieron acá de que la industria nacional pueda ser proveedora en las mismas condiciones que los artículos importados a tasa cero”, cuestionó: “¿Cuáles van a ser los requisitos que les van a pedir a los proveedores para la inscripción para las empresas nacionales? ¿200 millones de dólares? Puede tener muy buenas intenciones, pero lo deja librado a la reglamentación”, y planteó: “Creo que el texto es muy amplio, pero estamos a tiempo de corregirlo y hacer una reglamentación que proteja cabalmente a la industria nacional”.

Fernández Sagasti criticó que “esta nueva redacción no toca los dos temas centrales que es restringir el RIGI a las inversiones extractivas y se le sigue dando jurisdicción al CIADI. Son las dos situaciones gruesas y profundas que vemos con mayor preocupación. Deja en desprotección a la industria nacional y en competencia desleal y, encima, estamos hablando de un régimen que no puede ser cambiado por 30 años a las inversiones y estamos de acuerdo, pero no con la amplitud del proyecto ni con la competencia desleal”.

Por su parte, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero afirmó: “Todas las modificaciones yo las entiendo como una derrota porque se mantienen todos los organismos que nos quitan fondos a las provincias”, y destacó la importancia del RIGI como fuente de inversiones y le pidió al oficialismo que “le demos firma al dictamen”.

La chubutense Edith Terenzi lamentó que “muchas de las sugerencias que propuse no fueron tomadas”, y manifestó su desacuerdo con no incorporar al Organismo Regulador de Seguridad de Presas y al Instituto de Nivología y Glaciología como “organismos a proteger”, con el artículo 7 sobre la eliminación del Fondo Fiduciario de Régimen de Recuperación para la Ganadería Ovina, por la idea de privatizar el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y Radio Nacional, sobre el artículo 96 que deroga el estatuto del viajante, sobre el 174 del RIGI y el 207 porque “no hay ninguna variable ambientan a lo largo de todo el articulado ni aspectos ambientales”.

Abdala le aclaró que “ya hay una ley ambiental que cada provincia lo aplica, por lo que ningún proyecto puede desvirtuarse de lo que cada provincia exige”.

En su intervención, el neuquino Oscar Parrilli (UP) calificó de “meros maquillajes” las modificaciones en el borrador y “no cambia para nada el objetivo de fondo de los proyectos y cuáles serían las consecuencias para la economía del país”.

“Estamos en desacuerdo y vamos a rechazarlo porque estas ideas que se proponen no son nuevas en el país y ya se han implementado y el resultado ya sabemos cuál es. No es ninguna idea nueva. Una razón por la que nos oponemos es porque este proyecto no resuelve el problema fundamental que tiene la Argentina, la deuda externa y las políticas que impone el FMI", expresó.

Parrilli apuntó: “Se está haciendo maquillaje a un proyecto de ley viejo, vetusto, que no sirve absolutamente para nada y lo único que va a hacer es agravar los problemas del país. No viene a fomentar las inversiones tampoco con el RIGI y no modifican lo sustancial del RIGI porque esta para cualquier tipo de actividad”.

El porteño Martín Lousteau (UCR) cuestionó: “Con respecto a las modificaciones en los aspectos más controversiales de la Ley Bases, la verdad es que los cambios que se le han hecho a la ley son meramente cosméticos, no hay cambios en profundidad de lo que se ha aceptado modificar”.

“Lo que van a hacer con el RIGI es que en cada área donde ingrese alguien a una actividad donde ya haya otros haciendo lo mismo va a haber distorsión de mercado enorme porque a unos les dan beneficios y a los anteriores no”, alertó el radical.

La bonaerense Juliana Di Tullio (UP) también criticó que “las modificaciones hacen todo lo contrario de lo que los expositores han pedido, el Gobierno desprotege la industria nacional. No quieren competitividad de igual a igual con capitales extranjeros, quieren destruir la industria nacional con el artículo 3 y el 188. Esta ley no ha recogido cambios sustanciales para mejorarla, esto es invotable. No hay cambios de los que se han sugerido, no cambió en nada”.

Al cierre el encuentro, el chaqueño Víctor Zimmermann expresó: “Todos tenemos el compromiso de trabajar para generar las condiciones necesarias para que la Argentina salga adelante. No existen leyes perfectas, tenemos que encontrar los consensos que la ciudadanía nos está reclamando”, mientras que el titular del bloque UCR, el correntino Eduardo Vischi, planteó: “Hay una Argentina que votó un cambio y esos que votaron deben hacerse responsables de lo que votaron. Lo que hoy debemos decidir es si le vamos a dar al Gobierno la posibilidad de tener una ley con la que pueda llevar adelante su proceso”.

Frente a las noticias que indican que el Gobierno nacional está negociando con el Fondo Monetario Internacional, el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) presentó un proyecto de resolución para que el ministro de Economía, Sergio Massa, se presente en la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre las negociaciones que lleva adelante.

“Debemos estar preparados, estudiar los prospectos y fijar posiciones respecto a un eventual acuerdo. Nada tiene validez si no pasa antes por el Congreso, tal como lo fija la ley 27.612”, justificó Tetaz.

En el proyecto el economista solicita que Massa responda, entre otras cosas, cuál va a ser el destino de los fondos si el FMI decide desembolsos adicionales. Además, pide que se detalle si están solicitando fondos para hacer frente al pago de vencimientos con el organismo o bien si los mismos tendrán otro destino.

También solicita que indique cuáles serían las condiciones que el organismo requiere para adelantar los fondos; si lo que está solicitando el Gobierno al FMI es parte del desembolso fijado en el acuerdo anterior o si está requiriendo Fondos adicionales; si las reservas netas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzarían para el pago de este vencimiento o si es necesario utilizar las reservas brutas.

“No sería justo que de buenas a primeras nos presenten un proyecto sin que tengamos más que dos minutos para tratarlo y eventualmente aprobarlo o rechazarlo. No es nuestra manera de trabajar y afrontar los problemas”, concluyó.

El proyecto de ley contó con la firma de los diputados nacionales Dolores Martínez, Dina Rezinovsky, Ana Clara Romero, Laura Rodríguez Machado, Soher El Sukaria, Marcela Antola, Rubén Manzi, Carla Carrizo, Gabriela Brouwer De Koning, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Sofía Brambilla, Fabio Quetglas, Mercedes Joury, Graciela Ocaña, Ingrid Jetter, Sabrina Ajmechet, Germana Figueroa Casas, Margarita Stolbizer, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Karina Bachey, María Sotolano, Mónica Frade y Mariana Stilman.

Frente al escaso avance en las conversaciones con el Fondo Monetario Interancional (FMI) y, por ende, con el Club de París, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, viajará el próximo domingo a Estados Unidos, donde mantendrá una nutrida agenda de encuentros para buscar un mayor respaldo a esas gestiones y, a la vez, mostrar un sendero que se orienta a la estabilización macro con el objetivo de captar posibles inversiones.

En momentos donde la pandemia sigue golpeando muy duro al país, tanto en lo sanitario como en lo económico y social, el oficialismo continúa con su objetivo de “aceitar” todas las conversaciones externas que pueda agilizar el respaldo a la Argentina en estas arduas negociaciones.

Pero el punto central del viaje de Massa es la recomposición del diálogo con Estados Unidos, que se enfrió en los últimos dos meses.

Hubo hechos concretos que contribuyeron a esa situación. En las últimas semanas hubo dos pasos que resolvió el gobierno argentino y que cayeron muy mal en Washington como fue la reciente votación contra Israel en la ONU y la decisión de retirar su apoyo a la demanda por delitos de lesa humanidad que el Grupo de Lima interpuso ante la Corte Penal Internacional.

En realidad se trató de temas muy sensibles para la diplomacia norteamericana, lo cual, puede influir en el nivel de diálogo con ese país.

Por eso, ahora el viaje del presidente de la Cámara de Diputados tratará de “mejorar” la relación con Estados Unidos, que incluso en este momento no tiene embajador designado en la Argentina.

Para ello, Massa se reunirá en Washington con Juan González, asesor del presidente estadounidense Joe Biden en el Departamento de Estado y hombre de confianza en las relaciones con America Latina.

También mantendrá una reunión con Gregory Meeks, diputado demócrata, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Capitolio.

De esta manera, según fuentes de Casa de Gobierno aseguran que hay confianza en que esas gestiones en Estados Unidos puedan ser “muy fructíferas”.

Un aspecto para tener en cuenta es que el tiempo comienza a restringirse, ya que hace ya diez días que la Argentina no abonó un vencimiento de 2.400 millones de dólares con el Club de París y no se percibe ningún tipo de avance en las conversaciones, ni con el FMI ni con ese grupo de países acreedores.

En el viaje a Europa que realizó el ministro de Economía Martín Guzmán, y después en la gira del presidente Alberto Fernández por el Viejo Continente, los representantes del Club de París le expresaron al Gobierno que para renegociar el acuerdo que suscribió el país con ese grupo acreedor en mayo de 2014 era necesario que la Argentina cierre un nuevo convenio con el  FMI.

El problema es que en este momento siguen observándose diferencias a la hora de cerrar un acuerdo con el FMI, por el lado de los plazos y también de la proyección fiscal.

En cuanto al plazo, desde el ala dura del oficialismo insisten en que la Argentina debe conseguir un “acuerdo especial” de 15 años o más, mientras que el FMI recurre al estatuto del organismo y reitera que los acuerdos tiene un período máximo de 10 años.

Tampoco hay avances en cuanto a la proyección fiscal del país, ya que el Gobierno busca una cierta flexibilidad en ese aspecto y la cúpula del FMI quiere que la Argentina haga un esfuerzo mayor para “asegurar” su capacidad de cancelación de la deuda récord de 44.000 mil millones de dólares tomados por la gestión de Mauricio Macri.