La Bicameral encargada de la selección del próximo defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes llevó adelante este lunes la tercera jornada de audiencias públicas a los candidatos a ocupar el cargo.

De acuerdo con el cronograma del concurso público, entre el 2 y 21 de septiembre, los integrantes de la comisión realizarán la evaluación final y elaboración del dictamen, mientras que el próximo 22 será la definición del/la candidato/a y elevación a las cámaras, previo reunión de la bicameral y votación de la misma.

Entre el jueves 28 y viernes 29 de agosto, y este lunes 1ro. de septiembre, se escucharon a los más de 70 postulantes que aprobaron el examen escrito anteriormente.

La primera expositora de la tercera jornada de audiencias públicas fue María Alejandra Reyna, quien propuso "una defensoría provincial, con constante interacción con las defensorías provinciales, las existentes y las a crearse". "La problemática de la niñez solamente puede abordarse desde la interdisciplina", remarcó.

Además, expresó que "es fundamental llegar a todos los puntos del país" y consideró que "lo que nos falta es una red, un trabajo conjunto". En ese sentido, habló de trabajar con "referentes comunitarios que conocen la necesidad que se plantea en una comunidad" y con "todos los operadores públicos y privados que trabajen con la niñez".

A su turno, Florencia Trufó destacó la "rapidez, transparencia, eficacia" de la bicameral en el proceso de selección para reemplazar a Graham. "Hubo una respuesta rápida y eficaz, que nos permitió seguir trabajando y desarrollando nuestras actividades con tranquilidad, en un momento de zozobra que pasamos", dijo la socióloga, quien trabajó estos últimos cinco años en la creación e instalación de la Defensoría; antes había estado en la Sedronar.

Sobre su conocimiento del organismo, apuntó que existe un "sobredimensionamiento del área administrativa respecto del área técnica, sobre todo en el nivel jerárquico" y opinó que hay que encontrar un "equilibrio entre lo administrativo y lo técnico-profesional". También, afirmó que hay que "darle funciones específicas a los defensores adjuntos; no se puede seguir trabajando con una sola cabeza que tome todas las decisiones".

Por su parte, Nicolás Ezequiel Casas aseguró que "uno de los flagelos más graves que sufren a diario los chicos" es "el maltrato infantil, algo que cercena y vulnera derechos de los más básicos, y entiendo que en esto faltan cosas por hacer". "No tomamos consciencia de la naturalización que hay", observó.

Sobre la estructura de la Defensoría, sostuvo que "no tenemos que hacer cambios abruptos; en líneas generales debe mantenerse, con algunos cambios" como el de las funciones de los defensores adjuntos para que "estén divididos en sus funciones". Sobre esto, propuso que uno se ocupe de la cuestión federal y territorial y el otro de la incidencia, el litigio estratégico y promover la participación de niños y adolescentes. En línea con su preocupación, planteó que exista "una dirección específica de fortalecimiento en la prevención de maltrato infantil".

En su presentación, Abigail Mercado manifestó: "La infancia no puede esperar. Estoy acá porque pasan los días y un niño pierde una oportunidad que no volverá. Mi plan no es teoría, se trata de una gestión real, con tiempos medibles, protocolos claros, control ciudadano. No se trata de deshacer lo que se vino haciendo hace años, sino de construir sobre lo construido". "Vengo a presentar la decisión de no callar por nuestros niños. Cada día de demora es un chico en la calle, una nena abusada, un adolescente perdido en la droga. Es importante el trabajo en territorio, caminar y estar en el barro", agregó.

En coincidencia con otros postulantes, Matías Robledo señaló que el plan de trabajo "no puede desconocer lo que ya trabajó la Defensoría; hay ciertas bases que tenemos que reconocer". No obstante, su plan es "tener una Defensoría mucho más amigable, humana y sobre todo más cercana a la población" con "un programa de acción con impronta federal".

Exjueza de Menores, Flavia María Graciela Valgiusti planteó una "visión sistémica" con "eje en federalismo y territorialidad". "Si bien los recursos económicos son importantes y tenemos que pensar cómo llegan y se administran, necesitamos pensar en otros tipos de recursos. Argentina tiene excelente recursos humanos, ocurre que a veces no están suficientemente valorados o cuidados", subrayó.

Sobre esto, mencionó que hay un "problema con los recursos organizacionales e institucionales". A continuación, habló de llevar adelante una "articulación entre Nación, provincias y municipios para compartir políticas que tenga la misma visión" y convocar a "mesas de diálogo intersectoriales".

En una segunda jornada de audiencias públicas a los candidatos a ocupar el cargo de defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, la bicameral encargada del concurso público se reunió este viernes para escuchar los planes de trabajo de los postulantes.

Esta instancia comenzó el jueves 28 y culminará el próximo lunes 1ro. de septiembre, con el fin de que expongan los 73 aspirantes que lograron aprobar el examen escrito. En tanto, la comisión se fijó el 22 de septiembre como fecha para la selección del sucesor de Marisa Graham.

Las legisladoras Eugenia Alianiello y Natalia Sarapura -presidenta de la Comisión Bicameral-, del lado de la Cámara baja, y Stefanía Cora y Vilma Bedia, representantes del Senado, fueron quienes realizaron diferentes preguntas a las postulantes.

Tras una primera tanda de audiencias centradas en el diagnóstico sobre la situación de los menores en el país, la jornada de este viernes estuvo marcada por las ideas sobre la estructura que se le daría a la Defensoría y el federalismo: el trabajo en y con las provincias.

Primera en exponer este viernes, la abogada Melina Mabel Ghione advirtió que "las infancias y adolescencias están en crisis y la crisis es profunda y compleja". "Necesitamos una estructura eficiente, especializada y descentralizada", consideró y habló de tener "defensores adjuntos con enfoques específicos", seis direcciones y un comité asesor plural.

"No propongo una gestión indivudual ni mirar todo desde Buenos Aires. Hay que ampliar la presencia en las provincias porque no todas tienen Defensoría (provincial)", expresó y señaló que actualmente se cuenta con "una partida presupuestaria muy limitada para el desafío de la presencia territorial" que requiere la tarea.

María Ángeles López, quien trabaja hace una década en la Defensoría del Niño de La Pampa, enfatizó que la Defensoría Nacional "es un organismo de control y para poder controlar debemos trabajar de manera coordinada con el resto de las provincias". "Hay que garantizar una presencia territorial simbólica y material", dijo.

"Es fácil trabajar con las provincias que garantizan derechos, lo complejo y el desafío está en aquellas provincias donde todavía hay que reforzar la implementación de la Convención de los Derechos del Niño y la legislación vigente", subrayó y aseguró que si asume el rol, "regionalizaría el organismo" y haría acuerdos con las provincias.

A su turno, Julián Axat opinó que "la Defensoría del Niño tiene que tener mayor volumen político, tiene que estar y ser protagonista de la agenda pública. La voz de la anterior defensora ha sido importante, pero me parece que le ha faltado proyección. Es necesario que el defensor en su autonomía, independencia y rol protector, sea una voz fuerte de la agenda pública y nacional. Una reforma por arriba desde lo político y una reforma por abajo desde la territorialidad".

El pedagogo y psicologo Roberto Fidel Candiano manifestó que hay que "impactar positivamente en mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, sobre todo, de los que más lo necesitan. Yo creo que si después de cinco años de un defensor no se mejora la calidad de vida de los chicos, nos tenemos que ir a nuestras casas y cerrar todo y no gastar más plata. Hay que mejorar la vida de los chicos".

También dentro de los candidatos, la exlegisladora porteña María José Lubertino enfatizó que "los derechos de niñas, niños y adolescentes son una política de Estado, pero eso lo tenemos que hacer realidad con el protagonismo de ellos mismos".

Entre los principios que propone, enumeró: "Federalismo de concertación, territorialización, democracia participativa, diálogo de saberes, acceso a derechos, acceso a justicia, desjudicialización, fortalecimiento del equipo, eficacia, eficiencia, indicadores, visibilidad y transparencia".

La abogada apuntó además que hay que "mirar las legislaciones comparadas provincia por provincia" con el fin de "disminuir los graves desfasajes y desigualdades" entre cada una de ellas. "Hay que trabajar con los gobernadores, con los ministerios, con las Cortes y los Ministerios Públicos federalmente", propuso.

"El primer desafío es construir en red", aseguró y habló de "aprender de las defensorías preexistentes". "No estoy presentando un proyecto ambicioso e irrealizable sino acorde al presupuesto que hay", indicó, al tiempo que vio con buenos ojos "impulsar la creación de defensorías en todas las provincias".

Por su parte, María Fátima Silva señaló que su gestión consistiría en "mucho territorio sin replicar acciones". "Las problemáticas y las cosas a resolver de cada provincia son distintas", aclaró y recomendó el armado de "mesas de trabajo en cada provincia" y la creación de "defensores juveniles voluntarios en todo el país".

"Yo iba a proponer en el plan y no lo quise hacer, porque imaginé que iba a ser un costo enorme, pero pensé en una Defensoría itinerante en algún momento, sin necesidad de replicar estructuras", reveló.

A su turno, María González Lonzieme consideró un honor ser parte de las audiciones para ser defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y definió que la creación de este organismo “fue un fruto histórico de lucha y personas comprometidas con la niñez”. Asimismo, afirmó que “la distancia entre las leyes y la vida real de nuestros chicos sigue siendo enrome”.

Acto seguido, G. Lonzieme consideró que “hay una situación crítica porque más de 7.000.000 de chicos, chicas y adolescentes viven en situación de pobreza, lo que representa el 60% de muestra infancia”. También, advirtió que “la deserción escolar avanza”, y remarcó que “la pobreza infantil no es un dato, es una vulneración sistemática de derechos”.

La última audiencia fue la de Ana Belén Mormero, quien destacó “que este concurso estaba más orientado a abogados, pero se necesitan un montón de profesiones que hagan carne la premisa de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Ginebra de 1957”. Luego, remarcó que “el nodo central de la crisis que estamos atravesando en materia de infancias es, sin dudas, la pobreza infantil”.

“La pobreza infantil hay que ponerla en el centro y varios informes la analizan desde una mirad multidimensional, y tenemos que elevar el concepto como lo clasifica Unicef”, explicó. Además, agregó que “cuando tenemos un niño está afectado en la base de todos sus derechos que es su dignidad”.

Luego de nueve horas de reunión y con medio centenar de exposiciones, la presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, Natalia Sarapura, anunció que las audiencias públicas van a continuar el próximo lunes 2 de septiembre a las 9.30.

Durante tres jornadas, la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes escuchará en audiencia pública a todos los candidatos que superaron el examen escrito y buscan ocupar el cargo que quedó vacante este año con la salida de Marisa Graham.

En la primera jornada de este jueves, que tuvo un cuarto intermedio pasado el mediodía y se reanudó por la tarde, pasaron más de una veintena de postulantes. Las exposiciones continuarán este viernes 29 y el próximo lunes 1ro. de septiembre.

La audiencia, conducida por la presidenta de la comisión, la diputada Natalia Sarapura (UCR), se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Los candidatos defendieron sus planes de trabajo e ideas para llevar a cabo desde la Defensoría, al tiempo que expusieron sobre diagnósticos actuales que atraviesan niñas, niños y adolescentes: pobreza, desigualdades, violencias, salud mental, educación, acceso a la justicia, adopción, menores en conflicto con la ley penal, entre otros temas. También recibieron preguntas de los legisladores.

La primera en hablar fue Sonia Gabriela Almada, quien se definió como una "sobreviviente de múltiples violencias vividas en la infancia", lo que la motivó a "tomar el compromiso de proteger a la infancia desde siempre", con el objetivo de que "la infancia pueda estar protegida y tenga una vida sin violencia". En ese sentido, contó que en 2003 fundó una asociación civil de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes, desde donde han propuesto la creación de un Ministerio de la Infancia y la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores, entre otras iniciativas.

Almada aseguró que desde la Defensoría impulsaría que "Argentina tenga por primera vez un marco de salvaguarda infantil", que consiste en "una cantidad de protocolos para que el Estado cada vez que intervenga -ante una vulneración de derecho- lo haga de una manera que proteja y no dañe, y sea de una forma segura, protectora y eficaz; que no haya maltratos institucionales". Y resaltó que este sistema tiene "bajo costo" y "no implica burocracia extra".

A su turno, la abogada Andrea Mariel Cirulli enfatizó que "el defensor no tiene que hacer el trabajo de un asistente social, es el que está arriba y tiene que coordinar". Y consideró que en una Defensoría "ideal", además de los defensores adjuntos, tiene que "haber un abogado, un psicólogo o psiquiatra y un educador; esa es la pirámide perfecta".

Al hablar sobre distintas realidades de los menores en el país, subrayó que "el régimen penal juvenil es algo que me preocupa mucho" ya que "Argentina no cuenta con datos rigurosos y confiables en la materia", y "en muchas jurisdicciones se continúa con la práctica ilegal de privación de la libertad o sanción penal a las personas no punibles". Asimismo, los lugares de reclusión de menores "son terribles, son medievales", definió.

"El objetivo de mi plan es identificar cosas actuales, prácticas concretas que están pasando y se observan en territorio", dijo y afirmó: "En caso de ser defensora voy a ser una defensora activa, me van a tener que echar de los despachos".

Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia en los periodos 2011-2015 y 2019-2023, manifestó que él tenía un "balance en términos generales positivos" de la gestión de Graham, "pero también muchos desafíos por delante". En su intervención, señaló que "hay que tener una mirada absolutamente amplia de la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina", pero "esta etapa requiere un plus de aporte, de prioridad, mirando hacia los sectores más vulnerables, en particular los niños que están en la pobreza".

"El problema social más grave de la Argentina es la pobreza infantil y la Defensoría no puede tratar este tema del mismo modo que otros", ratificó, al tiempo que opinó que el organismo tiene que mejorar sus herramientas para "combatir la cultura del descarte". Además, al igual que otros postulantes, abogó por "más presencia cotidiana de la voz de los chicos en la gestión de la Defensoría".

Por su parte, la abogada María Amelia Moscoso Cardoso apuntó que "el principal desafío es tener federalismo". "No existe ninguna política pública que solucione problemas si se hace desde un estrado", sostuvo. Sobre su plan, expresó que "el Estado tiene que ser responsable al utilizar los recursos, en esa línea pensé en una estructura austera".

"La Defensoría no es un órgano ejecutivo, de modo que en esta naturaleza extra poder tiene la posibilidad de ser un agente de cambio real, sin asumir compromisos definitivos con ninguna fuerza, ningún gobierno, ninguna instancia política-partidaria, y ninguna ideología", destacó.

En su presentación, Gustavo Álvarez Pereira dio una serie de cifras contundentes que, sostuvo, “no son un accidente, sino síntomas de un sistema que falla en la garantía de derechos”. Por lo cual, propuso un modelo institucional basado en un fortalecimiento y la independencia de la Defensoría.

Así, presentó un organigrama según el cual, entre otras cosas, sugiere una defensoría adjunta con enfoque en la protección integral y el abordaje de situaciones y también la atención. “Propongo cuatro direcciones -dijo-. Una que tenga que ver con la atención integral y denuncias; otra que sea de derechos en situaciones de riesgo; otra de asesoría jurídica, y por último la dirección de fortalecimiento del sistema de protección”.

“Este defensor adjunto deberá tener la capacidad de fortalecer el sistema de protección en el acompañamiento a las situaciones de desprotección de niñas, niños y adolescentes”, señaló, agregando que proponía una Defensoría Adjunta con un enfoque en promoción, prevención y participación, también con cuatro direcciones. Una, la Dirección de Promoción y Prevención; la Dirección de Educación y Formación; la Dirección de Participación y Ciudadanía, y la Dirección de Relaciones Institucionales.

Gisela Judith Clivaggio afirmó que "el foco tiene que estar puesto en representar los intereses de NNyA y sus derechos, y generar una alta incidencia en la materia" con "un carácter federal muy fuerte y un marcado anclaje territorial". "Tratar de estar siempre lo más cerca de chicos y chicas para poder escucharlos, garantizarles el acceso a la justicia y difundir sus palabras", subrayó.

Entre otros, María Emilia Lobelos, docente de todos los niveles y abogada en hospitales de la provincia de Buenos Aires, recordó que los menores "son sujetos plenos de derecho" y "protagonistas de su propia historia". "Por eso, la base de mi gestión sería la de una Defensoría autónoma, basada en la participación activa de NNyA", dijo y aseveró que "las grandes transformaciones las podemos hacer si escuchamos de verdad".

Muy activa y a paso firme en la elección del nuevo Defensor/a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes continúa la bicameral encargada de llevar adelante el concurso público, en medio del receso invernal que atraviesa el Congreso, con escasa actividad parlamentaria.

Durante una reunión realizada este viernes, la presidenta de la comisión, la diputada Natalia Sarapura (UCR), señaló que el pasado 21 de julio finalizó el período para recibir impugnaciones sobre los más de 200 postulantes que se inscribieron. "Se han recibido 27 impugnaciones y 8.561 adhesiones, un número altísimo éste. Cada una de las impugnaciones fue remitida a los correos institucionales de los legisladores", informó.

A su turno, la diputada Nadia Márquez (LLA) sugirió dar traslado a las impugnaciones para que cada uno de los impugnados haga su descargo, y luego en una eventual reunión resolver la comisión sobre las mismas.

Según se acordó, el plazo para que puedan responder quienes fueron objetados será hasta después del examen, ya que el reglamento indica que tienen "hasta cinco días antes de la audiencia pública" para contestar, y también pueden hacerlo de manera verbal en esa instancia.

Durante el encuentro, Sarapura destacó que se va a poder utilizar el recinto de la Cámara de Diputados para la realización del examen, el próximo viernes 1ro. de agosto. "Ese hecho marca la importancia que tiene", destacó y agredeció a las autoridades de la Cámara, que "han cambiado la fecha de acciones de reparación que están haciendo para garantizar que el examen se realice allí".

Los miembros de la bicameral acordaron que la acreditación arranque a las 9, para dar comienzo a las 10 al examen, el cual tendrá una duración de dos horas. En tanto, por la tarde, ese mismo día, los legisladores harán la corrección de las evaluaciones.

Un día antes, el 31 de julio a las 14, los miembros de la comisión se abocarán a la confección del examen, compuesto por seis bloques. Para ello, se seleccionaron las siguientes duplas: senador Daniel Bensusán (UP) y senadora Gabriela Valenzuela (UCR), para el bloque 1; diputada Nadia Márquez (LLA) y diputada Sabrina Selva (UP), para el bloque 2; diputada Natalia Saparura (UCR) y senadora Stefanía Cora (UP), para el bloque 3; senadora Vilma Bedia (LLA) y diputada María Sotolano (Pro), para el bloque 4; senadora Andrea Cristina (Pro) y diputada Eugenia Alianiello (UP), para el bloque 5; y el bloque 6 para todos.

La figura del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue creada por el artículo 47 de la Ley 26.061, con la misión de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, intervenir ante vulneraciones y promover políticas públicas orientadas a su protección.

Luego de 12 años de su sanción, la bicameral encargada de seleccionar este cargo se constituyó en 2017. El proceso culminó casi tres años después, con la jura de Marisa Graham como la primera defensora, en febrero de 2020.

Con una duración del mandato de cinco años -y la chance de ser reelegido por otro período- Graham decidió a comienzos de este año autoprorrogarse el mandato. Meses después fue desplazada por la votación de la comisión, que inmediatamente arrancó con el nuevo concurso público.

Tras una última reunión acalorada, la Comisión Bicameral del Defensor de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dio cita este martes antes de escuchar a una nueva tanda de representantes de organizaciones, en el marco del concurso público que comenzó para elegir al sucesor de Marisa Graham. En esta oportunidad primaron los acuerdos y se resolvió la creación de un Consejo Asesor técnico que asistirá a los legisladores en este proceso.

La presidenta de la bicameral, la radical Natalia Sarapura, sostuvo que la reunión informativa que tuvieron “ha permitido dar cuenta de la importancia de la participación de las organizaciones sociales. Hemos podido escuchar a representantes que nos han marcado una agenda con mejorar la participación de la sociedad civil, el compromiso e interés para el proceso del concurso público”.

“Hemos escuchado la importancia de una agenda temática para que se respete el carácter federal, la importancia del conocimiento académico a la hora de gestionar la Defensoría y el defensor. La importancia de dar cuenta de la transparencia del proceso del concurso”, señaló la jueja. Así, manifestó la importancia de seguir escuchando a organizaciones y ratificó la vocación de la comisión de “seguir con un proceso participativo” para crear el consejo asesor.

Sarapura explicó: “La bicameral ha tomado la decisión de crear un consejo asesor en el ámbito del cuerpo. Tendrá el carácter de asistencia técnica para todo el desarrollo del concurso público”. El mismo estará integrado por 10 miembros, cada uno de ellos propuestos por los legisladores que componen la comisión. Tendrán funciones de dar un acompañamiento técnico en todo el proceso del concurso.

También podrán aportar y hacer sugerencias para las instancias de evaluación, proponer temáticas, temarios, preguntas. Además, podrán sugerir una grilla de evaluación. Tendrá un carácter no vinculante y no lo podrán integrar organizaciones que estén concursando.

Al tomar la palabra, el libertario Nicolás Mayoraz remarcó que Consejo consultivo no es vinculante para los integrantes de la comisión. “Se charló mucho sobre los perfiles que pueda atender todas las realidades de quienes trabajan con la niñez y adolescencia, es decir, perfiles técnicos y el territorio”, expresó.

Mayoraz explicó que el consejo asesor técnico tendrá dos tareas claves: “Presentar los ejes temáticos y, la segunda instancia, quince días antes del examen presentar esos ejes que es el 13 o 14 de julio; y siete días antes la presentación de las propuestas o sugerencias para las preguntas del examen”.

“Reafirmamos la posición del bloque de invitar a la ciudadanía a participar de este proceso, ya que quedan pocos días. Que participen y se presenten para darle a la comisión y, luego, a ambas cámaras las mejores decisiones posibles dentro de las que se tienen que tomar por consenso político. Mientras más participen, se va a ver mejor expresada la sociedad en sus diferencias los distintos perfiles y miradas sobre esta problemática”, planteó y destacó las reuniones informativas con las organizaciones de la sociedad civil porque “nos ayudan a reflexionar sobre el perfil que queremos”.

El santafesino volvió a criticar la gestión de Graham y afirmó que pondrán "toda la energía” para "corregir aquello que nos pareció que no estuvo bien”. Por último, señaló que “hay que preguntarse sobre el rol federal que tiene el sistema o de qué manera podemos garantizar que sea un defensor bien involucrado con todas las realidades que se viven en todas las provincias”, y agregó: “Es importante el perfil de una defensoría de puertas abiertas que escuche a todos, que tenga un compromiso genuino y sin un sesgo ideológico con la tarea que tiene que llevar adelante porque la niñez está comprometida en muchos sentidos y se deben atender y afrontar”.

“No podemos pretender que el defensor sea un superhéroe porque no es la tarea que le asigna la ley y tampoco daría abasto con esa función. El rol articular que debe tener es clave, y esa mirada del sistema de protección de los derechos del niño es fundamental”, aclaró Mayoraz.

“Hemos plasmado buscar un consejo asesor que pueda volcar en los temarios todas esas variedades de problemáticas que nos han plasmado la sociedad civil y que puedan volcarlo en propuesta de preguntas para elegir a los mejores candidatos entre todos”, concluyó.

Por su parte, la diputada Eugenia Alianiello de Unión por la Patria destacó haber llegado a ciertos acuerdos entre todos para el concurso. También ponderó que el Consejo surgió de un aporte que hizo el Pro y expresó: “Es importante darle valor a la integración de este consejo y de las organizaciones que vienen hace años trabajando en niñez que puedan hacer aportes a un concurso que debe ser transparente, ágil y serio. Es importante poder dialogar y acordar pese a las diferencias ideológicas”.

A su turno, la diputada de Pro María Sotolano ponderó la relevancia de las reuniones y el consenso para llevar a cabo este consejo asesor: “Es un paso que muchos no venían viendo y es algo sumamente importante”, y explicó que la tarea del consejo asesor es “darle mucha más transparencia a este concurso, es el proceso más importante de la bicameral”. “Es un paso clave y un ejemplo y motivar a muchos profesionales a dar el paso. Este concurso está avanzando muy bien y eso es parte del consenso entre todos los bloques”, cerró.

La senadora libertaria Vilma Bedia sostuvo que la bicameral se hizo “eco” del reclamo de la sociedad que quiere “en este proceso de selección al futuro defensor. El consejo asesor técnico es fundamental porque será un acompañamiento en el proceso para que sea claro, transparente y para que la sociedad pueda ver todas las instancias evaluativas”.

El debate sobre un nuevo defensor

A continuación, en el marco del proceso de selección de un nuevo Defensor, participaron de la Bicameral organizaciones de la sociedad civil que trabajan de forma integral en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Siempre es importante la participación de la sociedad civil”, destacó Sarapura.

En primer lugar habló Gabriela Tozoroni, de la Red Argentina no Baja, quien sostuvo que el próximo defensor "tiene que continuar profundizando los logros de lo que ya se conquistó y se pudo hacer en la Defensoría". A continuación, aseguró que ese cargo tiene "un rol político" y "tiene que ocuparlo alguien que tenga trayectoria e idoneidad en materia de niñez y adolescencia, pero también debe haber una mirada política".

Por otra parte, cuestionó que "en lugar de entender que (los menores) son sujetos de derecho, tenemos desde el Gobierno nacional una mirada totalmente punitivista, criminalizante de nuestros niños y adolescentes a partir de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad". "El niño, niña o adolescente es un sujeto de derecho que no se puede fragmentar", afirmó y pidió: "No miremos desde la mirada criminalizante, miremos qué pasó antes, miremos que hay un casi 70% de pobreza en niños y adolescentes frente a un 2,25% de pibes o pibas que quizás pueden estar involucrados en alguna transgresión a la ley".

A su turno, Gala Díaz Langou, del CIPPEC, apuntó que "las peores condiciones de vida en todo el territorio nacional están concentradas en familias que tienen niños, niñas y adolescentes". Y detalló que "el 52% de niños de 0 a 14 años viven bajo la línea de pobreza, y el 49,2% de niños entre 0 y 5 años viven en la pobreza. Estos datos son alarmantes, por todo lo que representa la pobreza, por las privaciones que conlleva, por la vulneración de derechos que implica".

En ese sentido, resaltó "la relevancia que tiene el rol de la Defensoría en revertir estos datos". También mencionó que "solamente 5 de cada 10 estudiantes finalizan la secundaria a tiempo y solamente 13% de quienes ingresan a la secundaria la terminan con los conocimientos esperados en lengua, matemática y sin repetir".

Guadalupe Correa, del Frente Joven María, también precisó que "más del 50% de los niños son pobres y uno de cada dos niños pobres sufre inseguridad alimentaria". Además, enumeró que "el 57,5% no tienen obra social, mutual ni prepaga; el 49,4% de los niños viven en un espacio con déficit en condiciones de medioambiente; el 23% de los niños entre 3 y 5 años no están escolarizados; y el 9,5% de los niños en edad de primaria no asisten a ningún establecimiento, número que se eleva a 28,9% en secundaria". "La mitad de los niños hasta tercer grado no entienden lo que leen y uno de cada diez que llegan a este curso directamente no sabe leer", sumó y dijo que la cifra de trabajo infantil es de 28,4%.

Por otro lado, criticó que "la Defensoría fue un organismo cooptado por las ideologías y no atento a la realidad, una Defensoría que hablaba del cambio climático, de las niñeces y buscaba eliminar la figura de los padres como protectores. Buscaba entregar asignaciones y más plata, pero no abordaba los problemas de fondo". Y cuestionó que había "una defensora que defendía eliminar a los futuros niños desde el vientre de la madre".

Mariela Cordero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, manifestó: "La Defensoría debe cumplir un rol activo en la incidencia pública, articulando con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organismos internacionales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de instalar la agenda de los derechos de niñas, niños y adolescentes como prioridad política".

Sobre quien ocupe el cargo, indicó que deberá tener "un conocimiento profundo de los principales desafíos que atraviesan las infancias y adolescencias en Argentina" ya que "hay problemas que urgen ser abordados desde una perspectiva federal, interseccional y con enfoque en derechos".

Desde la Organización Mundial para la Educación Preescolar, Mercedes Mayol Lasalle expresó: "Valoramos el rol asumido desde el 2019 por la doctora Graham, cuya designación tras 14 años de vacancia constituyó un hito histórico. Sin embargo, sabemos que aún queda mucho por hacer para lograr una Defensoría sólida, articulada con las provincias y la sociedad civil, que incida de manera efectiva en el cumplimiento de los derechos de las infancias de todo el país".

Por la asociación civil Doncel, Evelin Rolón señaló que "de esta nueva Defensoría esperamos que nos escuchen, que nos inviten a participar de verdad, queremos un espacio donde podamos hablar de nuestras vivencias, donde nuestras voces no sean decorativas sino tomadas para transformar el sistema". Y sobre el defensor, "que tenga un rol activo en monitorear las políticas públicas dirigidas a las infancias, no alcanza con tener un programa en papel".

Lucía de la Vega, del CELS, advirtió que "de las 50 políticas de cuidados existentes a nivel nacional, solo quedan 4". "Vemos a las familias criando en soledad, las mamás haciendo malabares, con menos tiempo para criar, con multiempleos, endeudándose para comprar alimentos y con la violencia en aumento en los barrios".

Manifestó que en las observaciones del Comité de Derechos del Niño del año pasado se remarcó la "preocupación ante el DNU 70/23" y la "continua disminución de las asignaciones presupuestarias destinadas a la infancia". "La situación del Garrahan es un ejemplo de esto, hoy el Garrahan está sin calefacción", dijo y fue aplaudida.

Además, De la Vega defendió que el plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, sobre el cual "la Defensoría ha iniciado una acción para su continuidad y la justicia le ha reconocido la legitimidad colectiva para impulsarla".

Por el contrario, Daniela Seguí, de Abogados por la Vida, criticó que el plan ENIA "no es una política de prevención, sino una herramienta de control poblacional ideológico y con derivaciones geoestratégicas y demográficas perjudiciales para nuestra Nación y ejecuta en perjuicio de niños, adolescentes, sus familias y Argentina".

Participaron del encuentro Amelia López, Defensoría Provincial de Córdoba; Lucas Parenti, miembro de la Red Argentina por la Adopción; Lorena Álvarez, AAOF (Asociación Argentina de Orientadores Familiares); Mayca Irina Balaguer, FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables); Alejandro Osio, docente de UNLPam (Universidad Nacional de La Pampa); Alejandra Castiglioni, Interculturalidad e Infancias; Martina Salituri Amezcua, Observatorio de Derechos de NNyA de la UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires); Mariana Incarnato, Asociación Civil DONCEL; Norma Méndez Simoes, Ponete de Pie; Mariela Cordero, UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos); Silvia Ana Fratti, Fundación Reflexión por la Vida; Paula Querido, Asociación Civil Francisco Tonucci; Fernanda Alvarado, ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales); Padre Adrián, Curas Villeros de Soldati; Miryam Monasterolo, Foro Patagónico por la Defensa de la Niñez y Adolescencia; Abigail Herrera, Abolicionistas del Siglo XXI; Bárbara Analia Morelli, Fundación Morelli; Soledad Deza, Fundación Mujeres x Mujeres; Miguel Jorge Haslop, PRODECI (Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles); Mariana Lucía Ortiz , Bitácora por la Infancia; Pablo Barbiroto, Juzgado Penal NNyA (Niños, Niñas y Adolescentes) de Paraná; Silvia Stuchlik, Fundación Alem; Lucía Ricoveri, Fundación Proyectos de Vida – CONIN Hurlingham; Liseth Agostina Tula, Tu Vida Vale Mucho – Sede Chubut; Santiago Stura, Faro Digital; Cristian Hernán Fernández, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Bernardo Montecino Pardo, Hogar del Sol – Portadores de Cristo; Lucila Galkin Sutton, Amnistía Internacional;  Alejo Brosio, Aldeas Infantiles SOS; Nora Pulido, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.

En marzo pasado, La Libertad Avanza no pudo quedarse con la presidencia de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, este miércoles cumplió su objetivo: remover de la Defensoría a su titular, la abogada Marisa Graham. Esto también alcanzó al defensor Adjunto, Facundo Hernández.

Junto a las oficialistas Nadia Márquez y Vilma Bedia votaron, a mano alzada, las legisladoras del Pro María Sotolano y Andrea Cristina, y de la UCR Natalia Sarapura y Gabriela Valenzuela. Aunque los miembros de Unión por la Patria manifestaron resistencia, al asegurar que tal decisión necesitaba dos tercios de los votos, desde LLA se argumentó que el rechazo a la resolución 1/25 firmada por Graham podía ser por mayoría simple.

A través de la mencionada resolución, Graham había modificado a principios de este año el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Defensoría, habilitando la "prórroga tácita" de los mandatos de sus autoridades.

En rigor, la funcionaria había determinado que "en caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.

El cargo del Defensor del Niño se creó por medio de la Ley 26.061 en 2005, pero recién en 2017 se conformó por primera vez la bicameral encargada de su designación. Graham fue elegida luego de haber pasado por concurso público, audiencias y un examen escrito. Juró en febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia y su mandato culminó el pasado 1ro. de marzo.

La radical Natalia Sarapura, presidenta de la bicameral 

Al comenzar con la discusión, la diputada oficialista Nadia Márquez sostuvo: “Desde La Libertad Avanza vamos a rechazar la resolución, ya que nos parece sumamente grave que la defensora se autoprorrogue su mandato”. Y, en esa misma línea, aseguró que “no la estamos removiendo, ya terminó su mandato y sigue de manera ilegítimamente; está usurpando el cargo”.

Junto a Márquez, su par Nicolás Mayoraz dio la pelea reglamentaria. “Está ocupando ilegalmente e inconstitucionalmente un cargo para el que fue elegida por un plazo determinado; la actitud raya el delito de sedición”, aseveró el santafesino. Y agregó: “No podemos aceptar que una persona decida por sí violar la ley que claramente estableció el plazo de su mandato. Sería grave que este Congreso convalide esta irregularidad que no tiene antecedentes”.

En el mismo sentido, la diputada del Pro María Sotolano afirmó que “no queremos que Marisa Graham esté al frente de la Defensoría, éticamente no corresponde que siga en su cargo; la Defensoría está acéfala per se”. Las senadoras Vilma Bedia y Andrea Cristina coincidieron en el rechazo por autoprorrogarse el mandato y considerar ilegítimo que permanezca en el cargo.

Tanto los diputados como los senadores de Unión por la Patria ratificaron que debía continuar Graham hasta que se designe su reemplazo. Asimismo, ponderaron que la defensora, con tal decisión, “intentó mantener la institucionalidad que este Congreso no garantizó”. Sobre esto, el senador Daniel Bensusán señaló que “es de una irresponsabilidad absoluta descabezar la Defensoría”.

Tras el rechazo a la resolución se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, con horario a confirmar, para evaluar cómo queda la situación institucional de la Defensoría; en particular a quién se le asignará las responsabilidades del organismo hasta designar al reemplazante de Graham.

El primer punto del temario había sido el que se refería al concurso público de antecedentes y oposición establecidos en la Ley 26.061 y su reglamento, que será por medio del cual se elegirá al próximo defensor/a. Con el voto de la mayoría de los presentes se estableció el 16 de junio como fecha de inicio del procedimiento.

Por otro lado, se terminaron de conformar las autoridades de la bicameral. Para el cargo de la vicepresidencia fue designado el senador Bensusán (UP), mientras que la diputada Sotolano (Pro) quedó como secretaria.

La Comisión Bicameral removió a Marisa Graham de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Termina una época oscura y perversa. pic.twitter.com/Uue8i5AONg

— Santiago Santurio 🇦🇷 (@Turios) May 28, 2025

El mensaje de un diputado de LLA tras la decisión de la bicameral 

La Comisión Bicameral de Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la senadora riojana Clara Vega, se reunirá para debatir sobre los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia.

El encuentro está pautado para el próximo jueves 7 de septiembre a las 9.30 en el Salón Arturo Illia y contará con la presencia y disertación de la directora ejecutiva de Red por la Infancia, Paula Wachter.

La comisión se reunió el pasado 22 de agosto en cuya ocasión la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, brindó el informe anual en cuya ocasión resaltó que en Argentina el 53% de los menores está por bajo de la línea de pobreza y defendió la AUH.

Al brindar el informe anual de su gestión en el Salón Illia del Senado, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, advirtió este martes que “en la República Argentina la Asignación Universal es un derecho, no es ni un programita, ni un plan, no se puede retroceder en ese derecho” que va en línea, además, con “el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño”. 

En su presentación ante la bicameral que controla al organismo, presidida por la senadora riojana Clara Vega, la funcionaria precisó que “hay 53% de niñas, niños y adolescentes bajo la línea de pobreza en la República Argentina”, de los cuales “el 16,5% con políticas adecuadas podría dejar de ser pobre”, mientras que “con políticas inadecuadas hay un 12,5% que está más cerca de la línea de pobreza”. 

En tanto, un “12,7% de los niños son indigentes” de los cuales “un 6% estaría cerca, con políticas adecuadas, de poder llegar a la canasta básica. Y, viceversa, hay un 7,6% que con políticas inadecuadas o alta inflación, podrían pasar a ser indigentes”. 

Al exhibir gráficos, la abogada señaló que la AUH, la Tarjeta Alimentar y el programa “Mil Días” tienen un mayor impacto en los menores de 13 años, pero “los que peor están son los pibes de entre 15 y 17 años”. “De 13 a 17 años hay que encarar una política nacional, provincial y municipal que llegue y convoque a todo los chicos”, enfatizó. 

Graham aseguró que la Defensoría continúa insistiendo con que la Tarjeta Alimentar “aumente automáticamente como la AUH”. “Ya logramos pasar de que cubra a familias con hijos hasta los 6 años, a que cubra a familias que tienen hijos hasta los 14 años. Pero no bajamos la pretensión de que cubra hasta los 17 años, es el objetivo”, agregó y defendió que “el impacto de la Tarjeta Alimentar es lo que resuelve o no el tema de la indigencia, que es la pobreza extrema. Esto es comer o no comer”. 

Sobre el trabajo realizado, la defensora celebró que “el año 2022 ha sido el año de gran consolidación de la Defensoría” en cuanto a “la legitimidad y el rol, que nos costó al principio”, y también “de mucho fortalecimiento institucional, hemos crecido mucho porque la demanda nos obliga a crecer”. 

“También tenemos mayor conocimiento en el resto de las provincias, venimos haciendo un trabajo federal importante”, continuó y destacó que elaboraron su propio “estatuto de personal, que debe ser el más democrático, igualitario y con todas las perspectivas de derechos humanos que puedan encontrar” en los distintos sectores. 

Respecto de la labor federal, la funcionaria apuntó que llegaron a todas las provincias y que en ocho de ellas se reunieron con las máximas autoridades. “Hay algunos gobernadores y gobernadoras y tribunales superiores (de Justicia) que han tomado muchas de nuestras observaciones y recomendaciones”, dijo. 

En otro tramo resaltó el trabajo de la “red de legisladores provinciales por los derechos de niñas, niños y adolescentes”, al tiempo que afirmó que con los defensores provinciales “tenemos muchísimo vínculo y trabajamos en casos particulares y pronunciamientos generales”. 

En su exposición, Graham anunció que la semana próxima lanzarán un documento diseñado sobre “cuáles son los derechos que la Defensoría va a defender, los derechos alcanzados en los cuales no vamos a permitir que se retroceda”, de cara a las elecciones presidenciales. “Es fundamental para todos los candidatos y candidatas”, aseveró. 

Tras referirse a “alianzas estratégicas” de la Defensoría con otros organismos y las acciones en relaciones internacionales, la abogada apuntó que “en 2022 ingresaron 559 casos” de las 24 jurisdicciones sobre educación, salud, salud mental, pobreza, seguridad alimentaria, violencias, niñez indígena, niñez migrante, compra y venta de niños, entre otros.

“Este año ya vamos 368 requerimientos”, indicó e informó: “Nos hemos constituido en querellantes en algunas causas. Hay fallos de la Justicia Federal y provincial que toman recomendaciones de la Defensoría, esto es sentar jurisprudencia”.  

Otro de los aspectos que resaltó fue la ampliación de las becas Progresar, que “bajaron su piso a los 16 y 17 años y fueron un éxito. Hay alrededor de 650 mil chicos y chicas que están hoy en el Progresar y es muy importante, son el 45% de los chicos y chicas de 16 y 17 años”. “Cuando hay una política pública eficiente y eficaz, los chicos y las chicas la toman. Les tenemos que dar esa oportunidad”, subrayó. 

Y añadió que insistirán “ante el Gobierno nacional y el ministro de Educación (Jaime Perczyk), que ha tenido una buena predisposición, para que se incorpore a los chicos y chicas de 15 años”. 

Por otra parte, la defensora de NNyA señaló que se ha “avanzado mucho en campañas de concientización que tienen como objetivo visibilizar los problemas de niños, niñas y adolescentes y desnaturalizar algunas cuestiones”, como el caso de “la crianza con violencia”. 

A su turno, Facundo Hernández, defensor adjunto, se refirió a las acciones realizadas en cuanto a la niñez indígena, asunto en el que se ha logrado llegar por primera vez con un amparo colectivo a la Corte Suprema de Justicia de Salta. “No nos quedamos solo con lo que nos dice el gobierno (provincial), vamos a recorrer in situ a ver si esto se está cumpliendo”, manifestó sobre el plan que se puso en marcha para garantizar el acceso al agua. 

El funcionario habló además: del impulso de la Defensoría para que se active un protocolo especial en las fuerzas de seguridad nacionales sobre los derechos de NNyA; y para que el tema de salud mental en NNyA sea tomado como eje central por los Ministerios de Salud de la Nación y todas las provincias. 

“Hay una imperiosa necesidad de modificar la Ley de Régimen Penal Juvenil; tenemos cuestionamientos internacionales y locales de la Corte Suprema por doquier”, apuntó y reveló que hay acuerdos mutuos con otros organismos para recomendar que “se modifique sin bajar la edad de imputabilidad”. 

Sobre la cuestión legislativa, reclamó que “es necesario la sanción de la ley que tipifica la compra y venta de niños, porque fue pedida por la Corte Interamericana” y una “legislación que regule la restitución interprovincial de niñas y niños”. 

Advertencia de una oficialista y una opositora por los derechos

En la primera reunión de una comisión después de las PASO, y atento a la sensibilidad de los temas a tratar, al tomar la palabra, la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri sostuvo que la temática sobre niñas, niños y adolescentes “cruje y duele”, porque “aún como Nación tenemos mucho por crecer y avanzar”.

La macrista confesó su “preocupación respecto al futuro próximo de nuestra Nación y de las problemáticas de infancia y adolescencia, y la defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”. “Estamos en un momento bisagra y ojalá todos los que venimos trabajando fuerte por los derechos de las infancias no nos durmamos”, alertó. 

En la misma línea, la oficialista Paola Vessvessian remarcó que “más allá de las diferencias que podamos tener, los derechos conquistados no los podemos perder porque a una persona que tiene alguna intencionalidad política se le ocurra”, en alusión al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. 

La santacruceña observó que “a veces dicen que mucho de lo que se propone no lo va a poder llevar a cabo, pero con que haga 0,01% de eso vulneraría todos los derechos, sobre todo de los que son los más indefensos, los niños, niñas y adolescentes y los adultos mayores”. 

“Nos merecemos un repensar de qué nos está pasando. Yo y muchos de los que estamos acá defendemos lo público, en el sector público no están los vagos, están los que realmente van a bregar porque esos chicos y chicas que no tienen donde ir, puedan tener sistemas alternativos”, defendió. 

Y cerró: “¿Hay errores? Hay errores. ¿Hicimos cosas mal? Hicimos cosas mal. Pero nunca dañando al otro. Yo sí creo que donde hay una necesidad hay un derecho. Y es obligación nuestra, de las políticas públicas, garantizar que ese derecho se cumpla”.