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Martes 21 de noviembre de 2017
LEGISLATURAS PROVINCIALES
Proponen recompensa para quienes denuncien hechos de corrupción
El proyecto impulsado en la Legislatura entrerriana dispone una recompensa cuando la denuncia prospere y además la protección al actor y los testigos de la causa sujeta a investigación.
19 de junio de 2017
Un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone una recompensa para todos los ciudadanos que denuncien casos de corrupción cuando la acción que acusan prospere. Además, dispone la protección al actor y a los testigos de la causa sujeta a investigación.

La iniciativa fue impulsada por el diputado entrerriano por Cambiemos Esteban Vitor bajo la figura de “QuiTam” que definió como “una herramienta legal que concreta la obligación asumida por el Estado argentino, en sus diversas jurisdicciones, de evitar la corrupción, factor determinante del atraso, violencia y empobrecimiento social”.

El término “QuiTam” es una apócope del latín y define la acción “que legitima para accionar a personas físicas o jurídicas en procura de la recuperación o interdicción de fondos o bienes públicos”.

Esta herramienta “legitima para accionar a personas físicas o jurídicas en procura de la recuperación o interdicción de fondos o bienes públicos” y, a su vez, “para lograr recuperar esos bienes o fondos públicos trasvasados por actos de corrupción se prevé legitimar a la ciudadanía entregándole una recompensa para el caso de que la acción prosperara”, explicó el legisladorVitoren los fundamentos del proyecto.

La iniciativa fija como campo abarcado por la acción QuiTam “todo aquello que haya conformado o conforme el patrimonio público, en sus diversas jurisdicciones, entes y sociedades”.

En cuanto a la legitimación para interponer la acción QuiTam, establece que es para “particulares e incluso a las personas jurídicas, con especial mención de las asociaciones cuya finalidad es la lucha contra la corrupción o por la transparencia del Estado”.

Y también para “los legitimados pasivos son todos aquellos beneficiados con fondos o bienes públicos por modos que han perjudicado el patrimonio público”.

El Tribunal, incluso, podría declarar la nulidad del acto administrativo o legal que permitió ese acto de corrupción.