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Martes 23 de mayo de 2017
INFORMES
La vez que el Congreso se abocó de lleno a investigar el lavado de dinero
Diez legisladores integraron aquella comisión que en 2001 se dedicó a tan controvertido tema. El trabajo concluyó en medio de polémica y con cuatro dictámenes. Hubo dos protagonistas que terminaron definitivamente enfrentadas: Elisa Carrió y Cristina Kirchner.
22 de abril de 2016
Por José Angel Di Mauro

Pareciera que el video con “gente contando plata” en la financiera conocida como “La Rosadita” no fue solo lo que movió al juez Sebastián Casanello a avanzar decididamente contra el empresario Lázaro Báez. También introdujo de lleno a la gente común a comenzar a entender “de qué hablamos cuando hablamos de lavado de dinero”. Pero el tema en el que la Justicia ahora parece meterse de lleno, ya tuvo su centralidad a nivel político hace 15 años, cuando el mismísimo Congreso argentino tomó el toro por las astas.

Estamos hablando de la creación de lo que se conoció como Comisión Antilavado, que encabezó Elisa Carrió y que conformaron legisladores de todos los sectores, incluida la entonces diputada nacional Cristina Fernández de Kirchner. Ese recuerdo fue traído a cuento por estos días en diversas entrevistas, pero para echar luz a lo que fue ese trabajo, Parlamentario reflota el tema a través de esta investigación elaborada en su momento y que cobra gran actualidad en estos días.

Esa comisión de la que estamos hablando hoy se creó en tiempos de la Alianza, durante el interregno que la hoy expresidenta era diputada nacional y compartió cartel con su entonces amiga Elisa Carrió. En efecto, el hecho de que fueran de partidos opuestos no era impedimento para que mostraran muchas veces sus coincidencias y llegaran a forjar una buena relación que si no se convirtió en amistad fue seguramente por los celos que no podían disimular. Compartieron innumerable cantidad de programas y de foros en los que cada una buscaba la mejor manera de expresar el concepto más brillante y sacarle un tranco de ventaja en el plano intelectual a la otra. Esa buena relación se acabó cuando ambas compartieron tareas en la Comisión Antilavado.

De hecho, los allegados a Cristina Kirchner adjudicaron el fracaso de la misma directamente a Elisa Carrió. “La suerte de una comisión siempre es responsabilidad de la presidencia -afirmaba por entonces Diego Buranello, quien fue vocero de Cristina -. Si una comisión que tenía diez miembros sacó cuatro informes distintos, es porque la conducción fue un desastre”.

En efecto, es comprensible que haya un dictamen de mayoría y otro de minoría, pero que haya cuatro es por lo menos demasiado.

Poner a Carrió y Kirchner juntas en una misma comisión terminó haciendo confrontar juntas a dos prima donnas. No había lugar para dos personalidades tan fuertes en un mismo espacio, donde ninguna de las dos estaría dispuesta a disciplinarse a la otra. Amén de lo que sostienen los allegados a la santacruceña.

En realidad, la idea de motorizar la creación de una comisión de diputados que investigara un tema donde convergían la corrupción, la evasión y las causas de la grave crisis económica que vivía el país venía siendo reclamada por Cristina Fernández y otros legisladores justicialistas. Ella, junto a Eduardo Di Cola, Arturo Lafalla y Carlos Soria habían pedido en marzo de 2001 la constitución de una comisión especial investigadora, cuyo objetivo sería “deslindar y atribuir responsabilidades” en las maniobras de lavado de dinero a las que se vinculaban diversos bancos y financieras argentinos. Los legisladores justicialistas proponían como tarea “una investigación y determinación de la masa de dinero mal habido o de dudoso origen, ingresado al circuito financiero legal por el sistema bancario argentino, especialmente a través de los bancos Citibank, Federal Bank, Mercado Abierto, Banco República, Banco Macro y de los que surjan de la investigación”, señalaron a través de un proyecto cuando ya se tenía conocimiento de las investigaciones desarrolladas en el Senado estadounidense sobre el lavado de dinero en la Argentina. De hecho, la Cámara de Diputados ya había aprobado un proyecto del cordobés Di Cola pidiendo que el Senado norteamericano remitiera esa documentación a la Argentina.

Decidida la creación de una comisión, comenzó la puja por integrarla. No estaba en discusión la presidencia, que correspondería a la todavía radical (aunque ya disidente) Elisa Carrió, quien tenía el mérito de haber sido junto al mendocino Gustavo Gutiérrez el contacto argentino con el Senado de Estados Unidos en esa investigación. Pero el resto de las designaciones estaba en discusión.

Para los radicales, oficialistas entonces, no resultaba nada sencillo el nombramiento de quienes los representarían, al punto tal que anunciaron que cederían a los partidos provinciales uno de los lugares que su fuerza debía ocupar. Semejante decisión no estaba movida por la generosidad, sino por las serias dificultades para encontrar gente dispuesta a ocupar un puesto tan delicado que podría poner en serios aprietos a su propio Gobierno.

A la postre, los designados por la UCR fueron el propio titular del bloque, el catamarqueño Horacio Pernasetti, fiel soldado delarruista, y quien entonces era titular de la Comisión de Juicio Político, Margarita Stolbizer, a quien desde el propio Gobierno miraban con inquietud por su cercanía a Federico Storani.

El Frepaso designó al tucumano José Vitar, un hombre muy próximo al vicepresidente Chacho Alvarez, y a Graciela Ocaña, quien trabajaría tan estrechamente con Carrió y que terminaría yéndose con ella al ARI. Por los partidos provinciales, el demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez tenía el lugar asegurado por haber impulsado con Elisa Carrió en los Estados Unidos la investigación del lavado, mientras que el otro legislador provincial iba a ser el neuquino Pedro Salvatori, mas nunca llegó a ser designado.

El cavallismo se resistía a integrar la comisión, a sabiendas de que el entonces ministro de Economía era uno de los objetivos de la investigación (era vox populi que allegados a Domingo Cavallo y empresas vinculadas a la Fundación Mediterránea figuraban en las listas de envíos de dinero al Federal Bank). “Con más razón hay que estar”, argumentaba el jefe del bloque cavallista, Alfredo Castañón, quien pretendía para sí el puesto. Al final, el elegido fue Franco Caviglia, cofundador en su momento del Grupo de los 8 -hoy diputado en Juntos por Argentina-, quien despertaba ciertos reparos del propio Mingo porque se entusiasmara tanto en la investigación como en su momento lo había hecho con el caso Yabrán. Tan volátiles eran esos tiempos que al concluir el trabajo de la comisión, Caviglia se había integrado al justicialismo.

En el PJ los lugares estuvieron muy peleados, por cuanto todos los sectores debían estar representados. Carlos Soria, que tenía la experiencia de haber presidido la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados, fue el hombre propuesto por el entonces gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, y aceptado por Carrió, quien tenía buena relación con él. El fallecido gobernador rionegrino había participado también en las comisiones investigadoras del caso IBM-Banco Nación y en la Comisión Antimafia.

El bonaerense José María Díaz Bancalari, duhaldista de la primera hora y primer presidente del bloque de diputados cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, era postulante, pero Soria le ganó la carrera ya que a Díaz Bancalari lo veían demasiado independiente para el gusto de todos.

Desde el menemismo, el primer candidato a integrar la comisión fue el pampeano Manuel Baladrón, aunque la cordobesa Martha Alarcia comenzó a presionar por tener un lugar allí. El tema se definió en una votación interna del sub bloque menemista que ganó la mujer por 11 a 4. Empero, ahí terció el propio expresidente, quien la sacó del medio con una frase contundente: “Martha, vos no sos candidata a nada en las próximas elecciones, así que no vas a la comisión”, le dijo, y no hubo más discusión.

Tampoco fue Baladrón, sino el porteño Daniel Scioli, por entonces un fiel soldado menemista al que Carlos Menem confiaba lo suficientemente fiel como para el puesto. Previsiblemente, el resto de sus compañeros lo verían como una suerte de caballo de Troya dentro de la comisión, cuyo fin sería estrictamente transmitirle a su jefe todo lo que allí sucediera y desviar eventualmente la investigación en el caso de que apuntara hacia sectores menemistas.

Sobre la marcha, quien años después sería vicepresidente de la Nación primero y gobernador bonaerense después, se encargaría de aventar fantasmas. Si bien al cabo de la investigación firmó individualmente uno de los cuatro dictámenes que salieron de la comisión, al que peyorativamente llamaron “la monografía” -y en realidad lo era; “presentó un paper sobre qué es el lavado de dinero en teoría”, aseguró un asesor de otro de los integrantes de la comisión-, él sabía que venía con el mote de menemista y se ocupó de demostrar que no trabajaría contra la investigación. “Inclusive le dijo a Cristina que si la tenía que bancar, la bancaría. Scioli en ningún momento jugó dentro de esa comisión para el menemismo”, aseguró años después el vocero de la santacruceña.

“Scioli se comportó de una manera razonable, sin apañar nada”, afirmó Rodrigo Herrera Bravo, otro de los que asesoró a Kirchner en la comisión y luego sería legislador porteño del macrismo.

Arturo Lafalla, Eduardo Di Cola y Cristina Kirchner eran de los primeros justicialistas en presionar por la constitución de esa comisión, y peleaban por el puesto restante. El mendocino Lafalla quedó fuera por temor a que en la investigación surgieran datos sobre la privatización del Banco de Mendoza, realizada durante su gestión como gobernador; el cordobés Di Cola tenía prácticamente asegurado el lugar hasta que Néstor Kirchner llamó directamente al gobernador José Manuel de la Sota para pedirle que le dejara el lugar a su esposa, a lo que el cordobés accedió, en aras del buen entendimiento que por entonces buscaba para mantener el respaldo de los gobernadores en su objetivo presidencialista.

Cristina quería estar en la Comisión Investigadora sobre el Lavado de Dinero y Narcotráfico, y lo consiguió. Y amén de las presiones cordobesas, en el PJ no veían con malos ojos su presencia; al contrario, estaban convencidos de que su perfil mediático compensaría con creces el peso de Carrió, a quien podría competirle de igual a igual.

Los cuestionamientos partieron de la oposición interna santacruceña. El diputado nacional de aquella provincia Ricardo Patterson (UCR) consideró inaceptable que Cristina integrara esa comisión, por cuanto -dijo- “responde a un Gobierno que se caracteriza por su falta de transparencia y acciones reñidas con la ética”, poniendo como ejemplo la falta de información sobre el dinero de regalías de la Provincia depositados en el exterior. La protesta no prosperó, y más tarde la acusaría también de haber obstruido la investigación referida a transferencias de 5.900.000 dólares al exterior desde el Banco de Santa Cruz, cuando era estatal, a través de Mercado Abierto.

De entrada Fernández de Kirchner planteó sus diferencias, aferrándose estrictamente al perfil legalista. Mientras la gente cercana a Carrió daba detalles de lo que sería la investigación, entusiasmándose con encontrar elementos que involucraran a actuales funcionarios y de la administración menemista, anticipando que tendrían amplias facultades para realizar allanamientos, escuchas telefónicas y secuestrar documentación con permiso judicial, Cristina aclaraba que “la comisión no tiene facultades o atribuciones judiciales para allanar o pinchar teléfonos”.

“El objetivo de la comisión será develar la trama que en el país ha existido para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. En eso deberá centrarse la tarea de sus integrantes, y no en revelar algún nombre rimbombante que pueda ser útil para el chisme político”, remarcó el 18 de mayo de 2001.

Pero Elisa Carrió minimizaba eventuales diferencias y se ilusionaba con lo que podrían descubrir. “Todos hemos trabajado juntas durante estos seis años. Nadie puede discutir que vamos a ir hasta el fondo, estando por ejemplo Cristina, Margarita y Graciela Ocaña”, señalaba optimista la diputada chaqueña, quien anticipaba de todas formas que la comisión sería muy atacada, por cuanto había en el país muchos sectores que no querían la llegada de las cajas con documentación, ni el informe sobre el Banco Central, ni la constitución de ese organismo.

“Pero hay una diferencia sobre lo que pasamos con Gustavo Gutiérrez cuando estábamos solos y éramos atacados y la situación actual: va a funcionar bien”, se convencía.

Las ocho cajas remitidas por un subcomité del Senado norteamericano liderado por el demócrata Karl Levin fueron alojadas en la bóveda del Colegio de Escribanos, a la espera de que la comisión estableciera el mecanismo de trabajo y obtuviera una respuesta de la presidencia de la Cámara de Diputados, a la que le pidieron una mejor infraestructura para desempeñar la labor. Concretamente pedían un lugar físico que contemplara medidas de seguridad que la comisión donde venían juntándose no reunía. El entonces titular de la Cámara baja, Rafael Pascual, accedió a medias, ya que en lugar de darles otro espacio, hizo colocar rejas en puertas y ventanas, así como fajas de seguridad en las cajas de luz de las escaleras del edificio de diez pisos de Riobamba 71, para evitar la colocación de micrófonos.

Empero, más adelante les cedería otras oficinas, pero entonces ya Carrió había optado por llevarse el trabajo a la casa.

En sus reuniones preliminares, la comisión aprobó un reglamento interno elaborado sobre modelo de la Bicameral de Seguimiento de los Atentados, y finalmente el 22 de mayo comenzaron a abrir las cajas remitidas desde Estados Unidos. De entrada nomás, con sólo analizar el índice que se entregó con cada caja, comprobaron que la tarea sería ardua, ya que en los resúmenes de cuenta entregados por el Citibank de Nueva York por giros realizados al exterior figuraban desde exportadores que normalmente deben realizar giros de fondos al exterior, a bancos nacionales y privados que reciben y envían giros. Sería por demás complicado diferenciar qué operaciones habían sido realizadas por particulares, cuáles por empresas en forma normal y cuáles obedecían a operaciones que pudieran estar vinculadas con maniobras de lavado de dinero.

Igual, Carrió era optimista, prometiendo que en muy poco tiempo tendrían resultados: “A lo mejor, antes de 90 días puede haber un preinforme”, arriesgó embalada.

La apertura de las famosas cajas.

- Señora presidenta, llegaron los perros -le anunció a Carrió el encargado de seguridad cuando todos los diputados se encontraban alrededor de una mesa en la que se habían colocado las famosas cajas a las que se disponían a abrir.

- ¿Perros? ¿Para qué hacen falta perros? -preguntó la presidenta de la comisión, desde la cabecera de la mesa.

- Son perros de la Policía. Los traen para inspeccionar.

Cristina, que ya estaba mal predispuesta, fue la primera en perder la paciencia: “¿Pero para qué perros?”.

“Los traen para oler las cajas”, le contestaron, a lo que la diputada santacruceña estalló: “Pero... ¿se creen que acá hay droga? ¡Están locos!”.

“No, es porque quieren ver si hay explosivos”, intervino Carlos Soria, parado y con las manos en los bolsillos, influenciado por los tiempos en que debió lidiar con la investigación de los atentados y se sentía espiado por los servicios argentinos, los israelíes, los norteamericanos y hasta por la Jihad islámica.

“Bueno, pero acá no hay explosivos, ni droga. Hay solo papeles y ahora hay que ponerse a trabajar, así que dígales que se lleven los perros de acá”, concluyó Carrió. El empleado de seguridad se fue con el recado y los dos policías y sus perros del escuadrón de explosivos de la Federal tuvieron que irse sin olfatear las famosas cajas.

A continuación, se procedió a abrirlas. Lilita y Ocaña -sentada esta última a la izquierda de la presidenta- se aprestaron a esa tarea, descubriendo el primer impedimento: no había con qué abrirla. Daniel Scioli, ubicado a la derecha de Carrió, sacó una llave y trató de romper la cinta de una de las cajas, mientras un empleado salía presuroso pidiendo a los gritos un cuchillo.

Uno de los presentes encontró una módica solución al sacar de un bolsillo un alicate que incluía cortaplumas.

Subsanado el inconveniente y abocados como estaban ya a mirar el material de las cajas, Carlos Soria puso a consideración una duda que traía: “¿De dónde aparecieron los nombres que salieron a publicidad? Ojo que yo no me hago responsable de esto porque hay copias por todos lados”.

“No, no hay copias por todos lados -le retrucó Elisa Carrió-. Hay sólo dos; una la tiene el juez (Juan José) Galeano y la otra es ésta”.

Margarita Stolbizer relataría luego cómo se habían entregado las cajas. El FBI las había transportado directamente hasta la Argentina y se las había dado al ministro de Justicia Jorge de la Rúa, quien procedió a la apertura y fotocopiado del set entregado a la Justicia. “La denuncia de Soria demuestra una intencionalidad de provocar la desconfianza en el accionar de la comisión”, adelantó.

Daniel Scioli, en tanto, preguntaba una y otra vez cómo se podía demostrar el delito de lavado de dinero, e insistía en que la comisión debía enfocarse exclusivamente en la documentación remitida por el Senado norteamericano. “Debemos saber si hubo lavado, enriquecimiento ilícito o evasión. Si se descubre un delito hay que denunciarlo, eso es lo que quiere la gente”, enumeró el entonces diputado menemista, con la intención de limitar la investigación al Banco República y Mercado Abierto, descartando conexiones con el poder político. “La condena política ya se aplicó”, argumentaba Scioli, sin cosechar demasiada adhesión. Carrió, Gutiérrez y Ocaña insistían en que el dictamen final debía ser político: demostrar la complicidad de sectores privados y públicos en el lavado de dinero a partir de la investigación que venían realizando desde hacía años y que habían aportado luego al Senado de Estados Unidos.

Un colaborador que trabajó con la hoy expresidenta en esa comisión y en la de los atentados afirmó en cambio tiempo después que “en la investigación del lavado de dinero Cristina trabajó muy a fondo y muy comprometida. Allí ella tuvo dos equipos de asesores; por un lado el equipo económico, que era el que analizaba todo el tema de los números, gente del Banco de Santa Cruz que hizo un trabajo muy serio; por el otro lado, hubo gente que se dedicó fundamentalmente a hacer el seguimiento político de las causas”.

Cuando la investigación se trasladó a la AFIP, para indagar sobre casos de evasión, los legisladores escucharon un informe de técnicos de ese organismo y del Banco Central que les dejó claras las restricciones que encontrarían para profundizar la investigación. Esto es, harían falta muchos informes específicos sobre las órdenes de giro y los destinatarios de los fondos que solo el Citibank de Nueva York podía proveer, como lo había hecho en su momento con la investigación del lavado realizada en Estados Unidos. Sin embargo ahora había dudas de que el Citi respondiera al mismo requerimiento de parte de legisladores argentinos.

Las intenciones de realizar un entrecruzamiento de datos sobre todos los extractos de cuentas del Citi encontraban un problema irresoluto: el tiempo. Del software necesario se ocuparía un equipo de la UBA que trabajaría en forma gratuita, pero la carga de miles de registros llegados desde Estados Unidos demandaría un tiempo enorme.

A su vez, Elisa Carrió pretendía encriptar la información para evitar que fuera robada de las computadoras. “¿Te parece que es para tanto?”, le replicó Cristina Kirchner. La relación entre ambas ya para entonces era tirante. Toda sugerencia de una u otra merecía una observación de su contrafigura.

Al principio no había habido conflicto, pero era lógico: se estaban conociendo. Amén de haber compartido infinidad de paneles y programas periodísticos, no sabían lo que era trabajar juntas. Cuando lo hicieron, comenzaron a surgir los conflictos. Sacaba de quicio a Cristina que Carrió cayera a la comisión con cosas procesadas fuera de ese ámbito, cuestiones ya digeridas y hasta con las conclusiones correspondientes.

Lilita, en tanto, estaba convencida de que la santacruceña no hacía su trabajo como debía.

Las chicanas entre ambas estaban a la orden del día. Cuando algunos legisladores se ilusionaron con hallar -además de casos de lavado de dinero- elementos que comprobaran evasión fiscal, inspectores de la AFIP advirtieron que existía un impedimento por el bloqueo fiscal que establecía la “ley tapón”.

- ¿Qué es la ley tapón? -preguntó Carrió.

- ¿No te acordás? Si vos la votaste... -la toreó Cristina.

Sucede que esa legislación establecía que más allá de que la AFIP encontrara posibles casos de evasión de quienes giraron al exterior fondos en negro, si hubieran presentado correctamente su declaración de Ganancias y Bienes Personales por el año 2000, hubieran ingresado el pago y sus ingresos no superaran los cinco millones de pesos, y al inspeccionarlo se verificara que todo estaba en regla, esa persona no podría ser investigada hacia atrás. De tal manera, quien hubiera supuesto que sus operaciones podrían quedar registradas de tal manera, había tenido el tiempo suficiente para poner en regla sus ingresos y bienes, cuestión de quedar amparado por esa ley.

- Son cien mil registros, ni en el 2010 vamos a terminar con todo esto -anticipó Carlos Soria.

- ¿Y si tomamos sólo algunos casos y concentramos la investigación en ellos? -sugirió Carrió.

- Ni se te ocurra. O miramos todo, o no tocamos nada. Acá no se va a manipular información -le advirtió Cristina Kirchner.

- A mí no me acuses de manipular.

- Lo que yo digo y te repito es que hay que mirar todo.

Así era la relación…



El impostor

La propia Elisa Carrió admitiría tiempo después que fue “operada” por quienes querían desacreditar la investigación. El caso más patético fue el de un supuesto oficial de inteligencia de la ONU que se presentó un día de julio en el despacho de Carrió en el Congreso. Su nombre era Daniel José Díaz, un sujeto tan parecido al actor Chuck Norris que en adelante sería recordado con ese apodo. El hombre le aseguró a la presidenta de la comisión contar con datos fehacientes sobre las cuentas no declaradas de Carlos Menem, Domingo Cavallo, Alberto Kohan, Emir Yoma y Ramón Hernández.

Para Lilita fue un regalo del cielo, y prometió que, si su interlocutor traía documentación que avalara sus dichos, lo denunciarían ante la Justicia y lo incorporarían al preinforme.

Allegados a Carrió aseguran que sólo ella le creyó a Chuck Norris, y que la mayoría sospechó que se trataba de “carne podrida”. Graciela Ocaña, ya bautizada por Lilita “Hormiga trabajadora” y para entonces fagocitada por el ARI, fue de las que más reparos puso. Pero su flamante jefa política no la escuchó; mientras tanto, convenció a otros, como Mario Cafiero, quien no integraba la comisión pero acababa de ser captado también por Carrió para el ARI y colaboraba con la investigación.

Gustavo Gutiérrez, uno de los principales laderos de Elisa Carrió, admitiría años después que nunca consideró que lo que Daniel José Díaz decía fuera una información verídica, y así se lo hizo saber a Lilita. Pero siempre le dio la derecha a su amiga, al aclarar que hubo otros temas de los que él pensó que también era información falsa, y Carrió terminó teniendo razón. Por ejemplo, no veía claridad de indicios cuando ella avanzó sobre el Banco General de Negocios, pero Carrió terminó estando en lo correcto.

En el caso de Chuck Norris, Carrió lo planteó como una hipótesis de investigación y por eso nunca estuvo en el preinforme, aclara el exdiputado mendocino Gutiérrez. Se tuvo en cambio como conjetura porque presuntamente había un fondo de inversión manejado por los hermanos Rohm, David Mulford y Domingo Cavallo, pero Gutiérrez admite que esa fue una de las “trampas caza bobos” que les pusieron.

Precisamente el exceso de “pescado podrido” circulante era una de las dificultades por las que se consideraba que había que cerrar rápidamente la investigación, por cuanto a medida que la misma se dilataba, las operaciones en las que se filtraba información o se presionaba a los miembros de la comisión eran terribles.

“Estábamos tocando el poder financiero mundial, no solamente argentino, y estos no son niños de pecho -advirtió uno de los miembros de la comisión que comulgaban con Carrió-. Esta gente no amenaza por teléfono diciendo que van a poner una bomba en el auto, ellos funcionan profesionalmente, con acciones de inteligencia y contrainteligencia, mandando información equivocada, indicando caminos de investigación que llevan a ningún lado, para desviar la atención de los temas que ellos quieren ocultar, o buscan introducir hechos para transformar situaciones que si nosotros no las descubríamos a tiempo hubieran sido más escandalosas”.

La jefa de la comisión le pidió a Mario Cafiero fundamentalmente que aportara todo lo que había trabajado en materia de deuda externa. “Con Lilita veíamos en ese momento que había una relación muy evidente entre el lavado de dinero y el endeudamiento externo -recuerda Cafiero-. Es decir, por un lado se endeudaba el país y por otro había operaciones de lavado y las divisas terminaban fugándose. Ahí es donde uno puede descubrir que todo esto tiene una lógica, que es un sistema de vaciamiento, de elusión, de evasión y de sacar las riquezas fuera del país”.

Cuando Elisa Carrió les habló a Carlos Soria y Cristina Kirchner de la información “bomba” con la que contaba, los dos justicialistas expresaron sus dudas. Kirchner fue contundente: “Claramente te digo que esta es una operación. ¿Te parece que Menem y toda esta gente van a tener cuentas a su nombre?”.

“La verdad es que Carrió fue metiendo en la investigación cosas que tenían más que ver con la necesidad de una difusión de temas sin sustento, por eso fue que la operaron muchas veces, que le vendían información trucha”, remarcaría años después Margarita Stolbizer al recordar los episodios de esos tiempos.

Lilita había trasladado el material a su departamento de la avenida Santa Fe, lo que condujo a la santacruceña a acusarla de “llevarse la comisión a su casa”. Y literalmente así era, porque allí trabajaban Carrió, Ocaña y los máximos allegados a la chaqueña, que deambulaban por habitaciones llenas de papeles, computadoras y carpetas, lo cual llevaba a preguntarse para qué habían pedido mejores oficinas para la comisión, que finalmente se había trasladado a otro edificio de la avenida Entre Ríos.

“Es cierto que muchas cuestiones de la comisión se manejaron desde el domicilio personal de su presidente, pero eso respondía a una cuestión de reserva de las fuentes que aportaban a la comisión y de la falta de seguridad que representaba el lugar físico de la comisión”, justificaría Graciela Ocaña. Mario Cafiero, a su vez, lo explicó asegurando que no tenían del Congreso todo el soporte institucional, administrativo y de seguridad para hacer las cosas, y “Lilita optó por lo más seguro; es decir, tener un equipo propio que le pudiera dar resultados”.

En su casa se presentó Chuck Norris cuando tuvo los papeles prometidos. Mario Cafiero estaba presente al reaparecer este supuesto oficial de las Naciones Unidas que era realidad un estafador con antecedentes judiciales por defraudación. A tal punto era frágil el material presentado que había logos bajados de Internet...

La “información” fue inmediatamente presentada ante el juzgado de María Servini de Cubría, quien incorporó el material al testimonio que ya había dado Carrió en la causa por enriquecimiento ilícito que se le seguía a Domingo Cavallo. Al presentar el preinforme en forma pública, acusaron a Cavallo de tener una cuenta en las Bahamas junto a David Mulford y los hermanos Rohm. El entonces ministro replicó con una carta documento en la que les advertía que los querellaría.

Recién a fines de septiembre Carrió admitió la posibilidad de haber sido objeto de una operación, como finalmente se comprobaría. Carrió terminó siendo acusada por Domingo Cavallo por falsificación de documento y falso testimonio.

“Cristina y yo fuimos muy críticas, sobre todo por la utilización que Carrió hizo del trabajo de la Comisión -afirmó años después Margarita Stolbizer para el libro Cristina K. La dama rebelde, de editorial Sudamericana-. Ese trabajo tenía una vocación de ser serio, como premisa de todos los que la integrábamos. Terminó frustrándose sobre todo por la intención de aprovechamiento que tuvo en particular Lilita de ese tema y también en gran parte por esta necesidad de competencia exagerada que se había planteado entre las dos. El resto a veces sentíamos que presenciábamos una competencia muy fuerte entre Cristina y Carrió, que rivalizaban absolutamente en todo, tratando de capitalizar y centralizar el trabajo, sobre todo en lo que tenía que ver con la puesta en escena de lo hecho por la comisión. Y creo que eso fue en gran parte el motivo por el que la investigación terminó frustrándose”.

La presentación del preinforme hecha por la presidencia de la comisión fue la gota que rebalsó el vaso, porque sonó más a lanzamiento político del ARI que a una austera exposición de lo actuado. Fue el viernes 10 de agosto de 2001, en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, donde Carrió apareció rodeada por diputados de otros partidos que luego se sumarían a lo que sería el ARI.

Lilita había decidido en forma unilateral que fuera ese día el de la presentación, convencida de que ya se estaban produciendo filtraciones perniciosas, y que tanta información no aguantaba aguardar el siguiente fin de semana.

Rodrigo Herrera Bravo, que asesoró a Kirchner en esa investigación, consideró que el desenlace de la misma “fue muy poco serio”. Lo evocaría recordando que “la comisión había hecho una suerte de pool de asesores y había distribuido las causas. En un momento dado, se iba a elaborar un despacho, entonces Cristina me pide un informe de las dos causas que me habían tocado: armas y Cartel de Juárez. Cuando llega el momento de elaborar el despacho, pensamos que se iban a juntar todos los asesores y los diputados con las causas que les tocaron, para analizar y consensuar un documento, pero no fue así el proceso. Hubo una reunión de asesores donde comenzaron a caer cajas con un informe ya fotocopiado que traía la gente de Lilita Carrió. Lo ponen sobre la mesa y dicen: bueno, es esto. Ahí había todo un análisis sobre la matriz de la corrupción en la Argentina, que arrancaba desde Rivadavia y la Baring Brothers, todo un análisis histórico...”.

Testigos aseguran que hasta último momento hubo pujas para sacar gente del informe, argumentando que no había pruebas, sino alegatos y posiciones de los denunciantes.

Fue el jueves 9 de agosto de 2001 por la noche en la casa de Carrió. Allí, fue llamando uno a uno a los integrantes de la comisión y la presidenta les entregaba copias del informe para que lo firmaran. Cuando llegó el turno de Cristina Kirchner, le mostró las 989 hojas y le dijo que tenía que firmarlo, a lo que la santacruceña se negó. Carrió le sugirió que lo leyera durante la noche y lo trajera firmado al día siguiente, a lo que la futura presidenta contestó con un “vos estás loca, mirá si me voy a quedar leyendo todo esto de un día para el otro...”. La discusión fue creciendo y CFK advirtió que estaban denunciando “lavado de dinero”, a lo que Carrió le dijo que tenía pruebas sobre las cuentas en Suiza de Menem, Ramón Hernández, Mulford y Cavallo, y la diputada santacruceña le reiteró su advertencia sobre la operación de la que estaban siendo víctimas. Se cruzaron feo; Cristina aseguraba que ella podía caer en la trampa que significaba tirar nombres y citas equivocadas que podrían impugnar el informe. Su antagonista le replicó que la estaba tomando por “boluda” y que le estaba boicoteando el informe...

Carrió diría más tarde que Cristina no había tenido tiempo de leer el informe porque tardaba mucho en maquillarse. Incluso, a partir de entonces Lilita comenzó a llamarla “la hermanastra de Cenicienta”.

Al día siguiente, el mismo viernes de la presentación del informe, Carrió hizo un último intento por sumar las firmas de sus compañeros de comisión. La reunión fue esta vez en las oficinas de la avenida Entre Ríos, pero ni Pernasetti ni Caviglia fueron a ese último encuentro, en el que Cristina sumó más argumentos a sus críticas. Se había enterado de que el fin de semana anterior algunos integrantes de esa comisión habían participado de un encuentro con un funcionario suizo que había llegado luego de que Carrió, Gutiérrez y Ocaña viajaran a Suiza.

Margarita Stolbizer, en tanto, acababa de enterarse a través de su asesora de prensa de que se estaba juntando gente en Pasos Perdidos que aguardaba la conferencia de prensa. Ahí estalló la entonces diputada radical, afirmando que se trataba de una traición y de que estaban preparando un acto político. “¡Nos utilizaste para lanzar tu candidatura!”, le enrostró indignada.

Fue todo a los gritos, y quienes estaban afuera escuchaban todo a través de las finas paredes que sólo impedían ver las imágenes de quienes adentro confrontaban.

La noche anterior, Carlos Soria había mostrado cierta predisposición a firmar el informe. Le había confesado a Kirchner sus temores por enfrentar nada menos que a la dirigente con mejor imagen de la Capital y tal vez del país. Al final, terminó haciendo causa común con Cristina, más arrastrado por esta que convencido.

A Lilita le cayeron algunas lágrimas de indignación y acusó a Cristina de sólo pretender figurar. “Yo no le firmo sin leer a nadie, ni a mi marido... ¿Cómo te voy a firmar eso a vos? -insistía Cristina-. Dame el fin de semana al menos”.

“Tiene que ser hoy”, insistió Carrió, advirtiendo el riesgo de filtraciones durante el fin de semana. La gente de Carrió afirmaba entonces, y lo seguiría asegurando en el futuro, que era tal la urgencia que cualquier cosa que hubiera dilatado la presentación del informe implicaría filtración de la información.

“Había mucha gente trabajando en esto y las operaciones eran terribles, porque estábamos tocando posiblemente los cayos más sensibles del mundo, no solamente de la Argentina”, sostuvo Gustavo Gutiérrez, quien confesaría que le costó firmar algunos despachos por su propia formación en un partido provincial (el Demócrata de Mendoza) que tiene una actitud conservadora frente al ordenamiento de la toma de decisiones de la cosa pública y respeta las formas. “Pero de ninguna manera admito que por una cuestión de forma uno esté explicando que no firmó; me parece que como excusa es sumamente sospechosa”, remarcó.

Otros miembros de la comisión se plegaron a la idea de tomarse el fin de semana para estudiar el informe, pero Carrió insistió en su postura. Para entonces en Pasos Perdidos la concurrencia era amplia y variada: había Madres de Plaza de Mayo, el padre Farinello, Laura Guinsberg de Memoria Activa, y gente que cantaba: “Si la tiran a Carrió al bombo/va a haber quilombo...”. Era un nuevo elemento para agregar a la pelea y Cristina se lo echó en cara a Carrió.

Fue el final de la relación entre ambas. Elisa Carrió firmó un despacho con José Vitar -quien lo hizo luego de consultarlo a Chacho Alvarez-, Graciela Ocaña y Gustavo Gutiérrez. Al justificar la ausencia del resto de las firmas, Elisa Carrió sostuvo que los radicales y peronistas que no habían suscripto el informe habían actuado así por temor y que más adelante volverían y firmarían.

Cristina le respondió a través de los medios que jamás firmaba algo a libro cerrado y que “la única vez que tuve miedo fue cuando estuve presa durante la dictadura”. Cabe aclarar que no hay datos de que Cristina haya estado detenida alguna vez, pero esa es otra cuestión.

Daniel Scioli elaboró su propio dictamen y los radicales Pernasetti y Stolbizer hicieron otro informe. Cristina Kirchner, que firmó un dictamen junto con Soria y Caviglia, le replicó a Carrió en una conferencia de prensa realizada el lunes siguiente de la presentación del primer preinforme. Allí dijo que el intento de apurar la elaboración del informe preliminar había sido “una actitud de verdadera descortesía, ya que el texto de 1.500 páginas se giró una hora antes de su presentación al resto de los diputados de la comisión para que lo suscribiéramos”.

Al enumerar sus cuestionamientos, Cristina señaló una contradicción entre Gustavo Gutiérrez y la diputada Carrió, porque “ésta involucró a Cavallo y al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, en operaciones de lavado, pero después el diputado mendocino aseguró que estos funcionarios del Gobierno no tienen relación directa con maniobras de lavado”.

Comentó también que en un capítulo era nombrada Ana Mosso como accionista de la financiera Magitour que, según el informe, habría estado involucrada en las operaciones de narcotráfico conocidas como Chimborazo y Transafec. Pero “sugestivamente en el informe no figura el compañero partidario de Gutiérrez, el diputado demócrata Carlos Balter, que era síndico de esa misma empresa”.

Como réplica, Gutiérrez aseguró que esa fue “una de las picardías que puso Fernández de Kirchner”, quien a su juicio no le estaba pegando con ello a Balter, sino a Ana María Mosso, relacionada con el menemismo. “Su enfrentamiento con el menemismo o su rivalidad con Carrió no han sido razonables para entorpecer una investigación, y además se demostró que era equivocado lo que estaba diciendo -señaló-. Tanto es así que el que tiró esto como un escándalo fue un programa de investigación y ante demandas que le hicieron tanto Mosso como Balter no sólo tuvieron que retractarse, sino también indemnizar a la exdiputada por difundir esta teoría incierta de Cristina”.

Otra contradicción citada fue respecto a la jueza Servini de Cubría. Carrió y Gutiérrez, dijo Kirchner, habían sostenido en el Senado norteamericano que la citada magistrada no habría colaborado en la investigación judicial sobre operaciones sospechosas del BCCI, mientras que en la conferencia de prensa del viernes anterior habían destacado la “actitud de colaboración” de Servini de Cubría en la investigación de la Comisión.

También Stolbizer criticó a Carrió, acusándola de haber utilizado aquella presentación como “plataforma de lanzamiento de su partido político, porque en ese momento anunció la creación del ARI. Ella utilizó el trabajo que todos habíamos hecho. Hizo como propia la presentación de un trabajo que todos habíamos hecho. Por eso se desbarató todo, ya que no había ni siquiera voluntad común de seguir; se siguió a las cansadas, pero cuando se llegó al final, cada uno presentó un informe por separado”.

Graciela Ocaña trató de no ser tan crítica a la hora de evaluar lo actuado por la Comisión Antilavado: “Fue muy bueno, porque permitió establecer cómo, a través de un sistema financiero paralelo, se fugaban capitales oscuros en nuestro país, sin pasar por los mecanismos legales establecidos”. A la hora de evaluar los resultados, destacó “el inicio de varias causas judiciales, como la del Banco General de Negocios. Otra importante causa es la del Banco Velox”. Ambas entidades terminaron con sus directivos presos.

En el futuro, todos firmarían las conclusiones y recomendaciones que la comisión elevaba a la Cámara baja, que nunca trató ese informe. Era fines de 2001 y el país estaba a punto de estallar por los aires.

Aun no habiendo sido miembro designado, sino colaborador de la comisión, el diputado Cafiero resaltó que la misma pudo comprobar vinculaciones con casos de narcotráfico, lavado de dinero en bancos, pago de comisiones en el caso de las empresas telefónicas, el caso armas y hasta el involucramiento de un banco nacional en las operaciones de lavado. “Hubo un seguimiento importante y conocimiento de cómo eran los mecanismos financieros y bancarios. Todo esto evidentemente provocó una gran reacción por parte del establishment financiero, de los medios de comunicación relacionados con este establishment, y se quiso denostar la tarea de la comisión diciendo que no había pruebas. Lamentablemente nuestra tarea no es llevar adelante el trámite judicial; sólo somos legisladores, podemos investigar hasta un momento y luego los jueces deben continuar con esa tarea”, remarcó.

Con relación al papel de Cristina Kirchner, algunas fuentes fueron más lejos en las críticas y hablaron de cierta intencionalidad para que no se revisara con detenimiento una segunda tanda de cajas con información sobre transacciones realizadas con los bancos en las Islas Caymán. Citaban una reunión realizada en el departamento de Elisa Carrió en la que un viejo enemigo político de los Kirchner en Santa Cruz habría dado supuesta información sobre el destino de una parte de los intereses del dinero de la Provincia depositado en cuentas de Estados Unidos, lo cual justificaría el interés por obviar esa segunda tanda de cajas. Empero, esa línea investigativa no se siguió nunca, ni Carrió la planteó jamás públicamente.

Con el tiempo, se deslizó que la intención definitiva de los Kirchner de que Cristina integrara esa comisión fue asegurarse de que la investigación sobre Mercado Abierto no involucrara el manejo de los fondos de Santa Cruz.

Quienes firmaron el controvertido preinforme que desató la tempestad siguen convencidos de que un despacho único hubiera fortalecido la investigación y hubiera ayudado un poco más, porque no hubiera dividido esfuerzos.

Casi tres años después de esos episodios, cuando la situación judicial del expresidente Menem comenzó a ponerse más complicada, Elisa Carrió volvió a los tribunales para declarar contra el riojano, oportunidad en la que buscó reivindicar el papel de la Comisión Antilavado que ella había dirigido. “Luego del 10 de octubre de 2001, nos confirmaron la presencia de cuentas de Menem y después de Ramón Hernández en Suiza. Curiosamente, los que nos trataban de locos y mentirosos en aquella época ahora están presurosos por conseguir los detalles de la existencia de aquellas cuentas”.

Reconoció, eso sí, que muchos de los datos que entonces le llegaban eran incorrectos, pero destacó con respecto a las cuentas bancarias cuyos fondos fueron inmovilizados en Suiza que “evidentemente el lugar del depósito era el correcto, aunque no se correspondían los bancos y los números de cuenta. En esos días era muy difícil discernir la información verdadera de la falsa, sobre todo porque el Gobierno nacional estaba en contra de la investigación. Ese tipo de errores en los que caímos eran típicos de algunas operaciones de contrainteligencia de las que fui víctima”.

Sin embargo, el paso del tiempo no alcanzó a apaciguar el sabor amargo que les quedó a quienes integraron esa comisión, cuya crítica más fuerte partió precisamente de Cristina Kirchner, Carlos Soria y Franco Caviglia, quienes al presentar su propio informe advirtieron, lapidarios: “El balance final de la Comisión no resulta demasiado alentador, porque la existencia de cuatro informes -todos en minoría- en una comisión que sólo cuenta con diez integrantes y cuyo objeto era investigar hechos ilícitos, revela de manera inocultable un fracaso institucional”.