La Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior, presidida por el senador Martín Göerling (Pro), se reunió para modificar su reglamento con el fin de crear una subcomisión técnica de seguimiento e información del sistema de seguridad, por impulso del diputado José Glinski (UP).

Según lo establecido, una vez conformada, la subcomisión podrá continuar con sus tareas incluso durante el periodo de sesiones extraordinarias. Estará integrada por un asesor en representación de cada bloque político, además de personal técnico y administrativo.

Al presentar las modificaciones, Göerling explicó que estará destinada “a ordenar el trabajo interno, elaborar informes y asistir a los integrantes de la bicameral, fortaleciendo así su capacidad técnica”.

Durante la brevísima reunión, el senador misionero detalló otro cambio en el reglamento: para que la bicameral adquiera carácter permanente, al igual que la de Inteligencia. “Esto es para evitar vacíos institucionales y permitir la prórroga de los mandatos hasta el próximo periodo legislativo", señaló.

Vicepresidente de la comisión, Glinski destacó que "estas modificaciones al reglamento permitirán cumplir dos de las principales misiones de la comisión: efectivizar la fiscalización y el monitoreo de los organismos de seguridad interior, y garantizar que el personal de la bicameral desempeñe tareas en materia de seguridad interior de manera permanente".

Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación defendieron este martes en el Senado los decretos por los cuales se modificaron las funciones de las fuerzas federales, y aseguraron que fueron en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo en la Ley de Bases.

Sin embargo, desde la oposición hicieron hincapié en que el Gobierno se "extralimitó" en dictar tales medidas y varios referentes de Unión por la Patria anticiparon que buscarán rechazar en los recintos de ambas cámaras el decreto delegado 383/25, por el cual se creó el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina.

En su exposición ante la Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, el director de Transformación Institucional, Diego Fleitas Ortiz de Rozas, señaló que "estas reformas se hicieron en el marco de la Ley de Bases", en alusión a los decretos 383, 454, 455, 456 y 457 de este año. "Se buscó fortalecer un proceso de modernización, profesionalización, actualización de los textos normativos y resolver cuestiones de personal, estructura y carrera", indicó.

A su vez, admitió que la reforma de la PFA fue "un poquito más en profundidad", teniendo como eje "darle una nueva misión y darle potestades nuevas", orientadas hacia la investigación. "Es un primer paso normativo. La Ley Orgánica no es un protocolo", explicó y apuntó que se buscó darle a la PFA "la misión de enfocarse en delitos federales y complejos", aunque "sigue teniendo residualmente otras misiones vinculadas a seguridad del Estado y orden público".

"Lo que hicimos fue reproducir textos existentes en la ley vigente de la PFA, en el Código Procesal o potestades comunes a todas las policías", argumentó.

Sobre la PFA, Fleitas Ortiz de Rozas mencionó que "sólo el 19% del personal de la fuerza estaba en área de investigación, drogas o inteligencia; y nosotros consideramos que ese porcentaje tiene que ser más alto". Por eso, los nuevos agentes están yendo "casi 100% hacia áreas de investigaciones" y "se redujo a la mitad la cantidad de integrantes suboficiales". "Una nueva policía con una estructura más horizontal y un personal más profesionalizado", destacó.

El funcionario agregó que "en el caso de Prefectura y Gendarmería lo que se hizo principalmente fue modernizar su texto normativo, se eliminaron referencias a cualquier dependencia a las Fuerzas Armadas"; mientras que "en la PSA se hicieron cambios mayores", entre los que "se incluyó la posibilidad que tuviera un subjefe, que no estaba en la estructura" y que "los cadetes sean formalmente parte de la fuerza".

Al abrirse el tramo de preguntas, el diputado José Glinski (UP) planteó que "los cambios no fueron lo suficientemente difundidos, porque no fueron lo suficientemente trabajados". En ese sentido, consideró que podía existir un "consenso" en que eran necesarias reformas en las fuerzas, pero en lo que "no hay consenso" es en "si estas reformas se pueden hacer o no por decreto".

"Todas estas series de reformas se hacen amparadas en la Ley de Bases y facultades delegadas, sin embargo hubo una acción expresa de los diputados de quitar la emergencia en seguridad", recordó y cuestionó "la legalidad y legitimidad de estas normas". "Nosotros sostenemos que son ilegales porque están hechas bajo una extralimitación del Poder Ejecutivo", afirmó el exdirector de la PSA.

A su turno, el senador Oscar Parrilli (UP) consultó cuántos son todos los efectivos de las cuatro fuerzas; cuántos eran a diciembre de 2023 y cuánto se han incrementado desde esa fecha hasta ahora. Fleitas Ortiz de Rozas respondió que aproximadamente hay 31 mil en la PFA, 40 mil Gendarmería, 5.500 en la PSA y 25 mil de Prefectura Naval. "No hubo un incremento significativo de las fuerzas, incluso en la PFA se redujo un poco. El año pasado ingresaron 450 y antes ingresaban 900 por año", indicó el funcionario.

Luego, el diputado Juan Marino (UP) preguntó "por qué decidieron hacer esto por decreto y no mandar proyectos al Congreso" y qué "análisis jurídico" realizaron para interpretar que la Ley de Bases les permitía avanzar de esta manera. Sobre lo primero, el director de Transformación Institucional respondió que eso fue por "una decisión política que me excede" y, respecto a lo segundo, insistió en argumentar: "Las fuerzas federales se encuentran dentro de la administración y, dentro de las potestades, la Ley de Bases le daba al Ejecutivo potestades para reformar la administración pública".

Más adelante, el legislador opositor indagó sobre la facultad que se le da a la PFA en "el acceso a bases de datos privadas sin orden de un juez". El representante del Ministerio de Seguridad señaló que "hay normas existentes vigentes referidas a la Ley de Protección de Datos Personales" y "el derecho de habeas data va a existir. El espíritu es que se hace dentro del marco de la ley". Aunque, reconoció, en este y otros puntos, que todavía hay facultades no reglamentadas por protocolo.

En cuanto al ciberpatrullaje, Marino cuestionó cómo se hará para impedir que "la prevención del delito en espacios digitales sin autorización judicial" sea una facultad que "se use para vigilar a opositores, periodistas y activistas". "La realización de tareas de prevención en espacios abiertos digitales en un estándar en todos los lugares del mundo", contestó Fleitas Ortiz de Rozas y afirmó que "esto fue adoptado por distintas administraciones de distintos colores políticos".

"Obviamente se tiene que hacer respetando los derechos y garantías, no tiene que ser motivo de persecución política, estamos completamente de acuerdo", dijo el funcionario, para indicar luego que se utiliza en la prevención de delitos como pedofilia, abuso sexual, trata de personas y que existen "decenas de fallos sobre la legalidad de estas actividades de prevención".

Diego Fleitas Ortiz de Rozas

Sin embargo, el diputado de UP advirtió que "estamos frente a un Gobierno donde el presidente dijo públicamente que él taclea las opiniones de los críticos en las redes sociales y los medios de comunicación para después denunciarlos judicialmente. El ciberpatrullaje efectivamente sí viene siendo utilizado para persecución y todo esto va a agravar el asunto".

Otra de las voces desde el kirchnerismo fue la del diputado Leopoldo Moreau (UP), quien resaltó: "Estos decretos pasan por encima de normas constitucionales, legales y en algunos casos hasta convencionales". Y lamentó que "después de 40 años de democracia hayan dejado de lado el control ciudadano que se ejerce a través del Parlamento". "La seguridad sin control no es seguridad, sino que es poder sin ley, y nosotros no estamos dispuestos a otorgar un poder sin ley y menos en estas características", agregó.

Para el radical K, esto no se trata "simplemente de una reforma administrativa" y trajo a colación la requisa que hubo por parte de las fuerzas a militantes que se movilizaron el pasado 18 de junio en apoyo a Cristina Kirchner. "Ni el Ministerio de Seguridad ni las fuerzas federales podemos, ni debemos, llevar adelante tareas de inteligencia política o tener base de datos vinculados a la política", aseveró el representante de la cartera que conduce Patricia Bullrich. "Las fuerzas federales en el orden público deben limitarse a la prevención del delito", sumó.

Avanzada la reunión, la diputada Carolina Gaillard (UP) cuestionó el decreto 383/25 -de reforma de la PFA- y advirtió que desde este martes "estamos en condiciones de tratarlo en el recinto para su rechazo" porque "está viciado de inconstitucionalidad" y "no cumple con las delegaciones de la Ley de Bases".

La entrerriana explicó que ese decreto delegado "versa sobre una materia que no fue declarada la emergencia; y aún si hubiera una emergencia en seguridad también sería inconstitucional porque hay una vaguedad en las tareas". Por eso, reclamó que se lo rechace en el Congreso "y que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley como corresponde".

"No vamos a estar a favor nunca de la restricción de derechos individuales y más cuando estamos ante un Gobierno nacional que está de manera permanente violentando el sistema institucional y avanzando en las libertades individuales de las personas", subrayó Gaillard, a lo que el funcionario negó: "Nosotros creemos que no avanzamos sobre ellos".

El único legislador en hablar por el oficialismo fue el diputado Santiago Pauli (LLA), quien criticó las opiniones de organismos internacionales sobre este tema, cuando "el ejemplo más reciente de avasallamiento a los derechos humanos no fue la última dictadura militar sino la cuarentena". "Se reprimió, hubo gente desaparecida, gente que ha sido encontrada muerta en dudosas circunstancias", remarcó sobre la época de pandemia.

Además, el libertario ponderó: "¿Qué mayor política de seguridad ciudadana hay que haya menos inseguridad, menos delitos, menos homicidios? Cosa que actualmente estamos viendo. Sobre todo en provincias en donde se ha logrado trabajar en conjunto". Y, respecto a que las reformas salieron por decreto, el fueguino manifestó: "Me atrevo a dudar que ese consenso hubiera existido si se hubieran enviado proyectos".

En el cierre, el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez, preguntó: "¿No creen que a partir de estos decretos delegados están dejando a las fuerzas de seguridad en una situación de debilidad jurídica-institucional?". "Esto queda a tiro de otro acto jurídico de la misma envergadura. Es una involución en términos de funcionamiento jurídico-institucional", consideró.

"Ustedes dicen que las vienen a fortalecer (a las fuerzas). Mentira. Las debilitan. De hecho están a tiro del rechazo por mayoría simple en cada una de las cámaras para que esto vuelva a la situación anterior", insistió el santafesino, a lo que Fleitas Ortiz de Rozas cerró: "Creemos que esto las fortalece porque trata de resolver problemas muy graves. No es el escenario ideal, pero creemos que está hecho dentro del marco legal de la República Argentina. Muchas de las cuestiones que se están resolviendo están dentro del Poder Ejecutivo".

La Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior, presidida por el senador Martín Goerling Lara (Pro-Misiones), recibirá este martes desde las 15 a funcionarios del Ministerio de Seguridad.

Durante el encuentro, que se llevará a cabo en el Salón Illia de la Cámara alta, los representantes del Poder Ejecutivo expondrán sobre los alcances de las modificaciones en las funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Los cambios se implementaron a través de los decretos 454/2025, 455/2025, 456/2025 y 457/2025 del Poder Ejecutivo, publicados la semana pasada en el Boletín Oficial.

Desde Casa Rosada se destacó que "el objetivo central de esta reforma es modernizar sus estructuras, mejorar su eficiencia operativa y adaptarlas a los desafíos contemporáneos, como el crimen organizado, la seguridad fronteriza, la reinserción social y el control marítimo".

Por otra parte, la comisión recibirá al expolicía Ramón Oscar Amarilla, quien compitió en las elecciones provinciales de Misiones desde su detención en la cárcel y resultó electo. La senadora chubutense Edith Terenzi fue quien solicitó la invitación, a fin de que informe sobre su situación procesal vinculada al reclamo salarial que encabezó el año pasado en su provincia. También fue convocado Germán Carlos Palavecino, suboficial mayor retirado de la policía de Misiones y actualmente vocero del espacio de Amarilla.

Miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, presidida por el senador Martín Goerling (Pro), desarrollarán este fin de semana una jornada de trabajo en la ciudad de Puerto Iguazú con el objetivo de interiorizarse sobre el accionar de las fuerzas de seguridad federales en una de las zonas más sensibles y estratégicas del país: la Triple Frontera.

Durante la visita, la comitiva mantendrá reuniones con autoridades de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en las que se abordarán cuestiones vinculadas al despliegue operativo, protocolos de actuación y desafíos actuales en materia de control fronterizo.

Además, se realizará una recorrida por el Comando de Monitoreo de GNA, donde se presentarán los sistemas de vigilancia y coordinación implementados en los pasos fronterizos. También se visitarán las instalaciones del Puesto Fronterizo de GNA y el Centro Integral de Vigilancia de Fronteras, este último perteneciente a la Prefectura Naval Argentina en la ciudad.

Como parte de las actividades, los legisladores y autoridades embarcarán en la lancha patrullera GC-195 “Guaraní” (Shaldag MK II) para participar de un patrullaje en jurisdicción fluvial, observando de primera mano los procedimientos de control y prevención en los ríos que delimitan los límites internacionales de la región.

“La mejor manera de legislar es conociendo el territorio. Soy partidario de que el Congreso se traslade a los lugares en donde suceden los hechos para luego sancionar leyes que verdaderamente le sirvan a la gente”, afirmó Goerling, quien impulsa este tipo de acciones federales desde la presidencia de la bicameral.

En ese sentido, la visita se enmarca en el trabajo de la comisión para fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar la seguridad interior en zonas de alta complejidad operativa.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior se reunió este martes en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo con el objetivo de definir y establecer la agenda de trabajo para este 2025.

El encuentro estuvo encabezado por el senador misionero Martín Göerling Lara, quien inició el debate al abordar un pedido de citación al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, presentado por Maximiliano Abad (UCR) y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre).

Se trata de una convocatoria para profundizar los alcances de la Operación Justo Argentino Roca, el desarrollo de tareas por parte de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior y la solicitud de información y su normativa.

Luego, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, solicitó que ese pedido se analice, primero, en reunión de asesores, que se mantenga el “carácter secreto y reservado” y luego, en la próxima reunión, se resuelva conjuntamente la solicitud de informes y, en caso de considerar necesario, la posterior citación del ministro de Defensa. La petición fue puesta a votación de los presentes y fue aprobada.

Luego, el diputado nacional José Glinski (UP) disertó sobre la creación de un Observatorio de Policías Provinciales y Federales, y amplió: “La realidad es que en la Argentina no está sistematizada la información respecto del equipamiento, la conformación, los regímenes salariales y las carreras profesionales. No existe eso en el Poder Ejecutivo y creo que el Congreso es el ámbito pertinente porque hay representantes de la Argentina federal”.

De igual modo, el diputado libertario Santiago Pauli agregó: “Tierra del Fuego está atravesando la peor crisis de seguridad pública en su historia, considero importante que esta Comisión se pueda interiorizar de estos temas”.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de órganos de seguridad interior se reunió este jueves para su conformación, siendo designado al frente de la misma el senador misionero Martín Göerling (Pro) que responde directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien remarcó que la bicameral no se constituye ni funciona desde el 2018.

La diputada nacional Mónica Litza propuso, en nombre del bloque de UP, al diputado chubutense José Glinski como vicepresidente de la comisión porque “tiene una amplia trayectoria en temas de seguridad. Fue director nacional de la policía aeroportuaria. Fue ministro de Justicia y Seguridad de Chubut y actualmente es vicepresidente primero de la Comisión de Seguridad y su experiencia lo antecede. Es un honor proponerlo para el cargo”.

En tanto, la secretaría primera fue para la senadora Edith Terenzi, mientras que la segunda para el diputado del Pro Damián Arabia.

Tras ser ungido presidente de la comisión, Göerling expresó: “Es un gran honor y responsabilidad asumir esta Comisión Bicameral que es muy importante para el Congreso, para la Argentina”.

El misionero resaltó que “hace mucho que no tiene funcionamiento, la última vez fue en el 2018 y debería cumplir una función de control de los órganos de seguridad interior del país con la importancia que tiene, con todo lo que está pasando, lo que va a venir en el país. Creo que ameritaba que se tenga el control parlamentario”.

“La otra Bicameral que tardó en conformarse es la de Control de Servicios de Inteligencia que tuvo su derrotero y tiene su importancia. Esta era la otra comisión necesaria para tener un control de todos los organismos que hacen a la seguridad que hacen tanto de inteligencia como de interior de Argentina. Creo que va a tener un gran trabajo, es una gran responsabilidad”, manifestó. Cabe recordar que Göerling había figurado como propuesta del Pro para presidir la Bicameral de Inteligencia que, finalmente, quedó en manos del radical Martín Lousteau.

Göerling aseguró: “Como senador de la provincia de Misiones también creo que desde el norte de la Argentina también tenemos esa responsabilidad y la quiero asumir y dar una mirada federal a esto porque siempre se da una mirada desde el centro”.

“Creo que también el accionar de las fuerzas de seguridad sobre todo el territorio del país, en la triple frontera, hay mucho por hacer, por controlar y darle la seguridad a los argentinos de respetar la Constitución, de que las fuerzas actúen como tienen que actuar, con el debido respeto, de asegurarle a los argentinos que se respeten las libertades individuales”, sostuvo.

Y cerró: “En esta comisión van a poder expresar sobre el abuso que puedan tener las distintas fuerzas y para eso está conformada esta comisión para todos los argentinos y esa es la función que va a volver a tener esta comisión tan importante”.

A su turno, Glinski agradeció a sus pares de bloque por la responsabilidad y sumó: “Esta comisión tiene un deber muy importante que es hacer el seguimiento de los organismos de seguridad interior. No estamos hablando solamente de las fuerzas federales de seguridad, sino también de todas las provincias porque, para quienes venimos interior coincidiendo con el presidente, eso es un rasgo fundamental porque son efectivamente las policías provinciales las que tienen mayor nivel de contacto con nuestra ciudadanía y las demás las que atienden los problemas que cotidianamente enfrentan los argentinos”.

“Espero que esta comisión tenga más actividad que la Comisión de Seguridad Interior de Diputados que no se ha reunido en ninguna oportunidad sino fue exclusivamente llamada por la por algún plenario”, criticó Glinski.

En ese sentido, planteó: “Si esta comisión puede suplir aquello que no podemos hacer, a pesar de que se recién se constituye a fin de año y eso también nos deja algo de pregunta digamos no se constituyó desde el comienzo teniendo en cuenta que había cosas para atender durante todo este año”.

“Espero que lo que manifestó el presidente se pueda cumplir y el año que viene tengamos mucha actividad en esta comisión, no solamente en virtud de lo que tiene que ver con aquellas cuestiones vinculadas a los abusos policiales o a la violencia institucional, sino también a poder pensar juntos cómo podemos hacer de sus organismos mejores y aprender de experiencias de diversas provincias que nos puedan marcar algunas mejorías en otras y que esto se convierta en un espacio como el que tiene que ser virtuoso y de control parlamentario”, bregó.

Por su parte, Arabia celebró que la comisión  se constituya después de casi 5 años de “no tener esta comisión constituida en funciones con un rol muy importante en un momento trascendental de la Argentina donde las fuerzas policiales de seguridad están siendo valoradas, destacadas en su rol y como la seguridad en un eje central de lo que es el cambio de paradigma de la Argentina”.

“Seguramente tendremos un gran un gran trabajo por delante celebrar la vocación y el trabajo que seguramente haremos junto con el presidente el vicepresidente y la secretaria y con todos los miembros de la comisión”, cerró.