Con el aval del titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas resolvió la ampliación de auditorías en proceso en la Agencia Nacional de Discapacidad y en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica por el caso de los presuntos pagos ilegales que involucraría a funcionarios y por el fentanilo contaminado que produjo un centenar de víctimas.

La Bicameral es presidida por Miguel Pichetto y volverá a reunirse con el objetivo de aprobar la ampliación del Plan de Acción Anual 2025. Cabe recordar que Olmos se presentó este martes para dar conocimiento del PAA del período 2026. “Voy a proponerles una ampliación del objeto para la auditoría en curso. Le solicito a la comisión que apruebe con tal alcance del plan vigente”, señaló el titular de la AGN.

“Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención del Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado de conocer”, plantearon los senadores nacionales Guadalupe Tagliferri, Martín Lousteau y Pablo Blanco.

Sobre el PAA 2026, el titular de la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas destacó que “es importante que analicemos el Plan de Acción Anual para que juntos podamos concluirlo de manera colaborativa”. Fue en ese momento que Olmos, presentó, también, los avances en los informes programados durante 2025, las conclusiones y los desafíos para el año próximo.

Respecto a las auditorías a universidades nacionales que la Bicameral solicitó, Olmos expresó: “En primer lugar, se encuentra la auditoría encargada a cuatro facultades de la UBA (Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y Psicología), que representan un peso significativo dentro del presupuesto general de la UBA”, y destacó: “Las cuatro auditorias, han sido concluidas, se han remitido las vistas al auditado y los informes estarán disponibles a partir de la primera quincena de noviembre de este año”.

“Este año, también, finalizaremos las auditorias de las universidades del Nordeste, de Córdoba, y avanzaremos con los informes de las universidades de Salta, La Plata y Catamarca. Así como las auditorias transversales sobre las acciones de bienestar estudiantil y compras y contrataciones que se inicia en el 2026”, concluyó Juan Manuel Olmos, titular de la AGN.

Por último, el presidente de AGN reveló que el Banco Central (BCRA) restringió el intercambio de información sobre los lingotes de oro girados al exterior y que no se puede determinar “dónde están”. “El proceso de intercambio de notas se ha agotado. Ha motivado la negativa del BCRA, en la forma que establece la AGN, a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro”, remarcó Olmos en su presentación ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta.

Después del escándalo desatado por la remoción de Diego Spagunuolo en la ANDIS, diputados nacionales de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el radicalismo presentaron una nota ante Miguel Pichetto, en su rol de presidente de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, para exigir que la Auditoría General de la Nación revise los contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.

“Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención de este Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado aún de conocer”, señalaron los legisladores firmantes del escrito.

La nota fue encabezada por Pablo Juliano, Mariela Coletta, Danya Tavela, Marcela Coli, Carla Carrizo y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre; Nicolás Massot, Margarita Stobizer, Esteban Paulón, Mónica Fein y Juan Brügge de Encuentro Federal; Juan Manuel López, Paula Oliveto y Mónica Frade de la Coalición Cívica; y Natalia Sarapura, Gabriela Brouwer de Koning, Julio Cobos y Fabio Quetglas de la Unión Cívica Radical.

Así las cosas, los diputados mencionados señalaron en el texto motorizado: “Nos referimos a las graves denuncias de sobornos que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y que alcanzan los más altos rangos del Poder Ejecutivo Nacional. Así como también, la peligrosa y lamentable situación sanitaria producida por el fentanilo contaminado”.

Remarcaron, además, que resulta “imprescindible llevar adelante un control externo del funcionamiento de la ANDIS que despeje dudas sobre su labor en general y, muy específicamente, sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la Droguería Suizo Argentina”.

Además, pidieron llevar a cabo auditorías sobre la ANMAT con el objetivo de “obtener conocimiento preciso de cuáles son sus procedimientos y sistemas de alerta”. Y agregaron que “particularmente, en relación a las observaciones realizadas a la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo”.

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, Pablo Yedlin, presentó un proyecto de ley para crear formalmente por ley la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y declarar de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de la salud de la población.

La iniciativa apunta a dotar al organismo de mayor jerarquía normativa, autonomía administrativa y recursos propios, consolidando sus competencias en materia de control de medicamentos, alimentos, cosméticos, productos de higiene y tecnologías sanitarias. La ANMAT, creada en 1992 por decreto, pasaría así a tener rango legal, lo que según Yedlin garantiza “estabilidad institucional y transparencia en sus funciones”.

El proyecto establece que el ente funcionará como organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Salud, con atribuciones para fiscalizar procesos de producción y comercialización, autorizar registros, aplicar sanciones, coordinar con otros organismos y actuar de forma inmediata ante riesgos sanitarios. También prevé un régimen escalafonario propio para su personal y la posibilidad de generar recursos a través de tasas, convenios y sanciones.

Entre los fundamentos, Yedlin recordó episodios de alto impacto sanitario como el escándalo del propóleo adulterado en 1992, que provocó más de 20 muertes, y la reciente crisis por el fentanilo contaminado, con más de un centenar de fallecidos. “Estos hechos demostraron las graves consecuencias de las fallas de control y la necesidad de un organismo con capacidad técnica, independencia y eficacia para resguardar la salud pública”, señaló.

El legislador tucumano subrayó que, a lo largo de los años, la ANMAT ha ganado prestigio a nivel nacional e internacional, pero advirtió que “los desafíos actuales, como la globalización del mercado farmacéutico, la aparición de medicamentos biotecnológicos y el comercio ilegal de fármacos, obligan a fortalecer y ampliar sus capacidades”.

Con este proyecto, Yedlin busca que el Congreso jerarquice y consolide a la ANMAT como garante de la seguridad sanitaria en el país.

El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández, representante del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados de la Nación para crear una comisión investigadora en el ámbito de la Comisión Permanente de Acción Social y Salud Pública.

El objetivo es determinar las responsabilidades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la distribución de fentanilo contaminado, un hecho que, según registros preliminares, causó la muerte de al menos 68 personas en distintas provincias argentinas.

El proyecto, que busca esclarecer las fallas en los controles sanitarios, propone evaluar la actuación de la ANMAT en la supervisión de los laboratorios productores, analizar el circuito de distribución del medicamento en hospitales y clínicas, y verificar si se cumplieron los protocolos de control de calidad y seguridad. Además, se plantea determinar el número exacto de víctimas y establecer la relación causal entre el fentanilo contaminado y los fallecimientos.

La iniciativa establece que la comisión estará integrada por dos representantes de cada bloque o interbloque de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, quienes elegirán a sus autoridades y dictarán su propio reglamento, con aplicación supletoria del Reglamento Interno de la Cámara.

Para sesionar, se requerirá la mayoría de los miembros, aunque podrá funcionar con un tercio de ellos tras media hora de espera. La comisión tendrá un plazo de tres meses para presentar un informe final con conclusiones y recomendaciones, que será publicado en el Boletín Oficial del Congreso Nacional.

En los fundamentos del proyecto, Araujo Hernández destaca la gravedad de la crisis desatada por la distribución de fentanilo contaminado, un analgésico opioide de uso hospitalario que requiere estrictos controles debido a su alto riesgo toxicológico. “La sospecha de que el medicamento contaminado logró ingresar y distribuirse en hospitales y clínicas sin detección oportuna exige una investigación exhaustiva”, sostiene el diputado.

El texto también subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sanitario para prevenir futuros episodios y restituir la confianza en el sistema de salud.

El proyecto propone cinco objetivos clave: evaluar la supervisión de la ANMAT, analizar la trazabilidad del medicamento, verificar el cumplimiento de protocolos de calidad, cuantificar las víctimas y proponer medidas normativas para evitar nuevos casos. “Este hecho ha conmovido profundamente a la sociedad argentina y constituye una grave crisis de salud pública con implicancias sanitarias, legales y políticas”, señala el diputado en los fundamentos.

La creación de esta comisión investigadora busca no solo esclarecer las responsabilidades en este caso particular, sino también garantizar que las autoridades regulatorias cumplan eficazmente sus funciones, protegiendo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Nacional.

Araujo Hernández solicita a sus pares la aprobación del proyecto, considerándolo un paso esencial para garantizar la seguridad sanitaria y la transparencia institucional en el país.

Durante los años previos al arribo de Javier Milei a la Presidencia de la Nación, el espacio libertario fue uno de los principales detractores de la Ley de Etiquetado Frontal. Este jueves el Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dispuso una serie de cambios a la Ley 27.642.

Por medio de la disposición 11378/2024, el Poder Ejecutivo Nacional señaló que “queda prohibido publicitar, promocionar y/o patrocinar alimentos y bebidas analcohólicas envasados dirigidos especialmente a niños y adolescentes”. En ese punto, aclaró que consideran niños a los menores de 13 años, y adolescentes a quienes tienen entre 13 y 16.

En el segundo punto, también aclaró que los alimentos y bebidas analcohólicas envasados que contengan al menos un sello de advertencia “deberán propender al consumo adecuado del producto, presentando sus propiedades objetivamente sin engaños o equívocos, brindando información veraz, precisa y clara e incluir la denominación de venta y el nombre comercial del producto”.

Asimismo, la disposición exige que toda publicidad destinada al público general incluya información clara y veraz sobre los sellos de advertencia, edulcorantes o cafeína que puedan contener los productos. También se establece que las promociones deben propender al consumo responsable, y evitar engaños o ambigüedades en la presentación de los alimentos.

Los productos etiquetados bajo la normativa podrán mantenerse en circulación hasta agotar existencias, pero las nuevas adaptaciones serán obligatorias para toda producción futura, según lo informado por Anmat en la disposición.

En el marco del Día Mundial de la lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), la diputada nacional Virginia Cornejo (Pro – Salta) presentó un proyecto de declaración cuyo objetivo es expresar preocupación por la demora en la aprobación del medicamento MX0035 para el tratamiento dicha enfermedad.

Además, en la iniciativa insta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que” ordene al ANMAT que agilice los trámites necesarios”.

En el mismo sentido y acompañando la iniciativa se expresó la diputada de Evolución Radica Danya Tavela: "En el Día Mundial de Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, acompaño el proyecto de la diputada Virginia Cornejo para que la ANMAT acelere la aprobación del medicamento MX0035 que permite tratarla y mejorar la calidad de vida de las personas que cursan esta enfermedad".

Con el objeto de descomprimir la concurrencia a los centros de testeo en el marco de una tercera ola de Covid que está marcando cifras récord de contagios, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió autorizar el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-Cov-2.

Ante ello, y considerando que estos test y autotest aprobados por la ANMAT deben ser económicamente accesibles para todos los ciudadanos, el diputado nacional del Frente de Todos Lucas Godoy (Salta) presentó un proyecto tendiente a que el Estado asegure la provisión de esos elementos.

El mismo busca que dichos métodos sean operativos y prácticos y para tal fin considera “imprescindible” la intervención del Estado Nacional en la fijación de precios de referencia, “a fin de garantizar la disponibilidad de los productos a cada usuario y usuaria, sin limitaciones económicas y financieras de ningún tipo y para evitar, además, abusos y prácticas desleales”.

De tal manera, Godoy propone que el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Secretaría de Calidad en Salud, y el Ministerio de Desarrollo Productivo por medio de la Secretaría de Comercio Interior, establezcan los precios de referencia de los test PCR, de antígenos, de amplificación isotérmica mediada por bucle o Lamp y los autotest de coronavirus de venta libre en farmacia, mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541.

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña advirtió este sábado que recurrirá a la Justicia “si la ANMAT no responde el pedido de información para que brinde detalles técnicos y explique por qué sugirió que la vacuna Sputnik V puede ser aplicada en mayores de 60 años cuando hasta el momento no hay publicaciones de la fase 3”.

En declaraciones a Radio Mitre, la legisladora nacional señaló además que “nadie sabe las contraindicaciones de la dosis, por eso queremos que ANMAT nos diga qué información recibió para sugerir la aplicación de la vacuna en adultos mayores” y agregó que “como pacientes tenemos derechos a conocer los riesgos y qué implica esta vacuna”.

El martes pasado, Ocaña junto a los diputados Maximiliano Ferraro, Claudia Najul, Juan Manuel López y Omar de Marchi habían presentado un pedido de acceso a la información al titular de la ANMAT, Manuel Limeres, solicitando que en el plazo de 48 horas la oficina de control respondiera los requerimientos técnicos de la ampliación que recomienda la aplicación de la vacuna a personas de tercera edad.

Respecto a la reunión virtual de la que participará el ministro de Salud, Ginés González García, el miércoles próximo con la Comisión de Salud de Diputados, Ocaña adelantó que “va a ser un show para justificar por qué el ministro no ha venido nunca al Congreso desde que empezó la pandemia”.

En ese sentido, la dirigente de Confianza Pública manifestó que “ojalá conteste todo, pero el formato de la reunión, en la que solo pueden preguntar tres diputados de Juntos por el Cambio, sin repreguntas, lleva a pensar que no busca quitar dudas, sino zafar de la situación”.

Asimismo, Ocaña expresó que “el Gobierno tiene un enorme problema para adquirir vacunas por la mala gestión, hasta el momento solo llegó un diez por ciento de las vacunas rusas que habían prometido, mientras que hay otro convenio con AstraZeneca que tiene problemas con varios países del mundo y Alemania cuestiona su aplicación en mayores de 65 años".

Diputados de Juntos por el Cambio enviaron este martes un pedido de acceso a la información pública al titular de la ANMAT, Manuel Limeres, para que informe los detalles técnicos de la ampliación que recomienda la aplicación de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años, en un plazo máximo de 48 horas.

Impulsado por la diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, y acompañado por los diputados Maximiliano Ferraro, Claudia Najul, Juan Manuel López y Omar de Marchi, el escrito presentado advierte además que “a diferencia de las otras vacunas aprobadas por ANMAT que han publicado los resultados de la Fase 3 de la investigación clínica en revistas científicas de excelencia con revisión de pares, al día de la fecha, la información de los resultados de la fase 3 de la investigación de la vacuna Sputnik V, no ha sido publicada”.

En la presentación, destacan que “la Decisión Administrativa 1721/2020 de la Jefatura de Gabinete, establece en su artículo segundo que las contrataciones para la adquisición directa de vacunas Covid, deben ajustarse a los principios de transparencia en los procedimientos y publicidad y difusión de las actuaciones”.

“Los adultos mayores de 60 años no sólo son un grupo de riesgo por edad, sino que también pueden tener enfermedades concomitantes que aumentan ese riesgo, como así también el riesgo de sufrir eventos adversos relacionados con la aplicación de la vacuna con efectos graves en su salud”, sostiene el documento.

Asimismo, el pedido indica que “la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Adultas Mayores, aprobada en nuestro país mediante Ley 27360, establece en el primer párrafo de su artículo 11 que ´la persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos humanos de la persona mayor'”.

Los legisladores nacionales señalaron que “esta Convención Internacional aprobada por nuestro país garantiza el derecho de los adultos mayores a recibir toda la información necesaria para poder tomar decisiones en materia de salud, de allí que la ANMAT se encuentra obligada como agencia estatal regulatoria en materia de medicamentos a brindar la información solicitada en este escrito”.

En ese sentido, los diputados de Juntos por el Cambio coincidieron que “en relación a una investigación biomédica convencional, podemos inferir que en realidad todavía estamos en una fase de investigación y que cada individuo que reciba la vacuna será parte de dicha investigación, por lo que con más razón se hace necesario contar con toda la información relacionada con la eficacia, seguridad y posibles efectos adversos de la vacuna Sputnik V”.

La diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires) presentó un pedido de Acceso a la Información Pública al Ministerio de Salud de la Nación, para que detalle los pormenores del proceso de aprobación de emergencia de la vacuna Sputnik V que comenzará a aplicarse en todo el país.

Banfi solicitó la información, a través de lo establecido en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, por lo que el gobierno está obligado a responder en un plazo de 15 días hábiles.

“La ANMAT es quien debe autorizar el uso de las vacunas en nuestro país, como lo hizo con la de Pfizer-BioNTech. Sin embargo, para aprobar la vacuna Sputnik V, el gobierno lo hizo a través de una resolución ministerial donde incluía una simple recomendación de la ANMAT. Debió incorporar información técnica suficiente para que tenga la misma calidad de aprobación que otras vacunas”, afirmó Banfi.

Añadió que su pedido de información “busca colaborar con el esfuerzo que la sociedad argentina en su conjunto debe realizar para lograr un proceso de vacunación masivo”. También subrayó que “toda campaña de vacunación requiere la construcción de un lazo de confianza entre las autoridades públicas y la población, y la claridad de los procesos y la calidad de la información son esenciales para la creación de esa confianza y el éxito de la campaña”.

La diputada radical le solicitó al ministro González García que detalle la necesidad de que una delegación oficial viaje a Rusia a los fines de realizar una verificación técnica de los establecimientos y procesos de fabricación. “No se hizo lo mismo con las demás vacunas. No hemos visto funcionarios que viajen a Estados Unidos a verificar la vacuna de Pfizer o a Gran Bretaña para hacer lo mismo con la AstraZeneca”, dijo Banfi.