El oficialismo enfrentará este jueves una nueva pulseada en el Senado, donde la oposición se dispone a revertir el veto presidencial a la ley que garantiza el envío automático de fondos a las provincias. La sesión incluirá además el tratamiento de iniciativas vinculadas a la salud, la seguridad y la justicia, con fuerte contenido social.
En una nueva sesión cargada de contenido político y social, el Senado debatirá este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece una redistribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Se espera que la oposición reúna los dos tercios necesarios para insistir con la norma, en lo que sería un nuevo revés institucional para el Ejecutivo.
Será al día siguiente de una nueva y sonora derrota legislativa, en este caso en la Cámara baja. El tratamiento del veto será el primer punto del orden del día, y todo indica que la Cámara alta repetirá la contundente mayoría alcanzada el 10 de julio, cuando la ley fue aprobada con 56 votos afirmativos y apenas uno en contra.
El proyecto, impulsado por todos los gobernadores del país, busca garantizar una distribución más equitativa y previsible de los fondos nacionales, en un contexto de creciente tensión entre la Casa Rosada y las provincias por la falta de asistencia financiera. En Diputados, la norma también obtuvo una amplia mayoría (143 votos a favor), aunque no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la ley tras el veto.
Una agenda con fuerte impronta social
Tras el debate sobre los ATN, el Senado abordará otros proyectos de alto impacto social. Entre ellos, la llamada “Ley Nicolás”, inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven que falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo. La iniciativa apunta a mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria, mediante la protocolización de procesos, la incorporación de tecnología y la jerarquización del trabajo del personal de salud.
También se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.
Por último, se debatirá una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes. El proyecto, presentado por las senadoras Victoria Huala y Beatriz Ávila, propone penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir cuando concurran factores como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o fuga del lugar del hecho.
La sesión, prevista para las 11, se da en un clima de creciente tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que ya sufrió esta semana el rechazo de dos vetos en Diputados. De concretarse un nuevo revés en el Senado, el Gobierno de Milei sumaría otro golpe institucional en medio de un escenario económico cada vez más inestable.
Las comisiones de Seguridad Interior y Justicia dictaminaron proyectos para crear un marco legal en la búsqueda de personas y formalizar el sistema de Alerta Sofía. También se aprobó una iniciativa que agrava las penas por falsas denuncias, impulsada por la senadora Carolina Losada.
Las comisiones de Seguridad Interior y Justicia pasaron a la firma el dictamen unificado sobre personas desaparecidas y la implementación del sistema de Alerta Sofía. Además, la Comisión de Justicia pasó a la firma un proyecto que agrava las penas por denuncias falsas.
Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, presidida por la senadora Carolina Losada (UCR), y de Justicia y Asuntos Penales, encabezada por el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), se reunieron esta tarde en una plenaria en el Salón Illia.
Durante el encuentro, se dio continuidad al análisis de dos proyectos de ley impulsados por el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal). El primero busca establecer un marco normativo que facilite la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas, mientras que el segundo propone la creación del Sistema de Alerta Rápida “Sofía”, destinado a la difusión urgente de casos de menores desaparecidos.
La senadora Losada destacó que “es el tercer encuentro en el que tratamos estos dos proyectos. La idea es que hoy podamos dictaminar sobre estas iniciativas de ley las cuales fueron unificadas”.
A su turno, el senador Romero valoró positivamente los aportes realizados y la unificación de ambos proyectos: “Las contribuciones han sido muy buenas y enriquecedoras”. En el mismo sentido, el senador Pagotto manifestó su acuerdo en emitir dictamen favorable para ambas iniciativas.
Finalizado el debate, se procedió a pasar el dictamen a la firma de los legisladores presentes.
Posteriormente, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales continuó con su agenda, abordando un proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada, que propone modificar el Código Penal de la Nación en relación con la tipificación y sanción de las denuncias falsas.
En ese marco, la senadora Losada aclaró: “Este no es un proyecto contra las mujeres, es un proyecto contra las mentiras, sin importar el género de quien las cometa”. El senador Luis Juez expresó su acompañamiento al proyecto en discusión. Al final del encuentro se pasó para la firma el dictamen sobre dicha iniciativa de ley.
El plenario tuvo como principal expositor a un funcionario salteño, quien destacó el espíritu de las iniciativas. Las autoridades de la reunión anunciaron más reuniones con funcionarios.
Las comisiones de Seguridad y Narcotráfico, y Justicia de la Cámara alta se reunieron este miércoles en un plenario para comenzar con el debate de los proyectos de ley para establecer el marco normativo para la facilitación de búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas; y el que busca la creación del sistema de alerta rápida Sofía. La reunión contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras.
“Es una gran deuda crear un registro nacional unificado que sistematice la búsqueda de personas y pueda ser utilizado por todas las provincias”, señaló el funcionario, ante los titulares de las comisiones Carolina Losada (Seguridad y Narcotráfico) y Juan Carlos Pagotto (Justicia).
Del mismo modo, el funcionario del gobierno de Gustavo Sáenz advirtió sobre la actual fragmentación normativa y la dispersión de registros existentes en el país, lo que dificulta la eficacia de las acciones estatales frente a las desapariciones.
Con relación a la creación del sistema de alerta rápida Sofía, Solá Usandivaras destacó al proyecto de ley (ambos fueron impulsados por Juan Carlos Romero de Cambio Federal), y añadió que “es un muy buen programa del Ministerio de Seguridad de la Nación, creo que lo positivo de hacerlo ley es que se le va a dar la visibilidad que tiene que tener a nivel nacional”.
En el cierre del encuentro plenario, la titular de Seguridad y Narcotráfico, la senadora santafesina Carolina Losada, anticipó que otros funcionarios del Gabinete nacional expondrán en una próxima reunión informativa.
La iniciativa fue presentada por la radical Gabriela Brouwer de Koning que propone agilizar los tiempos de la activación de la alerta modificando la forma en que se viabilizan la denuncia penal previa.
En medio de la conmoción por la desaparición hace más de 10 días del pequeño de 3 años Lian Gael Flores, en la provincia de Córdoba, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (UCR) presentó un proyecto por el cual reclama al Gobierno modificar el Programa “Alerta Sofía”, con el objetivo de agilizar y mejorar la efectividad en la búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. La iniciativa fue trabajada junto a Red por la infancia: “Cuando un niño desaparece, el tiempo es clave”.
“El Programa ‘Alerta Sofía’ fue creado en 2019 y está basado en el sistema AMBER de EE.UU. Si bien ha demostrado ser una herramienta valiosa, su implementación en Argentina necesita mayor agilidad. Mientras que en Estados Unidos la mayoría de las alertas se activan dentro de las primeras horas (entre 3 y 6 horas tras el reporte), en nuestro país el protocolo recomienda esperar hasta 72 horas. Ese tiempo es más que suficiente para que las redes de crimen organizado saquen a un niño del país”, explicó la diputada.
La efectividad del sistema depende de la rápida difusión de la información, pero en Argentina los tiempos burocráticos y judiciales siguen siendo un obstáculo. La activación de la alerta requiere de un trámite judicial que puede demorar días, cuando cada minuto cuenta.
“En el caso Loan, la alerta se activó 24 horas después. En el caso de Ramona Mercado, la policía ni siquiera tomó la denuncia hasta el día siguiente. En el caso de Guadalupe Lucero, la alerta recién se activó 96 horas después y pasaron seis meses hasta que intervino la justicia federal”, agregó.
Entras las modificaciones propuestas se destacan:
"La ‘Alerta Sofía’ es una herramienta invaluable, pero necesita adaptarse a la realidad actual para ser verdaderamente efectiva. Cuando un niño desaparece, el tiempo es clave. Debemos modernizar este sistema para evitar que más familias pasen por la angustia de la espera", concluyó Brower de Koning.
Se trata de una norma que establece mecanismos de coordinación entre organismos del Estado a los efectos de intervenir articuladamente con el Poder Judicial, a fin de encontrar a esas personas.
Con la intención de generar mecanismos para hallar a personas cuyo paradero sea desconocido, la Legislatura de la Ciudad aprobó –este jueves- la creación de un Sistema de Búsqueda de personas con paradero desconocido, el cual coordinará y articulará el funcionamiento de los organismos intervinientes a nivel local, y con otras jurisdicciones mediante la celebración de convenios, a los fines de receptar denuncias, impulsar la investigación, y asesorar en la búsqueda de las mismas.
Asimismo, propone la crearon un Sistema de Alerta Amber en distrito capitalino, la cual podría complementar el Alerta Sofía que rige a nivel nacional.
El sistema intervendrá frente a casos de personas con paradero desconocido y personas halladas con identidad desconocida en el ámbito de la Ciudad. El mismo buscará “establecer mecanismos de coordinación con los demás organismos del Estado a los efectos de intervenir articuladamente con el Magistrado a cargo de la investigación, en la búsqueda de personas con paradero desconocido, previa solicitud del mismo” y “colaborar en la implementación de planes de capacitación y formación permanente para los miembros del Sistema, miembros del Poder Judicial y Ministerio Público de la Ciudad, y la Policía de la Ciudad”, entre otras cuestiones.
Además propone la crea de un “Registro de personas con paradero desconocido y personas halladas con identidad desconocida de la Ciudad de Buenos Aires”, que funcionará bajo la órbita del Sistema en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. El mismo reemplazará al Registro de Búsquedas de Personas Adultas con Padecimientos Mentales y Adultos Incapaces creado por la Ley 1.156.